Estamos asistiendo en Maryland a la mayor burla de la Justicia internacional que se haya escenificado en los tiempos modernos. En las instalaciones militares de Fort Meade se está celebrando un consejo de guerra sin precedentes: el juicio contra el soldado Bradley Manning, quien ya lleva tres de sus 25 años de edad preso en […]
Estamos asistiendo en Maryland a la mayor burla de la Justicia internacional que se haya escenificado en los tiempos modernos.
En las instalaciones militares de Fort Meade se está celebrando un consejo de guerra sin precedentes: el juicio contra el soldado Bradley Manning, quien ya lleva tres de sus 25 años de edad preso en confinamiento solitario y afronta una cadena perpetua hasta la muerte, sin libertad condicional posible, por haber revelado que el Ejército de EEUU había cometido crímenes de guerra. Al mismo tiempo, como el verdadero objetivo de esa corte marcial, que se arroga la defensa de las leyes, es encubrir esos crímenes de lesa humanidad, los que cometieron esos horrendos asesinatos y torturas -violando los tratados de Derecho Internacional rubricados por Washington- están siendo tratados con inicua clemencia, incluso protegidos, por los que se proclaman guardianes de la Justicia.
No ha sido procesado ninguno de los militares desenmascarados por el vídeo conocido como «Asesinato Colateral»: el ametrallamiento del 12 de julio de 2007, en Nuevo Bagdad, desde un helicóptero Apache, de un fotógrafo de Reuters herido y de los civiles que trataban de ayudarle, que dio muerte a una docena de personas (incluidos el fotógrafo y otro periodista de la mima agencia británica) e hirió gravemente a muchas otras, entre ellas dos niños de corta edad. Esa fue la primera gran filtración de WikiLeaks y las imágenes de la filmación han sido vistas en YouTube más de 13,7 millones de veces.
Ni uno solo de los soldados que maniataron y después asesinaron a sangre fría a toda una familia iraquí, incluidas las mujeres y los bebés, ha sido llevado a juicio.
El sargento de los Marines Frank Wuterich, quien ordenó la masacre de Haditha en 2005 (el asesinato masivo de 24 civiles, incluidos niños), no fue condenado ni a un día de prisión. Ninguno de los marines que cometieron ese atroz crimen fue ni siquiera imputado.
El sargento Calvin Gibbs, cabecilla del infame «Kill Team» -que se dedicó en Afganistán a asesinar civiles desarmados y guardar sus miembros mutilados como recuerdo-, es el único criminal de guerra que está en prisión, pero podrá disfrutar de la condicional en menos de diez años.
En cambio, Manning jamás podrá ser libre de nuevo, según han decidido de antemano las Fuerzas Armadas de EEUU… ya que el comandante en jefe de todos los Ejércitos estadounidenses, el presidente Barack Obama, ya decretó en abril de 2011 que el joven soldado «violó la ley». Por si esa sentencia previa al juicio oral no fuera suficiente, el general Martin Dempsey, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, repitió ese mismo veredicto en marzo de 2012. ¿Qué creen que dictaminarán los oficiales que componen el tribunal miliar de Fort Meade?
Pero, ¿cuál es el motivo de que el Pentágono, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la Casa Blanca hayan movilizado todos sus recursos contra WikiLeaks? ¿Por qué están dispuestos a violar los derechos civiles de Manning y a provocar un escándalo internacional con este remedo de juicio sin las mínimas garantías procesales que exige la propia Constitución de EEUU?
La respuesta es simple: porque a la superpotencia que se autoproclama cuna de la democracia moderna y baluarte de todas las libertades, la han pillado con las manos en la masa de los más horrendos crímenes de lesa humanidad y se dispone ejecutar un castigo ejemplar sin precedentes contra Manning y Julian Assange (el creador de WikiLeaks) para que nadie más vuelva a atreverse a revelar que EEUU comete violaciones de los derechos humanos tan brutales como las que ellos nos han permitido conocer:
• La Casa Blanca sigue una política oficial de ignorar y encubrir la práctica generalizada de torturas en el Irak que George Bush ordenó invadir y ocupar, como demuestran los Iraq War Logs revelados por WikiLeaks: la orden ejecutiva Frago 242 dictada en 2004 dispuso que no se investigase ninguna de las evidencias de los atroces tormentos (incluso la perforación de miembros con taladros eléctricos) cometidos por el régimen iraquí que la US Army impuso al país. Esa «orden fragmentaria» que vincula directamente al Pentágono con los centros de tortura iraquíes constituye una violación flagrante de la Convención de la ONU contra la Tortura que EEUU ratificó en 1994.
• La mayoría de los cientos de prisioneros recluidos en el presidio ilegal de Guantánamo desde su fundación en 2002 han sido reos inocentes o militantes islamistas de segunda fila. Los Guantanamo Files publicados por WikiLeaks describen cómo los presos fueron detenidos sin pruebas, por meras sospechas subjetivas, de forma que sus imputaciones no serían admisibles por ningún tribunal de EEUU. Así que el Departamento de Estado ofreció millones de dólares a otros países para que encarcelasen y condenasen a los prisioneros de guerra capturados por el Ejército estadounidense. Washington actuó para bloquear las denuncias judiciales presentadas por la Asociación Pro Dignidad de Presos y Presas de España contra los que crearon el marco legal que permitió la tortura en Guantánamo de cinco reos de nacionalidad española, e incluso amenazó al Gobierno español con graves consecuencias para las relaciones bilaterales.
• Las administraciones de Bush y de Obama han estado mintiendo a la opinión pública estadounidense y mundial, al mantener reiteradamente que nunca ha existido un recuento oficial de civiles muertos en las guerras de Irak y Afganistán. Entre 2004 y 2009, el Gobierno norteamericano enumeró un total de 109.000 muertos en Irak, de los que clasificó como «no combatientes» a 66.081. Por tanto, por cada uno de los iraquíes que el Pentágono catalogó como «combatientes» muertos, perecieron dos mujeres, niños, ancianos o civiles totalmente inocentes en las acciones armadas desencadenadas por EEUU. Washington sigue negando la evidencia de que hizo, y hace, esos cálculos; y que por tanto es plenamente consciente de la dimensión de la masacre que está cometiendo.
• Destacados torturadores del régimen egipcio de Hosni Mubarak recibieron entrenamiento en técnicas de interrogatorio de detenidos en la Academia del FBI de la base de los Marines en Quantico (Virginia), unos 65 kilómetros al sur de Washington, DC. Un cable diplomático norteamericano enviado desde El Cairo en noviembre de 2007 explica que el jefe del terrible State Security Investigative Service (SSIS) de Egipto, Abdul Rahman, agradeció al entonces vicedirector del FBI, John Pistole, la «excelente y fuerte» cooperación entre las dos agencias, enfatizando que las sesiones de entrenamiento de sus hombres les fueron «de gran ayuda». Dos años después, otro cable diplomático de EEUU reconocía que un departamento especial del SSIS, creado tras el entrenamiento de Quantico, había torturado salvajemente a cientos de opositores detenidos.
• A partir de 2009, el presidente Obama autorizó una campaña secreta de bombardeos de aviones robot en Yemen que ha causado cientos de muertes de civiles inocentes. Un año después, WikiLeaks revelaba que el dictador yemenita Alí Abdullah Saleh había sellado un pacto con Washington: «Seguiremos diciendo que las bombas son nuestras, no vuestras». Otro cable diplomático confirmaba las averiguaciones de Amnistía Internacional de que uno solo de esos misiles, teledirigido desde EEUU por militares norteamericanos el 17 de diciembre de 2009, dio muerte a 41 personas, incluidos 21 niños y 14 mujeres.
Podríamos seguir enumerando bárbaros crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios secretos y los militares de EEUU, bajo instrucciones y al amparo de las más altas instituciones del Estado de ese país, que han sido desveladas gracias a las filtraciones de WikiLeaks. Pero lo más relevante para la historia es que toda la maquinaria gubernamental de Washington se ha dedicado a perseguir implacablemente a los que sacaron a la luz esas gravísimas violaciones de los derechos humanos, mientras encubre y protege a los que las cometieron.