El Gobierno de España dice que está profundamente comprometido con los derechos humanos, pero no denuncia las violaciones que se cometen en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Desde el reinicio de la guerra entre el F. Polisario y Marruecos se ha incrementado la represión contra civiles saharauis en los territorios ocupados de la excolonia española.
Al Gobierno que preside Pedro Sánchez “se le llena la boca” -hablar repetidamente de algo y después no ser coherente con lo dicho- con las palabras derechos humanos, que no se tienen en cuenta si se trata del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
El año que ha finalizado ha sido especialmente duro para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el territorio que invadió Marruecos hace 45 años tras la vergonzosa entrega que hizo España sin cumplir con la obligación de descolonizar.
Como en años anteriores, durante 2020 los derechos humanos han sido vulnerados reiteradamente en el Sáhara ocupado, pero más aún desde el 13 de noviembre, fecha en la que el Frente Polisario reanudó la guerra con Marruecos, tras romper el ejército marroquí el alto el fuego de septiembre de 1991 atacando a civiles saharauis que protestaban pacíficamente contra la apertura del paso ilegal de Guerguerat.
La población civil saharaui de los territorios ocupados sufre desde ese día un continuo hostigamiento, con cerco y asalto a sus hogares, detenciones, desapariciones, torturas…, lo que han denunciado el Ministerio saharaui de los Territorios Ocupados, y organizaciones como la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), que reclaman la presencia urgente de los organismos internacionales para la protección de la población civil en tiempo de guerra, como la Cruz Roja Internacional.
Y mientras, ¿qué hace el Gobierno de España?. Habla lo menos posible del Sáhara Occidental, aunque la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de reconocer a Marruecos soberanía sobre el Sáhara Occidental ha llevado a la ministra de Asuntos exteriores, Arancha González Laya, a declarar que el futuro de la excolonia española no depende “de la voluntad de un país por muy grande que sea” y a pedir que se respeten las resoluciones de Naciones Unidas sobre este conflicto.
Al Gobierno de Pedro Sánchez se le “llena la boca” al hablar de los derechos humanos: en la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores hay un amplio capítulo dedicado a este tema, en el que se especifica que “España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos”, y que su protección y promoción constituyen “un eje prioritario de la política exterior” y “una exigencia de la sociedad española”.
Con motivo de la pertenencia de España al Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2018-2020, se planteó reivindicar “el papel de los defensores de derechos humanos” y trabajar en su protección. Para ello en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay una Oficina de Derechos Humanos (ODH) que gestiona el Programa de Protección y Acogida Temporal a Defensores de DDHH Amenazados.
En el mismo capítulo se especifica que los DDHH siguen siendo violados por gobiernos “que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas”.
Las violaciones de los DDHH de los saharauis no se condenan
Todo lo anterior es precisamente lo que pasa en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, como han denunciado las principales organizaciones internacionales de DDHH: no se realiza el referéndum de autodeterminación, para el que hay desplegada en el territorio una misión de Naciones Unidas, la MINURSO; se producen desapariciones y se persigue y detiene a activistas de DDHH; se busca y encarcela a periodistas (hay siete informadores en prisión cumpliendo severas condenas), y los presos políticos saharauis, en cárceles marroquíes lejos de sus ciudades, sufren duras condiciones de reclusión. Hasta los más pequeños son detenidos, como ocurrió en noviembre con Hayat Moulay, de 12 años, que fue sometida a torturas psicológicas y físicas, y obligada a besar de rodillas una imagen del Rey de Marruecos, todo ello por haber dibujado en la bata de la escuela una pequeña bandera saharaui.
El Gobierno de Pedro Sánchez nunca se ha pronunciado ni ha condenado las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, -lo que sí hace cuando se producen en otras partes del mundo– a pesar de que España es de derecho la potencia administradora del Sáhara Occidental, como establece la ONU. No solo no las condena, sino que en enero de 2019 el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska -el mismo que como magistrado presidió la sala de la Audiencia Nacional que dejó claro que España sigue siendo potencia administradora del Sáhara- entregó a Marruecos al estudiante saharaui Husein Bachir días después de llegar a Lanzarote en patera en busca de asilo político. Ahora cumple una condena de 12 años en una cárcel de Marrakech.
El Ejecutivo no se pronuncia sobre las violaciones de los DDHH en el Sáhara Occidental a pesar de que ha dicho, refiriéndose esta vez sí al Sáhara Occidental, que “en materia de derechos humanos, el Gobierno español tiene una preocupación constante por su promoción y defensa, ya que esta cuestión es uno de los principios rectores de la política exterior española”.
Esta afirmación la hizo el Gobierno el 18 de diciembre de 2020, en respuesta a una pregunta del senador Carles Mulet García (Compromís) sobre si el Ejecutivo piensa adoptar medidas para impulsar una solución definitiva para el reconocimiento oficial de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y “acabar con las agresiones a la soberanía del pueblo saharaui y a los derechos humanos proferidos por el régimen autoritario de Marruecos”.
El Gobierno manifestó que España no reconoce a la RASD y que “defiende una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”. En la respuesta no se incluyó la autodeterminación del pueblo saharaui, a la que se refirió el presidente Pedro Sánchez en septiembre de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, para después desaparecer de las expresiones del Gobierno.
Un mes más, en diciembre de 2020, en el Sáhara Occidental ocupado ha continuado la represión y la violación de los derechos humanos, así como en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, como muestra la siguiente relación, aproximada, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles.