Continúan las fricciones entre Estados Unidos y El Salvador, aun cuando son por el momento solo declamativas.
Uno de los recientes capítulos confrontativos ocurrió cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, arremetió contra la política de seguridad aplicada en el país centroamericano… y recibió su respuesta del presidente Nayib Bukele.
«Condenamos el aumento de la violencia de pandillas y homicidios en El Salvador», escribió Blinken, tras instar al Gobierno de Nayib Bukele a «defender el debido proceso y proteger las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa, reunión pacífica y expresión».
El presidente salvadoreño le respondió que tenía un amigo periodista que querría tener acceso a la cárcel de Guantánamo -la cárcel estadounidense ubicada en territorio cubano, denunciada por su política de torturas, tratos viles y reclusión sin juicio contra personas acusadas de «terroristas- para ejercer su derecho a la libertar de prensa y «comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles’ y de un ‘debido proceso».
Bukele, aseguró el 12 de abril que en 17 días de establecido el Estado de Excepción en ese país se han capturado 10.094 «terroristas».
Pocos días antes, Bukele, acusó en Twitter al gobierno de Estados Unidos de «apoyar» a las pandillas y sus «libertades civiles» en respuesta a una publicación de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano quien había señalado que «el Gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas», pero llamó a «proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa».
En este contrapunto con Washington, Bukele criticó semanas atrás las conversaciones en el plano energético entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, pese a que la Casa Blanca no lo reconoce como mandatario de Venezuela. «El gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo», escribió en su cuenta de Twitter.
Las nuevas críticas de Washington vienen a raíz del estado de excepción declarado a finales marzo por Bukele con el pretexto de hacer frente a la violencia, después de que fuesen asesinadas 87 personas en un solo fin de semana, presuntamente a manos de las pandillas MS-13 y Barrio 18. La medida resultó en la detención de 9.000 personas acusadas de pertenecer a esos grupos delincuenciales, y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre presuntos excesos policiales en los operativos.
Bukele, por su parte, se ha centrado en mostrar los comentarios positivos de la población que defiende la política de seguridad, así como la reducción de la cifra de homicidios. Sin embargo, el pasado fin de semana reconoció que podría haber un margen de «error» de 1 % en las detenciones.
¿Qué razones hay detrás de las presiones de EU?, se preguntan los analistas. Por una parte, tienen que ver con los detenidos, ya que muchos pandilleros de las “maras” están solicitados por la Justicia estadounidense, pero en realidad lo que preocupa a Washington es la reciente reforma judicial aprobada en la Asamblea Legislativa del bukelismo, sin “asesoramiento” de Estados Unidos, que no incluyó reformas relacionadas a los procesos de extradiciónde pandilleros.
.El domingo, mediante un comunicado, Blinken recalcó que su Gobierno «está preocupado por la violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la enmienda al Código Penal del 5 de abril por parte de la Asamblea Legislativa” que, según él, promueve la censura en los medios y obstaculiza el rol de la prensa para informar «sobre corrupción y otros asuntos de interés público».
El secretario estadounidense insistió en que «ahora más que nunca» es imprescindible que El Salvador extradite «a los líderes de las pandillas para que enfrenten la Justicia en Estados Unidos», no sin antes recordar que, desde 2008, Washington ha destinado 411 millones de dólares «para ayudar al Gobierno salvadoreño a combatir la violencia» generada por esos grupos armados.
Pero lo que se olvidó de citar Blinken en su comunicado es que desde el año pasado, el gobierno de Joe Biden decidió cortar el financiamiento directo a las instituciones de la administración de Bukele , dirigiendo esos recursos a organizaciones de la sociedad civil, en represalia por la polémica destitución de cinco magistrados y al entonces fiscal general, Raúl Melara, hombre de confianza de Washington.
Esa destitución, que fue ejecutada por la mayoría parlamentaria del bukelismo, dio paso al nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general, quien a principios de este año pidió a la Corte Suprema de Justicia de su país la revisión del tratado de extradición que tiene El Salvador con Estados Unidos.
Según Delgado, se trata de «una normativa preconstitucional y que resulta, por lo tanto, necesaria la revisión de la constitucionalidad de la misma», lo que implicaría la negociación de un nuevo tratado. Su postura se supo en medio del dilatado proceso contra el pandillero Eliú Melgar Díaz, alias ‘Blue’, un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) que es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses.
La popularidad del presidente sigue siendo muy alta y quizá por elloantesca. Por ello, una colaboración muy fluida con Washington es para el mandatario algo superfluo. Al contrario: va por un curso de confrontación contra la potencia del norte.
En mayo del año pasado, el fiscal general expulsó del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), dependiente de la OEA, a la que Bukele había dejado entrar meses antes.
Cooperación o sumisión
Cuando en diciembre Estados Unidos anunció sanciones contra dos altos funcionarios del gobierno por presunta cooperación con las pandillas y puso a la jefa de gabinete del mandatario en su lista de sanciones por presunta malversación de los fondos de ayuda para combatir la pandemia, Bukele respondió diciendo que EU no quiere cooperación, sino sumisión.
¿Por qué es un problema para Washington que el presidente de un país de 6,5 millones de habitantes sea tan confrontacional? La primera respuesta es por la migración: más del 35 por ciento de los salvadoreños ya vive en EU y todos los días salen más personas rumbo al norte.
Estas confrontaciones muestran lo difícil que será para Biden y su vicepresidenta Kamala Harris implementar su plan (bajo la bandera de lucha contra la corrupción) en los países del Triángulo Norte con el fin de frenar la migración desde esos países.
Además está la competencia con China por influir en la región. Tras Costa Rica (2007) y Panamá (2017), fue El Salvador en 2018 el tercer país de la región en romper relaciones con Taiwán para establecerlas con Pekín.
En 2019 Bukele viajó a la capital china y recibió de parte de Xi Jinping el compromiso de invertir más de 500 millones de dólares, una suma importante para un estado con un PIB de alrededor de 25 mil millones de dólares. El gobierno de Biden también ofrece perspectivas de inversiones, con promesas de cuatro mil millones de dólares para los estados del Triángulo Norte (Guatemala y Honduras, además de El Salvador). Pero a diferencia de Washington, Pekín no vincula esos fondos a requisitos políticos.
El libro negro de Blinken
El Departamento de Estado, de los Estados Unidos publicó un informe de Derechos Humanos, con el cual revela la serie de vulneraciones que se registran en El Salvador., en temáticas como violencia, seguridad, desapariciones, homicidios, corrupción.
En el mismo señala que en El Salvador existen serios problemas con la independencia del poder judicial; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas y la censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de
También el informe recopila graves actos de corrupción gubernamental; falta de investigación consistente y rendición de cuentas por violencia de género; barreras significativas para acceder a la salud reproductiva; y delitos que involucran violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
“Sea un país amigo o uno con el que tengamos verdaderas diferencias, la vara de medición que aplicamos es la misma… Eso refleja un principio fundamental de los derechos humanos: son universales… Trabajamos con el Departamento del Tesoro para aplicar sanciones e imponer restricciones de visa a los abusadores de los derechos humanos y a quienes los habilitan y se benefician de ellos a través de la Ley Global Magnitsky, la Prohibición de Khashoggi y otras herramientas”, indicó Blinken.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)