En otro fuerte golpe contra los indocumentados, la corte superior de inmigración decidió la semana pasada que aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente no tienen ningún derecho a recibir ayuda legal y que las autoridades pueden usar todo lo que digan en su contra. La decisión que fue dada a conocer el 11 de […]
En otro fuerte golpe contra los indocumentados, la corte superior de inmigración decidió la semana pasada que aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente no tienen ningún derecho a recibir ayuda legal y que las autoridades pueden usar todo lo que digan en su contra. La decisión que fue dada a conocer el 11 de agosto por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés), básicamente niega cualquier derecho a los inmigrantes indocumentados de contar con ayuda legal antes de ser interrogados por las autoridades de inmigración. La decisión entró en vigencia de manera inmediata.
En este país, cuando alguien es arrestado, los sospechosos tienen el derecho a un Aviso de Miranda, en inglés Miranda Warning, este aviso dice que los sospechosos tienen derecho a un abogado y que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Si un sospecho no recibe estos avisos, la corte no puede utilizar las declaraciones, las cuales muchas veces son obtenidas bajo presión. Sin embargo esto ya no será así para los indocumentados. Cooperar no es la solución.
Cuando un indocumentado es detenido en la frontera, inmediatamente las autoridades hacen todo tipo de preguntas: De dónde es usted, cuál es su nombre, fecha de nacimiento, con quién llegó, tiene pasaporte, porqué vino, tiene miedo de regresar, porqué, cuáles son las circunstancias, etc. etc.
Los indocumentados humildes, con temor a las autoridades, casi siempre responden de una manera u otra. El problema es que aunque dicen la verdad, sus declaraciones en vez de ayudarlos, pueden llevarlos a la deportación.
Recientemente, los abogados de inmigración han tratado de «suprimir» las declaraciones de los indocumentados
obtenidas bajo coerción, presión y sin orden de arresto, sin embargo las más reciente decisión de la corte elimina esta posibilidad.
Esta medida no afecta solamente a los indocumentados detenidos en la frontera, sino a cualquier indocumentado que es detenido en cualquier lugar dentro del país, así las autoridades no tengan una orden de arresto.
Ciudadanos y residentes permanentes de Los Estados Unidos también podrían afectarse con la determinación de BIA, tal como en el caso de Mark Lyttle, un ciudadano que fue detenido y después deportado por error en 2008. Agentes de Inmigración interrogaron a Lyttle, quien tiene discapacidad mental, y debido a unas declaraciones obtenidas en el interrogatorio, se concluyó que era un ciudadano mexicano, aunque él no hablaba ni una palabra de español. Como consecuencia de este error Lyttle fue exiliado contra su voluntad por 4 meses.
Está claro que la decisión de BIA creará más riesgos de violaciones a los derechos de cualquier persona que tiene contacto con agentes de inmigración, especialmente los indocumentados que huyen por persecución y ciudadanos o residentes con discapacidades mentales.
Recientemente tuve un caso de una familia de salvadoreños que escaparon de su país después de que un líder pandillero amenazara con matarlos, lo que desató que la familia tomara la decisión de cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Al llegar al país esta familia declaró ante un agente de Aduana y Protección de la Frontera (CBP por sus iniciales en inglés) que tenía miedo de regresar a su país, sin embargo el oficial les dijo que el gobierno no podía ayudarlos y debían firmar sus papeles de deportación o si no, iban a quedarse meses o hasta años en una cárcel.
Ante la presión, esta familia firmó su orden de deportación sin la esperanza de encontrar refugio en los Estados Unidos, pero después de forzar al gobierno a cancelar la orden de deportación y ser entrevistados por un oficial de asilo, lograron la libertad después de meses detenidos. La semana pasada, dos de ellos ganaron asilo político ante un juez en Nueva York.
Esto fue posible gracias a la ayuda legal prestada, sin embargo, con la decisión de BIA básicamente, se establece que inmigración no cooperará con los abogados, por lo que, en una disputa entre un inmigrante indocumentado humilde y un oficial arrogante y abusador de inmigración, los indocumentados no tienen ninguna posibilidad. Ahora es obligatorio
En otro golpe contra los indocumentados, el Departamento de Seguridad Nacional, anunció recientemente que el programa federal anti-inmigrante de Comunidades Seguras ahora es obligatorio para todos los estados, por lo tanto, la decisión de Nueva York de no participar en el programa ya no es válida.
Aunque el propósito de Comunidades Seguras parece justo, – remover a los criminales peligrosos de la comunidad – la realidad es que la gran mayoría de los inmigrantes deportados no eran culpables de los crímenes que se les imputaban, o solo cometieron delitos menores. Las consecuencias de este programa incluyen la separación de familias y la destrucción de la confianza entre la comunidad inmigrante y la policía.
Patrick Young, Director del Centro de Refugios de Centro América (CARECEN) y Vicepresidente del Consejo de «Long Island Immigrant Alliance», aseguró que bajo el actual gobierno, las leyes anti-inmigrantes se han encrudecido, «la administración de Obama ha supervisado una sistema con un crecimiento muy grande de arrestos y ahora está quitando los derechos de los inmigrantes cuando están bajo custodia», aseguró, «con la historia del Presidente como un abogado de la constitución estadounidense, esperaríamos un mejoramiento de protecciones, pero en su vez hemos visto un retroceso».
Patricia Montes, Directora Ejecutiva de Centro Presente, un grupo pro-inmigrante de Massachusetts, afirmó que la decisión de terminar los «MOUs» con los estados es «la consecuencia de una decisión sumamente anti-democrática, no fue hecho dentro de un proceso democrático y no se aceptaron sugerencias de la comunidad inmigrante.»
Todo esto, incluye un número record de deportaciones bajo la administración de un presidente que prometió justicia social para los inmigrantes indocumentados.
Solo hay una conclusión: La administración de Obama juega una doble moral, engaña a la comunidad hispana para ganar los votos y al mismo tiempo la destruye.
Fuente: http://tribunahispanausa.com/portal/?p=19106#more-19106