Me he limitado a reflejar determinadas actuaciones judiciales, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Por supuesto, en España no hay lawfare. La justicia es imparcial y justa. Acaso alguien lo duda. Y quien lo dude, está dañando nuestra democracia ejemplar.
Antes de hablar sobre el tema de la Justicia en España quiero dedicar unas palabras de afecto y solidaridad al pueblo de Venezuela, el cual además de los problemas endémicos que ha padecido y sigue padeciendo, la Madre Tierra ha decidido castigarla con estos movimientos sísmicos. Es un toque de atención a la especie humana, que se cree tan poderosa, y, sin embargo, es impotente ante la Naturaleza.
Sobre el tema de la justicia en España en este mismo medio he escrito numerosos artículos, probablemente al que más tiempo he dedicado. Las razones son, porque considero que uno de los problemas de nuestra democracia es la actuación de nuestra Justicia. La politización de la Justicia, pero una politización claramente sesgada hacia determinadas opciones políticas, como expondré más adelante.
Nuestra democracia está aquejada de muchos males. Uno de los más graves es la judicialización de la política. Wendy Brown en el artículo Ahora todos somos demócratas, habla de desdemocratización en la política actual, y una de las causas es que cada vez más se judicializan asuntos políticos, y que además los jueces emiten sentencias en un lenguaje complejo e incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. Si fuera más asequible para le gente común, perderían parte de su prestigio. A su vez, los tribunales han pasado de decir qué es lo que está prohibido a decir lo que ha de hacerse; han pasado de ejercer una función limitativa a otra legislativa, usurpando tareas propias de la política democrática.
Si vivir sometidos a la primacía del derecho es un pilar importante de la mayor parte de las formas de democracia, el gobierno de los tribunales equivale a una subversión de la democracia. Estas palabras de Wendy Brown son totalmente aplicables a la España de hoy El protagonismo de los jueces es enorme y continuo ya lo avisaba Dalmo de Abreu Dallari en 2006 al afirmar que nuestro siglo XXI sería el del poder judicial: el XIX había sido el del parlamentarismo por su novedad y su papel como productor de derecho, el siglo XX, el de las dictaduras había sido el del poder ejecutivo. Ahora, según este jurista brasileño, le ha llegado el turno de estudiar y comprender la justicia.
Como acaba de señalar ahora mismo Enric Juliana en un artículo de La Vanguardia titulado El regreso del Ruedo Ibérico: La política española está hoy en manos de la UCO y de la UDEF, unidades de elite de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Hace años que los cuerpos policiales no tenían tanto poder en España. Actúan como policía judicial, es cierto, pero el contenido de sus informes, la manera cómo están escritos, la cadencia de los mismos y el ritmo de las filtraciones les otorga una gran capacidad narrativa. La UCO y la UDEF son hoy los redactores jefes de la política española.
Políticamente, España también está en manos de la invitación efectuada esta semana por el Tribunal Supremo en la sentencia Ábalos-Koldo, para el que pueda cantar, cante, porque tendrá un buen premio. Ritmo, cadencia, infusión. El verbo preferido en los informes policiales es inferir. España está siendo inferida. Obviamente esta situación política es muy grave, no puede ser que el devenir de la política esté a expensas de un auto de un juez o de informe de la UCO o la UDEF, instituciones que muestran evidentemente su inclinación política hacia la derecha.
Al respecto me parece conveniente recordar las palabras emitidas en febrero de 2014, por Vicente Guilarte, anterior presidente del CGPJ en la entrega de despachos a la 72ª promoción de la Carrera Judicial: “Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar”, y citando un pasaje de Cien años de soledad señaló que la ley es un instrumento “que, utilizado desviadamente, puede resultar enormemente nocivo” y que el derecho, “en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso”.
La independencia es, básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, aunque alguna vez tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía”.
Yo no voy a tener la osadía de afirmar que en es España se está produciendo lawfare. Pero, me parece conveniente recordar este concepto para que quien lea estas líneas saque sus propias conclusiones sobre si este fenómeno se está produciendo en España.
Este concepto de lawfare lo explica el libro, ¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal, cuyos autores son Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual, 2020.
Bajo la excusa de combatir la corrupción, violan el principio legal de debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. Como destacan los autores de este libro, el conjunto de los casos que se fueron dando en distintos países de América Latina muestra siempre el mismo método: una parte de la prensa, políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose con exclusividad en esa noticia fraguada, el cuerpo de la policía judicial abre una investigación; el Ministerio Público sale a la búsqueda de elementos que puedan sustentar formalmente la acusación; en los casos en que no se accede a ningún indicio de prueba, aun así la denuncia muchas veces se encarrila, cosa que ocurrió en Brasil, bajo la afirmación de que “no cuento con pruebas, pero tengo la convicción”.
Luego sólo hace falta “identificar algunos jueces dispuestos a colaborar”, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a esos llamados vazamentos (filtraciones de información), término bajo el cual se camufla la operación de seleccionar perspicazmente uno o más hechos y transmitirlos con toda intención a los “colegas” de los medios, sobre todo de la televisión.
Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurrió, se recurre a escuchas telefónicas ilegales, citaciones compulsivas y encarcelamientos preventivos, tanto de los acusados como de sus familiares, tales son los mecanismos por los que se apunta al objetivo de lograr la “delación premiada” del “arrepentido” (así se denomina en los países hispanohablantes a aquellos que “son capaces de inventar cualquier situación para obtener un beneficio”), para quien el “premio” es la libertad misma y, al menos en Brasil, la chance de conservar buena parte del producto del delito que se confesó.
Arrancada, así, la confesión “delatora”, incluso sin la menor prueba, se condena al delatado en juicio de evidencia y, si no se logra demostrar el hecho que se le imputa, se apela a la estrafalaria categoría de “hecho indeterminado”. El circo se completa con la sentencia condenatoria que habrá de confirmar un tribunal igualmente parcial y comprometido con los intereses políticos y económicos de las clases dominantes. Así es como se aseguran las condiciones legales para que el enemigo sea puesto en prisión y quede imposibilitado de intervenir en la vida política. Los grandes medios de comunicación, con la televisión al frente, se encargan de difundir incesantemente el fallo judicial, dispuestos a darle legitimidad a todo un proceso absolutamente espurio. Lo descrito traten de aplicarlo en España.
Quiero ahora reflejar algunas recientes actuaciones judiciales
Acabamos de conocer la filtración de un Informe de La UDEF, en el que aparecen las agendas y mensajes privados de José Luis Rodríguez Zapatero ajenos a la causa que se está investigando, lo cual es una grave invasión de su privacidad y una cacería incompatible con el Estado de Derecho. No todo vale. Utilizar una investigación para exponer la vida privada genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial. El expresidente del Gobierno ya comenzó el pasado miércoles a estudiar acciones legales tras la filtración de sus agendas completas de 2024 y 2025, y de cientos de mensajes privados con su secretaria, Gertrudis Alcázar.
El entorno de Zapatero mostró su indignación por el hecho de que el juez no reclamase a la Policía a que hiciese un cribado de toda la información intervenida que no tuviera que ver con la investigación por tráfico de influencias; así como por la facilitación de esa infinidad de datos a las partes personadas en el proceso. El juez Calama dice que va a realizar una investigación de esta filtración. A buenas horas mangas verdes. Y este era el Juez minucioso, ponderado, proteccionista y garantista de los derechos de los investigados que nos vendieron en todos los medios, que no tenía nada que ver con el Juez Peinado, ese juez garantista según González.
Entiendo que debería haber tomado las medidas pertinentes para garantizar el derecho de los investigados a su intimidad y privacidad. Habrá que investigar. La cosa es sencilla, hay jurisprudencia en el Tribunal Supremo “ël o alguien del entorno”.
No sé si para ocultar lo comentado sobre el uso de datos de la intimidad personal de Zapatero, el juez José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros. Por cierto, en la primera declaración de Zapatero, el juez digo: “Y, ahora, vamos a las dichosas joyas”. Vaya tono.
Pasemos ahora al Juez Estrella, Peinado, el cual al finalizar la fase de Instrucción del caso de Begoña Gómez con un auto de procesamiento en el que se han hallado frases geniales que, más que enfocarse en el ámbito jurídico, estuvieron cargadas de contenido político, afirmando que en el Gobierno de Sánchez ha habido conductas propias de regímenes absolutistas y cita como ejemplo lo que sucedía en el reinado de Fernando VII.
La capacidad de sorpresa ante la actuación jurídica de este juez es inmensa, pero siempre nos sorprende. Ese paralelismo entre las prácticas del reinado de Fernando VII con las del gobierno de Pedro Sánchez demuestra una parcialidad absoluta o un desconocimiento total de nuestra historia. Me inclino por la primera opción, porque de un juez cabe esperar que tenga unos mínimos conocimientos históricos. De Pedro Sánchez no quiero hablar, ya creo lo conocemos los españoles, lo que ya no tengo tan claro es si la mayoría de mis compatriotas conocen las fechorías del ínclito Fernando VII.
Confío tras mostrar algunas actuaciones sobre este personaje real, que todo ciudadano dotado de un mínimo sentido común, podrá captar la extravagancia del juez Peinado al comparar a Fernando VII con Pedro Sánchez.
Fernando VII fue el rey Borbón sin ningún tipo de dudas el más taimado, el más cruel y el más dañino. Quiero referirme algunas actuaciones suyas extraídas del libro de Josep Fontana, Crisis del Antiguo Régimen 1808-1833 (Guías de Historia Contemporánea de España) Editorial Crítica, 1979. Es un libro de una claridad meridiana y que explica uno de los momentos claves de nuestra Historia Contemporánea, que quienes nos licenciamos en Historia, lo pudimos leer, disfrutar. Y que nos abrió nuevas perspectivas para entender nuestra historia.
En tiempos de la Guerra de la Independencia, mientras los españoles estaban luchando a muerte con el ejército francés invasor, la actuación de Fernando VII fue vergonzosa. El 2 de abril de 1808 publicó un decreto condenando la malignidad de quienes pretendían crear malestar a los franceses. Esto es delito de “alta traición”.
Tras la marcha de toda la familia real a Francia siguiendo los designios de Napoleón, las escenas que tuvieron lugar en Bayona fueron de una abyecta bajeza, cediendo tanto Carlos IV y Fernando VII todos sus derechos el emperador francés. Luego Fernando, su hermano Carlos y su tío Antonio marcharon a su cautiverio de Valençay, donde mostraron las más repulsivas pruebas de su vileza moral. Fernando felicitaría a Napoleón por sus victorias militares sobre los españoles.
Más tarde le escribiría: “Mi gran deseo es ser hijo adoptivo de S.M. el emperador, nuestro augusto soberano. Yo me creo digno de esta adopción, que sería, verdaderamente la felicidad de mi vida, dado mi amor a la sagrada persona de S.M.I. y R”. El mismo Napoleón se sorprendió de tal servilismo. Como dice Josep Fontana: “No merece la pena dedicar más tiempo a estos personajillos y a sus miserias, la historia de España discurría en estos momentos muy lejos de los salones de Valençay, donde Fernando y su tío Antonio entretenían sus ocios en labores de aguja y bordado”.
Mas la capacidad del juez Peinado para sorprendernos es ilimitada. Este sábado pasado finalmente ha resuelto abrir juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, además de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. Peinado, que había rechazado en ocasiones anteriores restringir los movimientos de la esposa de Pedro Sánchez, da ahora un giro enorme.
En su resolución de este sábado, no solo esgrime que aprecia unos “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”, sino que, ante las penas de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que les atribuye a ambas a Begoña y su secretaria, considera que existe el riesgo de que las dos traten “de eludir la acción de la justicia”. El magistrado alega, incluso, que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez pueden ayudarlas en su fuga: “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, afirma.
Peinado va incluso más allá en su dictamen y remacha sobre la pareja de Sánchez: “Pero además de lo anterior, y especialmente trascendente, es que la condición de actual presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero y, por tanto, transitorio. Y esa protección o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría aún más esa hipotética fuga”. ¿Es o no un auténtico esperpento? ¿Es o no un disparate jurídico?
Toma una decisión, la retirada del pasaporte, porque los policías escoltas de Begoña podrían facilitar la huida, al recibir órdenes de sus superiores. Y, ¿cómo se atreve a decir que la condición de presidente de su esposo es algo efímero y transitorio? Creo que no merece dedicar muchos argumentos para replicar tal disparate. Como no podía ser de otra manera han salido en tromba los sindicatos de policía ya que Peinado pone en duda su profesionalidad.
Los sindicatos Jupol, SUP, UFP y CEP tildan de “barbaridad” y “ofensa” los argumentos del magistrado para retirar el pasaporte a la mujer de Sánchez y uno amenaza con denunciarlo si no rectifica. El primero ha sido Justicia Policial (Jupol, fuertemente enfrentado al Gobierno), que ha tildado de “barbaridad” las palabras de Peinado.
Por cierto, el Juez Peinado con esa cualidad de la oportunidad que le caracteriza, puso como fecha de la entrega del pasaporte de Begoña el mismo día que Pedro Sánchez intervenía en el Congreso para hablar sobre la corrupción. ¡Qué casualidad! Y otra casualidad, mientras intervenía Pedro Sánchez se divulgó el informe citado antes de la UDEF. Impresionante. El CGPJ ha acordado investigar al juez Peinado por este auto, gracias al voto de calidad de la presidenta. Un brindis al sol.
Quiero fijarme ahora en una intervención reciente, para que cada cual saque sus propias conclusiones, de Miguel Ángel Campos, periodista de El País, especialista en información judicial en el programa de Carles Francino, la Ventana de la Cadena Ser:
“Esta es la primera vez que la fontanería-se refiere a Leire- llega al juicio, al tribunal, un trato de la fontanería desigual, no sé si os acordareis de la Operación Lezo, nos remontamos al 2016, la UCO intervino una conversación entre el investigado Ignacio González y otra persona. Hablaban de mover jueces y fiscales que no se ponían de perfil en las causas que afectaban al PP, hablaban del Fiscal General, Responsable Anticorrupción, Fiscal Jefe Audiencia Nacional. Unos días después, Ignacio González hablaba con la misma persona y ambos se felicitaban que habían conseguido tales cambios.
González agradeció a esa persona porque se habían movido jueces y fiscales que no gustaban, de manipular procedimientos y jamás se investigó y sabéis quién era esa persona, Enrique Arnaldo, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional. Había una prueba, una conversación interceptada por la UCO de la Guardia Civil que fue expurgada del procedimiento y esta labor de fontanería no se investigó y había una acción presuntamente delictiva. Se habla de la cloaca de Leire, pero aquí no había una estructura policial, no hay 70 policías para seguir a Bárcenas, no hay informes de la UDEF sin membretes para perseguir a Trías, a independentistas, a Podemos, para fabricar causas falsas como el tráfico de drogas de Urban, caso Neurona, la niñera, la caja B de Podemos, etc. “
Sigamos con más intervenciones de determinados jueces. Una imagen quedó grabada en el verano de 2017. Ángel Hurtado presidía el tribunal del caso Gürtel y fue el encargado de cortar de forma tajante todas las preguntas que, según su criterio, iban más allá de las posibilidades que ofrecía la visita del presidente del Gobierno, M. Rajoy, como testigo. “Esta pregunta no es pertinente”. Señaló repetidas ocasiones. Unos días antes se había opuesto por escrito a que tuviera que declarar por entender que no aportaba nada, que podía perjudicar de forma sorpresiva a varios imputados o que, por su puesto en la dirección del PP, no tenía por qué saber lo que pasaba en Pozuelo o Majadahonda.
También alegó que lo hacía para no perjudicar su labor como jefe del Ejecutivo. Y como sabemos, este mismo magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado acordó citar como investigados, en la causa que sigue por delito de revelación de secretos en el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El instructor toma la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos objeto de la presente causa tras las diligencias desarrolladas hasta la fecha, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El desenlace ya lo conocemos el Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado. Sobre esta sentencia conviene recordar. La Sala especial del Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite de la querella formulada por Jaume Asens Llodrá, eurodiputado de Catalunya en Comú, contra el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el juez Andrés Martínez Arrieta, por delito de revelación de secretos, al concluir, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, que los hechos no son constitutivos de delito.
Según la denuncia, el querellado, el juez Martínez Arrieta, dijo el 18 de noviembre de 2025, a modo de despedida tras dar una charla en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que «y, con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del Fiscal General del Estado». El ICAM ejerció la acusación popular en esa misma causa contra Álvaro García Ortiz, ex Fiscal General del Estado, que acabó con una condena de inhabilitación para ejercer como fiscal.
«Dicha manifestación», afirma la querella, «se realizó en tono jocoso y provocó una sonora carcajada colectiva entre los asistentes». Hay que recordar que las deliberaciones de este caso, donde Martínez Arrieta era presidente del Tribunal, tuvieron lugar entre los días 13 y 18 de noviembre.
El querellante calificó los hechos como «constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto y penado en el art. 417 CP». Además, Jaume Asens consideraba que «el tono jocoso en que se realizó el comentario y la carcajada colectiva que provocó en el asistente pone de manifiesto que la audiencia interpretó claramente que el querellado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística».
Jaume Asens opinaba, entre otras consideraciones, que el juez «revelaba información protegida por el secreto de las deliberaciones, ya que anunciaba que las deliberaciones internas ya habían adoptado una estructura decisoria suficiente para que él asumiera la redacción de la sentencia».
Y ahora mismo con el juicio de la Kitchen, que pasa prácticamente desapercibido para la Brunete mediática. Cuando llegó el turno de la abogada del PSOE, la presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, elevó la mirada dispuesta a interceptar todas las preguntas que cree que se salen del redil. Ni la misma presencia de todo un expresidente del Gobierno en el estrado ha rebajado la tensión (que va in crescendo sesión a sesión) entre la letrada Gloria de Pascual y la magistrada, histórica de la Audiencia Nacional.
Primera pregunta a Mariano Rajoy y primer encontronazo. “Le entregó un sobre…”. “Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso”. “Formulo protesta”. La jueza trata de concentrar el interrogatorio en la operación parapolicial contra Bárcenas, evitando cualquier posible pregunta sobre la caja B del PP o sus derivadas. Un par de cuestiones más y, de nuevo, interrupción de la presidenta. “Protesto, hoy voy a protestar por todo”, espeta De Pascual con hartazgo. “Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor”. “La retiro”.
También quiero referirme a la actuación del juez Marchena en el juicio del Procés, con continuas interrupciones sin dejar argumentar e incluso broncas a diferentes abogados como a la abogada de Cuixart, a la que dice que se está equivocando en su estrategia de defensa; o al abogado Pina, y a la testigo Marina Garcés. Realmente el tono fue lamentable.
Por último, la sentencia del Supremo, condenando a Ábalos y Koldo con unas penas durísimas, mientras que el corruptor Aldama se va de rositas y sin devolver lo robado. Además de convertirlo en un referente de las derechas españolas, paseándose por televisiones privadas y públicas, encabezando manifestaciones contra la corrupción, firmando autógrafos y jaleado en las discotecas madrileñas. Vaya ejemplo para la ciudadanía.
Me he limitado a reflejar determinadas actuaciones judiciales, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Por supuesto, en España no hay lawfare. La justicia es imparcial y justa. Acaso alguien lo duda. Y quien lo dude, está dañando nuestra democracia ejemplar.