El pasado martes 13 de mayo la policía arrestó en La Goulette (al norte de Túnez capital) al activista y bloguero Azyz Amami y a su amigo fotógrafo Sabri Ben Mlouka. Los dos han sido detenidos bajo el cargo de «tenencia de cannabis con intención de usarlo» y ello en aplicación del infame artículo 52 […]
El pasado martes 13 de mayo la policía arrestó en La Goulette (al norte de Túnez capital) al activista y bloguero Azyz Amami y a su amigo fotógrafo Sabri Ben Mlouka. Los dos han sido detenidos bajo el cargo de «tenencia de cannabis con intención de usarlo» y ello en aplicación del infame artículo 52 del código penal que Ben Ali reformó en 1992 para poder perseguir la disidencia política y la oposición a la dictadura. Durante años cientos de jóvenes vieron arruinadas sus vidas, y cientos de opositores abortada su militancia, como culpables de un delito que no debería serlo y que, en cualquier caso, no habían cometido. Durante años -llevo viviendo aquí ya quince- el hecho mismo de ser joven convertía a un tunecino en sospechoso, potencial delincuente objeto de acoso, registro y eventualmente malos tratos y tortura. La juventud bajo Ben Ali era un crimen y no es una casualidad, por tanto, que esos jóvenes humillados y amordazados, perseguidos y criminalizados por la dictadura fueran los primeros en rebelarse contra ella. Fueron esos jóvenes los que dieron su vida por la dignidad, la justicia y la democracia.
Pues bien, esos mismos jóvenes, mártires y héroes de la revolución de 2011, vuelven a ser objeto de sospecha y persecución por parte de una policía que no ha cambiado y ante la indiferencia de un gobierno y unos partidos que miran hacia otra parte -la amenaza del «terrorismo» o las próximas elecciones-. Esos jóvenes, que abrieron con su sacrificio el paso a los partidos, que con su entusiasmo y su coraje doblegaron tres gobiernos provisionales y alumbraron la Asamblea Constituyente, se vuelven otra vez marginales y, por lo tanto, vulnerables, como lo demuestra la ofensiva judicial que desde hace meses, y muy particularmente bajo el gobierno de consenso de Mehdi Jomma, tiene como blanco a los jóvenes que hicieron la revolución, algunos encarcelados por consumo de hachís pero otros directamente ¡por terrorismo! Es verdad que si el patrón es el PP y las políticas represivas del Estado español, podemos decir, en efecto, que esta marginación y esta campaña de criminalización son la prueba de que en Túnez hay en curso una normalización democrática a la europea.
Azyz Amami representa a todos estos jóvenes anónimos y al mismo tiempo los visibiliza. Azyz Amami es un icono de la revolución tunecina. Detenido y torturado el 6 de enero de 2011, nunca ha dejado de luchar en nombre de los principios que desencadenaron la intifada contra Ben Ali y que, a su juicio, y a juicio de miles como él, los sucesivos gobiernos del Túnez democrático no han dejado de traicionar. Azyz Amami es un activista conocido y respetado y su detención constituye un pésimo indicio y un error. Es el indicio de una contrarrevolución rampante que va ganando terreno y que no duda ya en asomar sus garras con insolencia y bravuconería: la operación montada contra Azyz es la respuesta a su implicación en la campaña por la liberación de los jóvenes detenidos o citados ante el tribunal por su participación en las jornadas revolucionarias de diciembre 2010 y enero 2011 («yo también he quemado una comisaría»). Pero es un error: porque, al contrario que tantos de estos jóvenes detenidos y abandonados a su suerte, Azyz Amami cuenta con un enorme apoyo nacional e internacional que está poniendo en aprietos al gobierno. Ruedas de prensa, asambleas y manifestaciones se suceden y se prevén nuevas acciones antes del próximo viernes, fecha de la comparecencia de Azyz y Sabri ante el tribunal. Se ha puesto en marcha también una campaña internacional a fin de presionar a las autoridades tunecinas a través de un comunicado cuya versión española se puede leer y firmar en change.org.
El montaje contra Azyz Amami sería imposible si Túnez hubiese abolido el código penal de Ben Ali y depurado su aparato policial y judicial. Todos los gobiernos post-revolucionarios y todos los partidos son en alguna medida responsables de esta falta, tanto menos inocente cuanto que existe ya una ley de Justicia Transicional que debería permitir esos cambios sin los cuales ninguna ruptura democrática es pensable. Pero este montaje es algo más que un abuso permitido por un limbo legal; es una estrategia global premeditada. Hay algo más que escarnio en el hecho de que, casi el mismo día en que Azyz Amami, símbolo de la revolución, entraba en prisión, salía de ella Ali Seriati, exjefe de seguridad de Ben Ali, verdugo de la revolución. Cada vez es más clara la reorganización de los elementos del viejo régimen y su colusión con muchos elementos del nuevo. El consenso de élites en ciernes amenaza con dejar fuera, marginales, sí, y vulnerables, a esos jóvenes que -interpela el comunicado a Marzouki, Jomaa y Ben Jaafar– permitieron con su valor y su compromiso democrático que estos tres hombres ocupen hoy -respectivamente- la presidencia de la República, del gobierno y de la Asamblea Constituyente.
El gobierno español y la UE, más preocupados por defender sus intereses, deberían presionar al gobierno tunecino para asegurar una verdadera transición a la democracia. Los medios de comunicación y los ciudadanos españoles deberíamos no olvidar Túnez, apoyar sus deseos de ruptura con la dictadura y exigir la inmediata liberación de Azyz Amami y todos los jóvenes encarcelados por el delito de haber creído en la dignidad y la justicia.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/tunez-encarcelado-azyz-amami-simbolo-de-la-revolucion/5901