Las sospechas de fraude electoral en las elecciones municipales de España del próximo 27 de mayo se acrecentaron ayer al ignorar la Junta Electoral Central alteraciones en los empadronamientos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) notificó a la entidad dudosos movimientos masivos en los padrones que pueden alterar el censo electoral, pero la Junta no […]
Las sospechas de fraude electoral en las elecciones municipales de España del próximo 27 de mayo se acrecentaron ayer al ignorar la Junta Electoral Central alteraciones en los empadronamientos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) notificó a la entidad dudosos movimientos masivos en los padrones que pueden alterar el censo electoral, pero la Junta no ha dedicado ni un punto de sus reuniones al tema, coinciden la cadena SER, El País y otros medios. Fuentes del INE señalan que han detectado en 235 municipios movimientos sospechosos en el censo, de los cuales han denunciado nueve a la Fiscalía y 68 a la Junta Electoral.
Sin embargo, el Instituto se niega a publicar los nombres de esos ayuntamientos so pretexto de que es «un dato interno», aunque según una versión periodística estos pertenecen a provincias de Orense, Avila, Madrid, Almería, Valencia y cuatro en Castellón. Asegura no tener capacidad ejecutiva y que depurar el censo corresponde a la Junta Electoral, cuyos directivos admiten que el tema no se toca porque el Instituto solo informa de modo genérico.
En los últimos seis meses, dice un reporte de El País, 110 ayuntamientos han aumentado su censo más de un 10 por ciento, cuando el nacional ha subido sólo 0,3. Pone como ejemplo de sospecha de alteración la denuncia de que en Membribe de la Sierra (Salamanca) un alcalde del Partido Popular (PP), ha inscrito a nueve personas en un gallinero y a otros 15 en una vivienda.
Pero hay también denuncias al gobernante Partido Socialista Obrero Español de semejante tenor en otras localidades de Castilla-La Mancha.
Censados sin consentimiento
Reclusos de un centro penitenciario e internos de un geriátrico han sido incluidos sin su consentimiento en el censo electoral del municipio lucense de Outeiro de Rei, según denunciaron ayer representantes de esos colectivos. Ambos indicaron que denunciarán el asunto al Instituto Nacional de Estadística.
Según fuentes de esos colectivos, el ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ya reclamó recientemente una lista sobre las personas que estaban en esos dos centros, que suman más de 450 personas, de ellas 300 reclusos.
Fuentes del centro penitenciario indicaron sus sospecha de que pueda tratarse de una maniobra política para justificar que ese municipio haya pasado a superar los 5.000 habitantes, lo que implicaría un aumento del número de concejales de once a trece.
El director del centro confirmó que representantes del ayuntamiento le pidieron recientemente una lista de los internos, que facilitó para cumplir con el requerimiento.