La región situada en el Nordeste de la RDC posee algunos de los yacimientos auríferos más ricos de toda África. La rivalidad para obtener el control de las minas de oro y de las vías que permitan su comercio, ha provocado un conflicto sangriento que se apoderó de la región a principios de 1998 con […]
La región situada en el Nordeste de la RDC posee algunos de los yacimientos auríferos más ricos de toda África. La rivalidad para obtener el control de las minas de oro y de las vías que permitan su comercio, ha provocado un conflicto sangriento que se apoderó de la región a principios de 1998 con una guerra que continúa hoy en día. Los soldados y responsables de grupos armados, que consideran el control de las minas de oro como medio de financiar armas y poder, se han enfrentado de manera despiadada, tomando como objetivo, durante sus enfrentamientos, a los civiles. Los combatientes situados bajo su mando han perpetrado masacres étnicas de gran amplitud, ejecuciones, actos de tortura, violaciones y arrestos arbitrarios, constituyendo todo esto graves abusos contra los derechos humanos y graves violaciones del derecho penal internacional humanitario. Solamente en esta parte del Congo, más de 60.000 personas han muerto de las consecuencias directas de la violencia. En lugar de aportar prosperidad a los habitantes del Nordeste del Congo, el oro se ha revelado como un desastre para los que tienen la mala suerte de vivir en esta parte del país.
Este informe aporta informaciones detalladas de los abusos contra los derechos humanos que han acompañado a los esfuerzos desplegados para obtener el control de dos zonas minera clave Mongbwalu (distrito de Ituri) y Durba (distrito del Alto Uélé), las dos, fronterizas con Uganda. Cuando Uganda, un beligerante de primera fila en esta guerra, ocupó el Nordeste del Congo de 1998 a 2003, sus soldados tomaron el control directo de las regiones ricas en oro y obligaron a los mineros a extraer oro para su propio beneficio. Golpearon y arrestaron, de manera arbitraria, a los que se oponían a sus órdenes. Ignorando totalmente las reglas de la guerra relativas a la conducta de los Ejércitos de ocupación, se apoderaron de alrededor de una tonelada de oro congoleño, con un valor estimado de más de 9 millones de dólares americanos. Las prácticas irresponsables puestas en práctica en la explotación de las minas llevaron, en 1999, al desmoronamiento de una de las minas más importantes de la región, la de Gorumbwa, llevando a la muerte a 100 personas, atrapadas en las galerías y destruyendo así un patrimonio importante para los habitantes de esta región.
El Ejército ugandés se retiró del Congo en 2003, después de Ruanda, otro beligerante de primera línea, que se había retirado el año anterior. Estos dos países dejaron detrás de ellos algunos grupos locales que se enfrentaban en su nombre, el FNI, ligado a Uganda y el UPC, sostenido por Ruanda. Con la continua ayuda de sus apoyos extranjeros, estos grupos armados locales, a su vez, lucharon por el control de las zonas auríferas y carreteras que permitieran el comercio del mineral. Desde el momento en que un grupo conseguía el control de una zona rica en oro, se ponía inmediatamente a explotar el yacimiento. El FNI y la UPC libraron cinco batallas para arrancar el control de Mongbwalu, cada una de las batallas acompañada de grandes abusos de los derechos humanos. Los investigadores de HRW recogieron informaciones sobre la masacre de, al menos 2.000 civiles en la región de Mongbwalu, entre junio de 2002 y septiembre de 2004. Se obligó a decenas de miles de civiles, a dejar sus casas y huir a la selva para escapar de sus asaltantes. Muchos no han sobrevivido.
En 2003, las negociaciones de paz a nivel nacional, desembocaron en la instalación de un Gobierno de Transición, pero el Nordeste del Congo continuó siendo muy inestable, escapando del control gubernamental central. Empresas internacionales intentaron firmar nuevos acuerdos para iniciar operaciones de extracción de oro y exploración en las ricas concesiones auríferas del Nordeste. Una de estas empresas, AngloGold Ashanti, uno de los más importantes productores mundiales de oro, inició sus actividades de exploración en la zona aurífera de Mongbwalu. Después de las precedentes tentativas para entrar en contacto con el grupo armado UPC, los representantes de AngloGold Ashanti establecieron relaciones con el FNI, grupo armado que controlaba la región de Mongbwalu y era responsable de graves abusos contra los derechos humanos, entre ellos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A cambio de las garantías de seguridad para sus operaciones y personal, ofrecidas por el FNI, AngloGold Ashanti proporcionó apoyo logístico y financiero – apoyo que después le proporcionó ventajas políticas – al grupo armado y sus responsables. La Compañía sabía o hubiera debido saber, que el grupo armado FNI había cometido graves abusos contra los derechos humanos sobre civiles y que no participaba en el Gobierno de Transición.
Como Compañía que ostentaba públicamente un compromiso en favor de la responsabilidad social de las grandes Empresas, AngloGold Ashanti hubiera debido asegurarse de que sus operaciones se desarrollaban respetando sus compromisos y que no se producía un efecto contrario sobre los derechos humanos. Aparentemente, la Compañía no hizo nada. Los negocios ganaron al respeto de los derechos humanos. En sus actividades de exploración en Mongbwalu, AngloGold Ashanti no respetó sus propios principios relativos a los derechos humanos y no siguió las normas internacionales que rigen internacionalmente el comportamiento de las Empresas. HRW no ha podido identificar medidas eficaces tomadas por la Compañía para supervisar que sus actividades no tuvieran impacto negativo sobre los derechos humanos.
Durante otras operaciones mineras de pequeña envergadura llevadas a cabo mientras duró el conflicto, los grupos armados y sus aliados en negocios utilizaron los ingresos sacados de la venta del oro para favorecer sus actividades militares. Trabajando fuera de los circuitos legales, una red de comerciantes hizo salir del Congo y llegar a Uganda, el oro extraído por mineros artesanales y otros que trabajaban bajo coacción. A cambio de sus servicios, ciertos comerciantes contaban con el apoyo de los combatientes de los grupos armados, que amenazaban, detenían e incluso asesinaban a sus rivales en los negocios o a las personas sospechosas de no cumplir un contrato. Estos comerciantes vendieron el mineral a exportadores asentados en Uganda que, a su vez lo vendían en el mercado mundial del oro, práctica que está vigente en la actualidad.
En 2003, alrededor de 60 millones de dólares americanos se exportaron de Uganda, con destino, en su mayor parte, a Suiza. Una de las Compañías que compraba el oro en Uganda es Metalor Technologies, refinería suiza de primer orden. La cadena de intermediarios congoleños, comerciantes ugandeses y empresas multinacionales, constituye una importante red de financiación de los grupos armados que operan en el Nordeste del Congo. Metalor sabía, o hubiera debido saber, que el oro comprado a sus proveedores en Uganda provenía de una zona de conflicto en el Nordeste de la RDC donde se pisotean sistemáticamente los derechos humanos. Por medio de sus compras de oro realizadas en Uganda, Metalor Technologies pudo contribuir, indirectamente, a alimentar un flujo financiero del que se aprovechaban los grupos armados responsables de los amplios abusos contra los derechos humanos.
La comunidad internacional no consiguió abordar con eficacia el vínculo entre explotación de los recursos y conflicto en el Congo. Después de 3 años de investigación sobre esa relación, un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que, casi con toda seguridad, la retirada del Congo de los Ejércitos extranjeros, no pondría fin al ciclo «conflicto y explotación» de los recursos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, no creó un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de ese grupo de expertos.
El comercio del oro no es más que un ejemplo de una tendencia aún más importante, que consiste en que la pugna por los recursos naturales, acarrea, en todo el Congo, abusos contra los derechos humanos en las regiones ricas en minerales. La relación entre conflicto y explotación de los recursos plantea preguntas más amplias sobre la responsabilidad de las grandes empresas en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta los inquietantes testimonios descritos en los informes del grupo de expertos de la ONU y en este informe, es forzoso que se tomen medidas adicionales para tratar la cuestión de los recursos naturales en el Congo y otros lugares.
Para preparar este informe, los investigadores de HRW interrogaron a más de 150 personas, entre las cuales había víctimas, testigos, buscadores de oro, comerciantes y exportadores de oro, aduaneros, responsables de grupos armados, representantes de Gobiernos y responsables de instituciones financieras internacionales en el Congo, Uganda y Europa, en 2004 y 2005. Los investigadores de HRW se han encontrado también con representantes de AngloGold Ashanti y Metalor Technologies y han comunicado por escrito con esas personas.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a nuestros colegas congoleños de Justicia Plus, así como a otras personas que no podemos nombrar por razones de seguridad, por su ayuda y apoyo a nuestra investigación. Estas personas arriesgan su vida para defender los derechos de los demás. Su valentía y compromiso suscitan nuestra admiración.
II. Recomendaciones
Al Gobierno de la RDC:
Que investigue con toda urgencia a las personas responsables de las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el Nordeste del Congo, principalmente a los responsables y combatientes de grupos como el FNI, UPC y FAPC. Llevar ante la justicia a esas personas.
Que, inmediatamente, deje de promocionar a los responsables de grupos armados a puestos de alta responsabilidad en el Ejército congoleño. Investigar a los individuos promocionados al rango de general u otros puestos importantes, en enero de 2004, a los que se nombra en este informe, así como en otros informes de HRW, como Jerôme Kakwavu, Floribert Kisembo, Bosco Tganda, Germain Kananga. Igualmente investigar a otros individuos promovidos a otros rangos.
Que firmen y pongan en práctica las normas para la transparencia en las industrias de extracción.
Que cuiden de que se proporcionen recursos adecuados al Ministerio de Minas y Energía y a las administraciones encargadas de aduanas, para que puedan poner en práctica las leyes que rigen las industrias de extracción.
Al FNI, UPC y grupos armados FAPC:
Que den orden a todos los combatientes bajo su mando de respetar las normas de derecho internacional humanitario, en particular el derecho a la vida de civiles y no combatientes.
A los gobiernos ugandés, ruandés y congoleño:
Que no proporcionen asistencia militar, financiera u otra a grupos armados que hayan cometido graves abusos contra los derechos humanos en el Nordeste del Congo.
Que usen su influencia para persuadir a los grupos armados en Ituri para que terminen con los abusos cometidos contra los derechos humanos.
Al gobierno ugandés:
Que mejore los controles sobre las importaciones, en los lugares fronterizos de entrada, para asegurarse de que el oro que entra en Uganda venga con los documentos legales de importación y exportación, como viene especificado en el derecho congoleño. Que desarrolle una legislación y reglamentaciones que impidan a personas y compañías ugandesas formar parte del comercio ilegal del oro.
A AngloGold Ashanti y Anglo American:
Que pongan fin, inmediatamente, a cualquier relación que beneficie, directa o indirectamente, a grupos armados en Ituri, responsables de abusos contra los derechos humanos, en particular el FNI. Que prevea una suspensión temporal de las operaciones de exploración en Ituri, si éstas necesitan colaboración del FNI u otros grupos armados del mismo tipo.
Que examinen con urgencia y cuiden de que sus operaciones en el Congo sean conformes a los principios y políticas de la compañía relativos a la dirección de los negocios y con las normas internacionales en materia de negocios, como los principios voluntarios sobre la seguridad y derechos humanos, las normas de Naciones Unidas sobre las responsabilidades en materia de derechos humanos de las sociedades transnacionales y otras empresas comerciales y los principios directores de la OCDE para las empresas multinacionales.
Que contribuyan al establecimiento y financiación de «un observatorio especial del oro», que integre a representantes de grandes empresas mineras internacionales, OKIMO, autoridades de distritos y autoridades de gobiernos nacionales, donantes, agencias de las Naciones Unidas, sindicalistas y miembros de la sociedad civil para que observen el respeto de las normas relativas a los derechos humanos y desarrollo duradero y para prever indemnizaciones a las víctimas de abusos contra derechos humanos que hubieran resultado, directa o indirectamente, de la extracción del oro, en el Nordeste del Congo.
Que publiquen todos los detalles sobre gastos, » tasas «, indemnizaciones, financiación de proyectos de desarrollo comunitario y otros pagos efectuados en provecho del grupo armado FNI y otros grupos armados en Ituri.
A Metalor Technologies SA:
Que dejen de adquirir oro de proveedores en Uganda, que puede que compren oro a grupos armados en el Nordeste del Congo, responsables de abusos flagrantes contra los derechos humanos.
Que examinen con toda urgencia el sistema de identificaciones efectuadas previamente en la cadena de aprovisionamiento de oro, cuando este material se compra en Uganda, Congo u otras zonas de conflicto, para que los grupos armados responsables de abusos contra los derechos humanos tengan el máximo de dificultades para beneficiarse, directa o indirectamente, del flujo de ingresos creados por la extracción de los recursos en el Nordeste del Congo. Que publiquen el resultado de esos exámenes.
Que cuiden de que el seguimiento de la cadena de aprovisionamiento respete las normas internacionales de las empresas relativas a los derechos humanos y desarrollo duradero, así como a los principios directores de la OCDE para empresas multinacionales y las Normas de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
A los gobiernos suizo, sudafricano, británico y ugandés:
Que ejerzan presión sobre las sociedades que operan partiendo de sus jurisdicciones legales, para que esas empresas tomen todas las medidas necesarias para asegurarse de que sus actividades no tienen consecuencias nefastas para los derechos humanos en el Congo. Llegado el caso, que investiguen a las Compañías que hayan infringido la legislación nacional o internacional y consideren a esas empresas como responsables de sus actos.
Que utilicen el procedimiento de puesta en marcha de los principios directores de la OCDE para las empresas multinacionales a fin de que lleguen a buen término las investigaciones sobre violación o no de estos principios por parte de las Compañías citadas en este informe.
A la MONUC:
Que establezca una unidad especializada en el seguimiento de las relaciones entre explotación de los recursos naturales y el conflicto en los distritos del Congo ricos en recursos clave, como Ituri. Que se aseguren de que tal unidad dispone de los recursos adecuados y someta regularmente sus conclusiones al Representante especial del Secretario General y al Comité de Acompañamiento de la Transición (CIAT) para una acción rápida, llegado el caso.
A los gobiernos donantes e instituciones financieras internacionales:
Que ejerzan presión política, diplomática y económica sobre los gobiernos de Uganda, Ruanda y Congo para disuadirles de apoyar a grupos armados locales responsables de muy numerosos abusos de los derechos humanos.
Que denuncien públicamente las violaciones del derecho internacional relativo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, cometidas por los grupos políticos locales armados y sus apoyos en Ituri, priorizando el hecho de que los autores de tales crímenes sean considerados responsables de sus actos.
Que lleven a cabo investigaciones rápidas sobre las actividades de Compañías que podrían haber violado los principios directores de la OCDE en el comportamiento de sus actividades en el Congo.
Que ejerzan presiones para el establecimiento de » un observatorio especial del oro » para el Nordeste del Congo, tal como se ha descrito con anterioridad y que aseguren su financiación.
Que establezcan un grupo de trabajo de alto nivel, incluyendo a representantes del Gobierno congoleño, Gobiernos internacionales, donantes, instituciones multilaterales, agentes de las Naciones Unidas y de la Sociedad civil, para tratar y atenuar los antiguos problemas relacionados con la explotación de los recursos naturales en RDC y anticiparse a la aparición de nuevas dificultades de ese tipo.
Que financien programas en la región aurífera del Nordeste del Congo, para reconstruir, reforzar y apoyar a las organizaciones surgidas de la Sociedad civil, principalmente sindicatos, que aseguren la promoción de los derechos humanos y el fomento de un compartir experiencias con otras estructuras de ese tipo, en África u otros lugares.
Que se promueva, por parte del Gobierno congoleño, la plena aplicación de la iniciativa para la transparencia en las industrias de extracción y hagan una llamada a que se publiquen al completo los pagos realizados por las Compañías en beneficio de grupos armados en Ituri, de OKIMO o del Gobierno.
Que se ayude al Gobierno congoleño a proporcionar recursos financieros y técnicos al Ministerio de Minas y Energía, así como a otros Ministerios relacionados para que el Código minero sea mejor respetado.
Que se examine la utilización hecha por Uganda de los ingresos obtenidos del oro proveniente del Congo y que se promueva una transparencia completa sobre la utilización, por parte del Gobierno, de esos ingresos, conforme al Proyecto de Guía del FMI sobre la transparencia de ingresos de los recursos naturales.
A la Corte Penal Internacional:
Que investigue las relaciones entre individuos y grupos armados implicados en la extracción de los recursos naturales, que hubieran podido contribuir a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ituri.