26 años después de aprobarse la Constitución Española del 78 que consagra la igualdad de todos los españoles, que prohíbe las discriminaciones de cualquier tipo y que establece la obligación de los poderes públicos de proteger las culturas de todos los pueblos que componen la nación española, tenemos que reconocer que en lo que se […]
26 años después de aprobarse la Constitución Española del 78 que consagra la igualdad de todos los españoles, que prohíbe las discriminaciones de cualquier tipo y que establece la obligación de los poderes públicos de proteger las culturas de todos los pueblos que componen la nación española, tenemos que reconocer que en lo que se refiere al Pueblo Gitano dichos preceptos constitucionales no son más que bellas declaraciones de principios. No hay igualdad real, somos discriminados y nuestra identidad se falsifica y se calumnia cada día a base de identificarla con la marginación y con la delincuencia. Al mismo tiempo, pequeñas acciones aisladas de política social especifica, como el mal llamado «Programa de Desarrollo Gitano» , carentes de objetivos y de recursos y cuyo impacto real en la comunidad gitana es absolutamente irrelevante, se presentan ante la opinión pública de tal forma, que pareciera que todos, o la mayoría de nosotros, viviéramos de las ayudas sociales, colaborando así a que la sociedad nos vea como un grupo social parasitario que vive de los subsididios públicos y que es incapaz de valerse por sí mismo, cuando la única verdad es que todos los planes y programas supuestamente pensados para compensar las desigualdades sociales de la comunidad gitana, no son más que puro fuego de artificio sin apenas incidencia real en la población gitana.
Mientras tanto la situación general del pueblo gitano sigue enquistada en la desigualdad y en las discriminaciones de todo tipo, ante la indiferencia de unas instituciones publicas que solo nos ven como problema social. Nuestra cultura lucha por sobrevivir a los prejuicios sociales y al sensacionalismo de los medios de comunicación en medio de una debilidad creciente por la falta de recursos para defenderse. Nuestros niños fracasan mayoritariamente en un sistema escolar que ignora y estigmatiza la identidad gitana hasta el punto de hacerles sentirse extraños en una escuela que debería ser tan suya como de los demás. Al mismo tiempo, una parte muy importante de la población gitana sigue viviendo en verdaderos guetos, cuya sola existencia debería remover las conciencia, en caso de que la tengan, de aquellos que nos gobiernas desde la suntuosidad de los despachos oficiales. Todo ello hace que los gitanos, al menos la inmensa mayoría, no nos sintamos representados en unas ins tituciones políticas que después de 25 años, no han sido capaces de terminar ni con las situaciones intolerables de desigualdad social, ni con las discriminaciones de todo tipo que cada uno de nosotros sufrimos todos los días de nuestra vida.
Por eso los gitanos tenemos que asumir nuestra historia y superar la impasibilidad y conformismo. Ha llegado la hora de sobreponerse al miedo secular y los complejos y ejercer la ciudadanía con plenitud. Somos gitanos pero también somos ciudadanos españoles y europeos y, como tales, tenemos derechos individuales y colectivos, que debemos exigir mediante los procedimientos que la democracia nos brinda . La conquista de la igualdad efectiva, junto al respeto y la consideración de la cultura y la identidad gitanas no se producirá mientras no hagamos uso de las posibilidades que la misma democracia nos da y conquistemos un espacio propio en las instituciones políticas y sociales desde las cuales podamos plantear la defensa de nuestros derechos. Por eso desde ARO defendemos la promulgación de un Estatuto del Pueblo Gitano. Una ley que reconozca la existencia de nuestro pueblo y que le otorgue una serie de derechos colectivos entre los que deben figurar la creación de inst ituciones de representación propias, que hagan visible la identidad gitana, que dignifiquen y fortalezcan nuestra cultura y que luchen contra la pobreza y el atraso que sufre una parte importante de nuestro pueblo. Reivindicar que nuestra identidad sea reconocida no presupone ningún afán nacionalista ni soberanista, tan ajenos a nuestra idiosincrasia y a nuestra historia. No tenemos ningún interés por reforzar las diferencias culturales que podamos tener con el resto de la población, antes al contrario, es más importante para nosotros poner en evidencia la cultura que compartimos con los demás ciudadanos españoles, que enfatizar las singularidades, tan evidentes en algunos aspectos, sin embargo, sabemos que una minoría étnica no puede alcanzar la igualdad y la consideración necesarias si carece de los recursos y el poder suficiente para defender sus derechos. Por eso nosotros pedimos el reconocimiento de las diferencias como un instrumento para conquistar la igualdad real.
Pero ese proyecto necesita una acción política que lo promueva y lo defienda, pues nadie hará lo que solo a nosotros nos corresponde. Es cierto que hace mucho tiempo que los gitanos estamos pidiendo un espacio en la política activa, un hueco en las instituciones que nos permitan llevar a ellas nuestras necesidades y, al mismo tiempo, que nos permita hacer visible nuestra identidad de una forma digna y verdadera. Sin embargo, en la medida que hemos perseguido ese objetivo a partir de nuestra participación como individuos en las organizaciones políticas actuales, nos hemos encontrado con el fracaso más absoluto, pues los partidos políticos existentes no están dispuestos a facilitar que hombres y mujeres gitanos alcancen posiciones de respeto y de poder, tanto en su propio seno, como en las instituciones públicas. En primer lugar porque la presencia de gitanos en ellos es insignificante y, en segundo lugar, porque dentro de los partidos los prejuicios contra nuestro pueb lo son lo mismos que existen en el conjunto de la sociedad de la que ellos, en parte, son el reflejo. La incorporación de candidatos gitanos en listas electorales para ayuntamientos o parlamentos es algo totalmente anecdótico y nunca en puestos de salida, como lo demuestra el hecho de que en 25 años de democracia solo haya habido un diputado nacional y otro autonómico que fueran gitanos, sin que, por otra parte, se significaran en la defensa de los derechos políticos de nuestro pueblo, limitándose a plantear, si acaso, tímidas reivindicaciones sociales desde los planteamientos asistenciales de sus respetivos partidos.
Por eso, la ausencia de la cuestión gitana de la vida política, y la persistencia de situaciones de injusticias intolerables, es el reflejo de nuestra falta de acción, de nuestra invisibilidad política. Somos un millón de españoles que políticamente no somos tenido en cuenta porque nosotros no nos hacemos presente, pues aunque exista un discurso gitan o que denuncia la pobreza y las discriminaciones, es un discurso desprovisto de contenidos políticos y de formas políticas, es un discurso devaluado, neutro y obviado por reiterativo. Un discurso social generalista e inocuo que todo el mundo dice compartir, pero al que nadie tienen en cuenta. Por eso la cuestión gitana está hoy circunscrita al ámbito de los social cuando no de lo meramente asistencial, e incluso, caritativo. Es incomprensible que en un sistema político democrático , un grupo tan numeroso y definido como el gitano, tenga que mendigar que los otros asuman la defensa de sus intereses en lugar de aceptar su propia responsabilidad ante el mismo y ocupar los espacios de poder e influencia que su numero y el mismo sistema les permitan. No asumir esa responsabilidad es una dejación histórica y un desarme ideológico que desmentiría la afirmación de que somos un pueblo, pues un pueblo que no se organice, que no aspire a decidir libremente sobre su vida colectiva, o no es tal pueblo, o si lo es, está en trance de dejar de serlo. Los gitanos, en conjunto, compartimos la pertenencia a una etnia, a una cultura, y eso, por sí solo, debe fundamentar un proyecto político colectivo, una idea global que sintetice nuestro deseo de seguir existiendo como gitanos, lo que es inviable sin un entramado político, social y cultural autónomo, a través del cual nuestro pueblo pueda decidir sobre su propia vida, sobre su derecho a perdurar en el tiempo como tal realidad cultural, es decir, la viabilidad de nuestro derecho a seguir siendo gitanos. Pero para que eso sea posible es necesario dotarnos de los instrumentos organizativos que hagan posible nuestra intervención en la política de una manera real y efectiva.
Dicho más claramente, los gitanos necesitamos una organización política propia que se presente a las elecciones y que lleve nuestra voz a las instituciones donde se toman las decisiones que determinan en gran medida nuestra existencia y nuestro futuro. Donde podamos, además, aportar nuestras ideas y n uestra visión de las cosas al conjunto de la sociedad de la que formamos parte. Necesitamos, en fin, un ideario que soporte el proyecto colectivo de la gitanidad en el siglo XXI.
Pero ese proyecto debe ser asumido de una manera intima por cada uno de los que lo compartamos para que seamos coherentes en nuestro comportamiento personal con las ideas que defendemos de manera colectiva, pues una organización que pretenda la transformación verdadera de realidades sociales injustas, debe estar constituida por personas que hagan previamente su propia evolución personal, pues solo la coherencia y el testimonio de cada uno de los defensores de una idea, puede hacer que esa idea germine y de sus frutos. La sinceridad y profundidad de las convenciones, junto con la tolerancia, el respeto a la diversidad y la defensa de la globalidad del proyecto compartido, pueden hacer viable una organización política, que partiendo de un nuevo concepto abierto, renovador y tolerante de la gitanidad, sea capaz de asumir la defensa de los derechos y la dignidad, no solo de los gitanos, sino de otros grupos minoritarios e indefensos que hoy no se sienten políticamente representado .
* Agustín Vega Cortés. Secretario General de Alianza Romaní (ARO).
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