KAMPALA, BULIISA y HOIMA – Cuando Mugisha Jealousy Mulimba se enteró de que el gobierno de Uganda lo estaba arrastrando a los tribunales, esperaba justicia. Pero dice que se ha dado cuenta de que se están utilizando estos tribunales para privarlo de sus derechos a un juicio justo y del derecho a una compensación justa y adecuada por sus tierras y propiedades.
Mulimba afirmó a IPS que pocos días después de que se escuchara el caso del gobierno contra él y otros 41 agricultores y propietarios de tierras en la región Albertine de Uganda, rica en petróleo, en diciembre de 2023, el tribunal dictaminó que el dinero destinado a la compensación por expropiación debería depositarse ante el tribunal,
También dictó que el gobierno podría desalojarlos para que TotalEnergies pudiera seguir adelante con la construcción de la refinería de petróleo y se pudieran instalar las tuberías para el Oleoducto de Crudo de África Oriental (Eacop, en inglés).
“Fue el juicio más rápido que conozco desde mi infancia. Y más aún si se trata de un caso en el que el gobierno demanda a sus ciudadanos”, dijo Mulimba a IPS.
“El juez Jesse Byaruhanga del Tribunal Superior de Hoima escuchó y dictó sentencia contra nosotros en un plazo de cuatro días. ¡Se puede imaginar fallar un caso presentado por el gobierno en cuatro días!”, añadió. Ahora los poseedores de tierras están esperando, sin saber cuándo serán finalmente desalojados.
Mulimba y cientos de dependientes de los 42 terratenientes están al borde de quedarse sin hogar, enfrentando el desalojo por negarse a aceptar la compensación injusta, indebida e inadecuada de TotalEnergies, que está adquiriendo las tierras de los campesinos en nombre del gobierno.
La amenaza de desalojo forzoso de los terratenientes existe desde hace años. Pero esta vez parece inminente, con el gobierno dotado de una orden de desalojo y con la decisión de que el petróleo, descubierto en 2006, debe extraerse en 2025.
“Lamentablemente nosotros, los agricultores terratenientes, estamos castigados desde 2018. Y ahora, con su orden de desalojo, pueden hacer cualquier cosa. Pero estamos decididos a morir por nuestros derechos”, afirmó Fred Balikenda.
El gobierno solicitó y concedió una orden específica para desalojar a Balikenda de sus tierras en la aldea de Kirama.
“Cada uno de nosotros está pasando por los momentos más difíciles. No se sabe cuándo finalmente atacarán ni cómo nos tratarán”, dijo Balikenda a IPS.
El 4 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de Uganda demandó a 43 propietarios de tierras. La demanda pedía al tribunal que concediera permiso al gobierno para depositar el dinero de la compensación en el tribunal para que TotalEnergies pudiera tomar posesión de los terrenos para el proyecto de petróleo y gas Tilenga.
El gobierno pidió que se le libere de cualquier responsabilidad derivada de cualquier reclamo que pudiera surgir de la orden de desalojo.
El Tribunal Superior dictaminó el 8 de diciembre de 2023 que la indemnización de los propietarios se deposite ante los tribunales para que TotalEnergies pueda tomar posesión del terreno en disputa. TotalEnergies E&P lleva desde 2020 intentando adquirir un terreno de 60 acres en nombre del Ministerio de Energía de Uganda.
El “fallo apresurado” a favor del gobierno causó sorpresa dentro de la comunidad jurídica. En Uganda, las disputas sobre tierras permanecen en el sistema judicial durante años sin resolución.
“Todos los casos que presentamos contra el gobierno todavía se están pudriendo en los tribunales. El mismo poder judicial entiende en el caso contra nosotros presentado por el gobierno en cuatro días. ¿El diablo se ha apoderado de nuestro gobierno? Lloramos en el corazón, preguntándonos quién ayudará a los pobres como nosotros”, dijo Kwonka William Mugisa, otro de los afectados.
Un abogado de derechos humanos, Eron Kiiza, emitió un comunicado diciendo que el juez en el asunto violó principios legales establecidos al emitir un veredicto en el caso de tierras dentro de cuatro días, sin permitir a los acusados responder o impugnar el asunto.
“Cuando un juez, rezumando impunidad, niega deliberadamente a las partes de un caso/demanda la oportunidad/derecho a ser escuchadas, a contradecir las pruebas, a presentar sus argumentos y apresuradamente dicta órdenes en beneficio de TotalEnergies para perjudicar los hogares y jardines de los ugandeses, sus medios de vida, dignidad y propiedad, está socavando el Estado de derecho y los derechos humanos y libertades fundamentales”, afirmó Kiiza.
En enero, Kiiza y otros abogados intentaron instar a la Sociedad Jurídica de Uganda a boicotear las actividades del poder judicial en protesta por la conducta y la forma en que el juez manejó el asunto.
Él, con el permiso de los agricultores afectados, apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones para anular la orden de desalojo del Tribunal Superior y el dinero de la compensación depositado en el tribunal.
El Tribunal de Apelaciones no había fijado la fecha para entender en el recurso de apelación al momento en que IPS presentó este informe.
Temiendo que el gobierno pudiera seguir adelante con el desalojo, Mulimba y otras cuatro partes agraviadas viajaron a Kampala, la capital ugandesa, a finales de febrero para solicitar una audiencia con el Ministro de Asuntos Constitucionales y los demás líderes del poder judicial para escuchar su alegato.
Mulimba contó que no les permitieron ingresar a ninguna de las oficinas.
Kwonka William dijo a IPS que, según el informe de valoración del gobierno, se vio obligado a aceptar el equivalente a unos nueve dólares por su tierra y sus bienes.
La secretaria permanente del Ministerio de Energía, Irene Batebe, dijo en una declaración jurada que la compensación debida a los encuestados se basó en informes de valoración aprobados y un aumento de 30 % del proyecto por parte del gobierno.
Mientras tanto, Mulimba, flanqueado por su esposa, Pityedi Mugisa, dijo a IPS que el gobierno, a través del tribunal, está tratando de obligarlos a aceptar una compensación injusta e irrisoia en forma de dinero en efectivo.
“La tierra es para la familia. Pedimos tierras a cambio. Si pueden encontrar terrenos equivalentes, estamos listos para partir. Pero no pedimos dinero en efectivo”, dijo Mulimba.
La pareja dijo que asistieron a decenas de reuniones exigiendo una compensación justa y adecuada, pero que no tuvieron éxito.
“Llevábamos muchos años usando ese terreno. Con ello ganábamos dinero para las tasas escolares. Obtenemos alimentos y recibimos apoyo médico de allí”, dijo. “Por lo tanto, no estamos luchando contra el gobierno, sino para que se respeten nuestros derechos”, adujo.
Dickens Kamugisha, abogado y director ejecutivo del Instituto Africano para la Gobernanza Energética (Afiego, en inglés), dijo a IPS que los agricultores dueños de tierras han estado tratando de reunirse con funcionarios del gobierno para garantizar que haya equidad y justicia.
“En lugar de garantizar una compensación justa y adecuada, ahora recurren a los tribunales. Sabiendo que estas personas no pueden conseguir los mejores abogados que los representen ni pueden influir en los tribunales. Entonces el gobierno está presentando esos casos para obtener las sentencias que quiere usar para desalojar a la gente”, afirmó.
Kamugisha dijo que Afiego apoyó a las personas afectadas por la refinería de petróleo al presentar un caso contra el gobierno de Uganda por una compensación baja, inadecuada e injusta en marzo de 2014.
“Casi diez años después, las audiencias sobre el caso aún no han concluido. Eso es una injusticia. Y donde hay injusticia, no se puede llegar a un acuerdo que surja de negociaciones”, afirmó.
Además, Kamugisha dijo a IPS que ninguna ley prevé que el gobierno pueda adquirir tierras y depositar la compensación del propietario ante los tribunales.
“En 2021, el poder judicial permitió ilegalmente que el gobierno depositara la indemnización de los hogares en los tribunales. Esto sentó un mal precedente que nunca debería repetirse. También es triste que el gobierno haya seguido utilizando y abusando de los tribunales para destruir el derecho de los ciudadanos a poseer propiedades y/o obtener una compensación adecuada”, afirmó Kamugisha.
Mientras los propietarios esperan que el Tribunal de Apelaciones considere su apelación, algunos de ellos dijeron a IPS que están siendo amenazados por agentes de seguridad que, según señalaron, siguen visitando sus propiedades.
“Eso está sucediendo principalmente aquí en las aldeas de Kasinyi, Ngwedo Center y Kisimo, donde vivimos la mayoría de nosotros. Alguien viene, aparca una motocicleta o un coche en su terreno y luego se marcha. ¿No es eso intimidación?, dijo otro terrateniente.
Según Global Witness, la evidencia de su investigación encubierta en diciembre de 2023 mostró que las autoridades estatales habían amenazado y detenido a varios activistas.
«En algunos casos, las autoridades estatales parecían estar en comunicación con TotalEnergies antes de que se produjeran las represalias», dice el informe.
IPS supo por algunos empleados de TotalEnergies y Eacop que la petrolera se oponía a la idea de desalojos forzosos porque no estaba dentro de sus reglas y temía la posible publicidad negativa.
También hay informes de que TotalEnergies estaba considerando contratar una empresa independiente para investigar los reclamos de los propietarios.
Pero Kamugisha dijo que es TotalEnergies la que está desplazando a estas personas.
“Es lamentable que Total diga que traerá aquí a un investigador independiente. Traen a un investigador en un momento en que trabajan con el gobierno para obtener órdenes de desalojo. ¿Cómo va a ser útil ese investigador?», planteó.
T: MLM / ED: EG