No han pasado muchos años y el estado francés ya quiere reivindicar su pasado colonialista. La ley aprobada el 23 de febrero de 2005 trata de rehabilitar los crímenes y a los asesinos de la guerra en Argelia entre 1954 y 1962. El próximo 6 de julio el ayuntamiento de Marignane (en la periferia de […]
No han pasado muchos años y el estado francés ya quiere reivindicar su pasado colonialista. La ley aprobada el 23 de febrero de 2005 trata de rehabilitar los crímenes y a los asesinos de la guerra en Argelia entre 1954 y 1962.
El próximo 6 de julio el ayuntamiento de Marignane (en la periferia de Marsella) tiene previsto inaugurar un monumento en memoria de Roger Degueldre y realizar una manifestación en memoria de los caídos de la OAS (Organización Armada Secreta). Degueldre fue el creador de los comandos ‘Delta’, de la organización paramilitar de extrema derecha OAS, durante la guerra contra Argelia. Condenado a muerte por el tribunal militar de justicia, fue fusilado el 6 de julio de 1962.
El anuncio de este homenaje ha suscitado la indignación en la sociedad argelina y numerosas organizaciones de ese país ya han alzado su voz contra lo que consideran «el negacionismo de los crímenes coloniales animado por la ley del 23 de febrero». Asociaciones de defensa de derechos humanos y de lucha contra el racismo, la Liga de los derechos del hombre y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP), sindicatos como la Liga de la enseñanza, la Asociación de los Amigos de Max Marchand y Mouloud Feraoun y el Colectivo de los Historiadores contra la ley de febrero de 2005 han hecho un llamamiento para realizar, el próximo viernes 17, un acto de protesta contra la tendencia en «el sur de Francia de exhibir, cada vez más ostensiblemente, monumentos y placas que llevan el nombre de asesinos de la OAS erigidos en héroes y en víctimas».
Esta actitud negacionista no es francamente nueva, pero hasta el momento se había limitado a nostálgicos de la «Argelia francesa» cuyas provocaciones no habían salido de una suerte de folklore macabro sin alcance político real.
Una ley controvertida
La Ley francesa de febrero ordena a los profesores de historia, en su artículo 4, reconocer «el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, particularmente en África del Norte». Y en su artículo 13, rehabilita a los antiguos miembros de la OAS, estableciendo indemnizaciones a los que fueron condenados, encarcelados o a los que huyeron al extranjero, y restableciéndoles los derechos de los que habían sido privados.
Para la prensa argelina, esta ley convierte a los asesinos en víctimas y exonera a los autores y responsables de crímenes monstruosos. Al tiempo que entierra definitivamente las responsabilidades del Estado francés con respecto a la tortura y los atropellos cometidos por el ejército durante la guerra de Argelia. Ese es el modo en que Francia salda su pasado imperialista.
La «Declaración de Argel», firmada por Jacques Chirac en marzo de 2003, pasa de tratado de amistad entre ambas naciones a papel mojado. El presidente francés juega pues a dos barajas: por una parte, estrechando la mano a ex combatientes del Frente de Liberación Nacional argelino (FLN); y por otra, trabajando para que los nostálgicos del colonialismo tengan un lugar de memoria nacional.
Hasta el momento, el ejecutivo argelino ha guardado oficialmente silencio sobre ésta polémica. Pero las declaraciones de un personaje destacado como Abdelaziz Belkhadem, secretario general del FLN, ex ministro de Asuntos Exteriores y, actualmente, ministro de Estado (representante personal del Presidente), advirtiendo de los problemas que se podían derivar de la aprobación de tan polémica Ley, podrían significar, sin ninguna duda, la postura oficiosa del gobierno de Argelia.
Belkhadem responsabilizó al Parlamento francés por haber adoptado una medida que podría echar por tierra «el difícil restablecimiento de las relaciones entre Argelia y Francia», además condenó «con la firmeza más grande esta voluntad de justificación de la barbarie». En los próximos días, otros partidos e incluso el propio gobierno argelino podrían corroborar esta misma postura.
Voces en Francia
Del mismo modo resulta iluso pensar que la ley de febrero fuera presentada, debatida y adoptada por el Parlamento sin el aval de Jacques Chirac y sin el consenso de las fuerzas políticas de la derecha francesa. Sin duda un guiño a cierto electorado cuya aportación podría ser decisiva de cara a próximas consultas.
Pero también voces honestas se alzan contra esta política «negacionista». Claude Liauzu, historiador y profesor emérito de la Universidad de París «Denis-Diderot», y los historiadores Gérard Noiriel y Gilbert Meynier, iniciaron un movimiento de protesta contra la Ley de febrero.
En una entrevista concedida al periódico francés Liberation el pasado 10 de junio, Liauzu aseguró que existe «movimiento evidente de rehabilitación del colonialismo». Igualmente recordó el papel de lobby que ciertas asociaciones ligadas a antiguos luchadores de la OAS han realizado desde 2003 con la llegada al poder del anterior primer ministro Jean-Pierre Raffarin. Estas organizaciones consiguieron que la Ley fuera aprobada con sus condicionamientos y han logrado multiplicar los monumentos que glorifican a la OAS, por diversas ciudades del país: Toulon, Niza, Théoule-sur-Mer, Perpiñán…
Para el historiador se trata de grupos de extrema derecha que tienen en el corazón de su doctrina la noción de raza, y afirman la superioridad de «la civilización blanca» sobre «las razas inferiores».
Liauzu advirtió que los lugares donde se hallan estos monumentos y donde se han realizado los actos de homenaje «se trata de ciudades del Sur en las cuales se instaló el núcleo duro de los repatriados» de Argelia, y por ello las fuerzas políticas de derecha evitan perder votos que puedan ser preciosos en la situación actual. Y añadió que «la amnistía de los miembros de la OAS prohibe acusarlos y perseguirlos, [lo que] es un modo ejemplar de instalar la amnesia». Por todo ello, desde su grupo piden que se prohiba la inauguración del monumento de Marignane y se congelen los polémicos artículos de la Ley.