Las pensiones ya no se revalorizarán en función de los precios. Esta es prácticamente la única certeza que emana del informe que los expertos han presentado al Gobierno y que en las próximas semanas se remitirá al Congreso para que empiece su debate parlamentario. El informe de los sabios (de los doce designados 10 han […]
Las pensiones ya no se revalorizarán en función de los precios. Esta es prácticamente la única certeza que emana del informe que los expertos han presentado al Gobierno y que en las próximas semanas se remitirá al Congreso para que empiece su debate parlamentario. El informe de los sabios (de los doce designados 10 han votado a favor), deja la puerta abierta a que la aplicación de la fórmula para revalorizar las pensiones se puede gestionar por parte de los gobiernos de turno tanto al alza como a la baja, dejando así la puerta abierta a la política por encima de las matemáticas.
La compleja propuesta, que ahora tienen que comprender también sus señorías para debatirla en el Pacto de Toledo (el órgano parlamentario que discute las modificaciones en pensiones), pivota sobre la aplicación de dos fórmulas distintas. Una que se utilizará para calcular la cuantía de las nuevas prestaciones y otra que servirá para modular su evolución, tanto de las presentes como de las futuras.
El factor que determinará la cuantía de la prestación se aplicaría una sola vez en el momento de acceder a la jubilación. El nombre que le han dado los técnicos es de «factor de equidad intergeneracional» (FEI por sus siglas) y casa la prestación con la esperanza de vida en el momento de acceder a la pensión. La lógica de esta fórmula es que conforme avance la esperanza de vida (se calcula que se viven 16 meses más de media cada diez años) la misma cuantía a cobrar se distribuya en el tiempo.
Así, los expertos aseguran que en términos reales se cobrará la misma pensión, aunque en la nómina mensual la cifra haya menguado. Si, por ejemplo, en el año en curso un trabajador de 65 años tiene una esperanza de vida de 20,27 años más, en 2024 se habrá movido hasta casi los 22 años de vida. Esta diferencia de casi 16 meses más de pensiones que un trabajador cobrará es la que se tendrá que repartir en el tiempo. En definitiva, cobrará lo mismo en su vida de pensionista pero en nóminas más moderadas.
Índice para la evolución de las pensiones
El segundo elemento que han diseñado los expertos para mejorar la sostenibilidad del sistema es el sustituto del IPC para revalorizar las pensiones. El nuevo índice se compondría de la suma de tres factores y es el que permite en cierta forma a la acción política corregir sus efectos tanto al alza como a la baja.
La nueva fórmula que marcará la evolución de las pensiones se ha bautizado como «factor de revalorización anual de las pensiones» (FRA) y se calcula con la suma de tres términos: la inflación, una tasa media de crecimiento real de los ingresos de la Seguridad Social por encima del número de pensiones y del efecto de sustitución (esto es, la diferencia entre las nuevas pensiones que entran y las que salen, estas últimas normalmente más bajas), y el superávit o déficit del sistema.
Según los expertos para «suavizar» el efecto de la aplicación de esta tasa su cálculo se hará con «medias móviles», es decir, se cogerán como referencia periodos de entre 11 y 13 años. En la explicación que da el comité se toma como referencia los cinco años anteriores y los cinco años posteriores de evolución de ingresos del sistema. Así las cosas, el lustro posterior ha de calcularse con previsiones que los expertos aconsejan introducir cada año en los presupuesto generales y que tengan la auditoría de la futura Autoridad Fiscal independiente.
Es en este punto en el que la posibilidad de que las pensiones suban o no, se queda a merced del Gobierno de turno, según defienden los expertos, ya que si prevén que, por ejemplo, los ingresos del sistema pueden caer en los siguientes ejercicios, estará en su mano dotarlo de más recursos para neutralizar una posible merma de las pensiones.
Los expertos fían así al criterio político la decisión de si se debe dotar al sistema de la Seguridad Social (en principio vía impuestos como el IVA) de la financiación necesaria para que las pensiones en ese ejercicio no se reduzcan. Esta decisión se tomaría cada año al realizar el proyecto de Presupuestos Generales. Lo que es indisoluble es que a menores ingresos, mayor posibilidad de que caiga la nómina de la pensión.
Cláusula suelo
Con todo, los expertos introducen la salvedad de que al menos para los pensionistas actuales y para los que estén próximos de entrar en el sistema las pensiones no deberían en ningún caso bajar nominalmente, por lo que piden introducir una cláusula suelo.
Los sabios confían en que las amplias horquillas con las que se realizarían estos cálculos impedirían caídas reales de las pensiones excepto en otra coyuntura de igual o mayor tamaño que la actual. Además, aseguran que con las previsiones a un lustro vista, las pensiones no tienen posibilidades de sufrir antes de 2016.
En el informe se defiende además que este sistema daría más estabilidad al fondo de las pensiones, que en los años de bonanza ganaría en recursos pero del que también se podría echar mano en las épocas de desquilibrio para mantener las pensiones.En el informe se llega a sugerir la idea de que si el Fondo de Reserva no es suficiente un año para completar la financiación de las pensiones, el sistema se financiaría vía deuda respaldada por el Tesoro.
Con esta fórmula, ni siquiera se puede garantizar que las pensiones suban al ritmo del coste de la vida, pero tampoco lo contrario.
Pese a esta aparente incertidumbre, los expertos insisten en que con la transparencia adecuada, este sistema es más fiable que el actual. Cabe recordar que aunque ahora las pensiones deben subir conforme la inflación real de cada año, durante dos ejercicios los gobiernos de turno ya han decidido su congelación
El informe también insta al Congreso a definir qué es una pensión «suficiente» y a garantizarla por ley.
En el aire quedan algunas dudas muy importantes que se deben resolver en el trámite parlamentario. La primera es el año en el que se comienzan a aplicar estos factores. La ley actual decía que sería a partir de 2027 pero los expertos piden que entre en funcionamiento entre 2014 y 2019.
De la elección de ese año depende también el año que se tome como base para hacer el cálculo del factor que corrigirá la prestación según la esperanza de vida.
Por último, en el informe advierten de que la evolución de las pensiones corregida por estos coeficientes llevará a que la pensión media sea más baja que el salario medio. En este sentido, presentan tres escenarios para el debate político que pasan por poner medidas de diferente alcance (desde políticas de inmigración hasta mejorar la productividad, los salarios o los impuestos), para enmendar esta situación.
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Fuente: http://www.eldiario.es/economia/expertos-trasladan-gobiernos-decision-pensiones_0_140686693.html