Introducción
El siete de mayo de 2025 marca un hito trascendental en las relaciones internacionales contemporáneas con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Este documento, rubricado por los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro, representa la culminación de casi tres décadas de acercamiento progresivo y cooperación bilateral entre ambas naciones. La ceremonia de firma, enmarcada en las conmemoraciones del 80.º aniversario del Día de la Victoria en Moscú, confirió un profundo simbolismo histórico al acto jurídico. El acuerdo se erige sobre una base sólida de documentos previos, como el Tratado de Amistad de 1996 y la Declaración Conjunta de 2001 con Hugo Chávez. Su presentación ante la Duma Estatal para ratificación confirma la voluntad política de otorgarle carácter permanente y vinculante.
El contexto global en el que surge este acuerdo está definido por una profunda transformación del orden internacional y una creciente competencia geopolítica. Rusia y Venezuela se posicionan como actores clave en la promoción de un mundo multipolar, desafiando abiertamente las estructuras de poder unipolares lideradas por Occidente. Este tratado debe leerse como una respuesta directa a las políticas de sanciones unilaterales y presión económica que ambos países han enfrentado. La asociación busca crear un espacio de autonomía estratégica y resistencia colectiva frente a lo que perciben como prácticas neocoloniales. Por lo tanto, el acuerdo trasciende lo bilateral para convertirse en una declaración de principios sobre la gobernanza global.
Los fundamentos ideológicos del documento se anclan en un rechazo categórico a la hegemonía y una defensa ferviente de la soberanía nacional y la no injerencia. Las partes enfatizan conceptos como la igualdad soberana de los Estados, el derecho a elegir modelos de desarrollo autónomos y la estricta observancia del derecho internacional. Este marco conceptual sirve como justificación para una cooperación que abarca desde lo militar hasta lo cultural. El lenguaje utilizado refleja una visión compartida del mundo, donde la justicia y la libertad se definen en oposición a la dominación occidental. Así, el acuerdo es tanto un instrumento práctico como un manifiesto político.
La estructura del acuerdo es notablemente comprehensiva, integrando dimensiones de seguridad, economía, tecnología y diplomacia en una sola arquitectura jurídica. Sus veinticinco artículos detallan mecanismos de coordinación que van desde el diálogo político de alto nivel hasta la cooperación técnico-militar y científica. Esta integralidad refleja una intención de crear una asociación simbiótica que fortalezca la resiliencia de ambos regímenes frente a presiones externas. El tratado no se limita a la interacción gubernamental, sino que promueve vínculos entre parlamentos, regiones, empresas y sociedades civiles. Por ello, su potencial impacto es sistémico y de largo alcance.
Finalmente, la ratificación venezolana y la presentación a la Duma rusa indican que el proceso avanza hacia su plena implementación. La vigencia prevista de diez años, con prórroga automática, sugiere que se trata de una alianza pensada para perdurar más allá de los ciclos políticos inmediatos. Este ensayo analizará el contenido sustantivo del acuerdo, examinando sus implicaciones para la política exterior de ambos países y para el equilibrio de poder regional y global. El análisis se centrará en desentrañar los objetivos estratégicos, los mecanismos de cooperación y las potenciales consecuencias de esta asociación profundizada en un mundo en recomposición.
Análisis de Contenido
El Preámbulo del acuerdo establece el marco filosófico y político que guía toda la cooperación subsiguiente. Las partes destacan los «lazos históricos de amistad» y los «valores comunes de libertad y justicia» como base de su relación especial, lo que otorga una narrativa de continuidad al acercamiento. Se mencionan explícitamente documentos fundacionales previos, desde el tratado de 1996 hasta el acuerdo de 2009 sobre proyectos estratégicos, asegurando coherencia jurídica y política. La mención a la «voluntad política de desarrollar una cooperación multifacética» subraya el compromiso al más alto nivel, más allá de los intereses burocráticos sectoriales. Finalmente, la referencia a un orden mundial «multipolar» y «más justo» posiciona el acuerdo como un instrumento de cambio del status quo global.
El Artículo 1 institucionaliza el diálogo político de alto nivel, convirtiéndolo en la columna vertebral de la asociación estratégica. Establece la celebración de consultas y reuniones regulares, principalmente entre los ministerios de relaciones exteriores, para asegurar una coordinación constante. La ampliación y creación de nuevos mecanismos de coordinación refleja una intención de adaptar la relación a desafíos emergentes, evitando la obsolescencia. Este enfoque busca abordar no solo la agenda bilateral, sino también temas internacionales y regionales de interés mutuo, ampliando su alcance. Así, la asociación se proyecta como un actor coordinado en foros multilaterales.
El Artículo 2 profundiza esta coordinación diplomática en la arena internacional, particularmente dentro de la ONU y otros foros multilaterales. El intercambio de opiniones para promover «enfoques comunes» se basa en principios de igualdad, respeto mutuo y consideración de intereses nacionales, rechazando explícitamente la hegemonía. Las partes se comprometen a realizar esfuerzos coordinados para asegurar la adhesión a normas del derecho internacional por todos los miembros de la comunidad mundial. Esto incluye principios fundamentales como la no injerencia, solución pacífica de controversias e integridad territorial, a menudo contrarios a prácticas occidentales. El artículo convierte la defensa del derecho internacional en un pilar de su acción exterior conjunta.
El Artículo 3 constituye una de las declaraciones más contundentes, dirigida directamente contra el régimen de sanciones internacionales. Las partes se oponen «resueltamente» a las medidas coercitivas unilaterales, calificándolas de violación de la Carta de la ONU y manifestación de «neocolonialismo». Este lenguaje refleja la experiencia compartida de ambas naciones, sujetas a severas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El compromiso de no apoyar ni sumarse a sanciones mutuas proporciona un escudo de solidaridad jurídica y política crucial para la supervivencia de ambos regímenes. Este artículo es, en esencia, un mecanismo de defensa colectiva frente a la presión económica externa.
El Artículo 4 aborda una dimensión ideológica e histórica crucial para la identidad política de ambos gobiernos. El compromiso de combatir el «legado y la falsificación de la historia del colonialismo» resuena con la retórica antiimperialista del chavismo y la narrativa rusa de defensa de la soberanía. La denuncia conjunta del racismo, genocidio y crímenes contra pueblos de América Latina busca reivindicar una historia alternativa a la occidental. La oposición a la glorificación del nazismo y la reescritura de la historia de la Segunda Guerra Mundial conecta directamente con la política de memoria histórica de Putin. Este artículo sella una alianza en la «guerra cultural» contra lo que perciben como dominación narrativa occidental.
La primera parte del Artículo 5 promueve la cooperación «sin politización, dobles estándares o el uso de prácticas neocoloniales», reiterando el principio de igualdad soberana. Esto sirve como preámbulo para una cooperación técnica en áreas sensibles como control de armamentos, desarme y no proliferación, contribuyendo a la «seguridad igual e indivisible». Las partes adoptarán medidas conjuntas para fortalecer regímenes internacionales sobre armas nucleares, químicas y bacteriológicas, un área donde Rusia es potencia y Venezuela busca protección. La convicción de que «ningún acto de terrorismo puede justificarse» sienta las bases para una cooperación estrecha en seguridad contra esta amenaza. Este enfoque integral combate tanto amenazas tradicionales como no tradicionales.
La segunda parte del Artículo 5 se enfoca en la delincuencia organizada transfronteriza, narcotráfico y corrupción, sobre una base de derecho internacional. Este énfasis es vital para Venezuela, a menudo acusada de ser un narco-estado, y le permite cooperar con una potencia para limpiar su imagen. La cooperación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ofrece a ambos países herramientas para evadir restricciones financieras internacionales. El artículo recalca el «papel protagónico de los Estados y sus autoridades competentes», reafirmando la primacía del estado sobre actores no estatales en materia de seguridad. Así, se fortalece el control estatal en áreas críticas para la estabilidad interna.
La tercera sección del Artículo 5 aborda la novedosa y crucial área de la seguridad de la información internacional. Las partes coordinarán posiciones y presentarán iniciativas conjuntas en foros internacionales, principalmente en la ONU, para desarrollar un régimen jurídico para el espacio de información. La cooperación contra el uso de tecnologías de la información con fines delictivos es esencial para proteger sus infraestructuras críticas y sistemas financieros. La promoción conjunta por la «internacionalización de la gobernanza de Internet» desafía el modelo actual dominado por instituciones con sede en Estados Unidos. Las consultas de expertos asegurarán que esta cooperación se base en capacidades técnicas reales y no solo en retórica política.
La cuarta parte del Artículo 5 se centra en los derechos humanos, pero desde una perspectiva basada en la «soberanía de los Estados» y opuesta a su politización. Este enfoque contrapone el concepto de derechos humanos universales con el principio de no injerencia, proporcionando un escudo contra críticas internacionales. Las partes se oponen a la discriminación contra representantes de cultura, educación, ciencia y deporte por motivos políticos, un guiño a las exclusiones que han sufrido. La oposición a la «cancelación de cultura» de cualquier Estado y al descrédito de sus instituciones refleja su experiencia de aislamiento cultural. El apoyo mutuo a candidaturas en organismos de la ONU consolida una presencia coordinada en el sistema internacional.
El Artículo 6 se adentra en el núcleo de la cooperación económica real: el sector energético. Reconociendo el «importante potencial» de ambos en energía y seguridad energética, promueve iniciativas conjuntas en OPEP+ y el Foro de Países Exportadores de Gas. El objetivo es el desarrollo «equilibrado y estable» de los mercados energéticos globales sin «restricciones artificiales», una clara referencia a las sanciones. El estímulo a un «sistema alternativo de seguros para el transporte de petróleo» busca crear infraestructuras paralelas independientes del sistema occidental. Esto es vital para Venezuela, cuya industria petrolera ha sido estrangulada por sanciones y falta de acceso a seguros internacionales.
El Artículo 7 expande el alcance de la cooperación hacia las estructuras de integración regional, proyectando la alianza bilateral a escala continental y global. Rusia se compromete a desarrollar relaciones con América Latina y el Caribe, visto como un «importante centro de influencia» en el mundo multipolar. Venezuela actuará como puente para promover los vínculos de Rusia con la CELAC y el ALBA-TPP, ampliando la influencia moscovita en la región. La valoración positiva de la intención venezolana de unirse al BRICS integra a Caracas en el principal bloque alternativo a Occidente. El esfuerzo por establecer cooperación con la Unión Económica Euroasiática abre un vasto mercado potencial para Venezuela, diversificando su economía.
El Artículo 8 facilita la diplomacia parlamentaria y los contactos entre autoridades electas, fortaleciendo los lazos más allá del ejecutivo. Esto crea condiciones para el intercambio de experiencias en actividad legislativa y aplicación de la ley, promoviendo la transferencia de conocimiento técnico institucional. El desarrollo de relaciones a nivel interdepartamental y entre organizaciones no gubernamentales busca crear una red de contactos que sostenga la relación a largo plazo. Este enfoque multinivel asegura que la asociación no dependa exclusivamente de los líderes actuales, dándole mayor resiliencia. Es un esfuerzo por institucionalizar la relación a profundidad en el aparato estatal y la sociedad.
El Artículo 9 aborda directamente la cooperación económica general, con el objetivo declarado de mejorar la «resiliencia» de ambas economías nacionales. La adhesión a una «política económica transparente» parece una concesión retórica, pero el foco está en el crecimiento del comercio con bienes de alto valor agregado. La coordinación en «sustitución de importaciones» es clave para reducir la dependencia de productos occidentales y desarrollar cadenas de suministro propias. La creación de condiciones favorables para inversiones mutuas y vínculos entre empresas públicas y privadas busca integrar los aparatos productivos. El uso de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel asegura un mecanismo institucional para implementar estos ambiciosos objetivos.
El Artículo 10 detalla la cooperación en el sector energético, el área de mayor complementariedad potencial entre ambos países. La cooperación en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas es crucial para revitalizar la deteriorada industria venezolana con tecnología rusa. El aumento de la producción de yacimientos operados por empresas conjuntas y la reducción del impacto ambiental mediante tecnologías avanzadas aborda críticas ecológicas. La expansión de operaciones de comercialización de petróleo de forma mutuamente beneficiosa puede incluir esquemas de pago alternativos y monedas nacionales. La cooperación en el sector eléctrico para modernizar la capacidad de generación y transmisión es vital para resolver la crisis crónica de electricidad en Venezuela.
El Artículo 11 se centra en la «competitividad y soberanía tecnológica», objetivos estratégicos clave para reducir la dependencia externa. La cooperación a través de empresas industriales y proyectos de inversión conjunta en minería, metalurgia y telecomunicaciones diversifica la relación más allá del petróleo. La infraestructura ferroviaria, productos farmacéuticos y epidemiología representan áreas de necesidad crítica para Venezuela y oportunidad para empresas rusas. El suministro de equipos profesionales, transferencia de tecnología y prestación de servicios relevantes facilita una modernización basada en estándares rusos. La facilitación de programas conjuntos en áreas innovadoras y investigación aplicada busca crear ecosistemas tecnológicos integrados.
El Artículo 12, aunque breve, es enormemente significativo: facilita la formación de una «infraestructura financiera ruso-venezolana independiente». Esto implica el desarrollo de sistemas de pago, compensación bancaria y mecanismos financieros alternativos al sistema SWIFT dominado por Occidente. Para Venezuela, bajo severas sanciones financieras, esto ofrece un salvavidas para realizar transacciones internacionales. Para Rusia, es una oportunidad para internacionalizar su sistema financiero y el uso del rublo. La creación de esta infraestructura es un paso esencial para hacer viable toda la demás cooperación económica prevista en el acuerdo.
El Artículo 13 aborda la conectividad física mediante el desarrollo de una infraestructura de transporte y logística «resiliente a las restricciones externas». Esto asegura canales confiables para el transporte marítimo y aéreo de mercancías, evitando posibles bloqueos o interferencias. La expansión del servicio aéreo regular directo entre ambos países facilita no solo el turismo, sino el intercambio de técnicos, ejecutivos y oficiales. La cooperación en mantenimiento de aeronavegabilidad, operación de sistemas de información de aviación civil y seguridad aérea es crucial dada la crisis de la aeronáutica venezolana. Este artículo construye los puentes físicos necesarios para materializar la asociación estratégica.
El Artículo 14 trata explícitamente de los «lazos de defensa», considerándolos un «componente importante para mantener la seguridad regional y global». La cooperación técnico-militar se enmarca en fortalecer la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos países bajo acuerdos existentes. Esto sugiere una continuidad y profundización de la venta de armas, entrenamiento y asesoramiento militar ruso a Venezuela, que data de años. La facilitación para concluir nuevos acuerdos indica que esta cooperación se expandirá, potencialmente incluyendo instalaciones logísticas o de inteligencia. En el contexto regional, esto altera significativamente el balance de poder militar en América del Sur.
El Artículo 15 desarrolla la cooperación espacial, construyendo sobre el acuerdo de 2021 sobre utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. La implementación de un proyecto para desplegar una estación terrestre GLONASS en territorio venezolano es de enorme importancia estratégica. Esto mejora la precisión del sistema de navegación por satélite ruso en el hemisferio occidental, con aplicaciones civiles y militares. Para Venezuela, representa acceso a tecnología de punta y capacidades de monitoreo territorial y comunicaciones. El desarrollo de «otras iniciativas en el campo del espacio pacífico» abre la puerta a una asociación aún más ambiciosa en esta área crítica.
El Artículo 16 fomenta la cooperación en salud, educación médica y ciencia, potencialmente a través de acuerdos entre ministerios de salud. Esto es particularmente relevante tras la pandemia, que expuso las vulnerabilidades del sistema sanitario venezolano. La cooperación rusa podría incluir suministro de equipos, transferencia de tecnología médica y entrenamiento de personal, mejorando capacidades locales. Para Rusia, es una oportunidad para proyectar «poder blando» y demostrar liderazgo en un área de preocupación global. La ciencia médica conjunta podría enfocarse en enfermedades tropicales o desarrollo de vacunas, creando sinergias entre necesidades venezolanas y capacidades rusas.
El Artículo 17 se refiere a la cooperación en prevención y eliminación de emergencias de origen natural o humano. Esto incluye desastres naturales, accidentes industriales o crisis humanitarias, áreas donde Venezuela tiene vulnerabilidades significativas. La experiencia rusa en gestión de emergencias y desastres a gran escala podría ser invaluable para construir capacidades de respuesta venezolanas. La garantía de «seguridad de la población» frente a desastres refleja una preocupación por el bienestar ciudadano que trasciende lo político. Esta cooperación técnica puede ser de las más visibles y apreciadas por la población afectada por crisis recurrentes.
El Artículo 18 promueve una «amplia cooperación entre los medios de comunicación» de ambos países, abogando por la «libre difusión de información». Esto debe leerse en el contexto de la batalla narrativa global, donde ambos países acusan a medios occidentales de sesgo y desinformación. La cooperación mediática busca crear canales alternativos de información que presenten sus perspectivas y contrarresten la «propaganda negativa». Esto puede incluir intercambios de contenidos, entrenamiento de periodistas y creación de empresas mediáticas conjuntas. Es un esfuerzo por ganar la guerra de ideas y construir una imagen internacional más favorable para ambos regímenes.
El Artículo 19 desarrolla la cooperación educativa mediante contactos directos entre organizaciones educativas y científicas. El intercambio de especialistas y la implementación conjunta de programas educativos enriquece el capital humano venezolano. La admisión de ciudadanos venezolanos para estudiar en Rusia «dentro de la cuota establecida» ofrece una valiosa alternativa a los tradicionales destinos educativos occidentales. Esto no solo forma profesionales, sino que crea vínculos culturales y lealtades duraderas hacia Rusia en las futuras élites venezolanas. La educación se convierte así en una herramienta de influencia a largo plazo y construcción de poder blando.
El Artículo 20 promueve el «diálogo intercivilizatorio, intercultural e interreligioso» para una comprensión más profunda del patrimonio cultural de cada uno. Esto trasciende lo político para conectar las identidades nacionales y narrativas históricas de ambos pueblos. El desarrollo de vínculos culturales a través de eventos interculturales y contactos entre instituciones culturales enriquece la vida cultural bilateral. La expansión de contactos en museos, bibliotecas, teatro, cine y bellas artes crea una red de intercambios que humaniza la relación. El papel positivo de foros y festivales multilaterales celebrados en ambos países sirve como plataforma de proyección cultural internacional.
El Artículo 21 desarrolla vínculos entre federaciones deportivas, facilitando la participación de atletas en competiciones en ambos países. El deporte, a menudo visto como apolítico, es una herramienta efectiva de diplomacia pública y acercamiento entre pueblos. En el contexto de exclusiones de atletas rusos de competencias internacionales, Venezuela se convierte en un socio deportivo alternativo. La implementación de iniciativas en «otras áreas de cooperación especializada» deja abierta la puerta a colaboración en numerosos campos. Este artículo completa la arquitectura de una relación integral que abarca desde la alta política hasta lo cultural y deportivo.
El Artículo 22 apoya el establecimiento de contactos y cooperación interregional entre entidades federativas rusas y estados venezolanos. Esto descentraliza la relación, permitiendo que regiones con complementariedades específicas establezcan lazos directos de cooperación. Para Venezuela, puede facilitar la inversión y conocimiento técnico ruso en regiones específicas con potencial económico particular. Para Rusia, es una manera de expandir su presencia económica más allá de la capital venezolana, conociendo mejor las realidades del país. La cooperación interregional añade una capa de granularidad y resiliencia a la asociación estratégica.
El Artículo 23 aclara que el acuerdo «no crea obstáculos» para el desarrollo de cooperación con otros países o el cumplimiento de otros tratados. Esta cláusula estándar asegura que el acuerdo no sea interpretado como exclusivista o contradictorio con otras obligaciones internacionales. Reafirma que se trata de una asociación estratégica que no busca aislar a ninguno de los miembros de la comunidad internacional. Es una declaración de apertura que contrasta con el carácter percibido como confrontacional de algunos aspectos del acuerdo. Sin embargo, en la práctica, la profundización de esta alianza necesariamente altera las prioridades de política exterior de ambos países.
El Artículo 24 establece que los desacuerdos sobre interpretación o aplicación se resolverán mediante «consultas y negociaciones» por la vía diplomática. Este mecanismo de solución de controversias es voluntarista y basado en la confianza mutua, sin prever arbitraje obligatorio o recurso a tribunales internacionales. Refleja el carácter entre iguales de la relación y la preferencia por soluciones políticas sobre las jurídicas en caso de fricciones. La ausencia de un mecanismo adversarial de solución de disputas subraya la naturaleza cooperativa y no confrontacional que se aspira tenga la asociación. Es un enfoque consistente con la tradición diplomática de ambos países.
El Artículo 25 detalla las condiciones de entrada en vigor: tras la recepción de la última notificación de completados los procedimientos internos necesarios. La vigencia de 10 años con prórroga automática por períodos de 5 años a menos que sea denunciado con 6 meses de antelación proporciona una extraordinaria estabilidad. Esto asegura que la asociación trascienda ciclos políticos inmediatos y se convierta en una política de estado, no de gobierno. Los cambios se realizarán mediante protocolos separados, permitiendo flexibilidad y adaptación sin necesidad de renegociar todo el tratado. La redacción en ruso y español, ambos igualmente auténticos, refleja el respeto por la paridad lingüística y cultural.
Conclusiones
El Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela representa la institucionalización de una alianza que desafía abiertamente el orden internacional liderado por Occidente. Sus fundamentos se basan en una visión compartida de multipolaridad, soberanía absoluta y rechazo a la injerencia externa, que sirve como justificación ideológica para la cooperación. Este documento trasciende el marco bilateral tradicional para convertirse en un manifiesto político sobre cómo debería organizarse el sistema internacional. La amplitud de áreas cubiertas—desde lo militar hasta lo cultural—revela una intención de crear una relación simbiótica de gran profundidad estratégica. Por lo tanto, su importancia va mucho más allá de los intereses inmediatos de Moscú y Caracas.
En el ámbito político-diplomático, el acuerdo consolida un bloque de votación coordinado en foros multilaterales como la ONU, amplificando la voz de ambos países. La defensa conjunta de principios como la no injerencia y la igualdad soberana proporciona cobertura mutua frente a críticas internacionales por sus registros internos de derechos humanos. El rechazo unido frente a sanciones unilaterales crea un escudo jurídico-político crucial para la supervivencia de ambos regímenes bajo presión económica occidental. La cooperación en contra-terrorismo y seguridad cibernética responde a amenazas modernas mientras fortalece las capacidades de seguridad del estado. Así, la asociación se convierte en una herramienta de poder inteligente en la arena global.
En la dimensión económica, el acuerdo busca crear resiliencia a través de la diversificación comercial, substitución de importaciones y desarrollo de cadenas de suministro alternativas. La cooperación energética es el pilar central, con potencial de revitalizar la industria venezolana mediante tecnología e inversión rusa, mientras Rusia gana acceso a recursos estratégicos. La creación de una infraestructura financiera independiente es quizás el elemento más revolucionario, ofreciendo una vía para evadir sanciones y desdolarizar transacciones. Los proyectos en minería, telecomunicaciones e infraestructura abordan necesidades críticas de desarrollo venezolanas mientras abren mercados para empresas rusas. Esta integración económica selectiva reduce la vulnerabilidad frente a coerción externa.
En el terreno militar y tecnológico, la cooperación técnico-militar fortalece significativamente las capacidades defensivas venezolanas, alterando balances de poder regionales en América del Sur. La estación terrestre GLONASS en Venezuela proyecta el poder espacial ruso en el hemisferio occidental, con aplicaciones civiles y de inteligencia cruciales. La transferencia de tecnología en áreas como energía, salud y gestión de emergencias moderniza sectores claves de la economía venezolana con estándares rusos. La formación de profesionales venezolanos en Rusia crea capital humano leal y familiarizado con tecnología y sistemas rusos. Así, la asociación construye dependencias técnicas y de seguridad de largo plazo que sobrevivirán cambios políticos.
Las implicaciones para la arquitectura internacional son profundas, ya que el acuerdo promueve activamente la formación de un orden multipolar con instituciones y estándares alternativos. El apoyo al ingreso de Venezuela al BRICS integra al país en el principal bloque contestatario del orden occidental, dándole mayor influencia global. La promoción de la cooperación de Rusia con CELAC y ALBA-TCP expande la influencia moscovita en América Latina, tradicionalmente considerada patio trasero de Estados Unidos. Los esfuerzos por internacionalizar la gobernanza de Internet y crear sistemas financieros paralelos desafían la hegemonía tecnológica y económica occidental. Por tanto, el acuerdo es un paso significante hacia la materialización de un mundo con múltiples centros de poder.
Para Venezuela, este acuerdo ofrece un salvavidas económico, político y tecnológico frente al aislamiento internacional y la crisis interna profunda. El acceso a inversión, tecnología y mercados rusos puede ayudar a reactivar sectores productivos claves, especialmente energía y minería. El respaldo diplomático y jurídico ruso proporciona cobertura frente a presiones internacionales y sanciones, ganando tiempo para el régimen de Maduro. Sin embargo, también crea una dependencia significativa de Rusia, potencialmente limitando la autonomía futura de Caracas en política exterior. El reto será balancear esta necesaria cooperación con la preservación de márgenes de maniobra soberana.
Para Rusia, la alianza consolida una cabeza de playa estratégica en América Latina, ampliando su influencia global y desafiando la doctrina Monroe. El acceso a recursos naturales venezolanos y mercados en la región diversifica sus opciones económicas frente a sanciones occidentales. Venezuela se convierte en un socio para probar y proyectar tecnología, equipamiento y modelos de cooperación aplicables a otros países del Sur Global. Sin embargo, también representa una carga financiera y política significante, al involucrarse con un país en crisis profunda con necesidades altísimas. Rusia deberá calibrar cuidadosamente sus inversiones para evitar quedar atrapada en un pantano venezolano.
El acuerdo presenta desafíos significativos de implementación, dada la profundidad de la crisis venezolana y las propias limitaciones rusas bajo sanciones. La escala de inversión requerida para modernizar la infraestructura venezolana excede probablemente las capacidades actuales rusas, que enfrenta sus propios desafíos económicos. La burocracia venezolana, la corrupción endémica y la inestabilidad política interna pueden frustrar incluso los proyectos mejor diseñados. La oposición occidental, particularmente de Estados Unidos, probablemente responderá con más sanciones y presión para disuadir a empresas rusas de invertir. Estos obstáculos prácticos pueden limitar la materialización de las ambiciosas visiones plasmadas en el documento.
A pesar de los desafíos, el acuerdo simboliza un cambio tectónico en las relaciones internacionales, donde alianzas alternativas ganan cohesión y capacidad de acción. Su mera existencia demuestra que el unipolarismo ha terminado y que países medianos como Venezuela pueden encontrar socios dispuestos a desafiar el status quo. La cooperación Sur-Sur, o más específicamente entre potencias revisionistas y países en desarrollo, se consolida como un fenómeno estructural y no coyuntural. El éxito o fracaso práctico del acuerdo será menos importante que su señal política sobre la dirección del orden internacional. Marca el inicio de una nueva fase en la competición geopolítica global, con América Latina como uno de sus tableros.
En conclusión, el tratado del 7 de mayo de 2025 es mucho más que un acuerdo bilateral: es un síntoma y un acelerador de la transición hacia un orden multipolar. Su integralidad, duración planificada y base ideológica lo convierten en un experimento crucial de cooperación estratégica entre una potencia global revisionista y un país en desarrollo bajo asedio. Ya sea que logre sus objetivos materiales o no, ya ha reconfigurado el panorama diplomático y enviado un mensaje claro sobre la erosionada capacidad occidental de dictar los términos de los acuerdos. El mundo emergente será, en parte, moldeado por iniciativas como esta que construyen arquitecturas paralelas de cooperación y gobernanza.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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