«En Anenecuilco se abre, como una herida, la historia del país”, escribió Gastón García Cantú en Utopías mexicanas. Media década después, en Xochicalco se reafirmó la reiteración del agravio como política hacia el peladaje.
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En medio de la convergencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica que en todo el mundo se desarrolla con motivo de la pandemia, entramos en México a las elecciones intermedias del 2021. Son múltiples las contradicciones y tensiones en esta experiencia que se pretende realizar como si todo estuviera igual, normal, o como se dice, con una “nueva normalidad”.
Podría pensarse que asemejan a las almas condenadas que deambulan cargando la pena que refiriere al pecado cometido según alguna idea religiosa, pero, en realidad habitan los espacios urbanos excluidos de sus derechos humanos, y, en plena pandemia de Covid-19, son invisibilizados en toda estadística sobre contagios, vacunas o programas de apoyo gubernamental.
Sólo existen un poco menos de 2,000 policías disponibles día a día en la ciudad de México para hacer frente a alguna emergencia o eventualidad del quehacer cotidiano.
Sucedió lo previsible cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cayó enfermo infectado por el coronavirus.
El desarrollo de la tecnología actualiza no sólo los métodos de trabajo, sino también el uso de la fuerza de trabajo en la producción con un cada vez mayor grado de especialización que se traduce en una competencia entre trabajadores por asegurar sus empleos, incluso a pesar de las malas condiciones en las que estos pudieran desenvolverse. Frente a este panorama, las aplicaciones de reparto de mercancías buscan ser una alternativa, pero ¿lo son en realidad?
El movimiento obrero-popular de 1973 y 1974 y el asesinato de Efraín Calderón Lara “Charras” la madrugada del 14 de febrero de 1974, acontecidos en Yucatán, cumplen cuarenta y siete años luchando por permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial enseñada y difundida en las escuelas de todos los niveles del Estado.
Una movilización ante las promesas incumplidas por parte del gobierno de la República.
Advierte comunidad indígena a cuatro meses de la toma de las instalaciones
La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que desde el 12 de octubre mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), denunció que las autoridades federales y capitalinas no han atendido sus demandas de vivienda, justicia y vida digna, ni han cumplido los compromisos que asumieron en las mesas de diálogo.
Con la iniciativa preferente enviada el lunes 1 de febrero al Congreso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado su, hasta ahora, política más trascendente en materia energética, un sector que, como es sabido le interesa particularmente por sus implicaciones para la nación y el Estado.