El tema de los privilegios, del cinismo y del intervencionismo de la Iglesia Católica en nuestro país está entrando en una deriva peligrosa. Y de nada nos sirve que tengamos un Papa más «progresista» si tenemos una Conferencia Episcopal Española no sólo anclada en el pasado, sino con un grado de poder e influencia en […]
El tema de los privilegios, del cinismo y del intervencionismo de la Iglesia Católica en nuestro país está entrando en una deriva peligrosa. Y de nada nos sirve que tengamos un Papa más «progresista» si tenemos una Conferencia Episcopal Española no sólo anclada en el pasado, sino con un grado de poder e influencia en la vida pública bastante notorio. De entrada, miles de millones de euros en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos, posesión de edificios y otros privilegios, sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad, hacen campar a la Iglesia a sus anchas por nuestros lares. Por no hablar de la doble moral católica, que mientras despliega centros para la práctica de la «caridad cristiana», también despliega las más feroces ofensivas a las políticas públicas a favor de la igualdad de la mujer, o de los derechos de los homosexuales.
Pero vayamos por partes. Que sepamos, no existe ningún documento que acredite, a nivel global, la suma total que se embolsa la Iglesia Católica de las arcas públicas, ni en ninguno de los ámbitos donde actúa: la educación, el gasto en hospitales, el sueldo en curas castrenses, o las ayudas a su patrimonio histórico-artístico. No sabemos, por tanto, el montante que recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, cómo lo reparte, ni en qué lo gasta. La Asociación Europa Laica cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, pero hay que tener en cuenta muchos otros factores. Pero como decíamos, cantidad de privilegios y prebendas se mantienen todavía para la Iglesia desde el régimen franquista, manifestando intereses políticos y económicos muy poderosos. Lo cierto es que hoy en día, la Iglesia mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española, y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal tanto como puede para intentar determinar la moral pública y la legislación del país. Véanse los casos de la próxima legislación sobre al aborto que va a llevar a cabo el Gobierno del PP, o las intolerantes proclamas contra el mundo homosexual que casi a diario se vierten desde los púlpitos.
En concreto, el privilegio de la exención del pago del IBI por la propiedad de sus edificios (que cuesta a los municipios en torno a los 1.500 millones de euros) tiene su origen en la Ley Hipotecaria de 1946, que permite a la Iglesia no matricular en el Registro de la Propiedad de Inmuebles a los edificios no inscritos a nombre de nadie. Y hablando de edificios, nos hemos enterado hace poco que en 2006 la Iglesia ha registrado a su nombre ¡La Mezquita de Córdoba! No cabe mayor desatino ni desvergüenza. Parece ser, como nos cuenta Salvador López Arnal, que José María Aznar realizó en 1998 un cambio en la Ley Hipotecaria para permitir a la Iglesia apropiarse (indebidamente, claro está) de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de toda la ciudadanía. Basta con que el señor Obispo de la ciudad de fé y público testimonio de que pertenecen a la Iglesia. Y como nos recuerda en su blog el diputado de ERC Joan Tardà, muchos de los templos y recintos religiosos, históricamente, fueron edificados en suelo público. Por su parte, el PSOE, durante tantos años de gobierno, no fue capaz de modificar ni un ápice los beneficios y privilegios de la Iglesia, y ahora se les llena la boca diciendo que van a revisar los Acuerdos con la Santa Sede. De hecho, el PSOE paralizó la publicación de la Ley de Libertad Religiosa en verano de 2010, en vísperas de las Elecciones Autonómicas catalanas, para evitar abrir un frente laicista en su electorado.
Y sobre todo, hay que denunciar la grave insensibilidad moral de la Iglesia Católica en nuestro país. Insensibles hacia el bienestar social de las clases populares, limitan su acción a la labor social asistencial y de tintes caritativos, pero siendo cómplices de las políticas públicas de austeridad que despliegan nuestros desalmados gobernantes. En palabas de Vicenç Navarro: «No existe plena conciencia en España del enorme conservadurismo de las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en nuestro país, resultado de su histórica alianza con las fuerzas ultraconservadoras que han dominado al Estado Español en los últimos setenta y cinco años«. Su aparente preocupación en paliar los síntomas (la pobreza) de dichas políticas, no puede servir para disfrazar su complicidad con las estructuras de poder responsables de la misma, ante las cuales despliegan un ensordecedor silencio. Denunciamos por tanto el indigno papel de una Iglesia que en momentos de una crisis del capitalismo, que las clases dominantes descargan ferozmente contra millones de personas, contribuye a silenciar y a criminalizar las revueltas populares, con una farsa de solidaridad dirigida a mantener a quienes detentan el poder y la riqueza.
Pero sin lugar a dudas, el tema más sangrante que concierne a la Iglesia es su profunda hipocresía, complicidad y cinismo con respecto a la dictadura franquista. No en vano y ya en su momento, fue el Papa Pío XII quien autorizó a que se inscribiera la glosa «Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios». Sin ir más lejos, el sangrante tema de la desaparición y robo de niños entre 1939 y 1975 ya nos pone los pelos de punta. Parece ser que si al principio las víctimas habían sido presas políticas y sus hijos o hijas, la macabra práctica se extendió y generalizó con el tiempo sobre madres solteras o vulnerables económicamente, para cumplir con lo que la moral franquista (con la criminal complicidad de la moral católica) imponía: castigar a las que habían cometido la osadía de quedarse embarazadas sin tener marido, y a la vez proveer de descendencia a quienes tenían familias «bien constituidas». Sólo por estos hechos, la Iglesia debería estar pidiendo perdón a diario, y no excusaría sus culpas en años. En palabras de Cecilia Valdez: «Una impresionante maquinaria del horror que comenzó a instalarse durante la Guerra Civil, con las primeras prisioneras políticas, y siguió perfeccionándose al calor de las necesidades y el curso que fueron tomando las políticas del dictador a lo largo de 40 años (…). En un contexto siempre de miedo y silencio, el robo de niños, si bien comenzó como un castigo aleccionador, pronto fue mutando sus intereses de acuerdo con las necesidades imperantes de las clases dominantes«.
Pero no terminan aquí las tropelías de nuestra Iglesia Católica, apostólica y romana. Lo último de lo que nos hemos enterado es de que la Iglesia planea un acto de beatificación para 522 curas muertos en la Guerra Civil, lo cual atenta directamente contra la dignidad de todos los que lucharon contra el franquismo. El acto está previsto para el próximo día 9 de Octubre, está organizado por la Conferencia Episcopal, se le ha titulado «Por los mártires del siglo XX en España», y se ha invitado al mismo a la Casa Real. Desde la izquierda, no podemos más que rechazar esta beatificación masiva, porque el Estado Español ha construido, sobre la farsa de la Transición Democrática, un muro de impunidad que pretende obligarnos a olvidar los crímenes de la dictadura fascista franquista. Dictadura a la que la Iglesia dio soporte explícito y con la que colaboró de forma decisiva desde los primeros momentos del Golpe de Estado.
Voy a tomar las palabras de Enrique Ruiz del Rosal, Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, cuando dice: «¿Porqué esta «beatífica» iniciativa de los obispos es humanitaria, reconciliadora y conveniente, y la memoria histórica de los republicanos reabre heridas y es inconveniente? Sólo existe una explicación lógica: los obispos españoles, 74 años después, siguen pensando que los beatos son «los nuestros» y los republicanos no son «los nuestros». El mismo maniqueísmo ramplón de una manera de entender las creencias (religiosas o no) como definidoras de una identidad dominante y excluyente de todas las demás identidades que conforman la vida de las personas. Así suele suceder con la religión, con la nación, la etnia…«, y posteriormente añade: «La jerarquía católica, con estas beatificaciones, sigue identificándose, casi ocho décadas después, con quienes acabaron por la fuerza con el poder civil republicano, con los perpetradores del golpe militar, con los causantes directos de la guerra, y en definitiva, con los vencedores«. Ante tamaña expresión de cinismo, hipocresía y complicidad criminal, sólo nos queda exhortar al fin de los privilegios y del poder e influencia de la Iglesia Católica en nuestro país, exigiendo la denuncia del Concordato con la Santa Sede, la total separación Iglesia-Estado, y que la Educación Pública sea completamente laica, así como realizar un llamamiento por la Tercera República.
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