La Transición “tiene una esencia inmutable, que es 1976, y, precisamente por eso, la Constitución de 1978 no la modificará demasiado. No podrá hacerlo. La Constitución será en buena medida su resultado, no su origen”.
El 22 de enero de 1975 Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España ante las franquistas Cortes Españolas en cumplimiento de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), que establecía que Franco designaría al futuro rey de España, hecho que tuvo lugar el 22 de julio de 1969 cuando Juan Carlos de Borbón juró, como Príncipe de España, guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional.
El nuevo rey confirmó en la presidencia del gobierno al “carnicero de Málaga”… y el 3 de marzo de 1976, una nueva masacre —esta vez en Vitoria—, recuerda trágicamente a los sucesos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol. Apenas dos meses más tarde, el 9 de mayo de 1976, los sucesos de Montejurra no dejan dudas: el contexto en el que se va a decidir el futuro de España será una lucha de clases desigual y de alta intensidad en la que las clases dominantes se aferrarán a todos los ámbitos de poder en los que estaban instalados (político, económico, judicial, policial y militar, académico y universitario…) con único objetivo: que todo siga igual, mientras que las clases populares seguirán poniendo los muertos para que definitivamente se abra paso en España la democracia.
En este contexto de combatividad obrera —que llevará a la aprobación da Ley de Relaciones Laborales el 8 de abril de 1976, por la que se regulaban cuestiones relativas a las condiciones laborales, la prohibición del trabajo a personas menores de edad y la igualdad de género en el ámbito laboral— , el 4 de julio de 1976 — ¿será casual una fecha tan simbólica? — Juan Carlos I nombra a Adolfo Suárez presidente de un gobierno en el que están la mayoría de los “hombres del rey”. La principal preocupación de ese primer gobierno de Suárez será, según los cables —un tipo de documento que por su propia naturaleza inmediata y sintética dan poco espacio a la creación de un relato, a la subjetividad— que Wells Stabler, el diplomático formado en Harvard que ejerció de embajador en España entre 1975 y 1978, enviaba diariamente a Henry Kissinger, era la instauración de un sistema democrático en España. Así, a partir de los cientos de cables en los que Stabler informa de las conversaciones que mantuvo con los protagonistas de la Transición (el propio rey, Suárez, Fraga, González…), para alcanzar ese objetivo (las elecciones), no solo era imprescindible aceptar la “herencia política” de Franco, esto es, la monarquía y el capitalismo —opciones opuestas a la república, recordemos que la II República se disuelve el 21 de junio de 1977 tras las elecciones democráticas, y al socialismo—, sino que además la oposición tendría que aceptar una serie de cuestiones que determinarán el futuro de la democracia española, no en vano para llegar a las elecciones era fundamental realizar todo el proceso de “transición democrática” dentro de la legalidad franquista, para asegurarse de que los representantes del franquismo instalados en las Cortes aceptasen las elecciones y, lo más importante, su resultado.
Bajo esas circunstancias, el gobierno de Suárez pone la primera piedra de ese nuevo edificio que tendrá que ser democrático el 19 de julio de 1976, cuando se aprueba una reforma del Código Penal para ampliar el derecho a reunión y asociación y limitar el derecho a huelga, que no quedaría regulado hasta el 4 de marzo de 1977.
Finalmente, en un contexto de gran conflictividad social —apenas una semana después de una exitosa huelga general— y después de unas negociaciones entre el gobierno y la oposición socialista, el 18 de noviembre de 1976 las últimas Cortes franquistas aprobaron, con rango de fundamental, la Ley para la Reforma Política, que sería sometida a referendo popular el 15 de diciembre de 1976. Ley que establecía los límites del futuro democrático del país, “basado en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo”, al establecer lo siguiente:
— las Cortes tienen la potestad de elaborar y aprobar leyes, que serán sancionadas por el rey;
— las Cortes se organizarán en dos cámaras legislativas: Congreso de los Diputados y Senado;
— los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal directo y secreto;
— los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales, aunque también podrá haber senadores reales;
— las condiciones para la reforma constitucional;
— las condiciones para la tramitación de los proyectos de Ley;
— las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de representación proporcional, aunque se “aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso”, y se establecerá como circunscripción electoral la provincia, fijándose un número mínimo de dos diputados; y,
— las elecciones al Senado se inspirarán en criterios de escrutinio mayoritario.
Así, por medio de esa ley, quedaban establecidos los límites de la apertura constitucional, cerrando cualquier posibilidad de ruptura democrática. Se producía, en ese sentido, “el acto fundamental de la Transición, que consistió en plantar una semilla muy concreta, por lo que el árbol que brotase de ella sería de una especie determinada. Un árbol que se puede podar, arreglar, aligerar o adornar pero siempre tendrá, por decirlo en palabras de Aristóteles, una esencia inalterable”; la cita está algo modificada para hacerla más comprensible en el marco de este texto, pero constituye la tesis que sostiene Jorge Urdánoz Ganuza en La Transición según los espías (AKAL, 2024), entendiendo que Stabler era un espía, no con licencia para matar, sino con capacidad para intervenir en la marcha política del país.
Una vez plantado el árbol, por seguir con la metáfora de Urdánoz, el gobierno de Adolfo Suárez centrará toda su atención política en la preparación de las elecciones democráticas que se celebrarán el 15 de junio de 1977, para lo que se concentró en dos objetivos principales:
— primero, diseñar el sistema electoral que le ofreciese garantías de mantenerse en el poder tras las elecciones, momento en el que hace su aparición la ley D’Hont en el RD sobre normas electorales del 18 de marzo de 1977; y,
— segundo, neutralizar la fortaleza de la oposición comunista en las calles —principalmente en el mundo obrero, en la Universidad y en los medios de comunicación— mediante su incorporación a las instituciones políticas, para lo que se hacía imprescindible la legalización del PCE —a pesar de que el 9 de septiembre de 1976 se había comprometido con los militares a que los comunistas estarían fuera del proceso de democratización—, lo que tiene lugar el 9 de abril de 1977 —apenas 66 días antes de las elecciones… — .
En última instancia la tesis que defiende el autor es que la Transición “tiene una esencia inmutable, que es 1976, y, precisamente por eso, la Constitución de 1978 no la modificará demasiado. No podrá hacerlo. La Constitución será en buena medida su resultado, no su origen”.
Puede parecer una tesis provocadora. Lean el libro, ¡no les dejará indiferentes!
Fuente: https://mundoobrero.es/2026/08/01/stabler-un-espia-norteamericano-en-la-transicion-espanola/
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