Con el anuncio del lanzamiento de la candidatura de Barack Obama para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2012, se ha abierto oficialmente la campaña electoral en este país. Al contrario de lo que se hubiera podido esperar hace 2 años, Obama enfrenta un difícil panorama y su reelección no parece estar garantizada. […]
Con el anuncio del lanzamiento de la candidatura de Barack Obama para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2012, se ha abierto oficialmente la campaña electoral en este país. Al contrario de lo que se hubiera podido esperar hace 2 años, Obama enfrenta un difícil panorama y su reelección no parece estar garantizada. A pesar de la estabilización del sistema financiero, lograda a través de la entrega masiva de recursos públicos por medio de mecanismos opacos a los mismos responsables de generar la crisis, la economía real aún continúa esperando la llegada de una verdadera recuperación económica. Mientras que el 89 % de los beneficios del crecimiento económico de los Estados Unidos durante la administración Obama han ido a parar al sector corporativo, los ciudadanos comunes continúan enfrentando una dura realidad caracterizada por altos niveles de desempleo, salarios a la baja y números record de desalojos de hogares. Es precisamente la incapacidad de esta administración de proveer respuestas y soluciones a los acuciantes problemas de la población que pone en entredicho su capacidad para obtener la reelección, a pesar de poseer una maquinaria publicitaria con más de 1.000 millones de dólares disponibles para este fin.
Sin embargo, esta situación no es sorpresiva, si se tienen en cuenta las opciones que Obama tomó desde el principio de su administración. Mientras algunos esperaban que éste nombrara un equipo económico profundamente renovado para poder poner en marcha un New Deal, con miras a cambiar el capitalismo, aunque no abolirlo, y a instaurar una nueva era de regulación de la economía, la realidad fue diferente. Obama eligió a los más conservadores entre los consejeros demócratas, los mismos que organizaron una desreglamentación desbocada durante la presidencia de Bill Clinton, a finales de los noventa. Cuando nos detenemos en tres nombres emblemáticos, la coherencia de su elección es reveladora.
El primero de dichos consejeros es Robert Rubin, secretario del Tesoro entre 1995 y 1999. Desde que llegó al Tesoro tuvo que enfrentarse con la crisis financiera de México, primer gran fracaso del modelo neoliberal en los años noventa. Luego impuso, junto con el FMI, un tratamiento de choque que agravó las crisis producidas en el sureste asiático en los años 1997-1998, y después en Rusia y Latinoamérica en 1999. R. Rubin no dudó nunca de los beneficios de la liberalización y contribuyó decididamente a imponer a la población de los países emergentes políticas que degradaron sus condiciones de vida y aumentaron las desigualdades. En Estados Unidos, ejerció su potente influencia para conseguir la abrogación de la Glass Steagall Act, o Banking Act, vigente desde 1933, y que, en especial, declaraba la incompatibilidad de los bancos de depósitos con los bancos de inversiones. De este modo, la puerta quedó abierta para toda suerte de excesos de los financieros ávidos del máximo beneficio, lo que posibilitó la crisis internacional actual. Para rizar el rizo, la derogación de la Banking Act permitió la fusión de Citicorp con Travelers Group para formar el gigante bancario Citigroup. En el año 2000, Robert Rubin se incorporó a la dirección del Citigroup, que el gobierno estadounidense tuvo que salvar, con urgencia, en noviembre de 2008, ¡garantizándole más de 300.000 millones de dólares de activos! Hay que decir que los servicios prestados por Rubin como presidente del comité ejecutivo del Citigroup fueron generosamente retribuidos. Según el Financial Times, Rubin percibió más de 118 millones de dólares en concepto de salario más bonos y acciones entre 1999 y 2008. [2] Pues bien, fue precisamente en el curso de su mandato cuando el Citigroup se lanzó a una política financiera cada vez más aventurada que condujo al fiasco que conocemos, que costó al Tesoro público estadounidense la astronómica suma de 45.000 millones de dólares. [3] A pesar de ello, Robert Rubin es uno de los principales asesores externos de Barack Obama.
La segunda personalidad en escena es Lawrence Summers, heredado del puesto de director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Sin embargo, su carrera contiene cierto número de manchas que deberían ser indelebles. En diciembre de 1991, mientras era economista jefe del Banco Mundial, Summers osó escribir en una nota interna: «Los países con escasa población de África tienen una bajísima contaminación. La calidad del aire es de un nivel inútilmente mayor que la de Los Ángeles o de México. Es necesario alentar el desplazamiento de las industrias contaminantes hacia los países menos avanzados. Debe existir cierto grado de contaminación en los países en los que los salarios son más bajos. Pienso que la lógica económica que dice que los residuos tóxicos deben volcarse allí donde los salarios son los más bajos es imparable. […] La inquietud [a propósito de los agentes tóxicos] será evidentemente mayor en un país donde la gente vive bastantes años como para enfermar de cáncer, que en un país donde la mortalidad infantil en menores de cinco años es del 200 por mil.» [4] Con Summers en los mandos, el capitalismo productivista gozará de un espléndido porvenir.
Habiendo sido nombrado secretario del Tesoro durante el gobierno de Clinton, en 1999, Summers presionó al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para que se sacara de encima a Joseph Stiglitz, que lo había sucedido en el puesto de economista jefe y que era muy crítico con las orientaciones neoliberales que Summers y Rubin ponían en marcha en todas las partes del mundo donde estallaban incendios financieros. Después de la llegada de George W. Bush, Summers continuó su carrera convirtiéndose en presidente de la universidad de Harvard en 2001, pero se destacó particularmente en febrero de 2005, cuando logró la enemistad de toda la comunidad universitaria después de una discusión en la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, sus siglas en inglés). [5] Preguntándose sobre las razones por las que hay escasas mujeres en los puestos elevados en el ámbito científico, afirmó que las mujeres están menos dotadas que los hombres para las ciencias, descartando cualquier otra explicación posible como el origen social y familiar, o una voluntad de discriminación. Esto provocó una gran polémica [6] , tanto en el interior como en el exterior de la universidad. A pesar de sus excusas, las protestas de una mayoría de profesores y estudiantes de Harvard lo obligaron a dimitir en 2006.
Si bien su responsabilidad en la situación actual todavía no está demostrada, su biografía, que se puede consultar en el sitio internet de la universidad de Harvard de la época de su presidencia, confirma que «ha dirigido el esfuerzo de la puesta en marcha de la más importante desreglamentación financiera de estos últimos 60 años». ¡No se podría ser más claro! Lawrence Summers renunció en septiembre 2010 del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.
La tercera personalidad del equipo de economistas es Paul Volcker, quien, como presidente de la Reserva Federal, había aumentado drásticamente, en octubre de 1979, los tipos de interés en Estados Unidos. Esto constituyó, por un efecto de contagio internacional, el principal detonante de la crisis de la deuda pública, tanto en el Sur [7] como en el Norte del planeta, a principios de los años 80.
La cuarta personalidad elegida por Obama, Timothy Geithner, ha sido nombrado secretario del Tesoro. Justo antes de su designación era presidente del Banco Central de Nueva York. Había sido subsecretario del Tesoro encargado de las relaciones internacionales entre 1998 y 2001, adjunto sucesivamente de Rubin y de Summers, y activo, en particular, en Brasil, México, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia, todos símbolos de los desastres del neoliberalismo, que sufrieron graves crisis durante ese período. Las medidas promovidas por este cuarteto infernal hicieron recaer el coste de la crisis sobre las poblaciones de estos países. Rubin y Summers son los mentores de Geithner. En febrero de 2009, Geithner estuvo a punto de no ser nombrado porque la prensa reveló que había defraudado al fisco ocultando una remuneración percibida del FMI. El lucro cesante del Tesoro público se elevaba a 34.000 dólares [8] . Finalmente, para obtener su puesto, reembolsó su deuda al Tesoro. Con Obama, Geithner continúa defendiendo las grandes instituciones financieras privadas, sordo a los derechos humanos fundamentales, ridiculizado en Estados Unidos y en cualquier lado debido a las políticas económicas que defiende con vehemencia.
La decisión de Barack Obama no era trivial, habría podido cambiar la propuesta, designando a consejeros que mantienen una orientación keynesiana. Economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Nouriel Roubini y James K. Galbraith estaban de acuerdo en aceptar esta responsabilidad. Pero Obama optó por unos economistas responsables de la desreglamentación bancaria de los años 90, en otras palabras, amigos o agentes de Wall Street.
La política económica que Barack Obama y su equipo han puesto en práctica en 2009 está muy lejos de la desarrollada en 1933 por Franklin D. Roosevelt en los primeros 100 días de su primer mandato.
El Cambio que No Fue
A pesar de ser elegido sobre la premisa de cambio, tras 2 años en el poder Obama ha demostrado que está más que satisfecho en cumplir un rol de mero guardián del status quo actual. En contra de las expectativas de ciertos sectores, la administración Obama sostuvo el rumbo fijado por la administración Bush en temas claves de la agenda de política exterior y económica. La diferencia entre ambos gobiernos ha sido entonces más una cuestión de estilo que de fondo.
La falta de acciones concretas que hagan frente a la crisis social originada en el colapso económico y financiero de 2008, ha erosionado la base de apoyo de la administración Obama. A la fecha, 14.4 millones de familias han perdido sus hogares desde el inicio de la crisis y cerca de 25 millones de personas se encuentran desempleadas o en condiciones precarias de empleo. Las políticas implementadas hasta el momento, antes que atender a las urgentes necesidades de este vasto segmento de la población norteamericana, han sido dirigidas a apoyar y asegurar la supervivencia de las instituciones financieras responsables de la crisis económica.
Teniendo en cuenta la composición del equipo económico de la administración Obama conformado, como se ha señalado, por miembros de los equipos económicos de Clinton y Bush, el camino seguido no ha debido representar ninguna sorpresa. Personas directamente responsables por los excesos de instituciones financieras en su calidad de reguladores de las mismas, como Timothy Geithner o Ben Bernanke, enfrentaron desde el principio serios conflictos de intereses. Su interés personal recae claramente sobre encubrir su responsabilidad más que sobre la implementación de medidas que busquen superar la crisis económica. Perder de vista este elemento de responsabilidad, no solamente política sino también judicial, impediría comprender cómo, ante las denuncias de abusos por parte de instituciones financieras en el desalojo de familias de sus hogares o de especulación con los fondos de rescate provistos por el gobierno, la Casa Blanca ha defendido los intereses de Wall Street una y otra vez.
Sin embargo, está claro que la claudicación más importante tuvo lugar con la Ley de Reforma Financiera Frank-Dodd. Desaprovechando la oportunidad real que se presentó durante la crisis de poner en cintura al sector financiero, la administración Obama llevó adelante la implementación de una supuesta reforma que falla por completo en imponer controles en las áreas críticas de operación de dicho sector. Aprobada en 2010, dicha Ley no sólo no condena el uso de dudosas prácticas contables que permiten esconder las pérdidas en las hojas de balance, sino que también fortalece las prerrogativas de las instituciones «Demasiado Grandes para quebrar», y deja completamente de lado la regulación de los mercados de derivados financieros. Esta actitud permisiva hacia el sector financiero por parte de la administración Obama es la que permite explicar que ningún ejecutivo de este sector haya sido procesado judicialmente tras una crisis que el FBI, ya en 2004, había caracterizado como una epidemia de fraudes.
Ante esta situación no es sorpresivo que el pueblo norteamericano haya dado la espalda al Partido Demócrata en las elecciones del Congreso y Senado que tuvieron lugar en noviembre de 2010. Con un discurso ultraconservador, y aprovechándose de la incertidumbre y ansiedad que caracterizan un entorno de crisis económica, el Partido Republicano retomó el control sobre el Congreso y amenaza con tomar el control del Senado en 2012. Como respuesta a la pérdida del Congreso, Obama dispuso algunos cambios en su equipo económico, con la salida de miembros prominentes del mismo, como Lawrence Summers, Cristina Roehmer y Paul Volcker. Sin embargo, los reemplazos indican que los cambios sólo tienen un carácter cosmético. Estos incluyen a Gene Sperling, antiguo miembro de la administración Clinton y fuerte defensor de los recortes impositivos, Jeffrey Inmelt, previamente director de la multinacional General Electric, y William Daley, previamente alto ejecutivo de JP Morgan.
El nuevo escenario que ha tenido lugar desde noviembre de 2010 le ha permitido al Partido Republicano bloquear completamente a la administración Obama, dadas las prerrogativas del Congreso sobre el presupuesto del gobierno y el nivel de la deuda publica. La estrategia de bloquear de los Republicanos de bloquear sistemáticamente al gobierno, para así disminuir las posibilidades de una reelección, ha llegado a su mas clara expresión en la actual batalla para elevar el limite de la deuda Federal. Esta prerrogativa del Congreso de los Estados Unidos fija un monto máximo de deuda que puede ser emitida por el Gobierno Federal y fue creada como un mecanismo para ejercer control por parte del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Históricamente el elevar el limite de la deuda federal ha sido una operación política llevada a cabo sin mayores contratiempos. Sin embargo en el contexto actual, y tal como ocurrió en 1995, el partido republicano esta utilizando su control del Congreso para forzar al gobierno a realizar recortes en el gasto social a riesgo de negarse a elevar el limite de la deuda. Esa vez el limite no fue elevado por un tiempo y se presentaron algunas disrupciones menores en los mercados financieros. Sin embargo esto ocurrió en un contexto de fuerte expansión de la economía norteamericana. En la situación actual, una cesación parcial de pagos podría volver a poner al sistema económico y financiero de los Estados Unidos en una situación de fragilidad e inestabilidad.
Si es posible aprender de la historia reciente, los mas afectados por una nueva recaída económica serán los despojados y desempleados de la sociedad norteamericana, mientras que los banqueros y especuladores continuaran siendo protegidos por la administración Obama. Este definitivamente no fue el cambio por el cual el pueblo norteamericano voto lleno de esperanza en el 2008.
[1] . Éric Toussaint , doctor en Ciencias Políticas por las Universidades de Lieja y de París VIII, presidente del CADTM Bélgica, es autor de Una mirada al retrovisor, Icaria, 2010; La crisis global, El Viejo Topo, 2010; 60 preguntas/60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria 2009. Daniel Munevar, economista, CADTM Colombia, es miembro de la coordinadora del CADTM Abya-Yala Nuestra America (CADTM AYNA).
[2] . «Mr. Rubin, que permaneció como uno de los directores del Citi, había recibido más de 118 millones de dólares (unos 80 millones de euros) de salario, bonos y una compensación de base desde que se unió a los servicios financieros en Estados Unidos, en 1999, como presidente del comité ejecutivo. Financial Times, 26 de agosto de 2008.
[3] El Tesoro público aportó 45.000 millones de dólares al Citigroup en 2008. A ello se añade una garantía del Estado hasta 306.000 millones de dólares. Una suma que nunca se había alcanzado. Véase http://www.nytimes.com/2009/
Debido a este «rescate» el Estado estadounidense es accionista del Citigroup (34 %).
[4] . Han sido publicados extractos en The Economist, (8 de febrero de 1992), así como en Financial Times (10 de febrero de 1992) con el título «Preservad al planeta de los economistas».
[5] . Financial Times , 26-27 de febrero de 2005.
[6] . La polémica también estuvo alimentada por la desaprobación del ataque lanzado por Summers contra Cornel West, un universitario negro y progresista, profesor de Religión y de Estudios afroamericanos en la universidad de Princeton. Summers, pro sionista, denunció a West por antisemita porque éste sostenía la acción de los estudiantes que exigían un boicot a Israel mientras el gobierno israelí no respetara los derechos de los palestinos. Véase el Financial Times del 26-27 de febrero de 2005. Actualmente Cornel West, que ha apoyado a Obama con entusiasmo, se asombra de que se haya rodeado de Summers y Rubin. Véase www.democracynow.org/2008/11/
[7] En el caso de la crisis de la deuda de los países en desarrollo que estalló en 1982, hay que sumar un segundo detonante: la brusca caída del precio de los productos primarios que originó una drástica reducción de los ingresos por exportaciones, a los que los gobiernos pueden recurrir para pagar la deuda externa pública.
[8] Véase http://www.npr.org/templates/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.