La campaña en China para expulsar a los trabajadores migrantes de Beijing está diseñada para exprimir más beneficios del suelo urbano y reservar la ciudad para las élites. El 18 de noviembre, un incendio en las afueras de Beijing mató a diecinueve personas, entre ellas ocho niños. La escalada de los alquileres en el núcleo […]
La campaña en China para expulsar a los trabajadores migrantes de Beijing está diseñada para exprimir más beneficios del suelo urbano y reservar la ciudad para las élites.
El 18 de noviembre, un incendio en las afueras de Beijing mató a diecinueve personas, entre ellas ocho niños. La escalada de los alquileres en el núcleo urbano ha empujado a la clase trabajadora -especialmente a los trabajadores migrantes sin permiso de residencia local- a unas casas mal construidas, llenas de gente, y mal reguladas, que han preparado el escenario de esta tragedia completamente predecible. Unas condiciones de vida peligrosas, desplazamientos excesivamente largos, y la exposición a riesgos para la salud son el precio que los migrantes pobres tienen que pagar para acceder al creciente mercado de trabajo urbano.
Tras el incendio, el gobierno de la ciudad de Beijing -casi con toda seguridad, tras consultar con la dirección nacional- se cuadró. En cuestión de días, lanzó una campaña de cuarenta días para hacer frente a las violaciones de seguridad de los edificios. Pero la intención real se ha hecho rápidamente evidente: librar a la ciudad de la gente considerada superflua.
Estas expulsiones son consistentes con antiguas políticas que deshumanizan y excluyen a los trabajadores migrantes en China. Pero la purga en Beijing de esta población también va a liberar terrenos para usos más rentables, dando a la municipalidad, hambrienta de ingresos fiscales, una motivación añadida.
Como resultado, la tragedia original se ha transformado rápidamente en una catástrofe dirigida por el Estado a una escala mucho mayor, ya que decenas de miles de personas se enfrentan al desalojo, el despojo, y la falta de vivienda cuando el invierno se acerca rápidamente. Las imágenes de los edificios demolidos y las colas de personas cansadas se parecen más a las de una ciudad en estado de sitio que a las de una importante metrópolis. Y así es porque el estado ha declarado la guerra total contra los pobres de la ciudad.
Muchos elementos de esta campaña parecen innecesariamente crueles y han generado resistencia no sólo entre los migrantes, sino también entre los intelectuales y otros residentes que se han solidarizado con los deshauciados. Sin embargo, el gobierno ha cerrado las ONGs y prohibido a los ciudadanos particulares que traten de proporcionar vivienda u otras formas de asistencia a las personas desplazadas.
El discurso del gobierno de eliminar a la «población más pobre» también ha provocado una indignación generalizada. El estado dio a mucha gente apenas unas horas para desalojar sus apartamentos; en algunos casos, se cortó la electricidad y el agua. Incluso han arrasado barrios enteros. La escala y ferocidad de la campaña han sido impactantes, incluso para una ciudadanía relativamente acostumbrada a un aparato estatal sin contemplaciones.
De hecho, el gobierno central ha estado esperando el momento adecuado para atacar. Durante muchos años, Beijing y otras grandes ciudades han expresado sus intenciones de mejorar la «calidad» de sus poblaciones urbanas. Aunque Beijing ha establecido (y superado) límites para su población, algo cambió en 2014.
Ese año, el gobierno central lanzó el Plan Nacional de Nueva Urbanización (2014-2020), que estableció la urbanización, en lugar de la industrialización, como el motor de un modelo más equitativo y sostenible de desarrollo capitalista. El objetivo del plan es que las ciudades «muy grandes» -con una población urbana en el distrito superior a cinco millones de personas- ejerzan «un control estricto del crecimiento de la población». Ciudades ricas como Beijing, Shanghai, Guangzhou, y Shenzhen serán destinadas a las élites, mientras que la población menos afortunada sería relegada a ciudades de rango y calidad urbana menor.
Para acelerar el programa, Beijing y otras metrópolis han estado haciendo la vida imposible a los inmigrantes de clase trabajadora: revocan el acceso a la educación de sus hijos, deslocalizan sectores intensivos en mano de obra cada vez más lejos de los núcleos urbanos y, en ocasiones demuelen las escuelas o asentamientos de viviendas. Esta ronda actual de expulsiones no es un nuevo enfoque de urbanización, sino la extensión de un proceso que viene de antiguo.
La lógica política en que se apoyan estas acciones tiene raíces aún más profundas. Desde la formación de la República Popular China, el Partido Comunista ha intentado tratar el trabajo como si fuera un elemento más del proceso productivo. En 1957, Mao Zedong dijo: «[China] tiene planes de producción en las fábricas para la producción de tela, mesas, sillas, y acero, pero no existe un plan para la producción de seres humanos. Esto es anarquismo -ningún gobierno, ninguna organización, ninguna regla. La gestión de este tema tal vez deba tener un ministerio especial- ¿qué tal un ministerio de control de la natalidad?»
A pesar de que China nunca llevó a la práctica la sugerencia de Mao, si desarrollo, por supuesto, la política más completa y eficaz del mundo para la regulación de la reproducción humana. Y, en 1958, el gobierno central introdujo el hukou, un sistema de registro de hogares, que ligó la prestación de servicios sociales a lugares específicos, haciendo muy difícil -si no imposible- para los ciudadanos trasladarse sin la aprobación oficial. Estas dos tecnologías dieron al estado una capacidad sin precedentes para controlar la producción y distribución de los seres humanos.
En la era de la transición al capitalismo, las ciudades prósperas han utilizado estas herramientas para filtrar sus poblaciones, con el objetivo de admitir sólo la fuerza de trabajo en las cantidades y con las habilidades necesarias en cada momento -un enfoque que he denominado «urbanización en tiempo real». La utilización de mano de obra barata ha alimentado una acumulación de capital de alta velocidad, pero las élites urbanas se enfrentan a presiones contradictorias para atraer y expulsar a los trabajadores: deben garantizar la disponibilidad de trabajadores flexibles sin provocar el caos social o gastar demasiado en escuelas, salud, vivienda y pensiones. Esta tensión explica, al menos en parte, por qué ciudades como Beijing han superado continuamente sus límites autoimpuestos de crecimiento.
Esta campaña de desahucios masivos demuestra que el estado urbana está ahora dispuesto a arriesgar que el capital carezca de trabajadores a fin de realizar su utopía de unas metrópolis ordenadas y socialmente estériles, en los que viva exclusivamente la élite. También indica que el estado está dando la espalda a los empleadores que dependen de una mano de obra barata, alineándose en cambio, con intereses inmobiliarios deseosos de obtener más beneficios que el alquiler de vivienda barata puede proporcionar.
Desde que comenzó la campaña, las empresas de trabajo intensivo han estado intentando mantener sus trabajadores en Beijing, y gigantes del comercio electrónico Alibaba y JD.com proveen vivienda para sus mensajeros desplazados. Los residentes se han quejado de que los vendedores ambulantes de los que dependen han desaparecido, y los trabajadores que mantienen el aeropuerto de Beijing también han enfrentado a desalojos. Los trabajadores migrantes pueden ser una subclase despreciada, pero la ciudad no puede funcionar sin ellos. Estas presiones contradictorias hacen que el estado tenga un comportamiento esquizofrénico, y la población más vulnerable de la nación es la que paga esta inestabilidad.
No hay ninguna excusa para la muerte de diecinueve personas y que decenas de miles de personas se queden sin hogar. Pero una señal de esperanza han sido los diferentes actos de apoyo de los residentes urbanos. No debemos exagerar las implicaciones y alcance de este respaldo, y algunos esfuerzos son, sin duda, asistencia paternalista en lugar de actos de solidaridad. Pero a medida que los precios de la vivienda siguen aumentando, los salarios de la mayoría no logran mantenerse al día con el coste de la vida, y las escuelas y el mercado de trabajo siguen siendo intensamente competitivos, por lo que un segmento de la población urbana oficialmente reconocida y en situación legal podría empezar a experimentar las consecuencias de la vida precaria de los trabajadores migrantes.
Después de todo, la protección del estado frente al mercado no es lo que solía ser, incluso para aquellos con una residencia en Beijing altamente codiciada. A medida que el gobierno desahucia a migrantes no residentes de sus casas, el mercado asegura que millones más no puedan participar en la vida urbana -independientemente de su estatus de residente.
Eli Friedman es autor de Insurgency Trap: Labor Politics in Postsocialist China. Es Profesor de estudios chinos en la Universidad de Cornell, EE.UU.
Fuente: https://www.jacobinmag.com/2017/12/beijing-fire-migrant-labor-urbanization
Traducción para Sin Permiso de G. Buster