La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos infirió una gran derrota al presidente George W. Bush, al dictaminar que los tribunales militares que procesan a sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval en Guantánamo, Cuba, son inconstitucionales. Por una votación de cinco a tres, el tribunal también afirmó que los detenidos por supuesta […]
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos infirió una gran derrota al presidente George W. Bush, al dictaminar que los tribunales militares que procesan a sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval en Guantánamo, Cuba, son inconstitucionales.
Por una votación de cinco a tres, el tribunal también afirmó que los detenidos por supuesta vinculación con la red terrorista Al Qaeda o en su carácter de «combatientes ilegales» están amparados por las Convenciones de Ginebra, que rigen el derecho internacional humanitario.
El autor del fallo, juez John Paul Stevens, desacreditó así la interpretación gubernamental de la ley de Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF), sancionada tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
Según el gobierno, la ley, que abrió paso entonces a la invasión de Afganistán, confiere a Bush, en su carácter de comandante en jefe en tiempos de guerra, la facultad de ignorar leyes y tratados internacionales vigentes.
El gobierno apeló a esa interpretación al crear tribunales castrenses para juzgar a los prisioneros en Guantánamo y al negarles el amparo de las Convenciones de Ginebra, que rigen el trato a los prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados.
Pero Washington también usó esos argumentos para pasar por encima de leyes referidas a la intervención de las comunicaciones telefónicas entre ciudadanos de Estados Unidos, entre otras medidas enmarcadas en su «guerra mundial contra el terrorismo» y que sus críticos consideran violatorias de los derechos humanos y civiles.
«Ésta es una gran victoria para el estado de derecho y para el papel que los ‘padres de la patria’ asignaron a la Corte Suprema como contrapeso del Poder Ejecutivo», dijo Elisa Masimino, directora de la oficina en Washington de la organización no gubernamental Human Rights First.
«El rechazo» a la interpretación oficial de la AUMF «es enormemente significativa y reafirma el rol del Congreso», sostuvo la activista.
«La Corte Suprema está diciendo que el presidente no puede crear una suerte de nuevo universo legal donde él mismo hace las normas», dijo Barbara Olshansky, subdirectora legal del no gubernamental Centro de Derechos Constitucionales (CCR), que representa a unos 200 de los 450 detenidos en Guantánamo.
El caso sobre el que falló la Corte Suprema se refiere a un ex chofer del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, capturado en Afganistán a fines de 2001 y enviado a Guantánamo a comienzos de 2002.
Hamdan, acusado de conspiración, figura entre la treintena de prisioneros en la base naval en Cuba que serían sometidos en breve a proceso en comisiones militares creadas por el Departamento (ministerio) de Defensa.
Sus abogados argumentaron que las comisiones castrenses carecían de autoridad para juzgarlo.
En primer lugar, alegaron, la conspiración no es una violación de las leyes de guerra. En segundo término, los mecanismos de las comisiones violan las garantías del debido proceso según las el derecho estadounidense y el internacional, incluidas las convenciones de Ginebra.
Después de que un tribunal federal de distrito estadounidense falló en favor de Hamdan, un tribulal de apelaciones, en el que entonces revistaba el actual presidente de la Corte Suprema, John Roberts, revirtió la decisión.
Según el fallo en segunda instancia, el gobierno se atribuía correctamente la facultad de crear tribunales y procedimientos que no atendieran el debido proceso.
Pero cinco de los miembros de la Corte Suprema coincidieron con los argumentos de los abogados de Hamdan. Como anotó Stevens, Bush carece de la autoridad para tomar la «medida extraordinaria» de crear comisiones militares especiales en las que se negara el debido proceso.
En ese sentido, agregó, los acusados están amparados tanto por el derecho penal estadounidense y el Código Uniformizado de Justicia Militar como por el Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra.
«Al juzgar a Hamdan y someterlo a sanción penal, el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir con las reglas de derecho que prevalecen en esta jurisdicción», escribió Stevens.
Nada en el lenguaje de la AUMF ni en el debate de esa ley «insinúa siquiera» que el Congreso tuviera la intención de atribuirle al Poder Ejecutivo la facultad de ignorar o eludir leyes y tratados vigentes sobre las garantías de los detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses, según el magistrado.
La mayoría que advirtió al gobierno de Bush que está obligado por el Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra fue aun más allá de los alegatos específicos de la defensa de Hamdan, que se referían fundamentalmente a los procedimientos judiciales.
Esto es así porque ese artículo establece que todos los prisioneros de guerra deben recibir un trato humano «en toda circunstancia» y no deben ser sometidos a «tratamiento inhumano ni tortura» ni a «atrocidades contra su dignidad personal, en particular tratos humillantes o degradantes».
«Esto no sólo se debería aplicar a los detenidos en Guantánamo acusados de delitos, sino a todos los capturados por Estados Unidos en la ‘guerra mundial contra el terrorismo’, entre ellos los que están (…) en (la base aérea estadounidense en) Bagram, Afganistán, así como los ‘detenidos fantasma’ mantenidos en prisiones secretas», evaluó la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
«El fallo de hoy (por este jueves) tendrá impacto en las políticas de detención e interrogatorio no sólo en Guantánamo, sino en todo el mundo», coincidió Massimino.
Tres jueces manifestaron su disenso. Uno de ellos, Clarence Thomas, se sintió en la obligación de leer en voz alta su pronunciamiento por primera vez desde que ingresó en el tribunal hace 15 años.
En coincidencia con la postura del gobierno de Bush, Thomas advirtió que la sentencia restringiría «enormemente la capacidad del presidente para enfrentarse con un nuevo y mortal enemigo».
El presidente Roberts, quien había adherido a la tesis gubernamental en el tribunal de apelaciones, habría sido seguramente el cuarto voto en disenso, pero se abstuvo de pronunciarse a causa, precisamente, de su intervención anterior en el caso.
En la conferencia de prensa que brindó en conjunto con el primer ministro japonés Junichiro Koizumi, de visita en Washington, Bush se manifestó preparado para trabajar con el Congreso para diseñar nuevos procedimientos de juicio militar.
De todos modos, advirtió, la decisión de la Corte Suprema «no permitirá que los asesinos vuelvan a las calles».
En las últimas semanas, Bush y otros altos funcionarios se habían mostrado más sensibles a las demandas internacionales de cierre de la prisión en Guantánamo, donde tres detenidos se suicidaron a comienzos de mes.
Observadores consideran que la sentencia podría acelerar una decisión en tal sentido.
«Ahora el presidente debe actuar», dijo el presidente de CCR, Michael Ratner. «Que juzguen a nuestros clientes en tribunales estadounidenses o que los liberen. No hay modo de que el presidente Bush continúe ocultándose detrás de una supuesta falta de indicaciones judiciales para evitar atender la situación en la inmoral e ilegal prisión de la bahía de Guantánamo.»