Traducido por Mariola y Jesús María García Pedrajas
El 4 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, acusándolo de crímenes contra la humanidad y otros crímenes de guerra. La base aparente para los cargos es el conflicto en marcha en la región de Darfur, el cual, según las Naciones Unidas, ha matado a 300.000 personas y desplazado a 2.5 millones más.
Bashir es el primer presidente en activo en ser acusado por la CPI desde que comenzara sus operaciones en 2002.
Aunque Bashir sin duda comparte la responsabilidad por la catástrofe en Darfur, los cargos de la CPI no pueden ser considerados un ejercicio legítimo de aplicación de las leyes internacionales. Esta acusación es más bien el último de una serie de procedimientos de crímenes de guerra en contra de líderes de antiguas colonias y países capitalistas menores que han entrado en conflicto con las principales potencias occidentales. Esta orden ejemplariza el uso de la persecución por crímenes de guerra como un instrumento de la política imperialista en regiones de importancia estratégica para los Estados Unidos y otras potencias imperialistas.
Desde los juicios de Nuremberg en contra de los líderes de la derrotada Alemania nazi, ninguna figura de las principales potencias imperialistas . Desde la creación del CPI, todos sus casos sobre crímenes de guerra han sido en contra de militares o figuras políticas africanas.
El más notorio de los recientes juicios por crímenes de guerra fue el procesamiento del presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic por parte de la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. La acusación se presentó en mayo de 1999, en medio del ataque aéreo por parte de la OTAN liderado por Estados Unidos que devastó Serbia y llevó en última instancia a una «revolución» apoyada por Estados Unidos y a la expulsión de Milosevic del poder y su arresto.
La catástrofe humanitaria en Darfur es un producto de las ya largas tensiones geopolíticas en Sudán y el Cuerno de África, un área de gran importancia estratégica para las principales potencias. Sudán posee importantes reservas de petróleo en el sur, donde el régimen de Jartum luchó durante dos décadas una guerra civil en contra de separatistas rebeldes, la cual terminó con un acuerdo en 2005. Sudán es el país más grande de África por extensión, compartiendo fronteras con otros diez estados. Se asienta en la costa del Mar Rojo y al otro lado de Arabia Saudita, una línea de transporte marítimo crítica entre el Mediterráneo y el océano Índico.
El contexto de los cargos de crímenes de guerra hay que buscarlo en un aumento de la presión por parte de Estados Unidos y otras potencias imperialistas y poderes emergentes para dominar partes del continente africano, particularmente aquellas con recursos energéticos sustanciales. En años recientes Sudán se han convertido en el blanco de la competición creciente por áreas de influencia entre Estados Unidos y China.
China es el principal receptor del petróleo sudanés. A cambio, ha provisto de inversiones significativas y material militar a Jartum, y ha defendido al régimen en las Naciones Unidas. Estados Unidos ha respondido a la creciente influencia de China en África y a la actividad cada vez mayor en la zona de otras potencias, tales como Francia, desarrollando sus capacidades militares en el continente con la formación del Comando Africano de Estados Unidos o AFRICOM, en 2008.
Washington ha dado la bienvenida a los cargos contra Bashir. La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Susan Rice, declaró, «Aquellos que cometieron atrocidades en Sudán, incluyendo genocidio, deberían comparecer ante los tribunales.» La Secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton dijo, «Gobiernos e individuos que cometen o aprueban atrocidades de cualquier tipo, como hemos visto año tras año en Sudán, tiene que responder por ello.»
¡Qué hipocresía!
En primer lugar, los Estados Unidos han rehusado incluso reconocer la jurisdicción de la CPI sobre el ejercito estadounidense y su personal político, en línea con su afirmación de tener un derecho unilateral e ilimitado para intervenir militarmente donde u cuando elijan. En el voto de 1998 en las Naciones Unidas que autorizó la creación de la CPI, los Estados Unidos, bajo la administración Clinton, junto únicamente con Libia, China, Irak, Israel, Qatar y Yemen, votó «no.»
Los Estados Unidos han cometido crímenes de guerra mucho peores que los del régimen sudanés de Bashir. Desde la invasión sin mediar provocación de Irak en 2003 – lanzada en base a mentiras y sin la autorización de las Naciones Unidas – alrededor de 1.3 millones de iraquíes han sido asesinados y aproximadamente 5 millones convertidos en refugiados. En su «guerra global contra el terror,» los Estados Unidos han cometido abiertamente crímenes de guerra tales como secuestro, detención sin juicio y tortura. De forma rutinaria realizan ataques aéreos con misiles sobre blancos civiles en Afganistán y Pakistán, violando de forma abierta la soberanía territorial de este último con impunidad.
Hay más que pruebas suficientes a primera vista para juzgar al presidente George Bush y al antiguo primer ministro británico Tony Blair por crímenes relacionados con la destrucción y estragos causados por la guerra en Irak. Cuando los líderes nazis fueron juzgados tras la II Guerra Mundial, los cargos por los cuales se les condenó fueron «crímenes en contra de la paz» y el lanzamiento de guerras de agresión – esencialmente el mismo crimen que los gobiernos británico y estadounidense cometieron contra Irak.
De hecho, los Estados Unidos han declarado la doctrina de la guerra preventiva – una violación directa de la ley internacional y una justificación para lanzar guerras de agresión – como la piedra angular de su política externa.
Los Estados Unidos no hacen ninguna objeción a las innumerables violaciones de los derechos humanos perpetradas por regímenes que han estado, y continúan estando, alineados con ellos. Por ejemplo, administraciones, tanto demócratas como republicanas, han bloqueado sistemáticamente cualquier resolución de las Naciones Unidas criticando a Israel por sus crímenes continuados en contra de los palestinos.
Cargos por crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos se han convertido en parte del arsenal de la guerra de propaganda imperialista. Se usaron para justificar las intervenciones europea y estadounidense en los Balcanes en los 90, dirigidas a fragmentar Yugoslavia y debilitar a Serbia, que culminaron en los ataques aéreos de 11 semanas de la OTAN.
De forma similar, la tragedia de Darfur se está usando hoy en día para condicionar a la opinión pública para nuevas agresiones militares imperialistas. Las llamadas a la intervención en Sudán han sido recogidas y promovidas por varios grupos de protesta, celebridades y periódicos, cuya papel, sean cuales sean las intenciones de algunos de los implicados, es proveer de un coartada «humanitaria» a los designios reaccionarios del imperialismo estadounidense.
Hay numerosas indicaciones de que la administración Obama está tomando una posición más agresiva hacia Sudán que la que prevaleció bajo la administración Bush. Escribiendo en el Washington Post el 5 de marzo, el antiguo jefe de personal de las Fuerzas Aéreas y codirector de la campaña presidencial de Barack Obama, el General Merrill McPeak, hizo un llamado al establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Sudán e insinuó que podría ser el primer paso hacia una campaña de bombardeos. Refiriéndose a Yugoslavia en los 90, escribió, «Vimos que, en última instancia, la acción más vigorosa fue necesaria para terminar el conflicto. La misma conclusión es aplicable ahora a Darfur.»
Jesus Maria y Mariola Garcia Pedrajas son colaboradores de Rebelión. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a los traductores y la fuente.
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