Human Rights Watch (HRW) hace un llamamiento a gobiernos y empresas energéticas para que priven a la junta militar en Myanmar de los ingresos del gas natural.
En un nuevo comunicado de prensa, HRW declara:
“Gobiernos y empresas energéticas deben copiar la reciente decisión de las empresas Chevron y Total S.A. de suspender los pagos de un proyecto de gasoducto en Myanmar, con medidas adicionales para cortar la financiación de la junta militar del país.”
Aunque la decisión del 26 de mayo de 2021 refleja un cambio en el trato que las empresas mantienen con la junta militar que se hizo con el poder en Myanmar el 1 de febrero, y que ha emprendido una represión brutal desde entonces, estos pagos son solamente una cantidad mínima de los ingresos totales del gas para el ejército, según HRW.
Los gobiernos y todas las empresas energéticas que operan en Myanmar deben tomar medidas más enérgicas para bloquear los ingresos del gas natural que van a parar a manos del ejército de Myanmar. Los ingresos del gas natural son la mayor fuente de ingresos en divisas del ejército, incluyendo aproximadamente 1.000 millones de dólares en derechos, impuestos, cánones, tarifas y otros beneficios. Los dividendos suspendidos por Chevron y Total son una parte insignificante de los pagos totales que el ejército birmano recibe del gas natural.
«La reciente decisión de Chevron y Total es un paso en la dirección correcta, pero afecta a menos del 5% de los ingresos del gas natural que recibe la junta de Myanmar», dijo John Sifton, director de incidencia política en Asia de Human Rights Watch. «Para tener un impacto real, los gobiernos y las empresas deben ir más allá para impedir que la junta reciba fondos o acceda a las cuentas bancarias que reciben los pagos».
La decisión anunciada por Total y Chevron refiere únicamente a un dividendo del 15% pagado por una empresa de gasoductos, la Moattama Gas Transportation Company («Moattama»), procedente de los beneficios de las tarifas de transporte obtenidas al trasladar el gas desde el yacimiento en alta mar Yadana, a territorio birmano y hasta Tailandia. Total dijo que los pagos se suspendieron a partir del 1 de abril.
Total y Chevron son conjuntamente los propietarios mayoritarios de Moattama, con el 31,2% y el 28,3% del proyecto, respectivamente. La empresa Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), controlada por la junta militar, posee el 15%, y la empresa estatal tailandesa PTT el 25,5%. Total actúa como «operador» de los yacimientos de Yadana y de la infraestructura de gasoductos de Moattama. Los pagos suspendidos son dividendos a estas empresas en función de su participación como propietarias. Según los registros financieros de Moattama, la empresa pagó a MOGE unos 38 millones de dólares en 2018 y aproximadamente 52 millones de dólares en 2019, de acuerdo con los informes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), los cuales indican que los dividendos totales del transporte de gas de MOGE son menos del 7% de los ingresos totales estatales procedentes del gas natural.
Las declaraciones de Total y Chevron no mencionan los cientos de millones de dólares en tarifas, tasas e impuestos adicionales que Moattama paga a las cuentas bancarias controladas por el ejército de Myanmar. La declaración no aplica tampoco a los cientos de millones de dólares que recibe MOGE de su parte de ingresos por la venta de gas a PTT.
«Aunque únicamente se ha suspendido una cantidad mínima de los ingresos totales, la decisión de Total y Chevron significa que al menos algunas empresas en Myanmar reconocen que sus pagos en efectivo, a cuentas controladas por la junta militar, generan riesgos importantes para su reputación», dijo Sifton.
Total reconoció la grave situación de Myanmar y sugirió en su declaración que podrían tomarse nuevas medidas: «Total condena la violencia y los abusos contra los derechos humanos que se producen en Myanmar y reafirma que cumplirá con cualquier decisión que puedan tomar las autoridades internacionales y nacionales, incluidas las sanciones aplicables emitidas por las autoridades de la UE o de los Estados Unidos».
Según el comunicado de Chevron: «la empresa condena la violencia y los abusos contra los derechos humanos que se producen en Myanmar. Nos unimos al pueblo de Myanmar y a la comunidad internacional para instar a una resolución pacífica que respete la voluntad de la ciudadanía birmana».
La empresa dijo que respetaría las sanciones impuestas por los ingresos adicionales del gas, pero advirtió en su contra.
Total y Chevron deberían proporcionar más información sobre el valor de los dividendos que se han suspendido. Tanto ellas como otras empresas energéticas operando en Myanmar deberían aclarar sus posiciones sobre las sanciones y explicar si sanciones cuidadosamente aplicadas para bloquear los ingresos a la junta birmana impedirían que sus operaciones continuaran. Las empresas también deberían adherirse a las sanciones internacionales aplicables y hacer pública la información sobre todos los pagos que realizan a entidades controladas por el ejército birmano y de propiedad estatal.
Total aún no ha respondido a una carta del 11 de mayo en la que Human Rights Watch preguntaba sobre los posibles efectos, si los hubiera, de que los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países impusieran sanciones a las entidades controladas por los militares en Myanmar o impusieran medidas económicas para bloquear ingresos a las cuentas bancarias controladas por el ejército birmano. Específicamente, la carta preguntaba si tales medidas impedirían a Total seguir operando en Myanmar.
Los gobiernos que estudian la posibilidad de imponer nuevas sanciones a los ingresos procedentes del gas deberían prestar más atención a PTT, accionista y principal comprador del gas que transporta Moattama, y a los bancos que reciben sus pagos y los envían a las cuentas controladas por el ejército birmano. Todos los ingresos de las empresas conjuntas de Total en Myanmar proceden, en primer lugar, de PTT, y la empresa paga por separado a cuentas militares cientos de millones de dólares al año.
PTT también explota otro yacimiento de gas más pequeño, Zawtika, que proporciona a la junta de Myanmar cientos de millones de dólares en pagos adicionales.
Otro emprendimiento de producción de gas y gasoductos dirigido por la empresa surcoreana POSCO opera en el tercer yacimiento más importante del país, Shwe, y recibe pagos de una empresa de propiedad china que paga a la junta militar varios cientos de millones de dólares anuales.
Total, Chevron, PTT y POSCO deberían indicar su apoyo a las autoridades de los Estados Unidos, la UE, Tailandia y otras jurisdicciones para que se apliquen sanciones u otras medidas que bloqueen los cánones, los dividendos de las acciones, los aranceles y los pagos de impuestos a las cuentas controladas por el ejército de Myanmar.
«Si los gobiernos sancionan o suspenden de forma eficaz los ingresos del gas natural generados para la junta militar, ésta perderá 1.000 millones de dólares al año que se utilizan para perjudicar al pueblo de Myanmar», afirmó Sifton. «Ese tipo de impacto económico podría ejercer una presión real sobre el ejército birmano para que ponga fin a la represión brutal y devuelva al país a la senda democrática».
Fuente original en inglés: https://mizzima.com/article/ngo-says-governments-should-step-cuts-myanmar-gas-revenues