El 18 de noviembre de 1903 durante el gobierno de Roosevelt (y siguiendo órdenes del presidente demócrata), se firma en Washington el tratado Hay-Bunau-Varilla, por el cual “Estados Unidos garantiza la libertad de Panamá” a cambio de que Panamá le ceda a Estados Unidos todos los derechos sobre el canal y las zonas contiguas, libre de cualquier impuesto.
El 22 de diciembre de 2024, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump anunció que le exigirá a Panamá «que le devuelvan el canal». El imperialismo es una enfermedad que no solo mata a quienes lo resisten sino que tampoco deja vivir a quienes lo llevan dentro.
Washington DC. 22 de enero de 1903 – El secretario de Estado John Hay y el agregado comercial de Colombia en Estados Unidos, Tomás Herrán, firman el tratado que le daría a Estados Unidos el derecho a retomar las construcciones del canal de Panamá que los franceses habían abandonado cuando llevaban casi la mitad de la obra. Por este tratado, Colombia se comprometería a ceder a Estados Unidos y por cien años una franja en su apéndice norte a cambio de diez millones en un solo pago y 250 mil dólares por año. A pocas millas de las costas de Panamá, el buque de guerra Wisconsin permanece varado para dar apoyo moral a las negociaciones.
El Congreso en Washington aprueba el tratado de inmediato, pero rebota en Bogotá. Hay dudas sobre las consecuencias sobre la soberanía del país y sobre los beneficios derivados de este acuerdo. Por si fuese poco, las matemáticas, que también se practican en aquel país, dicen que al pueblo colombiano le llevaría 120 años recibir la misma compensación que se le había ofrecido pagar de una sola vez a la New Panamá Canal Company.
El Congreso colombiano no es el único obstáculo. El 15 de abril, el enviado de Estados Unidos Mr. Arthur Beaupre le envía un telegrama al Secretario de Estado sobre el ánimo de sospecha creciente en el pueblo colombiano. “Hay por lo menos un hecho que es claro”, escribe Mr. Beaupre. “Si el tratado se pusiera a la libre consideración del pueblo, no sería aprobado”. Atendiendo a la fuerte opinión pública en contra del tratado Hay-Herrán, el Senado colombiano vota por unanimidad en contra de su ratificación.
Sin haber puesto nunca un pie fuera de su país, el 27 de agosto Roosevelt escribe tres cartas describiendo a los colombianos como “ignorantes”, “avaros”, “hombrecitos despreciables”, “corruptores idiotas y homicidas”. El desprecio por los pueblos de raza inferior no es nuevo ni será nunca superado. “Nunca podría respetar un país lleno de ese tipo de gente”, escribe Roosevelt. “Intentar relacionarse con Colombia como quien trata con Suiza, Bélgica u Holanda es simplemente un absurdo”.
Ya en 1849, a un año de haber terminado la guerra en México y probablemente informado de los planes de Francia para un nuevo canal en Suez, el presidente Zachary Taylor todavía era de la misma opinión. Ante el Congreso había insistido en la necesidad de la construcción de un canal, tal vez en Nicaragua, y había advertido que “una obra de esa envergadura debe ser realizada bajo la supervisión y protección de todas las naciones para un beneficio equitativo”.
Ahora, en plena hegemonía naval de la raza nórdica en los trópicos, no hay acuerdo y el presidente Theodore Roosevelt no duda: una república de América del Sur no va a interferir con sus planes. Inmediatamente envía algunos paquetes con dólares para organizar una revuelta que se llamará Revolución. El problema dura menos que lluvia de verano. El 18 de noviembre, se firma en Washington el tratado Hay-Bunau-Varilla, por el cual “Estados Unidos garantiza la libertad de Panamá” a cambio de que Panamá le ceda autoridad y todos los derechos a Estados Unidos sobre el canal y las zonas contiguas en carácter de monopolio y libre de cualquier impuesto. Como es costumbre, los panameños no son invitados a la firma del nuevo tratado.
El nuevo tratado establece que los 250 mil dólares anuales ofrecidos antes a Colombia ahora no serían pagados sino hasta una década después de la apertura del canal. No hay nada como tener una armada poderosa para hacer buenos negocios. También viola el anterior Tratado de Paz y Comercio, conocido como Tratado Bidlack, firmado por Colombia y Estados Unidos en 1846 por el cual Colombia le garantizaba a Estados Unidos el derecho a transitar por el istmo a cambio de proteger la provincia de Panamá de cualquier revuelta o intento de separación. Como en Cuba, como en Puerto Rico, ahora el artículo 136 del tratado de 1903 le asegura a Washington la potestad de intervenir y resolver lo que mejor le parezca ante cualquier situación inconveniente. Cuando algunos panameños protestan, Roosevelt los amenaza con entregarlos a la justicia de Colombia. La práctica es vieja: las leyes están hechas por los poderosos para que los débiles las cumplan. Si un país más débil viola un acuerdo, el poder imperial de turno lo invade; si el país más débil reclama que se cumplan los tratados firmados, es invadido para que se firme uno mejor.
A poco de firmado el nuevo tratado, en el Congreso de Estados Unidos se levantan voces contra lo que varios congresistas llaman deshonestidad e imperialismo. El senador Edward Carmak protesta: “la idea de una revolución en Panamá es una burda mentira; el único hombre levantado en armas fue nuestro presidente”. El senador George Frisbie Hoar, miembro de la comisión que investiga los crímenes de guerra que quedarán impunes en Filipinas, rechaza las versiones sobre la Revolución en Panamá y agrega: “espero no vivir lo suficiente para ver el día en que los intereses de mi país sean puestos por encima de su honor”.
Claro que eso del honor tiene arreglo. El presidente echa mano al viejo recurso de “fuimos atacados primero”. Como hiciera James Polk para justificar la invasión de México en 1846 o McKinley para ocupar Cuba en 1898, Roosevelt inventa una historia sobre ciertas amenazas a la seguridad de ciertos ciudadanos estadounidenses en la zona. Como lo hará Henry Kissinger cuando niegue frente a las cámaras de televisión cualquier intervención en el golpe militar de Chile en 1973, Roosevelt asegura ante el Congreso y la opinión pública que, de todas formas, Washington no ha tenido ninguna participación en la Revolución en Panamá. Lo cual no quita que sea una buena idea. El 6 de diciembre de 1904, Roosevelt dará su discurso anual ante el Congreso sobre la necesidad de expandir, una vez más, la Doctrina Monroe de 1823 “para ver a nuestros vecinos estables, ordenados y prósperos”. De otra forma “será necesaria la intervención de parte de una nación civilizada… En dicho caso, los Estados Unidos deberán, aunque no lo quieran, intervenir para solucionar cualquier grave problema ejercitando el poder de la policía internacional”. Si lo vamos a hacer, que sea todo de forma legal.
En 1906 Roosevelt visitará las obras en Panamá. Será el primer presidente estadounidense en toda su historia que se atreva a salir de su país. Las rebeliones son más bien inocuas porque Washington ha decretado que los ciudadanos de ese país no pueden adquirir armas, lo que también afecta a la policía panameña que debe recurrir a los marines cada vez que las cosas se salen de sus manos. A bordo del USS Luisiana, el 20 de noviembre Roosevelt le escribe a su hijo Kermit: “con admirable energía, hombres y máquinas trabajan juntos; los blancos supervisan las obras y operan las máquinas mientras decenas de miles de negros hacen el trabajo duro donde no vale la pena usar maquinas”. A pesar del trabajo duro de los panameños, por alguna razón es necesario representarlos como haraganes. El periodista Richard Harding Davis, como cualquier periodista razonable y correcto, ya se había hecho eco del sentimiento de la época: “[Panamá] tiene tierras fértiles, hierro y oro, pero ha sido maldecida por Dios con gente haragana y por hombres corruptos que la gobiernan… Esta gente es una amenaza y un insulto para la civilización”.
El 26 de enero de 1909, el comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos, en base a las declaraciones jactanciosas de Roosevelt ante una clase llena de estudiantes en una universidad de California, investigará “la decisión unilateral de un ex presidente de tomar Panamá de la República de Colombia sin consultar al Congreso”. Considerando las insistentes peticiones de Colombia ante el Tribunal de la Haya, la comisión interrogará a diferentes protagonistas de la época. Según estas declaraciones, el 6 de noviembre de 1903, tres días después de la Revolución de Independencia de Panamá, el Departamento de Estado le había enviado un cable al cónsul de Estados Unidos en Colombia informando que “el pueblo de Panamá, aparentemente por unanimidad, ha resuelto disolver sus lazos con la República de Colombia…”
El representante Henry Thomas Rainey lee en el parlamento un cable de Washington: “El pueblo de Panamá, aparentemente por unanimidad, ha resuelto disolver sus lazos con la República de Colombia retomando su independencia…”. El mismo Rainey aclara: “No creo que nada de esto sea cierto. El pueblo de Panamá no logró nada por sí solo… Cuando ocurrió la Revolución, apenas diez o doce rebeldes sabían de los planes, aparte de los gerentes de la Panama Railroad and Steamship Co.”
Será necesario esperar hasta 1977 cuando el gobierno de Jimmy Carter firme un acuerdo según el cual Estados Unidos devolvería el canal al país centroamericano el último día de 1999, tres años antes de que se venza el plazo de alquiler obligatorio. Un año antes, en un evento en Texas, el ex gobernador de California y futuro candidato a la presidencia, Ronald Reagan, afirmará: “No importa qué dictador carnero esté en el poder en Panamá. ¡Nosotros lo construimos! ¡Nosotros pagamos por el canal! Es nuestro y nos vamos a quedar con él”.
Omar Torrijos será el dictador aludido por Reagan. Torrijos reclamará la soberanía del Canal y morirá, como otros líderes rebeldes del sur, en un accidente aéreo.
El imperialismo es una enfermedad que no solo mata a quienes lo resisten sino que tampoco deja vivir a quienes lo llevan dentro.
Fragmento del libro La frontera salvaje: 200 años de fanatismo anglosajón en América latina, de Jorge Majfud.
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