Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Según se viene ampliamente informado, Washington ha denunciado a voces la corrupción afgana como uno de los principales obstáculos para la misión estadounidense en Afganistán. Pero hay un único elemento fundamental desaparecido de toda esa rutinaria censura: una explicación creíble de por qué la construcción de la nación ha fracasado allí. Y no me extraña. Para hacer eso, los EEUU tendrían que denunciarse a sí mismos.
En estos momentos, la corrupción en Afganistán es inmensa e impregna todos los sectores de la sociedad. En los últimos años, los estudios de investigadores, las encuestas de ONG y los informes periódicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) han venido reemplazando las meras evidencias anecdóticas. Asimismo, contamos también con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entidad que tiene su sede en Berlín. El año pasado situó a Afganistán en el primer puesto, junto a otros dos países, como los más corruptos del planeta.
Sin embargo, ninguno de esos documentos expone el hecho más importante en cuanto se refiere a la corrupción: que tiene su sede en Washington. De hecho, tiene sus raíces en la acumulación masiva de tropas estadounidenses de 2005 en adelante, en la concomitante expansión de bases de operaciones de avanzada, campos y puestos avanzados de combate estadounidenses, de 29 en 2005 a casi 400 cinco años después, y sobre todo, en el tsunami de dinero que llegó acompañando todo lo anterior.
El pasado mes, cuando un tribunal afgano sentenció a Sher Jan Farnud y Jalil Ulah Ferosi, presidente y jefe ejecutivo del Banco de Kabul, por saquear sus depósitos en un gigantesco esquema Ponzi, el suceso recibió alguna atención por parte de los medios. Sin embargo, como cabía esperar, el papel fundamental de los estadounidenses en el oscuro pasado del banco estaba desaparecido en combate.
Fundado como compañía privada en 2004, el Banco de Kabul fue aclamado de inmediato por los funcionarios estadounidenses en Afganistán como eje principal del emergente orden económico de libre mercado en el país. En 2005, la acción siguió a las palabras. El Pentágono, pagador de las Fuerzas Afganas de Seguridad Nacional (FASN), firmó un contrato con el banco para que se encargara de distribuir los salarios de los soldados y policías de las FASN.
A partir de esa actuación, la incipiente institución financiera consiguió un flujo impresionante de dinero en efectivo. Además, un apoyo estadounidense tan patente sirvió para generar confianza entre los afganos ricos, que se pusieron rápidamente a hacer cola para depositar allí su dinero. A partir de 2006, la creciente afluencia de dinero en efectivo alentó a Farnud y Ferosi a empezar a quedarse, para ellos mismos, con la mayor parte de los fondos de los depositantes a través de empresas de falsa fachada en forma de préstamos sin garantía. Así fue como nació el mayor fraude bancario del mundo (calculado como porcentaje respecto al producto interior bruto del país), con la Embajada estadounidense en Kabul actuando de partera.
Cómo sucedió todo
Existe una conexión estadística entre las sumas gastadas por Washington en Afganistán y el agravamiento de la corrupción en esa desventurada nación. Puede comprobarse en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. En 2005, Afganistán ocupaba el puesto 117 entre los 158 países investigados. En 2007, cuando se vertieron en el país los dólares estadounidenses, sólo dos de entre 179 naciones lo superaban en corrupción. Desde 2011, permanece a la cabeza del Índice.
¿Qué cambió entre 2005 y 2007? En la primavera de 2006, la insurgencia talibán había conseguido ya controlar veinte distritos en la zona sur del país y estaba desafiando a las fuerzas de EEUU y la OTAN en la estratégica área de Kandahar. Con una guerra sectaria arrasando en aquellos momentos el ocupado Iraq, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld pensó que sólo de forma marginal iba a poder incrementar la presencia militar estadounidense en Afganistán.
Esto empezó a cambiar cuando Robert Gates se hizo cargo del Pentágono en diciembre de 2006. Comenzó reforzando las unidades de combate estadounidenses allí. La consecuencia fue que se multiplicaron las bases de operaciones de avanzada, así como los puestos avanzados de combate y los campos militares. El hecho de construir nuevas bases o ampliar al doble las antiguas implicó que el Pentágono empezara a conceder contratos a las compañías de construcción locales afganas que no estaban acostumbradas a ocuparse con diligencia de esas tareas. A su vez, estas compañías subcontrataron trabajos con todo aquel que les untaba. La entrada de cada vez más montones de dólares del Pentágono sirvió para extender la corrupción.
A continuación, se vio que era preciso suministrar alimentos, agua, combustible y otras necesidades, así como material bélico, a todas esas bases y puestos de avanzada. Además, el Pentágono aceleró su programa para reforzar a las nacientes fuerzas de seguridad afganas asumiendo el coste total del entrenamiento, equipamiento y pagando a su personal, así como construyendo bases y puestos de avanzada también para ellas. Como consecuencia, se dispararon los contratos con las compañías de transporte afganas, así como los contratos con grupos afganos de seguridad privada para que protegieran los camiones que transportaban provisiones y materiales en un país cada vez más desgarrado por la guerra.
Así pues, por supuesto que había posibilidades para los chanchullos.
Entre 2005 y 2007, cuando las fuerzas de combate estadounidenses en Afganistán llegaron a duplicarse, el presupuesto del Pentágono para la guerra afgana saltó de 17.00 millones a 34.900 millones anuales. El personal de las FASN también se duplicó, de 66.000 a 125.00 entre soldados y policías, aunque a un coste relativamente marginal para el Pentágono. A 16.000 dólares al año, la carga de mantener a un soldado afgano supone un irrisorio 2% de los 800.000 dólares que cuesta el mantenimiento de su homólogo estadounidense.
Durante ese período, las oportunidades de corrupción aumentaron de forma exponencial. ¿Por qué? En parte porque el Pentágono fue incapaz de proteger los convoyes de suministros de sus contratistas afganos, algo que habría requerido decenas de miles de soldados estadounidenses más. La distancia entre el principal centro de suministros en la Base Aérea de Bagram, cerca de la capital Kabul, y la ciudad de Kandahar en el sur, plagada de talibanes, era de unos 450 kilómetros; y el centro talibán en la provincia de Helmand estaba a otros 150 kilómetros de Kandahar. Como Afganistán carece de ferrocarril, la única vía para transportar productos y personas eran las carreteras.
La carretera entre Bagram y Kandahar estaba salpicada de barricadas, cada una controlada por combatientes armados del señor de la guerra dominante en la zona, que recogía un arbitrario «impuesto de tránsito». La única forma que las compañías de transporte tenían para hacer su trabajo era comprar pasaje seguro a los amos de la carretera, teniendo que desprenderse de aproximadamente 1.500 dólares por camión para ir entre Bagram y Kandahar, y otros 1.500 dólares para ir de Kandahar a Helmand. Todo ese dinero procedía de la caja que el Pentágono estaba tan despilfarradoramente repartiendo.
Los señores de la guerra y los contratistas de la seguridad privada, a su vez, sobornaban a los talibanes para que esos convoyes pasaran de forma segura. Por tanto, en resumen, el Pentágono estaba ayudando a financiar a su enemigo para poder hacer llegar los necesarios suministros a sus bases. Además, en las carreteras «seguras», de los controles se encargaban a menudo policías afganos, que a su vez extorsionaban con sobornos amenazando con pasar información sobre los convoyes a los talibanes.
Este proceso se convirtió en un elemento importante del trapicheo sistemático a gran escala desencadenado por los 60.000 millones de dólares al año que el Pentágono estaba gastando en 2009 en su Guerra Afgana.
Después tenemos los insignificantes sobornos que los afganos de a pie pagan regularmente a funcionarios y policías, que se cobran a cambio de favores o trato preferencial por parte de los funcionarios en los ministerios de servicios públicos por cosas tan elementales como conseguir una plaza de colegio para un niño, asegurarse una cama en un hospital o conseguir el permiso de conducir o el permiso de construcción. Representan un fenómeno habitual no sólo en Afganistán sino también por todo el Sur y Suroeste Asiático.
Ignorando la sordidez del sistema financiado por el Pentágono a escala industrial, las ONG y la UNDOC prosiguen con el ritual de cuantificar la corrupción en el país encuestando a una muestra de afganos acerca de los pequeños sobornos -llamados popularmente bakshish (literalmente, propina)- que pagan a los funcionarios públicos. Aparecieron con la impactante conclusión de que el 50% de la población pagó un soborno en 2012, lo que supuso un «descenso» desde el 58% del 2009 (el año de la anterior encuesta).
Una investigación realizada en 2007 por Integrity Watch Afghanistan (IWA), que se centró en la corrupción administrativa señaló que el total alcanzado por ese tipo de sobornos a nivel nacional era de 1.000 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de los 2.160 millones de dólares que el Pentágono desembolsó en un único contrato gigantesco bajo la etiqueta de «Transporte en la Nación Anfitriona» para llevar los suministros a sus bases.
Cobrando de más en las fuerzas de seguridad financiadas por el Pentágono
Otra fuente importante de corrupción sistemática: el hurto del dinero del Pentágono a través de los salarios pagados a «soldados fantasmas» y policías, a los reclutas enrolados en las fuerzas afganas de seguridad que no existían. Aquí, también, los fondos de Washington se convierten en la base de la malversación y corrupción «afgana».
El índice de analfabetismo entre los soldados y policías afganos llega al 90%, y alrededor de la cuarta parte de esas fuerzas deserta cada año. Esto ha proporcionados sabrosas oportunidades a los comandantes para rellenar sus listas de soldados con los denominados fantasmas, mantenerlos en sus libros y embolsarse sus salarios. (Merece la pena recordar que esta práctica se extendió de forma similar entre el ejército survietnamita durante la guerra de EEUU en Vietnam).
Además del hurto de salarios, la emprendedora policía y comandantes del ejército han hecho dinero volviendo a vender el material bélico del Pentágono. Por ejemplo, según los documentos filtrados por la página WikiLeaks, un jefe de policía en la ciudad oriental de Zurmat informó de ficticios enfrentamientos con los talibanes, y después de que le hubieran repuesto miles de unidades de munición, se las vendió a un comerciante del bazar. Otro comisario de la policía provincial robó alimentos y uniformes, dejando que sus hombres pasaran frío y hambre durante el invierno. Esos hechos llevaron a la creación de un importante mercado negro con equipamiento militar estadounidense y productos de todo tipo.
En su campaña para ganarse los corazones y las mentes de los campesinos afganos, los responsables del Pentágono entregaron también dinero directamente a los oficiales estadounidenses para que financiaran la construcción de pozos, escuelas y clínicas sanitarias en las áreas donde estaban destinados. El estrés iba en aumento, con resultados visibles, que fueron en efecto rápidos y visibles: los fondos acabaron por lo general en los bolsillos de poderosos intermediarios rurales con muy escasa supervisión y nula responsabilidad, especialmente cuando el oficial estadounidense implicado abandonaba habitualmente la zona tras una misión relativamente breve.
Después, la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) asumió este papel. Al igual que en el caso del Pentágono, la mayor parte del dinero distribuido acabó en los bolsillos de los intermediarios locales. Según determinados relatos, USAID perdió hasta 90 céntimos por cada dólar que gastó en ciertos proyectos. Según un informe del Congreso publicado en junio de 2011, gran parte de los 19.000 millones de dólares de la ayuda exterior que EEUU bombeó hacia Afganistán después de 2001 habría probablemente servido para desestabilizar el país a largo plazo.
Cantidades asombrosas de dólares de los contribuyentes estadounidenses, destinadas a la ayuda a Afganistán, se gastaron de forma tan rápida y despilfarradora que evadieron todos los controles y garantías contra la corrupción, de transparencia o responsabilidad que existían sobre el papel. Sin embargo, quienes amasaron sacos y sacos de dólares se encontraron frente a un problema. La subdesarrollada economía de Afganistán de 12.000 millones de dólares -una suma que Washington se gastaba en ese país en un solo mes durante 2011- no ofrecía muchas posibilidades para la inversión rentable legítima. Por tanto, la mayor parte de ese efectivo almacenado a escala colosal salió del país, y grandes partes del mismo terminaron en los bancos e inmobiliarias de los emiratos del Golfo, especialmente en el poco escrupuloso Dubai.
Los diplomáticos de EEUU ignoran los trapicheos del Banco de Kabul
El Banco de Kabul recogió la esencia de todo lo anterior en una única institución, el invento de un afgano que destacó como hombre de recursos. En su entusiasmo por impulsar la fundación de un ambicioso banco privado, los responsables estadounidenses, desposados con su teología del libre mercado, pasaron por alto los turbios antecedentes del presidente del Banco de Kabul, Farnud. De etnia uzbeca, se trasladó a Moscú durante la ocupación soviética de Afganistán en los años ochenta. Hacia el final de esa década, empezó un negocio informal de transferencia de dinero o hawala que probaría ser muy útil para los traficantes de droga que querían enviar su dinero a Afganistán y a la vecina República Socialista de Tayikistán.
Antes de que las autoridades rusas le cerraran el chiringuito por blanqueo de dinero en 1998, Farnud escapó a Dubai. Como principal enclave del negocio hawala, que cubría Afganistán, Tayikistán y el subcontinente indio, era el refugio perfecto para él. Allí, llegó también a hacerse famoso como duro jugador de póker.
El ministerio ruso del interior le persiguió, pero en 2007, cuando consiguió que la Interpol emitiera una orden arresto para él, se había convertido en el honorable presidente del Banco de Kabul (con su antiguo guardaespaldas, Ferosi, como jefe ejecutivo). Y su banco había conseguido casi un millón de clientes, incluidos 250.000 policías y soldados de la seguridad afgana. No debe sorprendernos, pues, que el ministerio del interior en Kabul ignorara la petición de la Interpol. Lo mismo hizo, al parecer, la embajada de EEUU en Kabul.
Cuando estalló la noticia acerca de su asombrosa malversación y manejos tipo esquema de Ponzi, los responsables de la USAID manifestaron sorpresa y conmoción. Tendrían que haber estado ciegos y sordos para no haber visto ni oído los sombríos rumores acerca de su institución financiera estrella que habían estado ya girando alrededor de los círculos financieros y diplomáticos de Kabul. Sin embargo, no pudieron mantener la charada de la ignorancia una vez que WikiLeaks publicó los cables de la embajada en Kabul, algunos de ellos de 2009, mencionando las escandalosas transgresiones del banco.
En septiembre del 2010, habían desaparecido del banco casi mil millones de dólares, con Farnud y Ferosi embolsándose 900 millones, de los que una cantidad significativa la invirtieron en casas lujosas en Dubai. El pasado mes, unos pocos periodistas liberales occidentales expusieron la forma en que los jueces afganos habían descartado los cargos más graves de malversación, falsificación y blanqueo de dinero contra Farnud y Ferosi, acusándoles en cambio de «abuso de confianza». Sin embargo, ninguno de los periodistas o comentaristas señaló el inconveniente hecho de que los responsables estadounidenses habían aprobado entusiasmados la creación del banco, habían ayudado a aumentar su importancia y a mejorar su flujo de caja, pasando después por alto las flagrantes fechorías de sus principales fundadores.
En los próximos dos años, mientras Washington retira sus fuerzas de Afganistán y la situación sigue allí desintegrándose, aparecerán sin duda nuevas historias sobre la corrupción «afgana». Por tanto, bien merece la pena recordar el siguiente hecho: que fue EEUU quien inundó el país de militares y fondos de ayuda mientras omitía convenientemente cualquier proceso de supervisión, convirtiendo así la denominada Operación Libertad Duradera en la Operación Corrupción Duradera.
Dilip Hiro, colaborador habitual de TomDispatch, ha escrito 33 libros, el más reciente de ellos es «Apocalyptic Realm: Jihadists in South Asia» (Yale University Press, New Haven and London).