Un año más conmemoro el advenimiento de la Segunda República y proclamo, a quienes quieran escucharme que la Tercera está cerca. Bien se que república no es sinónimo de solución inmediata de los problemas que nos aquejan. Se trata de ser coherente con la esencia más profunda de la democracia y los valores que representa. […]
Un año más conmemoro el advenimiento de la Segunda República y proclamo, a quienes quieran escucharme que la Tercera está cerca. Bien se que república no es sinónimo de solución inmediata de los problemas que nos aquejan. Se trata de ser coherente con la esencia más profunda de la democracia y los valores que representa. La República es patrimonio del pueblo español y hemos de reivindicar el 14 de abril, como nuestra fiesta laica por la libertad y la recuperación histórica.
Los valores que representan a la República, deben ser brújula que marque el norte por una sociedad más democrática, en la que la justicia social y solidaridad, sean referente vital, en la que la gente participe de forma continua en la toma de decisiones. «Es la esencia, del republicanismo como tradición política«. Porque «La República es el régimen del siglo XXI«. La Junta Estatal Republicana (JER), considera absurdo que en este siglo, se herede la jefatura de Estado, como si de una finca se tratara. «Y esa herencia representa un privilegio antidemocrático intolerable», que debe terminar de forma inmediata.
Han transcurrido treinta y siete años desde que se reinstauró, restauró o instauró (que era la opción de Franco) en España la monarquía constitucional como forma de Estado, «con un Rey impuesto por el dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía«, decían el pasado año en su Manifiesto Intelectuales por la República. El principal precio que se pagó en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia, fue el trágala de la monarquía. No fue ruptura democrática y se articuló una reforma pactada, bajo la presión ejercida por el Ejército surgido del golpe de Estado de 1936 contra la Segunda República: «Tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía». La institución monárquica es obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado.
El sistema político republicano moderno se identifica con un sistema de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del Estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella. Una república en si misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que dan la dimensión exacta del sistema. Y el buen ejercicio de la propia democracia realza la idea republicana. Una monarquía (parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, alejada de las necesidades de la gente y de los intereses reales de la ciudadanía.
El día 14 de abril es una fecha emblemática que en la historia contemporánea de España representa un anhelo de justicia y libertad del pueblo español. El 12 de abril de 1931 se celebraron en España elecciones municipales, que, pese a los resultados globales, provocaron la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Las elecciones se convocaron, con el objetivo de consolidar el sistema, conseguir mayor apoyo popular y evitar que Alfonso XIII perdiera el trono y lo perdió. «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo… me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos». No nos caerá otra breva el 24 de Mayo, pero debería. Los partidos democráticos en contienda han de poner en sus programas, como objetivo prioritario, la constitución de una República como modelo moderno, justo y posible de convivencia.
Desde el Partido Socialista Obrero Español, la corriente Izquierda socialista demanda que el PSOE recupere su naturaleza de partido republicano, teniendo en cuenta que «sin la premisa de la elección libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado, además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse plenamente el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía popular»; porque la configuración de un Estado español republicano, federal y laico vuelve a estar en la vanguardia de las reivindicaciones ciudadanas. El colectivo Somos Izquierda entiende que no se puede ser de izquierdas y monárquico, por lo que demanda la convocatoria del referéndum monarquía-república, que se nos negó en 1978. El rey fue un rey impuesto, por un Estado débil que salía de la dictadura, que sigue defendiendo el modelo político de la transición agotado y diseñado por los poderes económicos y la larga mano de los EEUU. Según el general Manuel Fernández-Monzón, por «la CIA y los servicios secretos alemanes» y así nos sigue yendo.
La Constitución ya no se sostiene, la están vaciando de contenido, salvo las garantías para los poderosos. Los derechos fundamentales o no se cumplen o se limitan. De aquellas improvisaciones estas carencias. No termina de cerrarse el modelo autonómico, que para neutralizar entonces los nacionalismos históricos, se ofreció «café para todos» El presidente del Tribunal constitucional, dice que «No sería insensato reformar la Constitución«, considerando que el Estado Autonómico «ha desbordado» la Carta Magna. Ha faltado la discusión y consenso sobre la monarquía que reina pero no gobierna y ahora es más molesta que nunca lo ha sido y tiene que desaparecer, al no cumplir ninguna función social ni de estabilidad política e institucional, sino todo lo contrario. El Sistema no está respondiendo a las necesidades de la gente, sino que se está utilizando a favor del capitalismo inhumano y del poder que le sostiene, alejados del pueblo llano. La corrupción política e institucional campea a sus anchas, dejando tocados al gobierno y a la propia Casa Real. No se garantizan los derechos, el desempleo se consolida en larga duración, la precariedad laboral es total, los desahucios de las viviendas continúan, la sanidad y la educación públicas desaparecen y los jóvenes emigran, como en los tiempos más oscuros del franquismo. Esto se hace insoportable.
Hay que abrir un Proceso Constituyente, que lleve al establecimiento de la Tercera República, que ponga fin a la monarquía que ahora representa Felipe de Borbón, que no está legitimado para gobernar, porque no se ha ganado el voto popular, sino a través de la voluntad del dictador, que saltándose todos los pronunciamientos históricos, designó a su padre como heredero a título de rey. La entronización de Felipe como jefe del Estado en junio del año pasado fue un acto constitucional pero escasamente democrático: la jefatura del Estado está reservada, por derecho hereditario de sangre, en exclusiva para la poco ejemplar familia Borbón; y el nombramiento no fue refrendado directamente por el pueblo. Parece una contradicción que se convoque al pueblo cada cuatro años para elegir a los representantes de los que saldrá el gobierno de la nación y no se haga para quién debe estar al frente de la Jefatura del Estado.
No se puede dejar pasar el contexto político actual y la coyuntura social. La abdicación del rey padre ocurrió en el peor momento de popularidad de la Monarquía desde la Transición, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando la Corona suspendía con 3,72 sobre 10. Las elecciones de mayo y las próximas generales, han de ser una demanda republicana, en un clamor popular, que recupere la legitimad que la historia le negó, por la fuerza de las armas.
En 1931 se eligieron cerca de ochenta mil concejales, que eligieron a los alcaldes en 8.943 distritos. La monarquía era un símbolo de decadencia, y republicanos y socialistas decidieron convertir las elecciones municipales en un verdadero plebiscito sobre la continuidad de la monarquía en España. En 1978, la monarquía «instaurada» quedó reflejada en una serie de preceptos constitucionales con perfiles poco democráticos. El artículo 1.2 proclama que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado«, y por otro lado el artículo 56, apartado 3, establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad«. Todo es una flagrante vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles que proclama la misma Constitución. Por sus contradicciones hay que cambiarla.
Para establecer la Tercera República se presentó en el Ateneo de Madrid el 7 de diciembre de 2011, a modo de programa básico fundamental, un esbozo de líneas maestras, para la nueva construcción estatal, cuya fisonomía detallada deberá ser fijada por todos los españoles y españolas mediante plebiscito, y ser respetado por los diferentes Gobiernos. Hay que retornar a los principios republicanos, como horizonte histórico hacia el que avanzar, desde la evolución y las reformas democráticas necesarias. Es necesario recuperar el significado de la Segunda Republica, su memoria y conmemoración, entre los partidos de izquierda democráticos, asociaciones y plataformas republicanas. Hay que apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre monarquía y republica. La plena ciudadanía española, exige aplicar el derecho a decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El déficit democrático que se arrastra desde los años setenta, en los que no se convocó ese necesario referéndum, ha de ser superado ahora.
El Estado debe adoptar una concepción económica en clave de cohesión social y sostenibilidad medioambiental, reforzando el derecho a vivienda digna; una economía orientada al pleno empleo, estable y de calidad, y a unos servicios públicos garantizados por el Estado, de forma especial la Sanidad y la Educación. La legislación socio-laboral debe garantizar y proteger los derechos sociales, laborales y sindicales, apoyando decididamente a los emprendedores capaces de activar la economía real y generar empleo, penalizándose las actividades especulativas.
La Administración pública tiene que estar basada en principios de subsidiariedad y cercanía, evitando duplicidades; con unos empleados públicos independiente de los partidos políticos. Para una vida en democracia, es vital la separación efectiva Estado-Iglesia, garantizando la libertad de conciencia y confesión políticas identificadas con la paz y la no violencia. En una democracia participativa como la que se propone, hay que introducir el sistema de referendos vinculantes como mecanismo normalizado de decisión democrática.
Decía «siento por esos Borbones una mezcla de piedad y desprecio. Esta gente no merece seguir reinando. Es de justicia expulsarlos del trono. Son débiles e inmobles», cuenta Max Gallo en Napoleón, la novela. Si Napoleón no lo dijo, lo pensó, como tantos otros lo decimos y pensamos. El que nos ha tocado ahora es de marketing, insulso y sin consistencia, además de que en su familia ha acampado la corrupción. Por todo ello, la Tercera República tiene que hacerse realidad, para lo que se tiene que dar la unidad necesaria y para poder decir con emoción: ¡Queda proclamada la República española!
Es tiempo de recuperar las libertades que nos las están limitando, ganar la calle y la libertad de expresión, recuperar y defender los derechos sociales y laborales perdidos, vivir en una democracia participativa. Es tiempo de República, por un Estado federal, laico, democrática y pluripartidista; obra de todos, en un frente amplio, en un esfuerzo común para dotarnos de un modelo de Estado acorde con los tiempos que corren. «No es una quimera, no es una utopía«. Hay que promover el cambio social en las instituciones públicas, «en las que los únicos reyes que queden sean los de la baraja». Es urgente y necesaria la regeneración democrática, por decencia y por justicia; y esto lo traerá la República.
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