PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y un amplio número de sindicatos, entre los que figuran ELA, CCOO o UGT, enviarán un documento a Pedro Sánchez en el que manifiestan su respaldo a aquellas medidas que pongan fin a la «política de excepción» contra los presos de ETA. Cerca de 80 de ellos siguen en cárceles situadas a cientos de kilómetros de Euskadi.
«Hoy es un día de los que se señalan en el calendario». Con esa frase, Etxerat – asociación de familiares de presos de ETA– abrió este viernes una comparecencia en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde sus portavoces han estado acompañados por representantes de tres formaciones políticas y 11 sindicatos vascos. El objetivo: dejar reflejado ante los micrófonos y en los papeles el apoyo al Gobierno español en los pasos dirigidos a dar un cambio definitivo en la política penitenciaria.
PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han estado representadas ante las cámaras en una comparecencia que había sido anunciada un día antes, pero que en realidad se tejía desde febrero pasado. Fue entonces cuando esas tres organizaciones políticas y un amplio número de sindicatos –entre los que se encuentran ELA, LAB, CCOO o UGT– coincidieron en un encuentro promovido por Etxerat para buscar vías de apoyo al reclamo de cambios en la situación de los presos de ETA.
Entonces surgió el compromiso de tratar de alcanzar una valoración conjunta cuando pasaran las elecciones autonómicas, inicialmente previstas para abril y luego postergadas para julio debido a la pandemia. Ha sido este viernes cuando ese acuerdo se ha materializado.
Los partidos y sindicatos firmantes han transmitido «todo el apoyo» al Gobierno español «si se decide a dar los necesarios pasos para la aplicación exclusiva de legislación ordinaria» en las cárceles, así como para fijar las bases de «una política penitenciaria normalizada», lo que en otras palabras implicaría poner fin de forma definitiva al alejamiento y dispersión que se aplica contra el colectivo de presos de ETA desde hace más de 30 años.
«La situación actual todavía está anclada en lógicas de un pasado en fase de superación», manifiestan los firmantes en esa declaración, que será remitida al Gobierno español, al Ejecutivo autonómico que lidera Iñigo Urkullu y a las cárceles donde hay presos que cumplen penas por delitos relacionados con ETA.
Un centenar de traslados
Según datos recogidos en noviembre por Sortu, existen 221 internos pertenecientes al denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). 189 se encuentran en el Estado español –donde se especifica que también hay otros siete que no son miembros del EPPK- y 32 en cárceles francesas.
En el caso de España, 51 reclusos se encuentran en cárceles situadas a distancias que oscilan entre los 800 y los 1.100 kilómetros, mientras que otros 35 están en prisiones ubicadas a más de 550 kilómetros de sus entornos familiares. Hasta el pasado 11 de noviembre –fecha en la que fue elaborado ese informe–, «los presos afectados por los anuncios de traslado o acercamiento» eran 100, «cinco de los cuales no pertenecían al EPPK».
«De ellos 17 se encuentran ya en libertad tras haber agotado íntegramente sus condenas o, cómo ha ocurrido en tres de los casos, tras acceder a la libertad condicional previa, mientras que otro preso, Igor González Sola, falleció en la prisión de Martutene», señala el documento.