La Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, presentada por el presidente Abdelaziz Bouteflika, parece estar siendo bien acogida por la mayoría de los argelinos, que ya se expresaron en el mismo sentido con motivo del referéndum sobre la concordia civil en 1999. Desde que el presidente Bouteflika mostró su intención de llevar a […]
La Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, presentada por el presidente Abdelaziz Bouteflika, parece estar siendo bien acogida por la mayoría de los argelinos, que ya se expresaron en el mismo sentido con motivo del referéndum sobre la concordia civil en 1999.
Desde que el presidente Bouteflika mostró su intención de llevar a cabo el proyecto de reconciliación nacional, eje central de su programa electoral, siempre ha insistido en que esta iniciativa no supondría una amnistía general. La propuesta será llevada a referéndum el próximo 29 de septiembre, y aunque los sondeos parecen dar el respaldo al plan presidencial, lo cierto es que existen muchas dudas de que la participación pueda ser lo suficientemente elevada como para dar legitimidad al resultado.
Tras una década de cruenta guerra civil, una parte de la opinión pública argelina se muestra escéptica al considerar que todos los implicados en actos de violencia serán perdonados con tal de que hayan abandonado las armas.
La Liga argelina de derechos del hombre (LADDH), a cuyo frente se encuentra la abogada Boudjema Ghechir, considera que «los derechos humanos y las libertades fundamentales podrían ser socavados por ciertas disposiciones de la carta, incluido el derecho a la protección de la memoria colectiva», algo que consideran fundamental esclarecer para alcanzar la paz. «Luchar contra la impunidad es un elemento central de las reparaciones y la equidad para las numerosas víctimas y sus familias» antes de pasar tan dolorosa página del pasado cercano en Argelia, afirmó hace unos días la señora Ghechir.
Desde el 1999, ningún dirigente de los diferentes grupos armados ha pedido perdón a las familias de las víctimas ni han expresado el menor pesar sobre los crímenes cometidos.
Bouteflika se encuentra inmerso en un intenso programa de actos por todo el país, donde explicar los objetivos de la reconciliación y animar a la gente a ratificar el proyecto que será llevado a consulta a fin de mes. Para el presidente este «no es el fin del proceso. Otras medidas serán necesarias a lo largo del camino», reiterando que no se trata de un perdón general para los culpables.
El referéndum también pondrá fin a los Grupos de Legítima Defensa (GLD), una organización paramilitar creada por el estado mayor del ejército en 1994, con el doble objetivo de recabar información y enfrentarse a los grupos islamistas armados en las zonas rurales contando para ello con hombres de la zona.
Varios partidos políticos y asociaciones ya se han mostrado favorables a la propuesta, apoyando los actos públicos en los que está participando Bouteflika.
Asociaciones de mujeres y organizaciones feministas también han declarado su adhesión a la Carta. Para muchas de ellas el paso presidencial es «el único medio» para sacar a Argelia de la crisis.
Subrayando esta postura, la presidenta de la asociación Iqraa, Aïcha Barki, precisó que la Carta permitirá al país «salir del túnel para dedicarse al desarrollo y a la reactivación socioeconómica».
Barki aseguró que los habitantes de las regiones afectadas por el terror volvieron a sus hogares después de que se restaurara la seguridad gracias a la labor desarrollada por el presidente de la República.
La secretaria general de la Unión Nacional de las Mujeres Argelinas (UNFA), Nouria Hafsi, recordó que «la mujer fue doblemente víctima de la violencia terrorista» al tiempo que valoró el proyecto por cuanto coloca «el interés nacional por encima de todas las consideraciones partidarias o ideológicas».
En la misma línea, la presidenta de la Asociación argelina para la promoción de la mujer rural, Saïda Benhabyles, consideró la reconciliación nacional como «una reivindicación popular», añadiendo que la paz «es una condición sine qua non para la materialización de un desarrollo nacional duradero».
La iglesia católica también ha mostrado su apoyo a la paz y la reconciliación nacional, según declaró esta semana el arzobispo de Argel, Henri Teissier. Subrayando la fe común en Dios de cristianos y musulmanes, Teissier afirmó que «la fe nos compromete a considerar que la reconciliación nos lleva al perdón». Sin embargo, precisó, «el perdón es un acto personal y responsable que necesita tiempo. Supone, para alcanzar su eficacia plena, que los agresores reconozcas sus culpas y acepten el perdón» porque «ninguna ley puede imponer el perdón y el perdón no puede sustituir a la justicia».
Entre los que se oponen, fundamentalmente asociaciones de derechos humanos, existe malestar al carecer de los medios necesarios para organizar una campaña donde poder explicar su negativa.
En declaraciones a la prensa, el Comité de Ciudadanos para la Defensa de la República (CCDR) rechazó la forma y el fondo en que el presidente ha presentado su propuesta, argumentando que «no puede haber reconciliación nacional entre dos proyectos de sociedad diametralmente opuestos». Para esta organización «el pueblo no puede, como se le pide, conceder carta blanca al jefe del Estado para medidas tan determinantes para su futuro. Medidas cuyo contenido y alcance ignora» y que podrían «desembocar en una amnistía general que deje en la impunidad crímenes imprescriptibles».
También la Coalición para la Cultura y la Democracia (RCD) denunció ante los medios de comunicación la ausencia de debate y rechazó «toda concesión hecha a los islamistas radicales».
Por su parte, el Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS) mostró su oposición al referéndum y propuso el boicot al mismo.
Cuando faltan apenas unos días para que los argelinos expresen su decisión en las urnas, un constante flujo de opiniones no dejan de aparecer en los medios de prensa tratando de aproximar sus posturas a la sociedad.