Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Una de las diferencias entre EE.UU. y la mayoría de los demás países desarrollados es que el Congreso puede tener una política exterior propia, la que no coincide necesariamente con los objetivos del poder ejecutivo.
En general es algo bueno, ya que permite que la ciudadanía tenga una influencia que no tiene en la mayoría de los países europeos, y limita parte del daño cometido a menudo en el mundo por el ejecutivo. Fue el Congreso de EE.UU. el que, bajo presión del movimiento contra la guerra, terminó por recortar el financiamiento para la Guerra de Vietnam, y en los años ochenta un movimiento bien organizado, sobre todo de base religiosa, presionó al Congreso para que suprimiera el financiamiento para la brutal insurgencia de Ronald Reagan en Nicaragua.
Ocasionalmente, sin embargo, miembros individuales del Congreso – en representación de intereses especiales – pueden ser molestos cuando el poder ejecutivo trata de mantener o mejorar las relaciones con otros países. Es el caso con las relaciones entre EE.UU. y Argentina, que cayeron a un punto bajo durante los años de Bush, y que el presidente Obama quisiera mejorar.
Ahora llega un novato representante demócrata de Corning en el Estado de Nueva York, y presenta legislación el 20 de mayo que trata de castigar a Argentina por, entre otras cosas, denegar al país acceso a los mercados de capitales de EE.UU.
Algunos antecedentes: En diciembre de 2001 el gobierno de Argentina se negó a pagar la deuda de unos 81.000 millones de dólares (más intereses) de su deuda soberana, como resultado de un colapso económico general que vino después de una profunda recesión. En 2005, aproximadamente un 75% de los tenedores de bonos de los tenedores de bonos que no habían recibido pago llegaron a un acuerdo con el gobierno que les pagó unos 30 centavos por dólar. El resto, con unos 19.400 millones, se abstuvo en la esperanza de obtener más más tarde.
Los que quedaron fuera del canje tienen un grupo de presión en Washington, «American Task Force Argentina (ATFA)» [Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina]. Es encabezado por antiguos funcionarios del gobierno de Clinton, que tratan de utilizar al Congreso de EE.UU. para presionar a Argentina. Los cabilderos incluyen a inversionistas de fondos «buitre» (vea a continuación), que compran deuda en cesación de pago por una pequeña fracción de su valor nominal y luego utilizan procesos judiciales y otras tácticas de presión para luchar por el valor nominal de los bonos.
Si hay una injusticia en el default argentina, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) – que tiene tanta responsabilidad como cualquiera por la profunda recesión que lanzó a la mitad de la población de Argentina por debajo de la línea de pobreza – haya terminado por cobrar la totalidad de sus préstamos. Pero ésa es otra historia más larga.
La realidad es que el default de Argentina fue parte inevitable de un colapso económico. También fue una condición previa necesaria para la recuperación económica del país, que comenzó sólo tres meses después que el gobierno cesó los pagos de su deuda pública. En sólo menos de siete años el PIB real de Argentina ha crecido en un 66%, aproximadamente el mejor rendimiento del hemisferio, sacando a más de 11 millones de personas de la pobreza y revertiendo gran parte del daño hecho bajo el tutelaje del FMI en la década anterior.
La deuda argentina antes de la suspensión de pagos era simplemente impagable. En EE.UU. y en la mayoría de los demás países, tenemos leyes de bancarrota que posibilitan que un deudor se salga de deudas impagables y vuelva a comenzar. En el mundo de la deuda soberana, todavía no existe un mecanismo comparable que no sea la suspensión de pagos.
Por cierto, es muy posible que el gobierno argentino llegue a un acuerdo con los bonistas reacios, y ha habido un cierto movimiento en esa dirección en el último año o algo así. Un acuerdo restauraría el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.
Irónicamente, el acoso de Eric Massa y del AFTA hace que sea menos probable que se llegue a un acuerdo semejante, porque los «fondos buitre» que representan realizan un juego diferente. Quieren su trozo de carne: es decir, buscan el valor nominal de los bonos y están dispuestos a atropellar a cualquiera de los otros acreedores más realistas (entre los reacios) para conseguir lo más posible. Los buitres debilitan por lo tanto a los demás acreedores, incluyendo a bonistas cuyas inversiones no están en peligro, pero que aumentarían en valor si Argentina tuviera acceso pleno a los mercados crediticios internacionales.
¿A quiénes representan Eric Massa y el AFTA? Una mirada a los quince bonistas que tienen más de 25 millones de dólares cada uno en demandas contra Argentina, muestra que nueve de ellos tienen direcciones en las Islas Caimán. Uno de ellos es NML Capital Ltd., un fondo buitre afiliado a la firma de hedge fund
Elliot Associates (miembro de ATFA), dirigida por su fundador Paul Singer. Según Bloomberg News, NML Capital compró por los menos 182 millones de dólares de deuda argentina por entre 15 y 30 centavos por dólar. Singer ha arriesgado un juego que dio resultados en Perú en el año 2000, hizo un beneficio de un 400% a costa del gobierno peruano mediante procesos legales y acoso.
Los buitres no llegarán muy lejos en el caso de Argentina, donde no sólo el gobierno sino también la oposición política y el pueblo argentino están determinados en su abrumadora mayoría a no rendirse. Pero pueden dificultar un acuerdo con otros acreedores y también esperan poner obstáculos para una mejora de las relaciones entre EE.UU. y Argentina.
Ése parece ser el principal potencial de la ley de Massa en el Congreso, y por cierto de los esfuerzos del grupo de lobby ATFA: crear la falsa impresión de que la deuda pendiente sea un impedimento para una mejora de las relaciones entre EE.UU. y Argentina. Ciertamente no vale en el caso del gobierno de Obama. Pero los medios opositores en Argentina pueden exagerar la seriedad de ese esfuerzo en el Congreso de EE.UU. (que casi no tiene ninguna posibilidad de llegar a convertirse en una ley) para tratar de debilitar al gobierno de la presidenta Cristiana Kirchner. No es más que humo y espejos: un complicado y bien financiado esfuerzo internacional de relaciones públicas.
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Mark Weisbrot es economista y co-director del Centro de Investigación Económica y Política.
Este artículo fue publicado originalmente en The Guardian.