La plataforma y el Sindicato de Inquilinos de Madrid alertan del peligro de desalojo de hasta diez edificios de pisos en el distrito por diferentes causas, desde la no renovación de alquileres hasta desahucios en edificios de fondos de inversión y bancos, algunos ocupados hace años en el marco de la ‘Obra Social La PAH’. […]
La plataforma y el Sindicato de Inquilinos de Madrid alertan del peligro de desalojo de hasta diez edificios de pisos en el distrito por diferentes causas, desde la no renovación de alquileres hasta desahucios en edificios de fondos de inversión y bancos, algunos ocupados hace años en el marco de la ‘Obra Social La PAH’. Piden el apoyo de los partidos políticos para negociar una solución con los propietarios, todos grandes tenedores de vivienda.
Un total de 105 personas, incluyendo a niños y personas con discapacidad, corren el riesgo de ser desahuciadas en «las próximas semanas o meses» de los pisos en los viven en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, distritos de Madrid donde la tasa de paso ronda el 10%, según han denunciado este martes algunos de los afectados junto a la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH) de Vallecas y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid.
En una rueda de prensa a las puertas de la Junta Municipal del distrito, en la avenida de la Albufera, los afectados y los activistas han explicado que los vecinos de diez edificios se encuentran al borde del desalojo. Unos, porque no les serán renovados sus contratos de alquiler; otros, por «subidas abusivas» del precio; otros por «impago por insolvencia sobrevenida» y otros, después de juicios por usurpación.
Detrás de estos previsibles desahucios se encuentran «grandes tenedores de vivienda», han precisado los convocantes. Es decir, entidades financieras, empresas inmobiliarias o grandes fondos de inversión que adquirieron después de la crisis y a precios muy bajos gran parte de los llamados «activos tóxicos» de los bancos, pisos propiedad de entidades financieras después de la gran oleada de desahucios desatada por el pinchazo de la conocida burbuja inmobiliaria.
Según ha detallado Raquel Cortés, una de las afectadas, entre los propietarios de los «bloques en lucha» -como se han denominado los afectados- están el Banco Santander, la Socimi Fidere (propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone, el mayor casero de España, con cerca de 30.000 viviendas en el país) o empresas menos conocidas como Afflux o el fondo de inversión Coral Home.
También corren peligro los vecinos de varios bloques de la llamada Obra Social la PAH, personas desahuciadas sin alternativa habitacional a quienes la plataforma antidesahucios alojó en pisos vacíos de bancos, muchos de los cuales son ahora propiedad de la Sareb, también conocido como banco malo, donde las entidades financieras depositaron gran parte de sus activos tóxicos provenientes del negocio del ladrillo.
Según Cortés, la primera orden de desahucio estaba prevista para este domingo 26 de mayo, en plenas elecciones, aunque han conseguido recurrirla y aplazarla. Se trata de un bloque de diez viviendas en la calle Talavera del Jarama, en Villa de Vallecas, donde el precio del los alquileres ha aumentado más de un 10% en el último año y medio según el portal inmobiliario Idealista. «Es imposible encontrar alquileres asequibles en esta zona de rentas bajas y alta tasa de desempleo», ha resumido José Luis de la Flor, activista de a PAH del barrio. Cortés ha denunciado que se están pidiendo más de 800 euros al mes por viviendas de una sola habitación.
En un limbo del Banco Santander
Cortés y los vecinos de otros ocho pisos de un bloque situado en el ensanche de Vallecas se encuentran un limbo desde hace meses, cuando la promotora inmobiliaria Dabney SL les alquiló las viviendas sin informarles de que pronto serían embargadas por el Banco Santander. «No tenemos la culpa de que esa promotora haya quebrado», explica a Público tras la rueda de prensa. Ella pagaba 600 euros al mes por un piso de 60 metros cuadrados, pero de repente su casero era el banco de Ana Patricia Botín. «El Santander nos ha derivado a su inmobiliaria, Altamira, pero llevan meses tomándonos el pelo. Queremos pagar nuestro alquiler pero ahora no tenemos a quién», lamenta. En la misma situación están Jesús Guerrero y Ana Martín, una pareja que también alquiló una vivienda en este bloque hace cuatro años por 500 euros al mes. «Desde agosto no sabemos a quién tenemos que pagar. Lo estamos guardando en una cuenta porque tarde o temprano nos lo van a exigir», explican.
«No nos negamos a pagar, pero no hay forma de negociar con el Santander. Tememos que vendan los pisos a fondos de inversión y nos echen a la calle o que nos suban la renta a los precios que estamos viendo en el barrio, que es más de lo que ganamos entre los dos», argumenta la pareja, el uno autónomo; la otra, dependienta. «También hemos intentado comprar las viviendas negociando un precio para siete de los pisos, pero no están por la labor. Nos piden precios que saben que es imposible que asumamos«, comenta Ana Jiménez, otra de las afectadas, mientras sostiene en brazos a su hijo de pocos meses. Ella vive con su marido y sus dos hijos en un piso de una habitación por el pagan 450 euros al mes. «Nos piden más de 180.000 euros por cada piso, cuando sabemos que han vendido viviendas a fondos buitre por la mitad. Además, son pisos que necesitan reformas, porque estuvieron okupados y no estaban en buen estado», replica Cortés.
Ante esta situación, se pusieron en contacto con PAH para tener un respaldo a la hora de negociar y dar a conocer su caso. «Sólo queremos negociar las condiciones para no irnos a la calle», sostienen los afectados.
La dramática «foto fija» de Vallecas
«Esta es la foto fija de lo que pasa con la vivienda en Vallecas, el distrito donde más ha subido el precio de alquiler en la ciudad. Desde la entrada de los fondos buitre Goldam Sachs y Blackstone en 2013, han llegado más empresas que están provocando cientos de desahucios», ha denunciado durante la rueda de prensa Lotta Tenhunen, portavoz de la PAH Vallecas, que cifra en una media de «entre 15 y 20» los desahucios que ha cada semana en el barrio. «Mientras no logremos que cambien las leyes para proteger a los inquilinos obligar a los grandes tenedores de vivienda a congelar las rentas y dar alquileres sociales para sus pisos vacíos, la única opción para los afectados es la unión y la denuncia», explica.
Nancy Jara, de 40 años, es otra de las afectadas por la dificultad del acceso a la vivienda en el barrio. Reside desde hace tiempo un piso en la calle Juan Navarro, en Puente de Vallecas, con su hija de siete años. Actualmente trabaja de forma temporal en la ayuda a domicilio, pero sus ingresos siempre han sido bajos. «Pagaba 300 euros al mes por el piso, que era de un particular y lo gestionaba una parroquia», explica. En su bloque hay 12 pisos, pero desde que el propietario lo vendió a la inmobiliaria Afflux SL, cinco familias han sido desahuciadas. «A mí también me quieren fuera. Tenía orden de desahucio el pasado 14 de mayo, aunque hemos conseguido aplazarlo tres meses alegando la vulnerabilidad de mi hija. Pero la inmobiliaria no quiere negociar nada», lamenta. «Lo que quiere la empresa es hacer viviendas de julo, con piscina en pleno barrio, como ya ha hecho con otro bloque en la calle Espino, en Lavapiés«, critica el activista José Luis de la Flor.
También están en riesgo de desalojo Victoria Ogando, de 43 años, y los vecinos de otros 20 pisos propiedad de la Sareb y entidades financieras. Fueron alojados en viviendas vacías de tres edificios diferentes por la PAH hace años, tras ser desahuciados sin alternativa habitacional. Son okupas de lo que se conoció en su momento como Obra Social la PAH, una iniciativa cuyo objetivo era forzar la negociación de alquileres sociales con quienes consideran responsables o partícipes de la burbuja inmobiliaria. En algunas ocasiones se consiguió pero, en este caso, lo único que han recibido la mitad de los afectados en una orden de desalojo para mediados de junio, explica la portavoz de PAH Vallecas. «Pueden echarlos en cualquier momento», advierte Tenhunen.
Denuncias públicas
Los activistas consideran que hacer públicos todos estos casos y presionar para la negociación es la única vía que tienen los afectados de no ver vulnerado su derecho constitucional a una vivienda. «Sin salir de Vallecas, seis bloques de la calle La Granja de San Ildefonso han conseguido que la Socimi Vivenio no subiera los alquileres. Sólo tuvimos que poner dos pancartas y dar una rueda de prensa. Si no nos hubiéramos movido, ahora pagaríamos un 30% más de alquiler o nos tendríamos que haber ido», ha señalado Patricia Tamarit, vecina de uno de estos bloques, quien también ha recordado casos recientes similares en Barcelona.
Por su parte, la PAH y el Sindicato de Inquilinos han anunciado que tratarán de contactar con los grupos políticos que obtengan representación en el Ayuntamiento para recabar soluciones a estos «inminentes» desahucios. «No vale escudarse en que no tienen competencias en vivienda. Deben sentarse a negociar con los propietarios de estos diez bloques para buscar una acuerdo», ha señalado Tenhunen.
«Mientras Madrid no tiene un ley de vivienda se permite que haya 253.000 casas vacías cuando estamos en niveles de desahucios similares a los peores años de la crisis», ha remarcado la portavoz de la PAH Madrid, Alejandra Jacinto, quien ha recordado que el movimiento por la vivienda madrileño ha intentado buscar un compromiso con las fuerzas políticas antes de las elecciones para que se tenga en cuenta la Iniciativa Legislativa Popular que promovieron y presentaron en la Asamblea de Madrid hace dos años y que PP y Ciudadanos bloquearon antes siquiera de ser debatida, pese a contar con el respaldo de casi 80.000 firmas. «Tanto al PP como a Ciudadanos les resulta más cómodo hacer demagogia criminalizando a la población empobrecida y ni siquiera han querido tener en cuenta esta proposición de ley», ha subrayado, en referencia a las críticas por la campaña de escraches de las últimas semanas.