Como en Europa, también en Estados Unidos el fenómeno migratorio tiene, en su aspecto represivo, su faceta carcelaria. Ya hablamos mucho acerca de los centros de detención para ciudadanos migrantes en Europa. Una realidad políticamente incómoda para este continente, pero funcional a un sistema productivo que utiliza los migrantes desprotegidos que salen de esos centros […]
Como en Europa, también en Estados Unidos el fenómeno migratorio tiene, en su aspecto represivo, su faceta carcelaria. Ya hablamos mucho acerca de los centros de detención para ciudadanos migrantes en Europa. Una realidad políticamente incómoda para este continente, pero funcional a un sistema productivo que utiliza los migrantes desprotegidos que salen de esos centros y se ofrecen en el mercado laboral sin la mínima garantía y bajo la constante amenaza de volver a ser detenidos.
En Estados Unidos la situación resulta ser parecida. Sin embargo, hasta la fecha la detención de migrantes en ese país revela otro aspecto que en Europa aún no encontramos, al menos de forma tan prominente: el aspecto económico que caracteriza tal detención. Si bien en Europa mantener migrantes bajo la amenaza del arresto significa despojarlos de toda garantía individual, en Estados Unidos a este aspecto se añade la posibilidad para unas cuantas empresas de recabar más utilidades por el encierro de esas personas. Esto se debe sobre todo al hecho de que allá la encarcelación de migrantes es una actividad delegada a particulares, y no es la única. Unas pocas empresas controlan la mayoría de las grandes cárceles, federales, estatales y locales.
Experimento llevado a cabo en los años 80 bajo la administración de Ronald Reagan, durante la llamada guerra a las drogas, la privatización del sector penitenciario ha resultado ser un gran negocio que ha llegado a desarrollarse en los años 90, terminando por ser, actualmente, fuente de ingresos por millones de dólares para unas cuantas empresas privadas. El endurecimiento de las leyes migratorias estadunidenses (en 1996, sobre todo, con la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act), y las medidas antiterrorismo de estos años, han favorecido la práctica del encarcelamiento de ciudadanos extranjeros. Ya sea por delitos menores, o por ingreso ilegal repetido en territorio estadunidense, el sistema carcelario ha podido desarrollarse a tal punto que hoy día podemos encontrar prisiones nuevas a lo largo de toda la línea fronteriza -en Texas, Florida y Arizona, sobre todo-, divididas según las personas que ahí se encuentran detenidas: nacionales o extranjeros. Y muchas, si no todas, son gestionadas por empresas privadas.
Estas cárceles para migrantes fueron licitadas con los llamados Criminal Alien Requirements (CAR) -hasta en el nombre, la ofensa-, convocados por el mismo INS (Servicio de Inmigración y Naturalización), los cuales convocan a instituciones públicas o privadas para la construcción y gestión de «estructuras aptas a detener ciudadanos no estadunidenses».
Tan sólo en el último CAR, fechado el 29 de noviembre de 2006, el INS pedía espacios para 7 mil personas de «baja peligrosidad». Una licitación que quizás se cumplirá este año. Si consideramos que en 2006 se calculaba la presencia de 27 mil 500 detenidos «no residentes» en las cárceles estadunidenses -con un incremento de 6 mil 700 sólo en 2006- podemos comprender las dimensiones numéricas del fenómeno.
Sin embargo, quizás lo que llama más la atención son los costos de estas operaciones. Se calcula que un día de detención de un migrante cuesta en promedio 95 dólares, para un total anual de casi mil millones de dólares. Son cifras puramente indicativas, pues nadie admite los números. Lo cierto es que ese dinero sale de las arcas públicas y termina en los bolsillos privados de pocas sociedades: la Corrections Corporation of America (CCA) y la Wackenhut Corporation, entre las más presentes en el mercado. En una nota reciente en el periódico The Tucson Citizen, de Tucson Arizona, Dora Schriro, directora del sistema carcelario de Arizona, se quejaba del costo diario de la detención de cientos de migrantes que bien podrían ser expulsados o deportados del país: 28 mil dólares diarios, que los contribuyentes pagan para que empresas privadas mantengan a los indocumentados encerrados, con la autorización del gobierno federal.
Un negocio redondo para estas empresas nacidas bajo la mano de expertos ex agentes policiacos federales, como es el caso de la Wackenhut Corporation, o de ex militares, en el caso de la CCA, ambos «sujetos sociales» desplazados por la caída del sistema productivo de la guerra fría y ahora reinsertados a título pleno en la producción de la nueva seguridad planetaria promovida por el gobierno estadunidense.
El negocio de la detención de extranjeros en Estados Unidos actualmente ya no es cuestión de seguridad nacional, como se obstinan en declarar los funcionarios gubernamentales del vecino país del norte. Es acerca de los cuerpos de miles de personas que cada año intentan cruzar la frontera. Cada cuerpo representa una cifra de un negocio que tiene actualmente una tasa de crecimiento de 35 por ciento anual. Si ese cuerpo logra internarse al país sin antes ser alcanzado por los disparos de otros privados «colaboradores» de la Patrulla Fronteriza, cae en la red represiva que los encarcela y sólo con este hecho puede cobrar factura.
Cabe preguntarse cómo terminó la plática que muchos atestiguan que ocurrió en 2002 entre funcionarios del estado de Arizona, algunos ejecutivos de CCA y funcionarios del estado de Sonora, en México, para la construcción de un penal para 21 mil extranjeros en territorio mexicano. La maquila penitenciaria. En su reciente visita a México, ¿habrá Janet Napolitano platicado sobre este asunto también?
* Periodista italiano