Con la publicación de este informe, la ELDH pretende contribuir al debate internacional sobre la situación en el Sáhara Occidental y reforzar la documentación jurídica de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en un territorio cuyo estatus sigue siendo, más de medio siglo después del inicio del conflicto, uno de los principales procesos de descolonización aún pendientes en las Naciones Unidas.
La Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH) ha publicado un informe titulado «Western Sahara, 50 Years Under Occupation», resultado de una misión internacional de investigación llevada a cabo en 2026. El documento ofrece un balance de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y pone de relieve los persistentes obstáculos para una supervisión internacional independiente del territorio.
Realizada bajo los auspicios de la ELDH, la misión reunió a varios juristas, académicos y defensores de los derechos humanos europeos. El informe principal, redactado por los abogados Urko Aiartza y Şerife Ceren Uysal, se basa en testimonios recogidos de víctimas, antiguos detenidos, familiares de personas desaparecidas, abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. El documento incluye además un informe analítico elaborado por el profesor Manfred O. Hinz.
Un conflicto que sigue pendiente en la agenda de las Naciones Unidas
En su introducción, el informe recuerda que el Sáhara Occidental continúa siendo uno de los procesos de descolonización más prolongados y aún no resueltos en la agenda de las Naciones Unidas. Aunque la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) fue creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar un referéndum de autodeterminación, dicha consulta nunca llegó a celebrarse.
Según los autores, este prolongado bloqueo político ha estado acompañado durante décadas por denuncias reiteradas de violaciones de los derechos humanos que afectan a la población saharaui.
Una investigación centrada en los derechos fundamentales
La misión tenía como objetivo documentar y evaluar estas denuncias a la luz del derecho internacional. Los investigadores analizaron especialmente casos de detención arbitraria, procesos judiciales de carácter político, vulneraciones del derecho a un juicio justo, denuncias de tortura y malos tratos, así como restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión.
El informe también aborda cuestiones de carácter estructural, como las presuntas prácticas discriminatorias, los cambios demográficos en el territorio, la explotación de los recursos naturales y la situación específica de los defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, mujeres, niños y familiares de las víctimas.
Testimonios recopilados en un contexto de importantes limitaciones
La información presentada se basa principalmente en una serie de entrevistas realizadas de forma telemática entre febrero y marzo de 2026. Por razones de seguridad, la identidad de las personas entrevistadas no se hace pública.
Entre las organizaciones consultadas figuran el Comité de Familias de Estudiantes Saharauis Encarcelados, el Observatorio Saharaui para las Mujeres y la Infancia, la sección de El Aaiún de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Équipe Média, representantes de CODESA, además de antiguos presos políticos, víctimas de desaparición forzada y abogados especializados en derechos humanos.
Los miembros de la misión también visitaron los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Allí describen una situación marcada por lo que califican como una « anormal normalidad », caracterizada por la coexistencia de instituciones locales funcionales con un desplazamiento prolongado, una persistente incertidumbre política y una fuerte dependencia de la ayuda humanitaria. La separación continuada de numerosas familias entre el Sáhara Occidental y los campamentos de refugiados aparece igualmente como una de las principales preocupaciones.
Un llamamiento para reforzar la supervisión internacional
Uno de los principales hallazgos del informe es la ausencia de un mecanismo internacional permanente de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Los autores consideran que el actual mandato de la MINURSO, limitado a la supervisión del alto el fuego, no permite garantizar una documentación independiente de las presuntas violaciones ni una protección suficiente de la población afectada.
Según el informe, esta carencia crea un importante vacío de protección y dificulta considerablemente el trabajo de documentación de las organizaciones internacionales y de los observadores independientes.
Una investigación basada en el derecho internacional
La ELDH subraya que la misión no tenía como finalidad determinar responsabilidades penales individuales. Su objetivo consistía en recopilar información, contrastarla mediante múltiples fuentes y evaluarla conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho relativo a la autodeterminación y la descolonización y, cuando correspondiera, el derecho penal internacional.
Los autores reconocen asimismo diversas limitaciones en su trabajo, entre ellas las dificultades de acceso al territorio, los obstáculos administrativos y de seguridad, así como la imposibilidad de realizar entrevistas presenciales en el Sáhara Occidental bajo control marroquí, una decisión adoptada para proteger la seguridad de los testigos.
Con la publicación de este informe, la ELDH pretende contribuir al debate internacional sobre la situación en el Sáhara Occidental y reforzar la documentación jurídica de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en un territorio cuyo estatus sigue siendo, más de medio siglo después del inicio del conflicto, uno de los principales procesos de descolonización aún pendientes en las Naciones Unidas.
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