Los restos de nueve miembros de la columna minera de Huelva y cinco víctimas más de la represión halladas en otra fosa descansan ya en un mausoleo en el cementerio de Camas (Sevilla)
Lo último que ha hecho en su vida Lida Salgado ha sido dar una muestra de ADN para identificar el cuerpo de su padre, Francisco, asesinado en una emboscada en su intento por reprimir la sublevación franquista en 1936 en La Pañoleta, a las puertas de Sevilla. Este jueves, en una cajita de madera marrón, fue enterrado en un mausoleo en el cementerio de Camas junto con los restos de ocho miembros de la columna minera de Huelva y cinco víctimas más de la represión halladas en otra fosa. Suena Song of the birds, de Pau Casals, interpretada por una chelista. Un avión atraviesa el cielo. Francisco Salgado Mariano, Domingo Pavón Fernández, José Palma Pedrero, Cayetano Muñoz Maestre, Domingo Pachón y un desconocido, y otro, y otro, y otro y otro más. Uno a uno son introducidos en el panteón. «Los que dieron su vida en defensa de la libertad, la democracia y la república», reza una placa presidida por un algarrobo, el árbol que quitó el hambre a muchos de ellos en otros tiempos. Todas las cajitas descansan ya dentro. Tras arrojar varias palas de arena, dos operarios cierran el hueco con mezcla. Ahora suena el himno de Riego. Y alguien grita un ¡Viva la República!
Lida no puede escucharlo. No ha podido verlo. Murió con 84 años hace sólo cuatro meses, el pasado mayo. Su padre y las demás víctimas han recibido supultura digna con 80 años de retraso. Lo cuenta entre lágrimas Nieves, la hija de Lida, la nieta de Francisco, a las puertas del Ayuntamiento, poco antes de comenzar el cortejo fúnebre. «Gracias a todos los que habéis hecho posible este momento, porque por mucho que hubiéramos golpeado puertas desde el otro lado del Océano o enviado emails, como hicimos, no lo hubiéramos conseguido», dijo desde el atril del salón de actos del consistorio Pilar Comendeiro, sobrina de José Palma Pedrero. Ella, que reside en Buenos Aires (Argentina), conoció la historia de su tío por casualidad, al encontrar en internet el libro del historiador Francisco Espinosa La Justicia de Queipo. Luego contactó con el coordinador de todoslosnombres.org , Cecilio Gordillo, también presente en el acto. Y tras momentos esperanzadores y otros no tanto, este jueves, por fin, ha podido cerrar ese capítulo que tanto le dolía. En primera fila, junto al alcalde del pueblo, Rafael Recio (PSOE), escucha Nelly Bravo, otra sobrina de José, que ha venido a despedirse de su tío desde Nueva Jersey.
En ese mismo salón, hace cinco años, el alcalde se comprometió ante la prensa a buscar sus restos en el viejo cementerio -hoy un parque de educación vial-. Cinco años después son homenajeados por el propio ayuntamiento. «De muchos no conocemos sus nombres ni sus apellidos, pero seguro que los han buscado y llorado. Su memoria ha sido recuperada», afirmó la concejala de Cultura, Participación Ciudadana y Fiestas Mayores, Eva Pérez. «Esto es un asunto de Estado», insistió después José Esteban Garrido, de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que ha participado también en la búsqueda, subvencionada por el Ayuntamiento -22.000 euros- y la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía -12.000-. «Aún recuerdo cuando Pilar y Nelly me pidieron que los buscáramos», cuenta visiblemente emocionado Javier Giráldez, entonces asesor y hoy director del departamento autonómico.
Los cuerpos fueron localizados en octubre de 2014 en ataúdes. El arqueólogo que dirigió la exhumación, Andrés Fernández, atribuye esta singular situación a que los funcionarios continuaron trabajando de la misma forma que venían haciendo hasta que los falangistas tomaron el pueblo: «Trataron a estos mineros como a cualquier persona que moría: el forense hizo la autopsia y encargaron los ataúdes al carpintero, por los que pagaron, como refleja la documentación, 180 pesetas». Los cuerpos fueron localizados en el lugar señalado en las actas de enterramiento, en una fosa de siete metros de largo por dos de ancho, sobre la derecha del paseo central mirando al norte. Sobre ella, fueron enterrados posteriormente niños y neonatos.
Un año antes, en una primera intervención, no se halló rastro de ellos, aunque sí fueron localizadas las pruebas de otro horror de la represión: cinco cuerpos con signos de violencia, que no han sido identificados. Según la investigación de Francisco Espinosa, de los hombres que formaron parte de la columna minera, 25 murieron en el momento y 68 fueron fusilados tras un consejo de guerra, la mayoría enterrados supuestamente en el cementerio de Sevilla. La Junta tiene previsto iniciar otra exhumación en Camas para intentar localizar a algunos de ellos. «En este caso teníamos documentación. Pero quedan muchos casos en los que es complicado encontrarlos», señaló Pilar Comendeiro.
Bien lo sabe Manuel Domínguez, que durante el paseo fúnebre desde el Ayuntamiento al cementerio -que obligó a cortar incluso una salida a la Autovía de la Plata- recordaba el caso de su abuelo, Manuel Vázquez Leal, un hombre de Paterna del Campo (Huelva) al que asesinaron en aplicación del bando de guerra en 1936 y al que la propia justicia de la época, a diferencia de tantos y tantos desaparecidos que siguen sin ser muertos oficiales, se encargó de registrar como fallecido. Según explica, la comisión provincial de incautación de bienes pidió su partida de defunción. Durante el trámite, tanto la Guardia Civil como el juez de paz y los testigos certificaron por escrito al juez de instrucción de La Palma del Condado que Manuel había sido ejecutado en aplicación del bando de guerra. Sin embargo, el juez consideró que esta causa de la muerte tan evidente no podía ponerse y volvió a pedir a la Guardia Civil, al juez de paz y a los testigos nuevos testimonios pero con una advertencia: «Omita la frase de haberles sido aplicado el bando de guerra. Simplemente emplear las palabras de que fueron muertos o que fallecieron en choque con las fuerzas del Ejército Español». Se refería también al caso del concuñado de Manuel, al que le incautaron un burro. Y el juez de paz, los mismos testigos y la Guardia Civil cambiaron su declaración: «De los datos que obran en este puesto, los muertos hallaron la muerte en lucha con las fuerzas nacionales el 6 de septiembre de 1936″, señala la Guardia Civil en un escrito. Su nieto, al encontrar todos estos documentos, emprendió un lucha para que en la partida de defunción de su abuelo pusiera que fue fusilado. «Pero todavía no lo he conseguido», dice mientras los féretros de los mineros avanzan. Una señora, a la altura de una juguetería, se persigna. Otra, a la altura de un bazar, susurra: «Lo que hay que ver». Lo que no pudo ver Lida y lo que sus familiares, hoy, consideran un acto de reconocimiento y justicia. «Si alguien nos dice que iba a pasar eso, no lo creemos», cuenta su nieta. También Lida.