La administración de Barack Obama se esfuerza por justificar sus «asesinatos selectivos» contra ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo mientras crece el debate sobre la legalidad de estas operaciones. No hay forma de reparar el daño. Un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense cuando el operador de […]
La administración de Barack Obama se esfuerza por justificar sus «asesinatos selectivos» contra ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo mientras crece el debate sobre la legalidad de estas operaciones.
No hay forma de reparar el daño. Un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense cuando el operador de la nave confundió los lentes de largo alcance del reportero con un lanzagranadas.
A pesar de estos riesgos y del peligro que suponen los ataques para población civil inocente, las autoridades contraterroristas del gobierno de Obama siguen defendiendo el derecho de Washington a identificar como objetivos a ciudadanos estadounidenses considerados una amenaza para capturarlos o matarlos sin juicio previo.
El director del Centro Nacional Contraterrorista, Michael Leiter, citó como ejemplo el peligro que supuestamente supone el clérigo Anwar al-Awlaki, vinculado con la red radical islámica Al Qaeda.
Al-Awlaki, de 39 años, nació en Las Cruces, en el meridional estado de Nuevo México. Es un conferencista internacional con ciudadanía doble, estadounidense y yemení.
Este líder espiritual y ex imán habría inspirado con sus opiniones a peligrosos terroristas islámicos. Se dice que a sus sermones acudían tres de los atacantes suicidas que perpetraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Leiter no dijo claramente si Al-Awlaki se encontraba en la lista de objetivos, pero otros altos funcionarios de Washington han confirmado que efectivamente el clérigo está en la mira.
Gran parte del debate sobre estas ejecuciones extrajudiciales se ha centrado en el hecho de que violan la Constitución de Estados Unidos, pero expertos insisten en que también se debe subrayar que infringen las leyes internacionales de la guerra.
«Estos asesinatos políticos o selectivos, también llamados ejecuciones extrajudiciales, son realizados por orden de un gobierno, y a veces incluso sin conocimiento de éste, fuera de cualquier marco legal», dijo Marjorie Cohn, ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados.
La experta citó un informe de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas señalando que «las ejecuciones extrajudiciales nunca podían ser justificadas bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra».
«El asesinato premeditado es una grave violación a las Convenciones de Ginebra», añade el informe.
Cohn sostuvo que la situación se agrava considerando que Estados Unidos no está formalmente en una guerra.
Por su parte, Daphne Eviatar, de la organización Human Rights First, explicó a IPS: «El problema con el programa de aviones no tripulados del gobierno es que no le ha dado al público la suficiente información para determinar si está cumpliendo con los requerimientos legales», indicó.
«El hecho de que alguien sea objeto de sospechas de tener vínculos con Al Qaeda o apoyar Al Qaeda no lo hace miembro de una fuerza extranjera que lucha contra Estados Unidos, o alguien que participe directamente en hostilidades contra» intereses estadounidenses, añadió.
«Mientras Estados Unidos no provea información, no sólo sobre a quién están tomando como objetivos sino sobre qué evidencia existe para que esa persona sea tomada como tal, no podremos saber si lo que estamos haciendo es legal», añadió.
En tanto, el abogado constitucionalista Scott Horton, colaborador de la revista semanal Harper’s, dijo a IPS que existían dos formas «en las que el gobierno podía justificar el asesinato extrajudicial de un ciudadano estadounidense».
«Una es cuando la persona está en el acto mismo de cometer un delito que pone en riesgo la vida de otros, o los puede herir gravemente, y no hay otra forma de detenerlo. La otra es en el contexto de una guerra», explicó.
«La administración de Obama parece pensar que el segundo caso es aplicable a Al-Awlaki, pero si tiene la evidencia para demostrarlo, ciertamente no se la ha presentado al público», indicó.
Y aun si contara con esa evidencia, añadió, «no ha explicado por qué no simplemente lo arrestan y lo traen para que responda por las acusaciones basadas en los crímenes que ellos creen ha cometido, que al parecer incluyen actividades terroristas y quizás traición».
«Obviamente necesitan explicar por qué eso no funcionaría y por qué deben lanzar bombas con riesgo de matar a decenas de civiles inocentes para poder asesinar a Al-Awlaki», señaló Horton.
El coronel Morris Davis, ex fiscal en jefe para casos de terrorismo del Departamento de Defensa, llamó la atención pública cuando afirmó que el sistema de justicia militar se había corrompido por la política y por la influencia inapropiada de altos funcionarios del Pentágono.
«La quinta enmienda establece que los ciudadanos estadounidenses no pueden ser ‘privados de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso de la ley'», explicó a IPS.
«Si la Constitución prohíbe al gobierno sacarte tu casa sin una audiencia previa y sin darte la oportunidad de defenderte, parece un poco irónico que pueda sacarte la vida con aun menos formalidad y menos proceso previo», añadió.
El profesor Francis Boyle, de la Universidad de Illinois, tiene serias críticas al programa del gobierno de Obama de con aviones no tripulados.
«Lo que se propone aquí con Al-Awlaki y otros ciudadanos estadounidenses en la ahora abiertamente admitida lista de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) es un asesinato, una ejecución extrajudicial, una grave violación a su derecho a la vida, a los derechos humanos y a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos», dijo a IPS.