El Duque de Palma se puso en contacto con otro imputado del ‘caso Nóos’ tres días antes de declarar. Se trata de Miguel Zorío, el propietario de Lobby Comunicación, un empresa valenciana. Zorío ha asegurado que el aristócrata le llamó por teléfono la noche del pasado 22 de febrero de 2012 [1], tres días de […]
El Duque de Palma se puso en contacto con otro imputado del ‘caso Nóos’ tres días antes de declarar. Se trata de Miguel Zorío, el propietario de Lobby Comunicación, un empresa valenciana. Zorío ha asegurado que el aristócrata le llamó por teléfono la noche del pasado 22 de febrero de 2012 [1], tres días de la fecha fijada para la comparecencia judicial del yernísimo.
El empresario ha asegurado que, como parece razonable pensar, no era sólo Diego Torres quien tomaba las decisiones en el Instituto Nóos y en el diseñado entramado empresarial. En ESADE, aunque tal vez no lo parezca, se aprenden algunas habilidades. Ni que decir tiene que la afirmación de Zorío pone en solfa -es decir, contradice de lleno- la versión del marido de Doña Cristina de Borbón que puede resumirse en apenas una frase: «A mi que me registren. Cacheen a otros», incluyendo en éste «los otros» antiguos profesores y amigos del alma. ¡Todo sea por la pasta, mi propio bien, sin olvidar en instante alguno el futuro de la Institución Borbónica!
¡Qué gran ejemplo el del Duque! A la altura del referente social que representó durante años don Mario Conde, el desfalcador.
Según el relato del empresario Zorío -¿no habíamos quedado que los nuevos emprendedores eran un referente social, hasta el punto de incluir sus cosmovisiones, acciones y finalidades en los planes de formación básica de nuestros adolescentes?-, durante unos quince minutos, el duque palmesano, el ejecutivo en activo de Telefónica Internacional, le preguntó «por su estado de ánimo y por cómo estaba sobrellevando la presión mediática». Pudo ser eso o cualquier otra cosa. Cuando se produjo la llamada, Zorío, que en absoluto es de fiar, ya había participado la noche del 21 de febrero en un programa de Telecinco sobre el caso del Instituto Nóos, ¡una ONG sin ánimo de lucro!, y al día siguiente tuvo una nueva intervención en otra cadena televisiva. ¡Las oportunidades tienen que aprovecharse! Es el lema esencial de los nuevos emprendedores. Es muy probable que la incorruptibilidad y consistencia del empresario valenciano estén muy alejadas de los mínimos exigibles No éste el punto. Lo importante es que las contradicciones afloren, que sigan aflorando, entre miembros de la élite que dirige un cortijo de su propiedad llamado «Reino de España».
Zorío remachó ante el juez que esa charla no sirvió en absoluto para preparar las respectivas declaraciones judiciales de ambos. ¿Quién, qué mal pensado, ha podido imaginar una cosa así? Eso sí, por si fuera necesario recordarlo, apenas tres días más tarde, el duque de Palma no anduvo por las nubes de la piedad -les encanta «Sin perdón (ni piedad)», el título quiero decir- y dejó a Zorío a los pies de los caballos. Durante el interrogatorio con el juez Castro, el marido ejecutivo de Cristina de Borbón sostuvo «que las facturas cobradas por Lobby Comunicación a Instituto Nóos no se correspondían con ningún trabajo que hubiera desarrollado esa asociación sin aparente ánimo de lucro». ¿Y entonces?
En cambio, en su declaración del pasado lunes o martes, Zorío mantuvo lo contrario, es decir, la negación de la afirmación anterior: «que el duque de Palma estaba perfectamente al tanto del porqué de aquellas facturas, relacionadas con los fallidos Juegos Europeos, un evento nonato por el que la Generalitat valenciana se comprometió en diciembre de 2005 a pagar a Instituto Nóos 6 millones de euros», si bien finalmente se abonaron 382.000 euros.
Duelo, pues, entre potenciales chacales, amigos del alma (y de intereses) hasta hace muy poco, y vigencia del principio central de las lógicas bivalentes: si A es verdadero, no-A es falso. Y si no-A, la declaración de Zorío, fuera verdadera, la del yernísimo sería falsa. Cabe perfectamente que ambas sean falsas al mismo tiempo. Las lógicas multivaloradas enseñan mucho en estos casos.
Ya tenemos pues, un buen enunciado a retener: según un empresario valenciano -del que, vale la pena insistir, no hay que confiar ciegamente aunque en este asunto parezca muy sensata su afirmación- el esposo de Doña Cristina «participó en todas las negociaciones sobre los Juegos Europeos, antes y después de abandonar formalmente la presidencia de Instituto Nóos en marzo de 2006» (el «después» es de enorme importancia en este caso). No parece imposible, parece más bien razonable por lo que se sabe hasta el momento.
Por lo demás, tras las declaraciones de otros organismos jurídicos, el CGPJ, instancia prestigiada donde las haya como todo el mundo sabe, el mismo órgano de Gobierno de los jueces que ha pasado de presionar al juez Castro -llegó a abrir diligencias informativas contra él- a pedir respeto para él y su trabajo en apenas dos semanas, opina a través de su portavoz, Gabriela Bravo -a la mismísima altura del Consejo, la misma que dijo que no todos los imputados eran iguales- que imputar a la Infanta sería «estigmatizarla».
No se aclaró el uso del término pero como seguramente no se trata de marcar a nadie con hierro candente o imprimirle -milagrosamente por supuesto- las llagas de Cristo, lo que se trata de evitar es de «poner en aprieto, peligro o lance capaz de ocasionar vergüenza o deshonra» a la hija del Rey. Como todo ciudadano y ciudadana somos iguales antes la ley, palabra de la primera autoridad del Estado, lo que vale para doña Cristina, vale para cualquier otro en circunstancias idénticas o afines. Así, pues, cuidado con las imputaciones judiciales: ¡causan estigma! Según Bravo -esta es la base de su oposición a la imputación de la Infanta-, «estar sometido a un procedimiento penal en cierta forma es un estigma». Ni doña Cristiana ni «el yerno más célebre de Europa» -el logro semántico es de Alicia Gutiérrez- saben por qué la empresa que en exclusiva les pertenece -Aizoon SL- emitía determinadas facturas por un determinado importe: todo -«todo» es todo- era cosa de Torres. O del contable. O del asesor fiscal. O de quien sea. De los Duques no. Por supuesto. ¿Qué sentido tiene requerir entonces la opinión y los conocimientos de doña Cristina? Ninguno por supuesto.
¿Se trata, pues, de eso, de respeto a la ciudadanía, de consideraciones judiciales medidas y equilibradas tomadas con calma, justicia y sin presiones? Es difícil, muy difícil creer en ello. Más bien parece que existen líneas rojas, pero no como las sindicales que son alteradas con frecuencia, sino una férrea línea rojigualda que nadie puede osar traspasar ni siquiera por aproximación. Con la cúpula del estado hemos topado. Y con el mando en plaza desde luego.
Alicia Gutiérrez lo explicaba magníficamente en un artículo reciente -«Era Palma, no Guantánamo. Un simple parpadeo de la Casa Real puede desatar el efecto mariposa» [3]- a raíz de que el domingo 26 de febrero por la tarde, la Casa Real divulgara «oficiosamente» su «extrañeza» por la comparecencia judicial de don Iñaki Urdangarin: «[…] la pregunta hoy es si también a la Casa Real le asiste el derecho a publicitar su escozor por la larguísima estancia del marido de Cristina de Borbón ante el juez. Sobra decir que La Zarzuela no emitió ningún comunicado. Ni -que conste- llamó a nadie para reprocharle el igualitarismo indómito del juez Castro: porque el magistrado aplicó a Urdangarin la misma vara que habría esgrimido ante cualquier presunto delincuente de cuello blanco que aceptase declarar para aferrarse luego a un guión plagado de desmemoria y material de power point apto para escuelas de negocios».
Ni hubo comunicado -¿cómo podía haberlo? (¡Qué escándalo!, cantaría nuevo Raphael, el cantante que adorada doña Carmen Polo de Franco)- ni hay constancia de que hubiera ruido de teléfonos en el recinto de la carretera del Pardo, prosigue la ex periodista de Público. Pero, señala Gutiérrez, «que «fuentes» del palacio confirmasen a los periodistas su «extrañeza» por la demora del juez ni siquiera precisa traducción: la Zarzuela quiso transmitir su malestar por la situación de uno de los suyos, justamente aquel cuyo apartamiento de la agenda oficial ordenó el rey en diciembre por no haber exhibido un comportamiento «ejemplar». El lanzamiento desde Zarzuela de un mensaje de esas características, que afea al juez su conducta casi sin veladuras, no puede pasar inadvertido».
Alicia Gutiérrez finaliza con una fructífera disyuntiva excluyente -acaso no tan excluyente-: «Si compartir con los periodistas ese malestar fue fruto de una estrategia diseñada a conciencia, los ciudadanos tienen hoy una razón objetiva para temer o barruntarse que el caso Urdangarin no será investigado como cualquier otro». Si, por el contrario, «divulgar el mensaje fue un error o una torpeza, entonces urge una aclaración».
España, concluye Gutiérrez, no puede permitirse que el crédito de la justicia «siga cayendo desagüe abajo». ¿O sí se lo puede permitir? ¿No es uno de los suyos?
PS. Un lector de Público, muy influenciado probablemente por las películas judiciales usamericanas y por los cuentos jurídicos de la cultura ibidem, ha escrito la siguiente nota en la web del diario electrónico: «[..] si esto hubiera pasado en USA, donde vivo, país del que soy ciudadano, hubieran declarado todos las personas que los abogados hubieran pedido que declarasen. Esto que está pasando en España puede que sea «legal» pero la percepción popular es que este proceso no está muy claro». El problema de España, según el lector, «es muy simple y muy grave: el país jamás ha vertebrado un estado incluso remotamente parecido al de mi país» ¡Que cosas se escriben! ¡Qué cosas se piensan!
Cómo es posible, se pregunta, «que un juez y una judicatura no interroguen a la esposa del imputado por no estigmatizarla». Acaso la acción de la justicia estigmatiza, señala. «¿No es peor estigmatizar a toda la nación mediante un robo masivo que hacerle algunas preguntas a la que comparte cama y cuentas bancarias con el imputado?»
Notas:
[3] http://www.publico.es/espana/424719/era-palma-no-guantanamo
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