Mientras leemos que la sociedad civil norteamericana está reaccionando -¡por fin!- contra el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad y sus mandos y agentes serviles; mientras sabemos escandalizados (y curados de espanto e ignominia) que el presidente del Tribunal Constitucional español pagó cuotas de militante del PP, aunque la ley -su misma ley- […]
Mientras leemos que la sociedad civil norteamericana está reaccionando -¡por fin!- contra el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad y sus mandos y agentes serviles; mientras sabemos escandalizados (y curados de espanto e ignominia) que el presidente del Tribunal Constitucional español pagó cuotas de militante del PP, aunque la ley -su misma ley- prohíbe a los jueves pertenecer a un partido político, arguyendo que olvidó -¡mecachis en la mar de Cuenca!- citar su vínculo político cuando compareció en el Senado; mientras leemos y sentimos que el 39,15% de las familias españolas, ya en 2011, dependen para sobrevivir de las pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios o ayudas sociales (cuatro familias de cada diez); mientras nos indignamos al saber que la investigación avala finalmente, frente a las tesis de Interior del gobierno neoliberal y rancio-conservador de la Generalitat de Cataluña, la versión de Ester Quintana, la ciudadana que perdió un ojo durante la huelga general del 14N en Barcelona; mientras tomamos nota de que las ingenierías se han encarecido en Catalunya el 84% en los dos últimos cursos con los efectos clasistas que tal incremento supone; mientras CiU, Esquerra y PSC consuman el veto antidemocrático -y más que calculado e interesado- al síndico Agustí Colom; mientras los ex presidentes malversadores de los Ferrocarriles catalanes gozan, por claro favoritismo, de tercer grado, mientras tomamos consciencia de todo ello, decía, podríamos olvidarnos del caso Bárcenas-PP… perdón, perdón, del asunto Millet-Ferrovial-CDC, el partido de la sede embargada, y no deberíamos, no debemos cometer este error. Vale la pena reparar en el asunto.
(Antes de entrar en materia y dicho entre paréntesis: hay corruptos y corruptores que, desde luego, corrompen porque sacan tajada, beneficios, amplían redes e incrementan poder. En esta nota me centro en los corruptos pero no olvido la otra cara oscura de la fuerza, acaso la más fuerte, la que mueve más poder y mayor grado de antidemocracia y desprecio si cabe a la ciudadanía. Tal para cual diríamos resumiendo).
Cuatro años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música, señala Jesús García [1], el juez que investiga el expolio -«expolio» es palabra más que ajustada- de la institución musical catalana ha dado el caso por cerrado. Entre sus conclusiones figura que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular a través del Palau. La constructora Ferrovial pagó un total de 5,1 millones en comisiones, ilegales por supuesto, al partido nacionalista-soberanista-independentista (ante todo: neoliberal, de los negocios) a cambio de la adjudicación de obra pública. Fue durante el último gobierno de Jordi Pujol, el intocable, el ex presidente de Banca Catalana, el de varios hijos perseguidos por la justicia que acaso le tomaron a él como modelo (y a su señora por supuesto).
Según la información que se conoce, la empresa (que no es catalana pero aquí este nudo identitario importa un pimiento: la pela es la pela y éste, no otro, es el verdadero kernel del asunto) y CDC llegaron a un «acuerdo» que comenzó «al menos en 1999». Se prolongó durante un decenio: «Ferrovial camufló como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos para disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras».
La constructora pagaba, por regla general, una comisión que suponía el 4% del importe de la obra en cuestión. ¡El más que famoso 3% que soltó Pasqual Maragall, un día que enloqueció durante tres segundos, en el Parlament, cuando era president de la Generalitat (la cara de Mas se descompuso: ¿pero qué dice ese loco pensaría?, ¿a que juega?). Nunca más se volvió a hablar de asunto. Del 4% ilegal, el 2,5% iba a parar a las arcas de CDC por varios procedimientos; el 1,5% restante se lo repartían los saqueadores confesos, don Fèlix Millet y don Jordi Montull, dos magníficos representantes de la burguesía catalana bien ubicada. El premio a su labor como intermediarios se lo repartían así: el 80% de ese 1,5 el primero; el 20% restante el segundo. ¡También hay jerarquías entre saqueadores, siempre hay jerarquías!
El «flujo de fondos», comenta Jesús García, llegó por tres canales: «el más voluminoso (2,3 millones) fueron «entregas en efectivo» entre 2000 y 2007 a los tesoreros, Carles Torrent (muerto en 2005) y a su sucesor, Daniel Osácar, una de las 17 personas que el titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, mantiene imputadas en la causa». La segunda vía -2,1 millones- fueron las «facturas falsas» emitidas por cinco empresas (New Letter, Letter Graphic, Altraforma, Hispart y Publiciutat) al Palau. Esas compañías cobraron de la institución musical por trabajos inexistentes o servicios que, en realidad, prestaron a CDC (por ejemplo, de buzoneo electoral). Dos de esas firmas, continua JG, «hicieron llegar los fondos a CDC en forma de donaciones al partido o a su fundación afín, Trias Fargas». Otros 630.655 euros aterrizaron en la formación mediante «convenios de colaboración aparentes entre el Palau y la fundación anterior». La cifra total asciende a casi 5,1 millones de euros, nafa menos, unos 850 millones de la antiguas pesetas, «algo menor de la que estimó la fiscalía (6,6) en su último informe.»
Osácar y Jaume Camps, que participó en el pago de las comisiones, un ex diputado muy televisivo y muy culé, son los dos únicos imputados de CDC. La responsabilidad del partido no acaba ahí. En línea con el fiscal anticorrupción Sánchez Ulled, «el juez cree que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron «otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente» sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las adjudicaciones». La conjetura parece razonable, más que razonable. «El auto concluye que CDC debe responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de un dinero de forma ilícita». CDC, recuérdese, ha puesto su sede central como aval para cubrir la fianza impuesta por el juez en su día. Está, sigue embargada!
¿Qué obras ganó Ferrovial presuntamente (siempre presuntamente) gracias al pago de mordidas, partidas que suman nada menos que 1.159 millones? ¿Qué consiguió con estas prácticas, pan nuestro de cada día del neoliberalismo realmente existente, aquí y en mil lugares más? Las de mayor envergadura son, tomo de nuevo pie en Jesús García, la Ciudad de la Justicia de Barcelona (¡la ciudad de la justicia construida trasgrediendo la justicia!) y la línea 9 del metro barcelonés. ¿Qué beneficios obtuvo finalmente Ferrovial con las operaciones? Sería bueno, urgente y necesario conocerlo.
En una nota pública, la constructora negó por supuesto cualquier tipo de acuerdo para «alterar el correcto desarrollo» de los concursos públicos. De eso nada, no va con ellos. Defendió, por supuesto también, la bondad de su contrato de patrocinio con el Palau: le reportó «las ventajas de publicidad e imagen propias de este tipo de convenios». ¡Vale, pues será eso! ¡Imagen, publicidad y sonido!
Las anotaciones en las agendas personales de Millet, el de las 400 familias con poder en Cataluña, los documentos hallados en ordenadores del Palau en su día y la declaración de algunos testigos son la base probatoria del caso. En su auto, señala JG, «el juez da una cifra final al expolio perpetrado por Millet y Montull en beneficio propio y de terceros: 26,5 millones. Una propinita [2]
Uno de los misterios que quedará por resolver del caso, señala JG, es el destino de 9,6 millones que se cobraron «en ventanilla de diversas entidades bancarias». Se ignora el destinatario de esas cantidades «pese a los esfuerzos» de la policía. Pijuan, el juez del caso, afea con razón a los bancos por «su «falta de colaboración» para averiguar quién cobró esas cantidades. Respondieron que no tenían la documentación o que no la encontraban». ¡Los bancos son los bancos, yo mismo trabajé en uno de ellos, el del señor Pujol, durante más de 11 años, y son un gran poder fáctico!¡Nadie les tose!
Curiosamente, el punto no se le ha pasado por alto tampoco al excelente Jesús García, en un escrito remitido al juez hace unos días, la actual dirección del Palau, que ejerce la acusación particular como víctima del expolio (¡cómo si no!), «cargó contra los ex responsables de la institución» pero omitió cualquier alusión a CDC. Ni una coma, ni una palabra, nada de nada. ¿Está claro quien manda y al servicio de quién se está?
La estrategia de CDC tras el cierre de la instrucción del caso no ha variado: mienten, mienten como bellacos. ¿CDC? No, no, claro está, el juez con sus informes. Este considera acreditado que CDC recibió 5,1 millones. La formación nacionalista lo niega y da un paso adelante: acusa al magistrado de no tener pruebas. ¡Que lo demuestren, a ver si pueden! «Los indicios que ahora determina el juez no tienen una base sólida». El consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, uno de los mayores vendedores de humo de estas tierras, consideró «que el escrito «no demuestra nada» y vio «más razonable» la opinión de los actuales responsables del coliseo». Son de los suyos. De lo que dice el juez, señaló, «los perjudicados no hablan. Entra en contradicción». ¿En contradicción? ¿No será él parte sustantiva también del entramado diseñado con mimo y ocultando pruebas y más pruebas?
El consejero, contundente, chulo como el que más, afirmó que los controles de adjudicación de obra pública eran y lo son ahora totalmente transparentes. Homs, que echa siempre que puede lodazales de porquería sobre la época del tripartito, recordó que el anterior gobierno hizo una auditoría para revisar las adjudicaciones y que no encontró nada. Perfecto, todo muy bien en este caso.
Toda la oposición ha exigido explicaciones urgentes al líder de CDC y presidente de la Generalitat. Don Mas comparecerá el próximo día 31 en el Parlament, no en pleno sino en comisión, «para detallar la presunta financiación irregular de su partido, en una sesión prevista antes de conocerse las conclusiones del juez». El día 31 de julio, un día, sin duda, muy adecuado para dar estas explicaciones a los parlamentarios y a la opinión pública en general.
Joan Herrera, de ICV-EUiA, ha hecho un buen resumen del caso: «El corruptor, que era Ferrovial, paga al corrupto, que eran los cargos de CDC, comisiones para encarecer las obras de la línea 9 del Metro»
De hecho, en la sesión del Parlamento de Cataluña del miércoles 17 de julio se repitió «un esquema ya visto en el turno de control al presidente catalán, Artur Mas, cada vez que hay novedades sobre el caso Palau» señala Maiol Roger [3]: la oposición acorraló a Mas y dedicó sus preguntas a exigirle explicaciones por la presunta financiación ilegal de su partido, CDC, unos hechos que el líder nacionalista negó una vez más. «Un toma y daca habitual que tomó más fuerza tras conocerse, el martes, las conclusiones del juez instructor del caso: considera probado que CDC recibió 5,1 millones de euros a través de comisiones por la adjudicación de obra pública a Ferrovial.»
Mas no se ha comprometió a nada. Solo ha dicho que, si en el juicio se sentencia que CDC se financió ilegalmente, él será «el primero en actuar». ¿Cómo? ¿De qué forma? No sabe, no responde. Su estrategia pasa por presentarse ajeno a las finanzas del partido y mostrar confianza en los gestores de las arcas de CDC. ¡No sabía nada, no pasaba por allí! Ha retado a la justicia a «convertir sus indicios en pruebas». ¡Para chulo él!
También Joan Herrera apuntó bien esta ocasión: «En los dos casos [Bárcenas, Ferrovial] hay corruptores y corruptos e indicios de financiación ilegal. Y en los dos casos hay evasivas».
Mientras tanto, ERC, un partido que dice ser de izquierdas y republicano, sigue dando apoyo al gobierno de un partido (supuestamente) corrupto. ¿Alguien puede pensar en un proceso emancipador que los tenga como fuerzas hegemónicas? ¡Es de risa… y de llanto!
PS1. En el artículo de este pasado martes en El Periódico, cuenta Joan Barril, muy taurino él, que pasó el domingo 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa, yendo con amigos a una corrida de toros en la población nord-catalana-francesa de Ceret. Se encontró en el ruedo con un conseller del actual gobierno catalán, que le expresó -así lo cuenta- su deseo de que «el Constitucional [español] ens doni un cop de mà», nos ayude, quiso decir, aludiendo a la prohibición de un tipo de corridas de toros en Catalunya. ¡El Constitucional español!
PS2: Si quieren vislumbrar el lado oscuro, apenas manifestado públicamente, del actual president de la Generalitat, el que se ríe en sede parlamentaria de los niños andaluces y gallegos por su forma de hablar castellano, no se pierdan la fotografía de Albert García que aparece en El País impreso, de 18 de julio, p. 3 (edición Cataluña). No es la que acompaña el texto en la web del global-imperial. Miren, miren, cómo don Mas, el rei Artur, coge las gafas, cómo mira, noten su chulería, su sentirse parte sustantiva del mando en plaza, su pertenencia a la élite que cuenta. Miren, miren.
Notas:
[1] Jesús García, «El juez afirma que CDC recibió 5,1 millones en comisiones de Ferrovial».
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/16/catalunya/1373968197_956833.html
[2] Los saqueadores consiguieron que el Palau cargara con los gastos de viajes familiares a destinos como Polinesia, Maldivas o Dubái, e incluso con las bodas de las hijas de Millet, Clara y Laila. ¡Viven en otro mundo que está en éste!
[3] Maiol Roger, «La oposición acorrala a Mas por ‘caso Palau! Le exige explicaciones». http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/17/catalunya/1374056664_243024.html
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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