La Asociación Justicia y Sociedad ha calificado como «uno de los más tristes y escandalosos episodios de la historia de Canarias» la deportación de un grupo musical venezolano, Ensamble Gurrufío, que el pasado viernes llegaba al aeropuerto de Los Rodeos pero a cuyos componentes, pese a tener todos los papeles en reglas, se les impidió abandonar el aeropuerto y se les embarcó de vuelta a Caracas en el mismo avión en que volaron a Canarias. El grupo musical Ensamble Gurrufío iba a participar en el XXIX Festival Sabandeño, invitados por la organización, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Los cuatro componentes del grupo tenían cerrado su billete de vuelta para este domingo, 9 de septiembre.
La asociación de juristas considera que no se puede mostrar «indiferencia» ante los hechos ocurridos en el aeropuerto de Los Rodeos, donde se denegó la entrada al grupo musical venezolano en lo que «parece una actuación gubernativa arbitraria y discriminatoria», deportando a los cuatro componentes Ensamble Gurrufío a Venezuela.
Justicia y Sociedad aclara la utilización, en sentido amplio, del término deportación «aprovechando la definición que da a dicho término el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimante presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional».
La asociación puntualiza que el mencionado grupo musical llegó al puesto fronterizo de Los Rodeos «con pasaporte en vigor, que no había contra ellos órdenes de expulsión, que venían con billete de avión de vuelta cerrado fechado a los muy pocos días después de llegar y con personas presentes que pudieran responder de su sustento y hospedaje. Y que, además, se aportaron pruebas suficientes de la identidad de sus componentes, de su condición de grupo artístico musical y que iban a un acto de producción y difusión cultural concreto», el Festival Sabandeño.
Posible delito tipificado en el Código Penal
Por ello, considera que de confirmarse todo lo anterior y, a pesar de ello, «no se les permitió en el control fronterizo entrar en Tenerife y si se confirma que dicha denegación de entrada se hizo sin entrega de resolución motivada con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo y de su derecho a la asistencia letrada que podrá ser de oficio, …, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo, (como ordena el artículo 26 de la Ley de extranjería ), se pudo haber cometido por la fuerza gubernativa actuante un delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de los derechos cívicos de la persona, previsto y penado en el art. 542 del Código Penal, en relación con un delito de prevaricación y otro de coacciones».
Añade Justicia y Sociedad que siendo los citados derechos cívicos «los fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva, la asistencia letrada y la no indefensión, todos previstos en el art. 24 de la Constitución Española, además de atentar al derecho a la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución), en su modalidad de libre producción y creación artística», se incurre, por ello, «en un acto de censura previa, prohibida constitucionalmente; porque tampoco podemos olvidar que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (artículo 24 de la Constitución), haciendo siempre una interpretación en favor de los derechos fundamentales y libertades públicas».
Por tanto, para Justicia y Sociedad lo procedente sería «si los hechos son ésos, presentar la denuncia correspondiente en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Laguna para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables, siendo conveniente que los denunciantes fueran personas y gentes relacionadas con la cultura y, por supuesto, el grupo Los Sabandeños u otras asociaciones artísticas o culturales. Denuncia que se presentaría en el Juzgado, acompañados y arropados, además, de todas aquellas personas que quieran mostrar su solidaridad y defensa por el libre intercambio cultural entre los pueblos, aplicando así el principio constitucional de que la justicia emana del pueblo. Además de dar debida cuenta y tener informado de ello a la opinión pública. Todo ello, en defensa por los derechos y libertades de todas las personas. Y por la defensa de la comunicación e intercambio cultural entre los pueblos de la Tierra».
