(Visalia, California) Numerosas comunidades del Valle Central, mayoritariamente campesinas y latinas, sufren los estragos del agua «potable» contaminada; un problema que se viene arrastrando por décadas y que afecta a más de un millón de californianos. California ocupa el quinto lugar entre las economías más ricas del planeta y ha sido gobernada durante siete años por […]
(Visalia, California) Numerosas comunidades del Valle Central, mayoritariamente campesinas y latinas, sufren los estragos del agua «potable» contaminada; un problema que se viene arrastrando por décadas y que afecta a más de un millón de californianos.
California ocupa el quinto lugar entre las economías más ricas del planeta y ha sido gobernada durante siete años por el Partido Demócrata. Sin embargo, esta crítica situación del agua contaminada continúa sin resolverse porque, según los críticos, afecta principalmente a las minorías étnicas, las familias de bajos recursos que no pueden votar porque residen mayoritariamente en comunidades o pueblos que están afuera de los límites (electorales) de las ciudades.
Con un clima que cada año se torna más impredecible, la sequía californiana de finales de los 70 tiene una diferencia con la presente sequía: hay 20 millones de personas más, con lo que se ha duplicado la población a casi 40 millones. El suministro de agua subterránea es limitado, y si baja el nivel, se incrementa la presencia de numerosos contaminantes naturales, a los que hay que sumarle los contaminantes de la industria agro-láctea; esta situación da como resultado que más de 430 sistemas de distribución de agua potable no cumplen con los criterios de salubridad. En esta crisis, las cuencas hidrográficas (watersheds) también cobran vital importancia.
Hay más de un millón de californianos sin acceso al agua potable libre de contaminación por año. «Es el sucio secreto de California y queremos cambiar eso. Somos todos parte de la crisis pero también somos parte de la solución», dijo la activista Susana de Anda, quien junto a la abogada Laurel Firestone, partiendo de la convicción de que el agua es un derecho y no privilegio, fundaron una de las organizaciones pro-agua limpia más reconocidas del país. En el 2006, en esta ciudad ubicada en el corazón del Valle de San Joaquín, El Centro Comunitario por el Agua, CCPA, comenzó sus actividades.
Mujeres trabajadoras: «Con 110 grados (Farenheit)* de temperatura, 4 botellitas no nos van a servir»
«Mis niños siempre estaban enfermos del estómago. Yo estaba regando afuera; me dio sed y se me hizo fácil ver el agua fresca y tomar esa agua; estuve un semana enferma del estómago, con vómitos». Sandra García lleva 40 años viviendo en Poplar, un caserío de campesinos al sur de Visalia. «Los niños ahora en tiempo de calor andan afuera, abren la manguera y toman agua. Resulta que tienen diarrea, tienen vómitos y ¡no sabemos lo que esta pasando!».
García, quien tiene seis hijos y continúa trabajando en los campos, dijo que gran parte de la contaminación proviene de la industria de la leche. «Estamos rodeados de lecherías… Tiran el agua con la que lavan las vacas, los orines, las medicinas, casi todo se va al canal y nuestros pozos están cerca, entonces toda nuestra agua se está contaminando. El pozo le da agua al pueblo. Nosotros abrimos la llave y el agua viene directo del pozo. La gente dice ‘hay que tomar agua de las botellitas’, pero estamos bañándonos, estamos cocinando, si ponemos frijoles a cocer es mucha la cantidad de agua… No tenemos tanto dinero para andar comprando las botellitas».
García dijo que cuando trabajan en el campo, los rancheros proveen agua de dudosa higiene. «Cuando está a 110 grados (Farenheit) de temperatura, 4 botellitas no nos van a servir. Tenemos que tomar el agua que nos llevan los mayordomos* y regularmente es agua que sacan de la llave… pero no sabemos que clase de filtro tengan. Porque ellos no más ponen un filtro y ya estamos pensando nosotros que esa agua esta buena. Pero nadie se toma el trabajo de ir analizar esa agua a ver si es cierto que no tiene nitratos, que no tiene químicos y contaminantes», dijo García.
«No me querían porque sabían que soy una luchadora. Sabían que soy una peleadora»
Ruth Martinez tuvo cuatro hijas. Una de ellas sufre de presión alta y diabetes, otra tiene asma y su segunda hija nació con un solo riñón y falleció en el 2010. Martínez recuerda: «Los doctores me dijeron que esto fue a raíz de los pesticidas que se estaban rociando en el campo».
Martínez vive en Ducor, un pueblito no incorporado como ciudad en el condado de Tulare. «Allá hemos tenidos serios problemas con el agua por muchos años. Hemos tenido que luchar mucho para que la calidad del agua se mejore. Además de pagar la cuenta del agua mensualmente, siempre tenemos que comprar agua embotellada. Yo compro esa agua por que no confío en el agua que sale de la llave. Mis nietos solían pasar el verano en mi casa cuando no tenían escuela y cuando yo los dejaba que jugaran afuera con el agua, les salían llagas y sarpullidos».
Desde que tenía 12 y durante 18 años, Ruth Martinez trabajó en los campos californianos. Después fue a la escuela donde se recibió de enfermera. Nació en Wyoming y fue criada en Bakersfield. Martinez, de padre mexicano y madre tejana, pasó gran parte de su tiempo luchando junto a Cesar Chávez y Dolores Huerta en el Sindicato de Trabajadores del Campo Unidos. «Cesar luchó para que muchos de estos pesticidas quedaran fuera de la ley y también luchó por tener agua limpia porque en esos tiempos el agua estaba mas contaminada que ahora».
A partir de sus experiencias personales, García y Martinez decidieron involucrarse en actividades para cambiar la situación. García lleva 12 años de voluntaria en El Centro Comunitario por el Agua, CCPA, y Martinez trabaja con el Centro para la Raza, la Pobreza y el Medio Ambiente de Delano y es miembro del Consejo de Aguas de Ducor. «No me querían allí porque sabían que yo soy una luchadora. Sabían que soy una peleadora», recordó Martinez.
Susana de Anda directora y co-fundadora del Centro Comunitario por el Agua. El letrero en la pared dice: «Sedientos de agua limpia».
Comunidades pobres gravemente expuestas
Según un reciente estudio del Centro para el Cambio Regional de la Universidad de California en Davis, miles de residentes del Valle de San Joaquín, la mayoría familias latinas de bajos ingresos «carecen de acceso básico al agua potable» y, además, el agua «a menudo es insegura» para beber «y en muchas comunidades», el agua potable está contaminada por subproductos industriales asociados con la agricultura, la producción de petróleo y gas, el transporte y la manufactura.
Hay casi 350.000 personas viviendo en 450 comunidades desfavorecidas, no incorporadas a las ciudades (también conocidas con las siglas en inglés DUC) en todo el Valle de San Joaquín, (aproximadamente 1 de cada 9 residentes de la población total de la región). Hasta la fecha, la mayoría de los sistemas de agua ubicados en estas comunidades pobres no cumplen con los estándares sanitarios fijados para el agua potable. Entre 2003 y 2014, 1.688 escuelas públicas de California se vieron afectadas por el agua potable contaminada.
El estudio revela que una alta concentraciones de nitratos puede causar la muerte de bebés y mujeres embarazadas, «incluido un riesgo mayor de defectos en el tubo neural, nacimientos prematuros, restricción del crecimiento intrauterino, anencefalia, aumento de los niveles de metahemoglobina que causan complicaciones en el embarazo, defectos congénitos del sistema nervioso central y malformaciones congénitas». Contar con agua potable limpia y asequible depende de quién es usted y dónde vive. En los campos agrícolas más ricos del mundo, este acceso «tiene un componente racial y étnico»; la mayoría de los residentes sin acceso a agua limpia son personas de color, sostiene el informe.
Muchas poblaciones siguen expuestas al grave riesgo de aguas contaminadas. Estas comunidades, que no tienen acceso a los servicios de una ciudad por estar fuera de sus límites, están compuestas por las llamadas «personas de color». Subrepresentadas y desatendidas, las familias gastan más dinero en agua embotellada (algunos gastan hasta el 10% de sus ingresos mensuales en agua) y están gravemente expuestas a contaminantes como el nitrato, el arsénico y el plomo. «Como revela nuestro estudio , esto es cierto incluso para la gran cantidad de residentes que viven cerca de un Sistema de Agua Comunitario (SAC) que cumple con los requisitos de calidad del agua», dijo Jonathan London, profesor de ecología humana de UC Davis y uno de los principales autores del informe.
«Son malas y buenas noticias», aseveró Jenny Rempel, directora de Educación del CCPA. El estudio muestra por primera vez que dos tercios de los residentes viven a solo 500 pies** de un sistema público de agua potable, pero, sin embargo, no la reciben. Rempel dijo que el estudio ha demolido la creencia de que mucha gente vive muy lejos de los sistemas de distribución de agua. «Ahora necesitamos los fondos para solucionar el problema. ¡500 pies; es una distancia muy corta!», exclamó.
Calidad y cantidad: 2018 podría ser un año histórico para el agua en California
Varias iniciativas y proyectos de ley pendientes podrían hacer del 2018 un año histórico en la conservación, reutilización, equidad, sanidad y limpieza del agua en California. Los proyectos de ley #1668 y #606 proponen objetivos de eficiencia basados en mejorar los esfuerzos de planificación para enfrentar la sequía. La ley #966 permitiría que que las comunidades puedan crear programas de reciclaje de agua para usos adicionales.
El proyecto de ley #919 permitiría que la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos desarrolle un plan para desplegar una red de medidores de flujo para una mejor comprensión de estos y un mejor manejo de los recursos hídricos. La Proposición 68, denominada Ley de Agua Limpia y Parques Seguros de California, fue aprobada el 5 de junio pasado con mas del 57% de los votos. Esta permitirá que la infraestructura hídrica cumpla con los requisitos para la distribución de agua limpia.
El Fondo para el Agua Potable, Segura y Asequible es el proyecto de ley SB 623, que ahora está bajo consideración del gobernador. La legislación propone crear una fuente sostenible de fondos pagados por todas las partes interesadas. Se trata de un aumento de tarifas de 130 millones de dólares anuales en las áreas de fertilizantes y la industria agro-láctea, una pequeña tarifa en las facturas de agua y 95 centavos para los usuarios residenciales, con excepción de las personas de bajos ingresos.
Karina Gallardo, una organizadora comunitaria de esta ciudad, dijo que la ley cuenta con el apoyo del gobernador y de más de cien organizaciones comunitarias. «Ese fondo nos daría mas dinero, sería más sostenible a lo largo del tiempo. Y no es solo para la comunidad del valle sino para toda California. Lo bonito de este fondo es que estamos trabajando unidos para todos y se dará prioridad a comunidades rurales y de bajos recursos», dijo Gallardo.
El autor del SB 623, el Senador Bill Mooning (demócrata de Carmel) dijo que su proyecto está logrando consenso y unidad en todo el estado. Este fue el resultado de negociaciones de sectores variados. «Es un plan de grupos de la agricultura, grupos por la protección del medio ambiente, grupos por la justicia en las comunidades del Valle Central, Valle de Salinas, Valle de Pájaro», dijo Mooning.
Fernando A. Torres es un periodista radicado en California, que escribió este artículo como parte del proyecto Laboratorio de Estrategias Ambientales Narrativas (LENS) de la UCLA, en el programa 2018 Watershed Fellowship.
Notas:
* 110 grados Farenheit equivalen a aproximadamente 43 grados Celsius.
** 500 pies equivalen a aproximadamente 150 metros.
Versión editada por Silvia Arana para Rebelión.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.