El golpe de Estado de 1936 es un tema que lo tengo vivo en la memoria. Muchas historias vividas me contó mi madre. Mis padres y todos los miembros de la familia que vivieron aquellos acontecimientos han fallecido. Mi abuela, por las balas de Franco, ante un paredón en Toledo.
En estos días el 18 de Julio ha adquirido actualidad, por el Debate del Estado de la Nación y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que condena el golpe de Estado perpetrado contra la legitimidad democrática de la República y la posterior dictadura franquista, que declara ilegal. Este término se ha añadido para referirse también a todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa y que, hasta ahora, el texto solo calificaba de nulas. Igualmente, los tribunales, órganos franquistas y todas sus resoluciones son proclamados ilegales y no solo ilegítimos.
Las derechas se rearman ante el 18 de Julio. El presidente del PP, Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática, en nombre de la mayoría de los vascos y de los españoles, no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo Partido Socialista Obrero Español para juntos restablecer la memoria y la justicia. La promesa de Feijóo cuenta con el apoyo de quienes aman a Benito Mussolini y adoran a Francisco Franco, como lo han manifestado frente al Congreso de los Diputados; y que preparan actos y misas de exaltación del golpe de Estado del 18 de Julio.
En esta ocasión voy a recoger las reflexiones que hacía en 2014 en el desaparecido Cuarto Poder, con el título «Un país que pierde la memoria termina perdiendo la dignidad«, en el que hago un ejercicio de memoria histórica, sobre aquel golpe fascista, que habiendo cumplido 86 años, todavía hay efectos que siguen vivos. El día 22 cumplo setenta y tres años; el golpe se dio trece años antes de nacer yo.
Quiero hacer memoria sobre lo que significó el golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 y sobre lo que los golpistas pretendieron con su acción, que sumió a los españoles en una guerra civil de tres años y, con la victoria de los llamados nacionales, en una dictadura que duró más de cuarenta. Hoy, algunos quieren volver a esos años negros.
La conspiración militar se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña, tras la victoria del Frente Popular. En la calle estaba cantado, en los despachos era conocido y los cuarteles eran hervideros de conspiradores. Al gobierno le llegaron noticias sobre lo que se estaba tramando y no actuó, con la contundencia debida, contra la conspiración. Exceso de confianza, errónea valoración política, falta de ánimo y valor, para abordar la situación, llevaron a la tragedia.
El golpe de Estado se dio contra la legitimidad de la República. Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. El plan abarcaba todos los sectores y actividades. Comprendía una acción de fuerza militar, desde diferentes puntos de España y África; una colaboración religiosa y una acción social, que debía poner en juego a la banca, la judicatura, la industria, y a grupos políticos de acción violenta. El directorio del general Mola, coordinaría todos los recursos a su alcance: fuerzas militares, ayuda diplomática, financiera, armamento y personal voluntario.
El libro Los mitos del 18 de Julio (coordinado por Francisco Sánchez Pérez), viene a dar respuesta al revisionismo histórico que hace la derecha, para descalificar a la República y legitimar la rebelión. Según las tesis que defienden sus autores, el brazo ejecutor del golpe fueron militares desleales a su juramento en defensa de la República y los civiles que tenían un papel fundamental para que triunfase. Estaban implicados, militares desleales, falangistas, monárquicos, la derecha conservadora más reaccionaria y la iglesia católica, que habían oprimido al pueblo durante siglos. No fue un golpe doméstico, sino que contó con la Italia fascista, quién jugó un papel determinante para el triunfo del golpe, vendiendo y suministrando armas, antes y después.
La fecha de inicio del golpe de Estado, nada tuvo que ver con el asesinato de Calvo Sotelo. Todo estaba previsto con antelación, ligado a los contratos de compra de armas y al apoyo italiano prometido. En el diseño del plan director no estaba prevista la defensa de la iglesia y del catolicismo, ni era un objetivo de motivación. El golpe tampoco pretendía acabar con ninguna insurrección armada en marcha, porque no la había; sino eliminar las reformas abordadas durante el primer bienio republicano (agraria, laboral, militar y de la enseñanza) y defender la unidad de España.
Ninguna organización republicana u obrera tenía el propósito de subvertir el orden constitucional en la primavera de 1936; porque o no querían o no podían. Tampoco había en marcha ninguna intervención de la URSS en España. La política de Stalin, desde 1925, no era de expansión, sino de socialismo en un solo país, en la URSS. Antes del golpe, no había un Estado de violencia revolucionaria o de terror rojo, no había ninguna dinámica de exterminio ni de liquidación de los enemigos de clase y no se asesinaba a las gentes de orden. El número de empresarios y propietarios asesinados en los meses anteriores al 18 de Julio es mínimo, y tampoco se dio muerte a ningún religioso.
La República no fue un fracaso que conducía inexorablemente a una guerra, sino que fue destruida por un golpe militar, con la connivencia de un país extranjero y que, al no triunfar en buena parte del territorio y en Madrid, se encaminó de forma irremediable a una guerra civil. Fue la sublevación quien colapsó la administración republicana. La República, durante la guerra, tuvo que enfrentarse a una parte de la izquierda obrera, que entendía que la democracia era irreconciliable con el capitalismo, temiendo que se entregase, pacíficamente, al fascismo, como había sucedido en toda Europa.
La pretensión de cada grupo social y estamento rebelde era la defensa de sus propios intereses: la aristocracia pretendía la conservación del rango y los privilegios; los capitalistas, la libertad de explotación de los trabajadores y la defensa a ultranza de la propiedad; la iglesia, la anulación de las disposiciones que habían mermado sus fueros; los terratenientes e industriales, impedir la reforma agraria y la intervención obrera en las empresas; la prensa de derechas, el derecho a crear opinión y defender el negocio; los militares, profesionales, burócratas y burgueses, la restauración de un orden rígido y autoritario que respetase el escalafón, la jerarquía, la antigüedad y las prebendas. Los vencedores establecieron una dictadura para perpetuar esos intereses y la mantuvieron mediante la represión y la violación de los derechos humanos.
Mientras los tribunales argentinos siguen investigando los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra y la dictadura franquista, en España se ha venido poniendo trabas al juicio internacional, alegando la prescripción de los delitos. Los desaparecidos del franquismo, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, fueron 140.000 personas, entre víctimas de la guerra civil y de la dictadura. A finales del pasado año, la Audiencia Nacional tenía abiertos 143.353 expedientes sobre desapariciones. Siguen enterrados en 2.000 fosas comunes sin abrir, en las cunetas de las carreteras y en las catacumbas del Valle de los Caídos.
Discúlpenme que me repita, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero quiero recordar la calificación que doy al golpe de Estado, contra la legítima República: políticamente antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; moralmente inhumano; y su brazo ejecutor, militares desleales a su juramento de defensa de la República y contra el fascismo.
Feijóo y el PP han vuelto a instrumentalizar y a manipular a algunas de las víctimas del terrorismo de ETA, posicionándose en contra de las víctimas de la Guerra y del franquismo, con la pretensión de enfrentar a unas y a otras. Se esconde tras las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de la dictadura franquista. La Ley de Memoria Democrática, trata de reconocer, resarcir y reparar a las víctimas de la dictadura y la Guerra, dotarlas de memoria, dignidad y justicia como a las víctimas de ETA. Pretende que el Estado se haga responsable de exhumar los restos de las miles de personas que aún están en las cunetas y en las fosas comunes, para que sus familias puedan honrarles y cerrar esas miles de heridas abiertas.
Bien venida sea la Ley de Memoria Democrática. Soy víctima de la Guerra del 18 de Julio, provocada por Franco contra la legitimidad democrática de la República. No quiero terminar esta reflexión sin recordar a mi abuela Antonia Arrogante fusilada en Toledo. Vivía en el Callejón de los Niños Hermosos, en la judería toledana. No se celebró juicio ni se declaró sentencia de muerte antes del «paseo» criminal. Oigo las botas contra el empedrado, los gritos y empujones, los culatazos de los fusiles sobre su espalda. Veo su cara perpleja y asustada. Oigo el sonido seco de las descargas de los fusiles y el taac, taac de los tiros de gracia junto a un paredón en la vega del Tajo.
El golpe de Estado del 18 de Julio, fue una acción de intereses creados, para la restauración de privilegios y prebendas; encubierto en ideales religiosos, sociales y políticos. Los vencedores de la guerra, establecieron una dictadura para perpetuar esos intereses creados y la mantuvieron violando derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista. Ahora, la Ley de Memoria Histórica, considera ilegales, la guerra y el franquismo.
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