La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en cárceles marroquís denuncia un grave deterioro de las condiciones de los reclusos y acusa a las autoridades de ocupación marroquís de llevar a cabo una política sistemática de arresto político, juicios simulados, negligencia médica deliberada y graves violaciones de los derechos fundamentales.
Marruecos realiza una política de castigo colectivo contra los presos saharauis y sus familias, cierra el acceso a las misiones internacionales de Derechos Humanos y realiza represalias cuando hay condenas al régimen marroquí, que ocupa militarmente el Sáhara Occidental desde finales de 1975 tras serle entregado por España.
Es la conclusión de la Liga para la Protección de los Prisioneros Saharauis en cárceles marroquís (LPPS) en su informe correspondiente a 2025, titulado «Sin tratamiento…sin visitas… sin justicia», en el que el que destaca la persistente violación de los derechos de los reclusos saharauis.
El informe concreta que hay “un grave deterioro de las condiciones de los presos saharauis” y acusa a las autoridades de ocupación de llevar a cabo “una política sistemática de arresto político, juicios simulados, negligencia médica deliberada y graves violaciones de los derechos fundamentales” que destaca en los siguientes apartados:
1. Arrestos políticos y juicios injustos
– Campañas de arrestos dirigidas contra militantes y estudiantes saharauis, siendo la más destacada el secuestro de 8 estudiantes frente a la Facultad de Letras de Agadir, en Marruecos, el 26 de septiembre de 2025, debido a sus actividades estudiantiles y militantes.
– Condenas judiciales calificadas de “inicuas”, como la pena de dos años de prisión firme y una multa impuesta al militante El Bachir Bouali, así como la condena de los estudiantes Salah Eddine Sebbar y Brahim Babit a ocho meses de prisión firme.
– Traslado de los presos a cárceles alejadas de los lugares de residencia de sus familias, calificada de “medida punitiva” contraria a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
2. Catástrofe sanitaria silenciosa: negligencia médica sistemática
– La negligencia médica es la violación más frecuente y más grave, habiéndose denegado a decenas de casos la atención sanitaria o el traslado al hospital, poniendo así en peligro la vida de los detenidos.
– Entre los casos documentados: la denegación de tratamiento para el oído y las articulaciones a Mohamed Lamine Abidine Haddi, y la privación de atención sanitaria a Abdeljalil Laaroussi, Abdellahi Lakhfaouni y Mohamed El Bachir Boutenguiza a pesar de los informes médicos que atestiguan la gravedad de su estado desde 2017.
– Administración de medicamentos caducados al prisionero Ahmed El Bachir Sbaï, y la exposición de prisioneros a pesticidas tóxicos durante operaciones de desinfección sin respetar las condiciones de seguridad.
3. Privación del derecho de visita y comunicación
– Continuación de la prohibición impuesta a la militante francesa “Claude Mangin” de visitar a su marido, “Naâma Asfari” por séptimo año consecutivo.
– Denegación de a familias de prisioneros procedentes de España, y corte de las comunicaciones telefónicas a otros detenidos como medida punitiva.
4. Malos tratos y condiciones inhumanas
– Decenas de casos en los que prisioneros saharauis han sufrido insultos, amenazas, registros humillantes y destrucción de sus efectos personales, incluidos anteojos médicos.
– Las violaciones incluyen allanamientos nocturnos en las celdas, la pulverización de pesticidas tóxicos sobre los detenidos mientras se encontraban en sus celdas, y su exposición al agua fría como medio de tortura psicológica y física.
5. Violaciones dirigidas a las familias de los detenidos
– Escalada de las medidas de represalia contra las familias, incluido el secuestro de un menor (hijo de un prisionero) en la ciudad ocupada de El Aaiún, el cerco e intimidación de los domicilios familiares, así como el establecimiento de una vigilancia de seguridad permanente en torno a sus viviendas.
6. Huelgas de hambre : un derecho legítimo frente a falsas promesas
– Se contabilizan 26 huelgas de hambre a lo largo de2025, individuales y colectivas, destinadas a obtener los derechos más elementales. Ha subrayado que la administración penitenciaria suele concluir estas huelgas con promesas que luego no cumple.
El informe concluye que estas violaciones constituyen una política de castigo colectivo contra los prisioneros y sus familias, un cierre casi total a las misiones internacionales de Derechos Humanos y reacciones de represalia que coinciden con toda condena internacional a Marruecos.
La LPPS pide la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos saharauis, autorización para que el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones humanitarias visiten a los reclusos, así como los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre tortura y detención arbitraria.
También reclama atención médica urgente e independiente a todos los presos, en particular los casos críticos y crónicos, el fin del traslado forzoso y que se acerque a los presos a sus familias, de las que están en centros penitenciarios situados la mayoría a más de 1.000 kilómetros, garantía de juicios justos, cese de todas las formas de tortura y malos tratos, y protección de las familias de los detenidos contra presiones y s represalias.