Entre 2021 y 2022, la Iglesia católica recibió 918.611,04 euros de la Política Agraria Común (PAC), cantidad que percibió por ser propietaria de cuantiosas porciones de terreno en toda España, a nombre de diferentes titulares; por ejemplo, parroquias, obispados, congregaciones o diócesis.
Algunos de estos terrenos fueron inmatriculados entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. Según los datos oficiales del Gobierno de España, la Iglesia registró a su nombre 35.048 bienes, de los que 20.014 eran templos y dependencias complementarias y 12.839 fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, etcétera.
¿Qué es la PAC?
Las ayudas de la PAC, señalan desde el Gobierno de España, tienen como objetivo “apoyar a los agricultores, mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles, mantener viva la economía rural y contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la gestión sostenible de los recursos naturales”.
Agregan desde el Ejecutivo que se gestiona y financia a escala europea, a través de dos fondos englobados en el presupuesto de la UE: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado. Y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que financia el desarrollo rural.
Un sistema de ayudas desacoplado de la producción
Según explica Eduardo Moyano Estrada, del IESA-CSIC, en este texto de 2020, había entonces unos 700.000 perceptores de la PAC, que cobran un dinero «desacoplado de la producción y asociado al número de hectáreas de cultivo o de pastos», gracias a los conocidos como «derechos históricos».
Realizando diversas consultas en la página del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) (dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) se comprueba que el concepto de muchas de las ayudas de la Iglesia es el de “Régimen de pago básico”, que, como se explica en una de las notas técnicas de la Política Agraria Común 2015-2022 (en vigor en los años analizados), es, precisamente, «un sistema de ayudas desacoplado de la producción».
Parroquias, obispados y congregaciones, los más beneficiados
Las propiedades de la Iglesia católica cuya titularidad corresponde a las parroquias fueron las que más ayudas recibieron: 26 en 2021 (por un valor en global de 128.592,06 euros) y 22 un año después (98.871,42 euros). En total, 227.463,48 euros en esos dos años.
La segunda partida más cuantiosa es la de los obispados. 154.769,72 euros entre 2021 y 2022. La mayor suma el primer año correspondió al Obispado de la Diócesis de Córdoba: 46.193,1 euros, que se reparten, principalmente, entre el pago básico (20.876,81); un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (10.855,51), y una ayuda asociada voluntaria (8.422,27). Estas últimas, indican en la Comisión Europea (CE), “son ayudas específicas a un determinado sector o subsector agrícola que atraviese dificultades”.
Las congregaciones fueron las terceras más beneficiadas: 144.422,42 euros. Destaca la Congregación Siervas del Evangelio (Granada), que obtuvo 67.218,21 euros en 2021 (43.606,62 en concepto de pago básico) y 68.440,44 un año después (pago básico de 43.967,31).
El resto de perceptores fueron los arzobispados, las diócesis, Cáritas, los seminarios, las Carmelitas, las cofradías y archicofradías, las órdenes y las cartujas.