Coltán, el futuro insostenible

Un minero congoleño lava el material que baja por el curso de un arroyo en busca de minerales. – REUTERS

«Se trata del futuro. Muy pronto quien no tenga coltán no tendrá nada que hacer en la industria de las telecomunicaciones […] Quien controle el Congo, controlará el mercado». Así describe el protagonista de Coltán, la novela de Alberto Vázquez-Figueroa, la importancia de este material al que se atribuye el origen de las guerras étnicas de África Central, que ya han causado más de cinco millones de muertos.

En realidad no se trata de un mineral, sino de una mezcla formada por columbita y tantalita (el nombre es una contracción de ambos, col-tan); precisamente este último, el tantalio, una vez separado, es el que le otorga tan extraordinario valor. La catedrática de Yacimientos Minerales de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid Rosario Lunar, y su colega, Jesús Martínez Frías, son dos de los mayores expertos en coltán de España. Sus estudios reflejan cómo las propiedades del tantalio han contribuido al progreso de la industria electrónica. La superconductividad, su carácter ultrarrefractario (capaz de soportar temperaturas muy elevadas; se funde a los 2.996°C), su capacidad para almacenar carga eléctrica temporal y liberarla cuando se necesita, y su alta resistencia a la corrosión, lo han convertido en un material imprescindible para la fabricación y miniaturización de condensadores para teléfonos móviles, ordenadores, pantallas, sistemas GPS, satélites o armas teledirigidas.

La dependencia de este compuesto es tal, que Vázquez-Figueroa asegura que «hemos construido el futuro destruyendo los puentes del pasado; porque, si se agotan las reservas, ¿cómo regresaremos a los teléfonos móviles de maleta o a los enormes monitores, y cómo volarán los aviones sin sistemas de navegación?».

Los principales yacimientos de coltán se encuentran en la República Democrática del Congo, que acumula el 80% de las reservas mundiales, seguida de Australia con un 10% y de Tailandia y Brasil, con un 5% cada uno. Aunque los yacimientos también se encuentran asociados a granitos alcalinos y minerales relacionados cuarzo o feldespatos, la mayor parte de la explotación se practica en los depósitos aluviales puesto que su recuperación es mucho más sencilla, pudiéndose emplear para ello utensilios de madera. Esta ha sido, precisamente, la causa de la explotación infantil en el Congo en condiciones de trabajo infrahumanas: se estima que por cada kilo de coltán han muerto entre dos y tres niños. El kilo de coltán se pagaba al minero en 2000 y 2001, los años del boom, a 4 o 5 dólares, alrededor de 3 euros. Hoy se paga a 2 dólares, menos de un euro y medio. El precio en el mercado internacional en 2000 era de hasta 600 dólares el kilo (421 euros), pero ha caído hasta los 400 dólares (280 euros).

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno congoleño, en 2007 se exportaron cerca de 428 toneladas de coltán de la región de Kivu, y sólo en la primera mitad de 2008, casi 271 toneladas. Con las 428 toneladas de 2007 pudieron extraerse cerca de 116 toneladas de tantalio.

La profesora Lunar indica que aún hay mucho por avanzar en la investigación del coltán: sólo hay un estudio específico sobre este compuesto, fechado en 2002, si bien existen 183 referencias de estudios sobre tantalita y 474 sobre columbita. La importancia de estos estudios es básica, puesto que servirán para identificar los afloramientos geológicos de procedencia, ayudando de este modo a controlar su tráfico ilegal. Se estima que Ruanda obtiene alrededor de 14 millones de euros al mes con el tráfico ilegal de coltán.

Aunque la explotación infantil y el genocidio son lo más acuciante en el conflicto del coltán, no hay que olvidar el impacto ambiental. El Congo alberga, después del Amazonas, el segundo pulmón más grande del mundo, con 100 millones de hectáreas de selva y el 70% del agua dulce de África. Según Greenpeace, los bosques de África Central retienen el 8% del carbono almacenado en el planeta, por lo que su deforestación liberaría 34.400 millones de toneladas de CO2, 65 veces las emisiones de España en un año.

Pero la deforestación parece inevitable, no sólo para acceder a los yacimientos sino, además, para aprovechar la madera con objeto de acomodar a los mineros, usar la leña para cocinar y calentar, utilizar la corteza para fabricar las bandejas con las que se lava el coltán y las lianas para transportarlo. A ello se suman otros impactos, como la contaminación de las corrientes con el limo procedente del proceso de lavado, lo que mata los invertebrados y reduce la fotosíntesis de las plantas acuáticas.

La fauna también sufre las consecuencias. En 2006, el Gobierno congoleño otorgó nuevas concesiones mineras. El resultado, tras los sondeos y la deforestación asociada, fue la migración de buena parte de los elefantes a Zambia. Según la organización de conservación Wildlife Direct, la población de elefantes ha disminuido un 80% en los últimos 50 años, pasando de los cerca de 100.000 elefantes en 1950 a los actuales 20.000. Entre 1995 y 1999 se mataron 4.000 ejemplares.

Mineros contra gorilas

Uno de los parques naturales más castigados es el de Kahuzi-Biega, en Kivu sur, donde se encuentra el hábitat del gorila de montaña. En este parque la población se ha visto prácticamente reducida a la mitad, pasando de 258 ejemplares a 130, según la Fundación Dian Fossey. Las causas son la escasez de comida y la caza furtiva para alimentar a los mineros. Según el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, en los ocho parques del Congo la población de gorilas ha descendido un alarmante 90%. Hoy apenas quedan 3.000 ejemplares.

La comunidad internacional no es ajena a los problemas, pero los intereses comerciales son tan fuertes que hasta la fecha todas las medidas han quedado en papel mojado. Ya en 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU subrayaba que «el papel del sector privado en la explotación de los recursos naturales y en la continuidad de la guerra ha sido determinante. Un número de compañías han estado implicadas y han impulsado la guerra directamente. Otras han facilitado acceso a recursos financieros, que han sido empleados para la compra de armas». El Consejo llegó a establecer un embargo a la importación y exportación de recursos ligados a estas actividades, so pena de sanciones, que nunca se han aplicado.

Las últimas propuestas quieren introducir sistemas de trazabilidad y certificación. El año pasado, el ministro de Minas del Congo, Victor Kasongo, aseguró que para 2009 el Gobierno dispondría de un mapa de la producción de coltán en el país. La idea que subyace es marcar la trazabilidad del coltán para incidir en la ética de fabricantes y consumidores; estos «podrán ver muchos de sus dispositivos, muchos iPod, con la certificación que prueba el comercio justo», señaló el ministro. En esencia, se trata de establecer un sistema similar al Kimberley Process que se aplicó a los diamantes de sangre, causa también de conflictos. El objetivo es contar, según Kasongo, con «licencias, control centralizado, certificación, más beneficios, paz y estabilidad para el Congo».

Sin embargo, un informe de la organización Global Witness publicado el pasado julio advierte de que «los gobiernos no deberían hacer depender todas sus esperanzas del desarrollo de sistemas internacionales de certificación, porque llevará tiempo y recursos considerables». Global Witness aboga por priorizar otras acciones, como la exclusión de los países beligerantes del sector minero.

Por el momento, algunos fabricantes de electrónica, dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, ya exigen a sus proveedores que el coltán no proceda del Congo, tal y como solicitó en 2001 la ONU. Es el caso de Nokia o Apple, que niegan que su coltán y otros minerales como el cobalto procedan de conflictos ilegales.

El director de Comunicación global de LG Electronics, Kenneth Hong, precisó a Público que esta compañía «no tiene una política o postura específica sobre el comercio con países o materiales concretos». «Lo que sí realizamos regularmente», añadió, «son evaluaciones de nuestros proveedores para que no violen nuestro código ético de conducta». Este código prohíbe la explotación infantil y el trato inhumano, defendiendo el pago y duración de la jornada «de acuerdo a las leyes locales». Pero siempre hay resquicios: como denuncia Vázquez-Figueroa, existen casos de partidas extraídas en el Congo y comercializadas desde Brasil.