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En el oeste de Congo, entre siete y diez aviones cargados cada uno con dos toneladas de caserita vuelan cada día de Mubi a Goma de donde el mineral pasa ilegalmente más allá de la frontera ruandesa. El tráfico oro, diamantes, cobre y de cobalto tampoco ha disminuido. Estas son las conclusiones del último informe del grupo de expertos de Naciones Unidas. EL Estado congolés no obtiene prácticamente nada de los beneficios generados por este contrabando. Pero parece que se ha hecho muy poco para luchar contra el prolongado saqueo de los recursos minerales congoleses. Las principales víctimas siguen siendo los mineros, y son varias decenas de miles.
El oro proviene de la provincia de Ituri, situada al noroeste de Congo. Entre 30.000 y 200.000 (!), «mineros artesanales» (los «cavadores») extraen el mineral a cuenta de «sub-tratantes» que lo redistribuyen a una red de compradores y contrabandistas. Del 90 al 95 % del oro acaba por desaparecer hacia Kampala (Uganda) o Dubai. Los «cavadores» pueden ganar al día de 4 a 5 dólares de salario bruto, pero en realidad su trabajo no les reporta más que deudas. Esto se explica por el coste de la vida en los pueblos mineros y por las innumerables «propinas» que pagan, principalmente a los militares y a los rebeldes que guardan las minas. En Ituri no deberían quedar milicias armadas. Las cosas son distintas en la provincia de Norte-Kivu, que permanece inestable. Según el informe, «la llegada de ruandeses y las tensiones étnicas han despertado los conflictos». En 1994 unos grupos extremistas Interahamwe venidos de Ruanda se refugiaron en esta provincia. Durante la guerra (1998-2003) la población sufrió cruelmente el terror y el chantaje ejercidos por los rebeldes pro-ruandeses del RCD-Goma.
En torno a Walikale la población local se enfrenta a dos sociedades mineras pro-ruandesas que se disputan la explotación de la caserita. De este mineral una vez refinado se obtiene el precioso coltán. Durante la guerra la empresa sudafricana Mining Processing Congo ayudó al «ala comercial» del ejército ruandés a hacer salir de Congo el contrabando de este mineral. Respecto al Grupo Minier Bangandula pertenece a los ricos «hermanos Makabuza» que mantienen estrechas relaciones con los ex-rebeldes del RCD-Goma
Igualmente en el norte-Kivu la mayoría de los «mineros artesanales» trabaja con pérdidas y existe una red de vendedores. Ésta está constituida por tres cuartas partes de «operadores» que, al estar al margen de toda tasa e impuesto, pasan fraudulentamente el mineral a Ruanda donde, a continuación, éste se refina o exporta para otro tipo de transformaciones más elaboradas.
Walikale es el centro de extracción de caserita en el norte-Kivu. Desde ahí el material se transporta a pie hasta Mubi, ciudad situada a unos cincuenta kilómetros. Ahí existe un pequeño aeropuerto de donde cada día salen hacia Goma, cerca de la frontera ruandesa, de 7 a 10 aviones cargados cada uno con dos toneladas de mineral.
Oro hacia Burundi
De la provincia de sur-Kivu – ocupada también durante la guerra – provienen igualmente el oro y la caserita. En algunas partes de la provincia elementos de la milicia FDLR (partidarios de los tristemente célebres Interahamwe) se ha apropiado de las minas, lo que ayuda a que continúen los conflictos violentos. Además persisten, especialmente en la ciudad minera de Kamituga, las tensiones sociales debido a las tasas e impuestos ilegales a los que están sometidos los mineros.
El oro de sur-Kivu desaparece en Burundi donde los derechos de aduana sobre la exportación son menos elevados que en Congo y donde los operadores no necesitan licencias mineras (cuyo precio asciende a 75.000 dólares). La empresa exportadora Delta Force de Kamituga está especialmente implicada aquí. La cantidad de mineral que se pasa de contrabando es considerable: la Federación de Empresarios Congoleses (FEC) calcula que es de 500 kilos de oro al mes con un valor de entre 8 y 9 millones de dólares.
El paso ilegal de la caserita por la frontera es más difícil. Pero los traficantes compran a los funcionarios para que infra-valoren los volúmenes exportados de modo que sus derechos de aduana se reduzcan considerablemente.
Agonizantes empresas estatales
La provincia de Katanga y la mitad oeste del Kasai occidental no fueron ocupadas durante la guerra por tropas venidas de Ruanda, Uganda o Burundi. Las zonas mineras permanecieron bajo control del gobierno de Kinshasa. Pero éste hizo considerables concesiones a empresas de Zimbabwe (la mayoría de las cuales eran de hecho sociedades-tapadera, propiedad de altos cargos militares) porque este país había enviado tropas durante la invasión de Congo por sus vecinos del este.
Las minas de Katanga producen cobre y cobalto. Su explotación está en manos de empresas que han creado empresas conjuntas con las filiales de la compañía estatal Gecamines. Esta explotación comenzó ya en 1994 con la privatización de Gecamines. En las concesiones trabajan unos 150.000 «mineros artesanales» que no se suelen negar a someterse a la explotación oficial. A finales de diciembre los mineros se opusieron a la sociedad minera Chemaf y esta confrontación acabó con al menos tres muertos y una veintena de heridos.
Basándose en una muestra límite de casos, el grupo de expertos calculó que los mineros pueden esperar ganar hasta 200 dólares brutos mensuales pero que, en realidad, a final de mes se encuentran con una media de ¡15 dólares de nuevas deudas !
El centro de diamantes de Mbuji-Mayi – en el Kasai oriental- vio como su población se disparaba durante la guerra debido a la enorme cantidad de refugiados que fueron allí en busca de refugio huyendo de la línea del frente. La ciudad continúa creciendo debido a sus recursos minerales. Actualmente viven en ella unos dos millones de personas. La industria del diamante sigue estando controlada por la compañía estatal MIBA. El 40 % de los diamantes extraídos desaparece ilegalmente. De hecho la MIBA no tiene capacidad para gestionar la extracción de diamantes. La compañía ha establecido varias empresas conjuntas con sociedades mineras extranjeras. Éstas se han beneficiado de enormes concesiones: First American Diamonds tiene una concesión de 800 km2, BHP Billiton otra de 16.000 km2 y la de De Beers es de 60.000 km2. A cambio de un préstamo de 15 millones de dólares, Emaxon Diamonds & Dan Gertler ha obtenido el derecho de comercializar el 88% de la producción de la MIBA. En las minas de diamantes trabajan aproximadamente un millón de «mineros artesanales». Pero según el grupo de expertos está a punto de estallar una guerra a pequeña escala entre los mineros, los servicios de seguridad de la MIBA y badas criminales, supuestamente «suicidas», que chantajean a los mineros. Este conflicto sigue costando muchas vidas humanas.
¿Sanciones inútiles?
Según el grupo de expertos, el Estado congolés apenas desempeña ya un papel en el sector minero. Las compañías mineras del Estado están prácticamente agonizantes. Las OKIMO (oficinas de las minas de oro de Kilo-Moto) en Ituri ya sólo disponen de 1.500 empleados que sobreviven gracias a algunas empresas estatales. Las concesiones auríferas se dejan en arrendamiento con opción de compra a «sub-tratantes» que, al menos en teoría, deben indemnizar a la compañía. En el norte-Kivu la compañía estatal Sominki (sociedad minera e industrial de Kivu) ya sólo existe sobre el papel. Otras sociedades le han echado el ojo a esta concesión. En el sur-Kivu, Sominki se vendió en 1995 al grupo minero Banro que, como es sabido públicamente, tiene hoy grandes ambiciones en la explotación de oro.
La empresa Gecamines, en Katanga, ha sido dividida a consecuencia de las empresas conjuntas creadas con grupos privados. Todos los contratos cerrados con éstas son particularmente desfavorables para el Estado congolés. La Comisión Lutundula del Parlamento congolés examinó cuidadosamente una cuarentena de estos contratos pero su informe nunca ha sido sometido a discusión en este Parlamento (reemplazado mientras tanto por una asamblea de electos).
A consecuencia del tráfico a gran escala, las arcas del Estado sólo se beneficia de unos pocos ingresos generados por el sector minero que enriquece, en cambio, a redes ilegales y a unas cuantas empresas extranjeras. ¿Qué medidas tomar para remediar esta situación? Muy pocas, concluye amargamente el grupo de expertos. Sus principales sugerencias se refieren a los servicios públicos, como las aduanas o la inspección de las minas cuya reconstrucción debería emprenderse de manera enérgica.
Pero, ¿después? Las sanciones tendrían un impacto pequeño. Afectarían a un defraudador u otro que inmediatamente sería sustituido por otro. Al grupo de expertos le preocupa sobre todo que las sanciones se vuelvan contra la MONUC, la fuerza de mantenimiento de la paz de ONU, que se ocupará de que se apliquen y de la protección. Esta fuerza podría atraer la cólera popular simplemente porque cientos de miles de personas de las minas supuestamente se tiene que ganar la vida en ellas.
Enlace con la traducción al francés http://www.michelcollon.info
Beatriz Morales Bastos pertenece a los colectivos
Cubadebate, IraqSolidaridad y Rebelión. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar el autor, la traductora y la fuente.