Con posiciones estacionadas a cuarenta kilómetros de Mogadiscio, después de la ofensiva lanzada en febrero pasado el grupo terrorista al-Shabaab, por años el principal tributario de al-Qaeda en el mundo, parece estar preparando un largo sitio a la capital somalí mientras el Gobierno del presidente Hassan Sheikh Mohamud se debate en conflictos internos que le han hecho perder la iniciativa con la que llegó al cargo en 2022, prometiendo la “guerra total” al terrorismo, intentando repetir su primera experiencia como jefe de Estado entre 2012 y 2017.
Mientras los muyahidines, una vez más, se han repuesto de los golpes acertados de los bombardeos norteamericanos y las operaciones de la AUSSOM (Misión de Apoyo y Estabilización de la AU en Somalia), que a principios de este año suplantó la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS), la que cada vez cuenta con más inconvenientes para su financiación, unos ciento sesenta millones de dólares al año.
La ofensiva de al-Shabaab le permitió recuperar todos los territorios perdidos entre 2022 y 2023. Las fuerzas de seguridad nacionales, junto a grupos tribales de autodefensa conocidos como Ma’awisley (en maay-maay, una de las lenguas más habladas del país: “irregular”), los bombardeos norteamericanos y la colaboración de Turquía habían contenido las operaciones terroristas.
Este nuevo mapa de situación marca que han incrementado en cerca de un cincuenta por ciento las acciones terroristas, en comparación con los mismos periodos de los últimos años. Esto ha precipitado las divisiones internas de la Administración de Mohamud, que también debilitan, todavía más, la endeble alianza entre el Gobierno federal y las regiones autónomas de Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle y Koofur Galbeed.
La ofensiva de febrero produjo que al-Shabaab se haya reactivado en Middle Shabelle e Hiraan en el centro del país, y además en Lower Shabelle, la región a la que pertenece Mogadiscio. Además de consolidar en un triángulo de la región central, conformado por los pueblos de Moqokori, Tardo y Buq-Aqable. Donde han establecido gobiernos que han instalado la sharia (ley coránica). Rigiendo la vida de esas comunidades cobrando zakat (impuesto o limosna, uno de los cinco preceptos del islām). Incorporando de manera forzosa a sus filas todos los hombres entre quince y cuarenta y cinco años. Estableciendo normas como la prohibición del consumo de tabaco y la hoja de khat. Esta contiene sustancias estimulantes similares a la cocaína de amplio uso en toda la región del golfo de Adén, desde Yemen a Kenia.
Los fundamentalistas, también, ya operan libremente en torno a la ruta que conecta la capital con la ciudad de Afgooye, a treinta kilómetros al este, lo que les posibilita de manera intermitente la interrupción del tránsito con la llegada de productos básicos a Mogadiscio.
Mientras que, desde comienzo de año en la misma capital, los terroristas ejecutaron diversas acciones como los ataques suicidas en mayo contra un centro de reclutamiento que dejó menos de veinte muertos, y el ataque a la Academia Militar Jaalle Siyaad en julio, que produjo la muerte de cinco militares.
El pasado 4 de octubre, una atrevida operación contra la prisión subterránea de alta seguridad de Godka Jilacow, administrada por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA), ubicada dentro del complejo conocido como “Villa Somalia”, donde también se levanta la residencia presidencial y otros edificios gubernamentales. El ataque, que se prolongó por más de seis horas, dejó cerca de veinte muertos y un número no revelado de fugados, de los que se presume que son en su mayoría militantes de al-Shabaab. Los atacantes llegaron a la guardia en vehículos oficiales y vestidos con uniformes de la NISA, por lo que pudieron franquearse el paso sin mayores inconvenientes. Horas antes de la operación, “casualmente” se había levantado al menos siete puestos de seguridad y varios bloqueos viales, que funcionaban desde hacía varios años, por lo que da a sospechar que los militantes han logrado filtrarse o al menos sobornar a miembros de la inteligencia somalí.
La presencia y la infiltración de los terroristas en el interior de la capital es tal que, al igual que el Estado, incluso cobra impuesto a los comerciantes, sin que estos últimos siquiera se atrevan a denunciarlos formalmente a las autoridades oficiales.
La actual situación también ha provocado un crecimiento exponencial de desplazados internos que están huyendo de las áreas que ocupa la ofensiva terrorista, rumbo a campamentos improvisados en cercanías de la capital.
¿El buen salvaje?
Diversos analistas insisten en que al-Shabaab, momentáneamente, no está interesado en la toma de Mogadiscio, como en agosto del 2021 hicieron sus hermanos afganos con Kabul, lo que sería una operación difícil de mantener. Los mullahs habían conseguido acuerdos previos con la primera administración de Trump, más tarde tergiversados con la llegada de Biden, pero de todas formas era un hecho la retirada norteamericana y la toma del poder por parte de los talibanes. Mientras que algo similar realizado por al-Shabbab, que cuenta con menos entidad y arraigo en la población somalí, la ocupación de Mogadiscio sería considerada globalmente como un asalto más por parte de un grupo terrorista más, se llame como se llame. Lo que generaría una respuesta internacional todavía mayor a la que desde hace décadas se ejerce contra ellos.
Por lo que la comandancia de al-Shabaab prefiere utilizar sus fuerzas para afianzarse en el control de las localidades cercanas a la capital, áreas rurales desde donde no solo puede disparar operaciones armadas, sino que pueden llegar a bloquear el abastecimiento alimentario para los tres millones de mogadiscienses y expandirse hacia el norte y el oeste del país, generando más desgaste al Gobierno federal.
En las áreas ocupadas por el grupo wahabita, más de una cuarta parte de las capitales de distrito han establecido gobiernos que trascienden el control armado, con una administración más ágil que la estatal, además sin los avisos y la corrupción inherente a ella.
Muchas de las autoridades impuestas por los militantes son seleccionadas entre los pobladores, que conocen cabalmente sus necesidades, además con jerarquías y dispositivos de rendición de cuentas y control de las autoridades, cuyos abusos pueden costarles incluso la vida.
El restablecimiento de los tribunales islámicos también fue bien recibido por las poblaciones, por el dictado de fallos rápidos, claros y contundentes. A diferencia de los burocráticos y siempre interesados sistemas jurídicos de los tribunales estatales, donde los casos se mueven a fuerza de intereses más poderosos o coimas pagadas a los funcionarios judiciales, tanto administrativos como fiscales y jueces.
Además, en los territorios bajo el control de al-Shabbab, los delitos comunes y las tensiones que se pueden disparar entre xeer (clanes) prácticamente han desaparecido, tipificando incluso como delito la posesión de armas no registradas. Debido a la aplicación a ultranza de las normas estrictas y claras de la sharia. Lo que también permite que las actividades comerciales puedan desarrollarse sin las exacciones de los agentes fiscales de los gobiernos, tanto regional como federal.
En los recientes acuerdos entre los muyahidines y los líderes de los xeer, se ha tenido en cuenta incluso el cambio climático del que el país es víctima desde hace décadas. El complejo sistema de largas sequías, continuadas por lluvias que dejan prolongadas inundaciones, suele ser tan peligroso y dañino como la propia guerra.
Aunque el rígido sistema aplicado por los fundamentalistas, el mismo que entre 2011 y 2012 se cobró casi trescientas mil vidas, lo que provocó la caída de su base popular por haber impedido la llegada de ayuda internacional, hoy es más pragmático y regula de manera muy estricta con las ONG y las entidades internacionales la llegada de esa asistencia.
Aunque estos controles establecidos por al-Shabaab a las ONG colisionan con sus principios de neutralidad e imparcialidad de estas organizaciones y las leyes antiterroristas que prohíben las transacciones con grupos designados como terroristas, las ONG evitan en lo posible las zonas que al-Shabaab controla, más allá de que habitan poblaciones con numerosas necesidades y podrían tener mayor seguridad e incluso mejor distribución que en las áreas controladas por las fuerzas gubernamentales, denunciadas en muchísimas oportunidades del robo y saqueo de esas ayudas.
Esta dicotomía está bien registrada por las organizaciones humanitarias, por lo que se conoce que prefieren negociar con al-Shabbab antes que con las fuerzas de seguridad estatales.
En vista de estas realidades, las diferencias en el terreno entre los terroristas y el ejército obligan a preguntarse, cuando se habla del retorno de los brujos, quiénes son los verdaderos brujos.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asía Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
Somalia, el retorno de los brujos (I)
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