La L.O. 9/1985, de 5 de julio sobre despenalización del aborto ha tenido una existencia polémica desde su nacimiento. El cambio que esta ley introducía, se limitaba a la incorporación del Art. 417 bis del Código Penal, en el que se dejaba «sin pena» a los casos de aborto sujetos a alguno de estos tres […]
La L.O. 9/1985, de 5 de julio sobre despenalización del aborto ha tenido una existencia polémica desde su nacimiento. El cambio que esta ley introducía, se limitaba a la incorporación del Art. 417 bis del Código Penal, en el que se dejaba «sin pena» a los casos de aborto sujetos a alguno de estos tres supuestos: grave peligro para la salud física y psíquica de la madre sin determinar plazos, casos de violación si se realiza antes de las 12 semanas y malformaciones en el feto si se hace dentro de las 22 semanas de embarazo. A pesar de las cesiones hechas a los sectores conservadores, la ley estuvo parada más de dos años en el Tribunal Constitucional sin poder aplicarse, debido a un recurso de Alianza Popular (hoy PP).
Las presiones por parte de sectores ultraconservadores desde entonces, no han cesado, aunque han tenido momentos de repunte, como el actual, quizás por la proximidad de las elecciones. Las campañas contra los profesionales sanitarios que comenzaron a realizar las Interrupciones Voluntarias del Embarazo en la red sanitaria pública y el miedo de la Administración a enfrentarse con el problema de la objeción de los y las médicos… hizo que los diferentes gobiernos del estado optaran por que sean las clínicas acreditadas las responsables de la prestación de este recurso.
Son estas clínicas, los profesionales que en ellas trabajan y las mujeres que acuden a ellos, los que están sufriendo ahora este acoso: denuncias que son archivadas una y otra vez por carecer de fundamento, manifestaciones y protestas en las puertas de los centros, agresiones físicas y verbales, daños materiales, actos intimidatorios contra las mujeres que acuden… O inspecciones abusivas por parte de algunas administraciones autonómicas como es el caso de Madrid.
La situación que viven muchas mujeres en Navarra tiene una particularidad añadida, ya que no sólo tienen que tomar la dura decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo, sino que además tienen que salir fuera de la comunidad y de su entorno social y familiar para abortar y en muchos casos hacerse cargo ellas mismas del coste económico que supone este ir y venir, al que hay que sumarle además el coste emocional de desamparo y la gran desorientación con que viven esta traumática situación. Esta situación en nuestra comunidad, única en todo el Estado, se inició en el año 1990, cuando se llevó a cabo un juicio contra tres ginecólogos por el simple hecho de haber empezado a poner en práctica la ley de despenalización del aborto. Ese fué todo su «delito». Posteriormente fueron absueltos, pero el Gobierno foral sigue empeñado en negar sus derechos a cientos de mujeres y viene afirmando que todos los médicos son objetores, mientras hay algunos ginecólogos que refieren no serlo.
La actual legislación favorece esta situación de indefensión. Ya que, en nuestro ordenamiento jurídico, el aborto no es considerado un derecho sino un delito sujeto al Código Penal con las excepciones antes señaladas.
Por ello, se hace urgente un cambio legislativo orientado a garantizar el aborto como un derecho, sujeto a regulación como cualquier otro, al igual en otros países de nuestro entorno -Bélgica, Francia, Noruega, Alemania, Dinamarca…-. Una ley que contemple el aborto como un derecho libre y gratuito, realizado con las condiciones sanitarias adecuadas, y con un escrupuloso respeto al derecho a la intimidad y la confidencialidad de las usuarias. Derecho que no obliga a quienes, por su conciencia o su moral, rechazan esta práctica.
Vivimos en sociedades diversas, con personas que tienen diferentes opiniones, creencias… pretender que los valores morales de unos cuantos, se impongan a la mayoría, es un grave error. Durante los años del franquismo tuvimos ocasión de comprobar los estragos que esta ideología y la negación de este derecho provocaron, en nuestra sociedad: mujeres que murieron por realizarse abortos en condiciones deplorables con grave riesgo para sus vidas, fueron encarceladas, vilipendiadas y estigmatizadas por la sociedad.
Se hace también necesaria una apuesta más decidida por la educación sexual de las y los jóvenes. El alto número de abortos entre jóvenes -el 40% del total-, y de embarazos en menores de 18 años -9.644 en 2005, según datos del CSIC- son expresión de esa necesidad. Experiencias de países como Holanda, con tasas muy bajas de aborto entre jóvenes, que integran la educación sexual en los programas educativos desde edades tempranas, pueden ser un ejemplo a seguir. Y para esta tarea es necesaria una actitud más valiente y decidida por parte del Gobierno del Estado. En demasiadas ocasiones, hacer cesiones no es una respuesta a las situaciones diversas que se plantean en una sociedad heterogénea; sólo bloquea los intentos de avanzar y favorece la ambigüedad en cuestiones tan importantes como el respeto institucional a las legítimas decisiones que las mujeres toman. Es el caso del derecho al aborto.
En Navarra, además, el Gobierno tiene la obligación inmediata de garantizar los derechos de las mujeres que decidan abortar -más de 600 al año- sin que deban desplazarse a otro lugar. Eso es una cuestión inequívoca. ¿A qué esperan?
*Firman este artículo 14 personas especializadas en el tema (matronas, educadoras, enfermeras, médicos y ginecólogas)