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La dictadura universal de Estados Unidos empieza por Latinoamérica

Se crea nueva fuerza de ocupación continental: Academia de Policía Internacional en El Salvador

Fuentes: Rebelión

Acaba de terminar sin pena ni gloria la XXXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos -OEA- en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, haciendo allí su debut como Secretario General de la institución en un encuentro de este calibre el chileno José Miguel Insulza. La reunión no sirvió para mucho; en todo caso, demostró […]

Acaba de terminar sin pena ni gloria la XXXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos -OEA- en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, haciendo allí su debut como Secretario General de la institución en un encuentro de este calibre el chileno José Miguel Insulza.

La reunión no sirvió para mucho; en todo caso, demostró que Estados Unidos ya no puede manejar este organismo lisa y llanamente como su «ministerio de colonias» como antaño. Sin mayor irreverencia, pero con determinación, los países latinoamericanos ya no se limitan sólo a cumplir las órdenes del amo del norte; la posición contestataria de la República Bolivariana de Venezuela jugó un importante papel en ello. Pero también sirvió la Asamblea para mostrar, una vez más, que Washington continúa siendo el principal violador de los derechos humanos en el mundo, que continúa siendo un gobierno injerencista, abusivo, y que la derecha estadounidense actual tiene un plan de hegemonía global que no repara en absolutamente nada. Mostró, en relación a esto, que sigue considerando a la OEA -aunque no haya logrado todo lo que se proponía en este foro puntual- como un mecanismo más de su política exterior.

De hecho en el cónclave no prosperó la propuesta de implementación de un mecanismo de monitoreo de las democracias del continente americano -amparado en el ominoso proyecto de «Ley de la Democracia de Avance» recientemente presentado al Congreso estadounidense-, que permitiría decidir qué país es «castigable» por su «bajo nivel» democrático, y por tanto, aunque no está dicho en forma explícita, «invadible». Claro que eso es sólo una parte del plan.

En realidad la derecha ultraconservadora que desde la caída del muro de Berlín maneja en forma creciente los destinos de la potencia americana, tiene ya establecido el diseño de la geopolítica de los próximos años: el aseguramiento de ciertos recursos claves como petróleo, minerales estratégicos y agua son la razón de ser de la actual economía estadounidense. De su aseguramiento depende el mantenimiento de su posición de super potencia hegemónica. A ello se une la necesidad de mantener mercados y provisión de mano de obra barata por todos lados, empezando por el «patio trasero» latinoamericano, con lo cual no bajar su nivel de centro hegemónico, pese a que el dinamismo real de su economía y su creatividad técnico-científica tienden a descender y comienza a tener enemigos de peso a la vista: el eurobloque, la República Popular China. Para todo ello se concibe -aunque no se diga en tales términos- el ejercicio de una dictadura planetaria que la siga manteniendo en el pedestal. Algo no muy distinto a lo que fue el proyecto nacionalsocialista de la ultraderecha alemana en la década del 30 del pasado siglo, finalmente derrotado.

El mecanismo es simple, y perversamente monstruoso: en nombre de la defensa de la «democracia» y de la «libertad» se puede invadir militarmente cuanta región se desee. Casualmente los países invadibles tienen todos los mencionados factores necesarios para el mantenimiento de la supremacía estadounidense; se saquean recursos (petróleo, agua, etc.), y de paso se reconstruye lo destruido en la guerra de invasión (esa es la matriz de la nueva economía imperial: un buen negocio que sigue dando ganancias).

Por supuesto, la reconstrucción da dinero. Las Fuerzas Armadas son parte medular de este nuevo enfoque: hay que destruir para reconstruir. Y ahí está el proyecto de creación de la Oficina de Reconstrucción y Estabilización dentro del Departamento de Estado, con una lista ya elaborada de 25 naciones «con bajo nivel democrático» que necesitan correctivos (léase: futuras invasiones, destrucción, futura reconstrucción, saqueo de recursos). Queda claro: las Fuerzas Armadas dan dinero, son negocio; por eso el gobierno civil de Estados Unidos mantiene un aparato militar tan desmedidamente grande: buen negocio en definitiva. Cada vez más la economía estadounidense se basa en la guerra, así de simple, así de monstruoso: la industria de la muerte.

En esa lógica, la OEA está llamada a cumplir un importante papel para el continente americano, aunque en el recién pasado encuentro no se pudo arribar a una declaración final tal como la esperada por Washington. Ello no obstante, la dictadura mundial que se perfila no se detuvo.

Para preservar la democracia (y castigar con invasiones a quien no la mantenga a un nivel alto), el país del norte está preparando las condiciones. Junto al por ahora rechazado «comité evaluador de niveles de democracia» lanza la creación de una Academia Policial de las Américas, donde se entrenará una fuerza internacional de combate al crimen. El desborde imparable del crimen organizado y las pandillas juveniles que azotan muchos países latinoamericanos son la justificación más que precisa para esta nueva cruzada. Ayer Fuerzas Armadas preparadas en la Escuela de las Américas en la doctrina de la Seguridad Nacional y el combate al comunismo internacional; hoy policías combatiendo este nuevo flagelo «antidemocrático», factor de ingobernabilidad, de las pandillas. Por supuesto que el «terrorismo internacional» no ha salido de escena como otro de los nuevos demonios que atacan el planeta, pero para la región latinoamericana, al menos por ahora, el acento viene puesto en la «delincuencia».

En la ceremonia de apertura de la Asamblea de la OEA, la Secretaria de Estado Condoleeza Rice lo expresó sin rodeos: «Estados Unidos está trabajando con El Salvador para crear en ese país una academia internacional de oficiales de policía. Este instituto entrenará a oficiales de todo el hemisferio para mejorar la protección de sus ciudadanos y así servirles mejor. Además, abrigamos la posibilidad de trabajar con Perú para expandir el alcance de la academia a Suramérica».

Los medios de comunicación oficiales del sistema -tanto estadounidenses como de los diferentes países latinoamericanos- complementan el cuadro; su manejo propagandístico ha catapultado el tema de la delincuencia cotidiana a un nivel de «calamidad pública», haciendo que mucha población vea en este fenómeno el principal problema a resolver. «Lucha contra el terrorismo» se comienza a unir a «lucha contra las pandillas juveniles» que, según el discurso oficial, van de la mano; de hecho en América Central -globo de ensayo de la estrategia- esa ligazón va adquiriendo cuerpo.

Aunque los países del área en la recién finalizada reunión no se hayan prosternado impúdicamente ante el amo imperial como solían hacerlo con anterioridad, el nuevo plan de dominación está puesto en marcha, y la OEA jugará un papel de facilitador en él. Por ello mismo es importante difundir esto, hacer tomar conciencia sobre el asunto, informar, movilizar; medios alternativos como el presente pueden -y deben- jugar un papel de primordial importancia en la tarea.

La futura Academia en ciernes es una intolerable maniobra injerencista, antidemocrática, violatoria de principios jurídicos y de derechos humanos básicos que impulsa altanera la derecha dictatorial del gobierno de Estados Unidos. Tenemos que hacer ver que la delincuencia, el crimen organizado, las «maras» que aterrorizan la región, son parte de un montaje político y mediático, y la delincuencia jamás puede terminarse sólo con represión armada. La delincuencia es, ante todo, producto de las injusticias estructurales. Es a éstas donde se debe apuntar. De impedir estas maniobras depende que no pueda instalarse la dictadura global que no logró el nazismo, pero que parece que sí están dispuestos a construir los actuales halcones republicanos de la Casa Blanca.