El pasado 26 de febrero se cumplieron treinta años después de que la Marcha Verde marroquí, instigada por Hassan II, provocara que España huyese con prisa y por la puerta de atrás del Sahara Occidental. Acababa así una ocupación colonial que había comenzado en 1884, pero se abrían otras heridas mayores. Mientras los saharauis proclamaban […]
El pasado 26 de febrero se cumplieron treinta años después de que la Marcha Verde marroquí, instigada por Hassan II, provocara que España huyese con prisa y por la puerta de atrás del Sahara Occidental. Acababa así una ocupación colonial que había comenzado en 1884, pero se abrían otras heridas mayores. Mientras los saharauis proclamaban la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), los marroquíes se anexionaban el territorio al que llaman «las provincias del sur» y Mauritania se adueñaba del resto de la colonia. El conflicto estaba servido.
El Frente Polisario inicia entonces una lucha armada que se prolongará durante doce años. 170.000 saharauis tienen que abandonar sus casas para malvivir en campos de refugiados en la frontera argelina. En septiembre de 1988 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba un plan de paz que reconoce el derecho a la autodeterminación del Sahara. Se establece el 6 de septiembre de 1991 como fecha para el alto el fuego y el 26 de enero de 1992 para el referéndum. Pero el proceso se encalla por la diferencias respecto al censo de votantes.
En 1997 James Baker, representante especial de la ONU para la zona, presenta otro plan para relanzar el proceso de paz que aboga por una autonomía bajo la soberanía de Marruecos, pero no contenta a las partes. Otra versión del Plan Baker resurge en 2003, contemplando que el territorio saharaui se convierta en una autonomía marroquí durante los siguientes cuatro años. Pasado ese tiempo, se celebraría un referéndum de autodeterminación. Las trabas de Marruecos, que se niega en rotundo a conceder la independencia, lastran la paz. El petróleo, el gas, los bancos pesqueros y las enormes posibilidades turísticas de la zona representan demasiados intereses para que el actual monarca, Mohamed VI, ordene la retirada.
Esta explotación de los recursos y la posible participación de empresas canarias en negocios en el Sahara junto a compañías marroquíes molestan sobremanera al presidente del colectivo de emigrantes saharauis en Lanzarote, Hammudi Iselmo, quien insiste en que Canarias «debe respetar la soberanía saharaui» y abstenerse de invertir o participar en convenios pesqueros en el área mientras continúe el conflicto.
Iselmo recuerda también al Gobierno español, que -a su juicio- se ha posicionado junto a Rabat, la «deuda moral» que mantiene con el pueblo saharaui por haber «vendido» aquella tierra a terceros países. «España debería restañar esa herida, que fue la traición más vergonzosa hacia nuestro pueblo», lamenta.
En este tira y afloja continuo con Marruecos, los saharauis aseguran que están dispuestos a ceder hasta un límite. «Por encima de cualquier acuerdo está el derecho a ser libres e independientes y a determinar nuestro futuro como pueblo. Por encima está la sangre derramada de los mártires que dejamos atrás», señala Iselmo.
Como siempre, el tiempo juega en contra de los exiliados. Marruecos ha alentado la inmigración hacia el Sahara Occidental y ha instaurado una férrea represión contra los activistas. Sin una solución definitiva a la vista, un pueblo entero espera disuelto en el desierto a que su problema sea atendido en las más altas instancias de la política internacional. Los saharauis libran una y otra vez en el seno de la ONU su mayor guerra: la guerra contra el olvido.