Cientos de detenidos están bajo custodia de Estados Unidos, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio, en lugares como la Bahía de Guantánamo, muchos de ellos desde hace más de dos años. Sólo en la Bahía de Guantánamo siguen detenidas aproximadamente 580 personas.En Guantánamo están teniendo lugar dos procesos diferentes. Por un lado, se […]
Cientos de detenidos están bajo custodia de Estados Unidos, la mayoría de ellos sin cargos ni juicio, en lugares como la Bahía de Guantánamo, muchos de ellos desde hace más de dos años. Sólo en la Bahía de Guantánamo siguen detenidas aproximadamente 580 personas.
En Guantánamo están teniendo lugar dos procesos diferentes. Por un lado, se está preparando una comisión militar para los presos que han sido acusados formalmente en aplicación de la orden ejecutiva en materia militar firmada por el presidente Bush en noviembre de 2001. Por otro lado, y con independencia de lo anterior, se han convocado unos Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente para revisar, con carácter administrativo, si los detenidos son «combatientes enemigos» y deben permanecer detenidos.
Hasta la fecha, el presidente Bush sólo ha determinado la aplicación de la orden que firmó en noviembre de 2001 a quince detenidos. La orden permite que las personas que no sean ciudadanos de Estados Unidos permanezcan detenidas indefinidamente, sin cargos ni juicio, o que sean enjuiciadas por comisiones militares, que son órganos ejecutivos, y no tribunales independientes o imparciales.
En julio de 2003 se aplicó la orden a los primeros seis detenidos, que llevan meses recluidos en régimen de aislamiento, cuyo bienestar y la posibilidad de que hagan declaraciones bajo coacción suscitan una gran preocupación (http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511052004 ).
De los seis, cuatro han sido acusados formalmente: Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul, de nacionalidad yemení; Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, sudanés; David Matthew Hicks, australiano; y Salim Ahmed Hamdan, yemení. Los cargos incluyen conspiración para cometer actos de terrorismo. Los dos restantes, de nacionalidad británica, Moazzam Begg y Feroz Ali Abbasi, siguen detenidos sin cargos ni juicio en la Bahía de Guantánamo.
El 7 de julio de 2004, el Pentágono anunció que el presidente Bush había decidido someter a la orden a otros nueve detenidos bajo custodia estadounidense, que no han sido identificados ni acusados. Se desconoce si alguno de ellos está en Guantánamo.
La vista preliminar de las actuaciones que se siguen contra los cuatro detenidos acusados formalmente se celebrará la semana del 23 de agosto de 2004 en una sala construida en la Bahía de Guantánamo y únicamente ante el presidente de la comisión, el coronel Peter E. Brownback, juez militar retirado. Se prevé que éste escuchará las peticiones previas al juicio, fijará las fechas de éste y será interrogado por los abogados de la defensa y la acusación sobre su idoneidad para actuar en las comisiones militares.
No se pedirá la pena muerte en estos cuatro casos, pues los encausados comparecerán ante una comisión de cinco miembros (los juicios con pena de muerte deben celebrarse ante una comisión de siete miembros). La pena máxima que podrá imponerse en estos casos será la de cadena perpetua. La condena es a discreción de los miembros de la comisión. No existen directrices detalladas. Incluso si un encausado resultase absuelto, podría ocurrir que no fuera excarcelado necesariamente, sino devuelto a la situación de detención indefinida, hasta que un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente determine que ha dejado de ser un «combatiente enemigo».
Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente -un procedimiento totalmente distinto de las comisiones militares- fueron creados por la administración estadounidense en respuesta a la histórica resolución que adoptó la Corte Suprema en junio de 2004, que decidió que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre los detenidos de Guantánamo. Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, cada uno de los cuales está integrado por tres oficiales del ejército, se han creado para determinar si cada detenido debe o no permanecer recluido. Los detenidos no tienen acceso a un abogado para esta revisión administrativa y algunos ya se han negado a participar.
El 13 de agosto el Pentágono informó de que estos tribunales habían estudiado 21 casos y que estaban en preparación otros 150. En los cuatro casos finalizados en esa fecha el detenido fue considerado «combatiente enemigo», por lo que debía permanecer detenido. Amnistía Internacional teme que la administración esté intentando limitar el ámbito de cualquier revisión judicial futura de los casos de los detenidos (véase http://web.amnesty.org/library/Index/eslAMR511132004).
Si desean más información sobre las comisiones militares, consulten: Los juicios ante comisiones militares se acercan. Páginas 51-56, Estados Unidos de América: La amenaza de un mal ejemplo: Se socavan las normas internacionales mientras continúan las detenciones relacionadas con la «guerra contra el terrorismo», agosto de 2003,
La amenaza de los juicios por comisiones militares. Páginas 41-53, Estados Unidos: Memorándum al gobierno estadounidense sobre los derechos de las personas que están bajo la custodia de Estados Unidos en Afganistán y en Guantánamo, abril de 2002,
Estados Unidos: Las comisiones militares, justicia de segunda clase, 22 de marzo de 2002,
Estados Unidos: La orden presidencial sobre tribunales militares amenaza los principios fundamentales de la justicia, 15 de noviembre de 2001,