El TTIP (Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones) es un acuerdo sobre libre comercio e inversión que está negociándose en secreto por la Unión Europea y Estados Unidos. Fue definido por el propio Barack Obama durante el discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013 y se prevé que su resultado culmine […]
El TTIP (Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones) es un acuerdo sobre libre comercio e inversión que está negociándose en secreto por la Unión Europea y Estados Unidos. Fue definido por el propio Barack Obama durante el discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013 y se prevé que su resultado culmine antes de las próximas presidenciales norteamericanas, previstas para 2015. Imperialismo en estado puro con tintes de acuerdo internacional para enmascarar los verdaderos intereses que se ocultan tras esa fachada.
El objetivo principal no es otro que eliminar las regulaciones que limitan los beneficios de las multinacionales. Y estas regulaciones no son otras que los derechos laborales, las normas que rigen el medio ambiente, la privacidad en internet, las garantías bancarias o las normas sobre seguridad alimentaria y el uso de productos químicos tóxicos. «Barreras» es cómo las llaman los paladines de la ortodoxia liberal, así que se trata de «eliminar barreras», muy noble tarea para los prohombres que defienden a ultranza la «libertad de los mercados».
En definitiva, el TTIP es otra vuelta de tuerca neoliberal. Supone la creación del marco jurídico internacional necesario para acometer nuevos avances para los mercados y así los mercaderes de paso hacen caja. Y esto no significa lo que parece sino que encubre la privatización de sectores estratégicos como la sanidad o la educación. Eliminar el principio de cautela de los estándares sobre seguridad alimentaria, liquidar la necesidad de permisos previos para comercializar sustancias químicas peligrosas, impedir el control de capitales o expandir el fracking, son algunos de los logros a alcanzar. Y todo de un solo golpe. Otra jugada maestra del capitalismo atlántico. Ninguna referencia a los pueblos y menos aún a quienes serán víctimas de su desarrollo: las clases populares.
Además de esto, se pronostica ya por sus propios impulsores efectos «prolongados y considerables» sobre el empleo que se proponen mitigar con fondos públicos como el Fondo Social Europeo. A nadie se le escapa que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte causó una pérdida neta de un millón de empleos en EE.UU. en vez de los prometidos cientos de miles de puestos de trabajo. Y esto casa a la perfección con la negativa de EE.UU. a ratificar los convenios de la OIT sobre negociación colectiva, libertad de asociación y derecho a organizarse.
De entre las novedades, destaca la posibilidad de que los inversores extranjeros puedan demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc. Justicia a la carta, que se llama. Y curiosamente, esto no parece entrañar problema alguno de soberanía como los generados por el pueblo escocés o catalán. Al contrario, se trata en definitiva de dotar de más y mejores herramientas a las empresas multinacionales para que amplíen su ámbito de negocio, incrementen sus beneficios y disparen sus cotas de poder a costa de lo que sea. Privatizar la justicia y convertirla así en un medio descarado a favor de los intereses de los poderosos no parece estar ya tan lejos. La tan esperada reforma del sistema judicial no va por donde algunos ingenuos pensábamos. Esta es la justicia de los vasallos y los señores. Se constata así la vuelta a los principios e instituciones jurídicas de la Edad Media.
El TTIP por eso se negocia en secreto. Y esto no es causal sino que está plenamente justificado. Quienes lo van a decidir quieren la impunidad de la opacidad. Y para eso sirven el Parlamento y la Comisión Europea. La foto de los líderes europeos con Barack Obama en la reunión australiana del G-20 deja bien claro quiénes defienden este acuerdo.
Por todo ello, desde Andaluces de Alcalá nos situamos frente al TTIP y llamamos a la ciudadanía a la denuncia de su procedimiento de elaboración. De igual manera, condenamos los efectos que se pretenden con el mismo. Como alternativa propugnamos unas relaciones y acuerdos internacionales basados en las necesidades de los pueblos y donde se reconozcan expresamente el derecho a la libre determinación de los pueblos y se atienda a las necesidades básicas de la mayoría de la población.