El debate sobre la imparcialidad de la justicia, o bien, sobre su actuación movida por determinados motivos políticos e ideológicos ha cobrado una renovada relevancia al calor de las investigaciones y juicios sobre la corrupción política que afectan, especialmente, al Partido Socialista y el Gobierno de coalición progresista.
La sentencia del caso Ábalos y la confrontación en el pleno parlamentario extraordinario de este miércoles, en torno a la corrupción institucional y el cuestionamiento del Ejecutivo y su Presidente por la oposición de derechas, ha incrementado la pugna política por la credibilidad de la gestión y el relato de cada cual. Con elecciones generales a la vista, ha sido el comienzo oficioso para la prolongada campaña preelectoral.
Se enmarca en una aguda polarización política, con un continuado proceso de deslegitimación del Ejecutivo por parte de las derechas estatales. Su exigencia de responsabilidad política al Presidente Sánchez consistiría en su dimisión y la convocatoria de elecciones generales. Su plan trata de promover (por todos los medios) el recambio de la primacía gubernamental progresista por una hegemonía parlamentaria e institucional del Partido Popular y Vox, con escasa (o nula) cultura democrática, que imponga una reorientación reaccionaria de la gestión pública.
No hace falta insistir en los principales ejes de su amenazante involución social y democrática, confrontados con un proyecto progresista: políticas regresivas en lo socioeconómico, con mayor desigualdad social y crisis medioambiental; recorte, privatización y segmentación de los servicios públicos, frente a protección social y Estado de bienestar; medidas centralistas contra la plurinacionalidad y la cohesión territorial; prioridad (racista) nacional ante la inmigración y la convivencia intercultural; oleada antifeminista frente a los derechos de las mujeres y colectivos LGTBI+; refuerzo del autoritarismo institucional y relacional en oposición a la democracia y unas relaciones igualitarias; subordinación hacia el trumpismo frente a la multilateralidad y el derecho internacional…
En definitiva, reaccionarismo conservador y neoliberal frente a los valores de igualdad, libertad y solidaridad; involución autoritaria frente a garantías democráticas. Más allá de teorías conspirativas se produce una combinación o convergencia de (parte) grupos de poder o agentes institucionales de distintos ámbitos (políticos, mediáticos, económicos, judiciales, policiales…) para acabar con este ciclo político de progreso, cada vez más ralentizado.
Las fuerzas progresistas necesitan una renovación profunda, una amplia participación cívica y un nuevo impulso transformador, social y democrático, con el horizonte de las próximas elecciones generales, probablemente convocadas antes de fin de año para los primeros meses del año 2027. Se trata de una oportunidad para abrir otra etapa de progreso.
Las derechas españolas, con todos sus resortes de poder, no soportan la perspectiva de una nueva y renovada legislatura progresista. Han dicho basta, y se concentran en la destrucción de una alternativa de izquierdas. El golpismo blando político-judicial va en aumento. Sin capacidad para ganar una moción de censura, la estrategia de las derechas, con unas elecciones generales a medio plazo (esa es la novedad confirmada), se apresta a ocupar el Gobierno.
Pero ya avanzan hipótesis y planes complementarios. En el caso de que las pierdan (por sus errores autoritarios y los aciertos democratizadores de las izquierdas y la activación de la ciudadanía progresista), ya empiezan a deslegitimar el proceso electoral y acumular presión para reactivar ese golpismo: la corrupción es Sánchez (Feijóo, dixit), y es incompatible con la democracia, luego… Aquí es cuando aparece el llamado partido judicial, con la politización de la justicia en beneficio político de ese proyecto derechista.
La convergencia de ciertas estrategias políticas y judiciales
Solamente cito tres hechos judiciales que convergen con estrategias derechistas en tres aspectos cruciales para la configuración plurinacional del Estado, el refuerzo de la política social y los avances feministas, señas de identidad de la acción democrática de esta larga etapa sociopolítica de quince años.
Me refiero, en primer lugar, a toda la política del Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular contra los independentistas y el procés catalán -desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, suspendiendo el autogobierno catalán, pasando por la implicación de la Corona y la manipulación mediática-. Esa estrategia coercitiva converge o, más bien, delega en el Supremo el juicio sancionador. Aviso para navegantes de los poderes fácticos sobre los límites de la reforma democrática y plurinacional del Estado.
En segundo lugar, interpreto que el objetivo a frenar ha sido toda la ola de indignación cívica, iniciada en 2010, contra los recortes sociales y por la democracia que culmina en el amplio espacio socioelectoral liderado por Podemos y sus aliados hasta que se implanta el primer Ejecutivo de coalición progresista. La estrategia derechista combina la ofensiva político-mediática y la guerra sucia policial-judicial contra la dirección de Podemos y los liderazgos afines con influencia institucional (como Ada Colau o Mónica Oltra); todos los casos, finalmente, sin efectos penales pero con consecuencias políticas deslegitimadoras conseguidas.
Para los grandes grupos de poder económicos e institucionales tocaba techo la permisividad hacia una sustantiva reforma social, distributiva, habitacional y protectora que cuestionase sus privilegios corporativos. El mecanismo se repite: aislamiento político y mediático y ofensiva de aparatos del Estado profundo contra la representación más firme de esa dinámica transformadora.
En tercer lugar, también convergen los dos ámbitos, el político y el judicial, para frenar una dinámica crucial para el avance feminista. Por un lado, la generalizada actuación judicial con una sesgada aplicación de la propia Ley, de forma más benévola para los acosadores, para deslegitimarla y corregirla. Por otro lado, la contrarreforma parlamentaria de la Ley del ‘solo sí es sí’, esta vez con la colaboración entre PP y PSOE, que ponía el consentimiento en primer plano y consolidaba los derechos feministas contra la violencia machista.
Además del bloqueo en materia de derechos para las mujeres y el intento de neutralización de la potente ola feminista, iniciada en 2017, el efecto particular era el aislamiento y el descrédito para sus promotoras del Ministerio de Igualdad, cuya representante, Irene Montero, aparecía como candidata y líder de ese espacio alternativo, diferenciada de la opción dominante encabezada por Yolanda Díaz.
En esta legislatura, con el segundo gobierno de coalición progresista, que las derechas españolas consideran ilegítimo, con el casus belli jurídico que significó la amnistía al independentismo catalán, contra la que se manifestaron las altas magistraturas, el turno principal del acoso y derribo le ha tocado al propio Partido Socialista. Está sorprendido por ser considerado ajeno a las estructuras de poder, a pesar de su continuismo económico y no abordar la democratización del poder judicial o una profunda regeneración democrática.
La actual redoblada ofensiva político-judicial es una censura a todo el ciclo de cambio político que, a pesar de sus limitaciones transformadoras, todavía expresa una trayectoria diferenciada frente a la derechización profunda y el trumpismo ultra generalizados en Europa y el mundo.
Pero veamos, ahora, la opinión crítica de la ciudadanía sobre la falta de neutralidad e imparcialidad en la judicatura para valorar, seguidamente, los últimos hechos judiciales en torno a la corrupción institucional y su sentido político.
La opinión crítica de la ciudadanía a la inequidad de la justicia
En el gráfico adjunto se exponen los datos más significativos de un reciente estudio demoscópico sobre la percepción ciudadana respecto de la imparcialidad de la justicia. A la cuestión de si “La justicia ejerce más dureza contra la izquierda, la derecha o igual”, la respuesta global es ‘igual’ para el 34,9%, mientras para el 31,8% ejerce más dureza contra la izquierda, y contra la derecha solo un 16%. O sea, poco más de un tercio considera neutral la justicia, y casi la mitad que está sesgada en perjuicio, sobre todo, de la izquierda.
Fuente: Ateneo del Dato (junio, 2026). *Según el voto en las elecciones generales del 23/07/2023; el resto del porcentaje hasta el 100%, no contesta. **Incluye a Podemos que compartió candidaturas en esa coalición. Error muestral +/- 2,5%.
Para profundizar en el diagnóstico conviene detenerse en las diferencias sustantivas según las opciones políticas de los votantes. Así, la mayoría de las respuestas del electorado de PSOE (47,9%) y coalición Sumar (65,1%) destacan la menor objetividad de la judicatura en perjuicio de las izquierdas, junto con una minoría (entre el 30,6% y el 17,1%, respectivamente) que consideran un tratamiento equitativo para ambos bloques ideológicos, y un pequeño porcentaje (menor del 10%) que dicen que la justicia es más dura con la derecha.
Por otra parte, en el caso de PP (58,1%) y Vox (39,1%), con alguna diferencia entre ellos, se resalta mayoritariamente que existe un tratamiento igual. Además, en el caso de Vox (36,2%) enfatizan que existe un prejuicio judicial contra la derecha, que se queda en un nivel inferior en el caso del PP (18,2%), mientras en ambos casos opinan que solo en torno a una décima parte la justicia es más dura con la izquierda.
Como conclusión, es evidente que entre el electorado de las izquierdas existe una percepción mayoritaria del carácter sesgado y discriminatorio de la justicia en perjuicio de las opciones progresistas, y solo una minoría confía en su ecuanimidad; mientras tanto, en los electorados de las derechas estatales, persiste una opinión mayoritaria de que la justicia es equitativa, aunque para una minoría significativa todavía es más desfavorable para las derechas que para las izquierdas.
Solo cabe citar que según el Informe sobre indicadores de la Justicia en la Unión Europea (2026), que se acaba de publicar, respecto de la percepción de la ciudadanía sobre la calidad, eficiencia e independencia judicial, España, por distintos motivos, se encuentra en el n.º 22 entre los 27 Estados europeos. Nuestro sistema judicial, comparativamente, no goza del prestigio ciudadano y la buena salud democrática necesarios para un auténtico Estado de derecho.
Si añadimos los hechos probados de la parcialidad investigadora, punitiva y mediática de algunos sectores de las fuerzas de seguridad y las cloacas policiales, queda cuestionado el mito liberal de la neutralidad del Estado o de la imparcialidad de la Justicia. La realidad es el deslizamiento ultra (con profundos precedentes desde el franquismo) hacia una dinámica iliberal y autoritaria, contraria a una democracia avanzada y participativa. El fundamento de la democracia es la soberanía popular y su representación parlamentaria, como base legítima del Estado y el poder ejecutivo, así como de la propia Justicia y la Ley.
La corrupción (de una parte) como amenaza para la democracia
En los fundamentos de derecho (8 pp.) de la sentencia unánime de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre el caso Ábalos (224 pp.), se explican sus argumentos doctrinales. Se trata de un auténtico alegato contra la corrupción que erosiona la democracia y la confianza en el sistema: “Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.
Planteado en abstracto o en alusión a ‘toda’ la corrupción política e institucional, no habría nada que objetar. Formaría parte de un llamamiento, bastante amplio en la sociedad española, a una profunda regeneración democrática del sistema político y, particularmente, de los principales partidos gobernantes con distintas causas judiciales, algunas ya sentenciadas.
No obstante, para valorar el significado político de este alegato hay que precisar el contexto, especialmente contra quién va referido y respecto de quién queda excluido. Está clara la evidencia de corrupción en el caso Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del Partido Socialista. Dejando aparte la proporcionalidad de la excesiva condena o la reducción en el caso del corruptor Aldama, el caso es grave y cuestiona la ejemplaridad y el control ético de la dirección socialista. La sentencia se centra en los hechos probatorios.
Sin embargo, esa reflexión deductiva se ha aplicado a este caso. En casos que están afectando a dirigentes del Partido Popular (más de treinta, incluidos tres ministros sentenciados), mucho más numerosos y graves que los que afectan al Partido Socialista, los tribunales no se han explayado en esas consideraciones generales.
Aquí, se produce una elevación particular de la implicación socialista con la corrupción que, recordemos, es un atentado al sistema político. Es decir, se asocia con la ilegitimidad política del Presidente Sánchez para seguir gobernando, con su incompatibilidad con la decencia y la democracia, que es la estrategia descalificadora fundamental de las derechas en estos tres años de legislatura.
Ese relato jurídico, que señala los efectos perversos de la corrupción para el sistema político y el poder democrático, puede constituir una doctrina positiva, si se aplicase con similar coherencia y equidad a todos los casos. Pero, su carácter selectivo en este momento y para este caso, aunque merecido, hace que converja, no sabemos si de forma intencionada u orquestada, con la ofensiva política y mediática de las dos derechas contra el Gobierno progresista, mientras los procesos judiciales que afectan a las derechas se ralentizan, se infravaloran o no se vinculan con las altas responsabilidades políticas.
Feijóo, desde la tribuna parlamentaria, identifica con Sánchez la máxima expresión de la corrupción, dándole al alegato jurídico del Supremo una significación política de descalificación total al llamado sanchismo. La solución a esa relevante corrupción institucional sería, según ellos, un Gobierno de PP/Vox. Nada más alejado -incluso contraproducente- para garantizar la limpieza democrática y ética de las instituciones públicas y para asegurar los avances sociales y democráticos, que es lo que exige la ciudadanía.
No cabe descartar, dado el actual ensañamiento derechista con Sánchez, que vía penal o mediática puedan avanzar en su inhabilitación legal o política para ser candidato a la presidencia del Gobierno, incluso, antes de las elecciones generales, como ya pasó con su colega socialdemócrata Lula en Brasil. En todo caso, la trayectoria ultra de completa polarización y crispación apunta a ‘todos’ los mecanismos necesarios para impedir el desarrollo de una nueva etapa de progreso. Su apropiación del poder político y su determinación por poseerlo se pone por delante de la democracia y el Estado de derecho.
El golpismo político-judicial es una espada de Damocles, muestra una grave deficiencia democrática, pero sigue su curso. La justicia, se dice, que debería ser ciega, imparcial, y defender a la ciudadanía de la prepotencia de los poderosos. Pero nuestro sistema judicial, nuestro Estado tiene camino por recorrer para profundizar en un Estado democrático, social y de derecho.
La resistencia democrática es necesaria pero insuficiente; desistir ante la ofensiva ultra es contraproducente y da ventaja a la involución derechista; gobernar es imprescindible, pero hay que superar el simple continuismo y establecer una hoja de ruta democratizadora, con credibilidad transformadora ya y para la próxima legislatura. Su principal orientación está definida por los dos ejes progresistas de la mayoritaria actitud cívica de estos quince años: el avance social igualitario y la democratización institucional, territorial y relacional. Las izquierdas sociales y políticas tienen la palabra… y los hechos.
Antonio Antón. Sociólogo, politólogo y escritor
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