Son muchos los marfileños que cuestionan la transparencia electoral, la impunidad de la corrupción, la deficiente igualdad ante la ley o el respeto de los gobernantes por la legalidad.
Grand-Bassam fue desde 1893 la capital colonial francesa en Costa de Marfil y su principal puerto de embarque. Sin embargo, a partir de 1900, tras varias epidemias de peste amarilla, la ciudad comenzó un declive que se acentuó en 1931 con la construcción de Abidjan. Hoy es una localidad turística cuyo antiguo y destartalado barrio colonial fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. La ciudad también alberga, junto a la desembocadura del río Comoe, un pequeño reino del pueblo aburé, Moossou, que este verano vivió una auténtica revuelta popular.
Todo empezó el 15 de julio. Ese día el rey Nanan Kanga Assoumou participaba en un oficio religioso cuando un grupo de personas irrumpió en el local y le arrebató uno de sus zapatos, gesto que para los aburé simboliza la destitución del monarca. Con más de treinta años de reinado, las relaciones del monarca con su pueblo son tensas. Se dice que atesora 33 coches de lujo y se le vincula con operaciones inmobiliarias que han expulsado de sus tierras a muchas familias. Pero Kanga Assoumou se aferra al poder. La tensión estalla el 26 de julio cuando una multitud intentó asaltar el palacio real derribando las fotografías del monarca. La policía tuvo que dispersar a los manifestantes disparando gases lacrimógenos. Hoy el monarca sigue en su trono.
Comparado con la inestabilidad que asola a África occidental, convulsionada por la ola de golpes de estado que se han producido en Mali, Burkina Faso o Níger, los sucesos de Moosou pueden parecer una anécdota pintoresca, que confirmaría la estabilidad de Costa de Marfil frente a sus vecinos. Sin embargo, a menudo, las anécdotas dicen más de las corrientes soterradas que atraviesan las sociedades que las grandes noticias. Sobre todo si pensamos que los marfileños confían más en sus liderazgos tradicionales que en las estructuras del estado democrático. Según los datos del Afrobarómetro 2023, el 42% de los marfileños aseguran tener confianza plena en su jefe tradicional, un porcentaje que en las zonas rurales roza el 52%, frente al 32% que afirma fiarse por completo del presidente. Esto no significa que los marfileños no aprecien la democracia: para cerca del 70% la democracia es el sistema político preferible y solo un 11% considera que en determinadas circunstancias sería preferible un gobierno no democrático.
El problema se da cuando del modelo ideal se baja a la percepción concreta de la democracia en Costa de Marfil. Solo un 13% de los encuestados opina que el país es una democracia plena, un 57% cree que el país arrastra deficiencias democráticas —para la mitad de ellos muy graves— y un 28% afirma directamente que Costa de Marfil no es un país democrático. Y es que son muchos los marfileños que cuestionan la transparencia electoral, la impunidad de la corrupción, la deficiente igualdad ante la ley o el respeto de los gobernantes por la legalidad. Y sobrevolando todo el fantasma de la violencia política: un 51% de los encuestados admite haber sentido algún grado de miedo durante las últimas elecciones presidenciales de 2020 y más del 80% opina que la pugna entre partidos puede degenerar en conflictos violentos.
La causa de esta desconfianza entronca con los orígenes del estado marfileño. En 1961 Félix Houphouët-Boigny pasó de ser ministro del gobierno francés a convertirse en el primer presidente de Costa de Marfil. El “Padre de la Independencia” supo aprovechar bien su condición de hombre de Francia en África y el llamado “milagro marfileño” basado en los altos precios del cacao y el café. Houphouët-Boigny volcó la economía del país en el sector primario y consolidó un estado fuerte bajo el control del partido único: el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI, por sus siglas en francés).
El modelo comenzó a hacer aguas con la crisis de los años 70 y el desplome de los precios de las materias primas. Su respuesta fue una megalómana huida hacia delante: trasladar la capital del país de Abidyán a su ciudad natal, Yamusukro. Allí amplió su gran finca y residencia familiar, construyó grandes avenidas, llenó de lagunas artificiales la ciudad —algunas repobladas con cocodrilos—, levantó las modernas escuelas del Instituto Nacional Politécnico que lleva su nombre y erigió su obra más faraónica: la basílica de Nuestra Señora de la Paz, el mayor templo católico del mundo, réplica de la de San Pedro en Roma. Sin embargo, el plan de trasladar allí la capital no llegó a concretarse más allá de los decretos y hoy recorrer las amplias avenidas de Yamusukro es atravesar un paisaje de solares vacíos, donde la vegetación conquista el espacio que deberían ocupar los edificios.
Pero Yamusukro no fue la mayor frustración dejada por Houphouët-Boigny. Mucho más impacto en la historia del país tuvo su incapacidad para designar un heredero, cuestión clave en un régimen marcadamente personalista. Implacable con la oposición de izquierdas, a partir de 1980 su preocupación comienza a dirigirse también hacia aquellos que parecen asumir demasiado protagonismo dentro de PDCI. Ese año destituye a Philippe Yacé, presidente de la Asamblea Nacional, a quien todos consideraban su delfín.
En 1990 designa como primer ministro a Alassane Ouattara, un alto funcionario de FMI que será el encargado de aplicar, en medio de un creciente malestar social, las duras medidas de ajuste económico dictadas por los organismos internacionales. Ouattara tendrá que asumir a menudo de forma interina la presidencia ante las cada vez más frecuentes convalecencias de Houphouët-Boigny, aquejado de un grave cáncer. Esto hace que muy pronto sea considerado como su heredero natural. Sin embargo, mientras se prolongaba artificialmente su vida en un hospital de París, Houphouët-Boigny designa por sorpresa como sucesor a Henri Konan Bedie, su antiguo embajador en Washington.
Konan Bedie revalidó el cargo en las elecciones de 1995, las segundas multipartidistas que celebraba el país. Pero un pluralismo muy peculiar: la Corte Constitucional solo admitió dos candidaturas, la oficialista del PDCI y la del minúsculo Partido Laboralista Marfileño. Quedaba excluido Laurent Gbagbo, antiguo preso político y referente de la izquierda marfileña, con implantación entre las capas populares y los estudiantes, que hará un llamamiento a boicotear los comicios. También quedaba fuera Alassane Ouattara, que lideraba una escisión del partido oficial, la Reagrupación de los Republicanos (RDR). En su caso, se aplicaba un polémico criterio, incluido poco antes en la Constitución, que limitaba los derechos de los oriundos de otros países: la “marfilidad”.
La medida, aplicada en un país sumido en la crisis y con buena parte de su población con orígenes en Burkina Faso, Ghana o Mali, provocó graves conflictos interétnicos. Pero además tuvo una consecuencia política crucial: Outtara, hijo de padres burkineses, no podía presentarse a las elecciones. Konan Bedie ganó las elecciones con un 96% de los votos. Outtara regresará como director adjunto del FMI, mientras aguardaba mejores momentos.
La nueva coyuntura llegará a finales de 1999 con el golpe de estado del general Robert Guéï, un ferviente seguidor de Houphouët-Boigny que se había distanciado de su sucesor tras negarse a involucrar al ejército en la pugna entre Konan Bedie y Outtara por la herencia política del “Padre de la Independencia”. Guéï quiso consolidarse en el poder presentándose como candidato en las presidenciales de 2000, pero finalmente, tras una revuelta popular, tuvo que reconocer la victoria del opositor Laurent Gbagbo, un socialista pragmático, bien relacionado con los socialistas franceses, pero visto con suspicacia desde París. Costa de Marfil entraba así en un largo periodo de inestabilidad y violencia política entre los defensores de Gbagbo, mayoritariamente cristianos del sur y los partidarios de Outtara, musulmanes del norte. También un periodo de creciente intervencionismo francés, cuyo ejercito cuanta con bases en el país.
En 2002, el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil (MPCI), grupo armado próximo a Outtara, intenta un golpe de estado que fracasa pero que le permite hacerse con el control del norte del país. El 17 de septiembre de ese año Robert Guéï es asesinado en extrañas circunstancias, lo que provoca focos rebeldes en regiones del oeste. La fusión de estos grupos con el MPCI dará lugar a la creación de las Forces Nouvelles (FN), bajo el mando de Guillaume Soro. El país se sumerge en la guerra civil y la participación francesa es cada vez más abierta. El 6 de noviembre de 2004 se produce un oscuro incidente: dos cazas marfileños bombardean la base militar francesa de Bouaké; nueve soldados galos y un cooperante norteamericano mueren en el ataque.
Los mercenarios que los pilotaban logran huir ante la aparente pasividad del ejercito francés que, sin embargo, destruirá como represalia toda la fuerza aérea leal a Gbagbo. Pese a los frágiles acuerdos alcanzados entre Gbagbo y Soro, la estabilidad política dista mucho de consolidarse y las tensiones se dispararán con las presidenciales de 2005. El resultado es tan reñido que obliga a celebrar una segunda vuelta. Tras esta nueva votación, el consejo electoral da la victoria a Alassane Ouattara, amigo personal de Nicolás Sarkozy, que incluso ofició su boda siendo alcalde de Neuilly-sur-Seine. Sin embargo, el consejo constitucional revisa los resultados y declara ganador a Laurent Gbagbo.
La comunidad internacional se apresurará a reconocer a Outtara. Pero Gbagbo no deja el poder. Los choques e incidentes se sucederán. El 3 de marzo de 2011 se responsabiliza a Gbagbo de la muerte de al menos 6 personas al reprimir una marcha de mujeres en favor de Outtara en el barrio Abobo de Abiyán; unas semanas más tarde se le acusa de bombardear el mercado de Siaka Koné, en el mismo barrio, dejando 25 fallecidos.
El 30 de marzo la ONU aprueba una resolución autorizando el uso de la fuerza para impedir ataques con armamento pesado contra civiles. La resolución permite a Sarkozy ordenar la intervención directa de sus tropas. El 3 de abril, el ejército francés ataca las posiciones pro-Gbagbo, mientras sus helicópteros bombardean la residencia presidencial. En paralelo, las fuerzas de Outtara lanzan el asalto sobre Abiyán. El 11 de abril, Laurent Gbagbo es capturado por las milicias de su oponente. Tras semanas de caos y violencia, Alassane Ouattara inicia su primer mandato presidencial. El conflicto ha causado más de 3.000 muertos y 500.000 refugiados. El 30 de noviembre, Gbagbo y uno de sus ministros, Charles Blé Goudé, impulsor del Congreso Panafricano de Jóvenes y Patriotas, son extraditados a Países Bajos para ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el juicio será un auténtico fiasco que lejos de esclarecer lo sucedido no hará más que poner de manifiesto la parcialidad de la acusación. De hecho, la fiscalía se centró en los crímenes achacados a Gbagbo, dejando fuera de las investigaciones casos como la matanza de Duékoué donde, entre el 28 y el 29 de marzo de 2011, se estima que murieron a manos de las tropas de Outtara unas 800 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos. Pero además, tras años de proceso el TPI fue incapaz de probar ninguno de los cargos contra el expresidente y su colaborador. Más aún, el testimonio de algunos testigos en la causa reforzaba la hipótesis de que algunas de estas acusaciones habían sido montajes. La conclusión fue que el 15 de enero de 2019 el tribunal de La Haya absolvía de todos los cargos a Gbagbo y Blé Goudé, siendo puestos en libertad unas semanas más tarde. Ambos habían pasado encarcelados más de siete años. El juicio supuso un duro revés a la credibilidad del alto tribunal internacional.
Mientras tanto, Alassane Ouattara no ha dejado de reforzar su autoridad en Costa de Marfil. En 2015 fue reelegido presidente, en unas elecciones boicoteadas por los seguidores de Gbagbo, gracias a la coalición Asociación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHPD), en la que también se integra el PDCI de su antiguo adversario Konan Bedie. Durante su mandato ha sido implacable con la oposición política, encarcelando y obligando al exilio a numerosos opositores.
Además, ha reafirmado su poder frente a sus aliados. El primero en distanciarse de Outtara fue Guillaume Soro que en 2017 no ocultará sus aspiraciones a ser candidato en las presidenciales de 2020, sin embargo este deseo se verá frustrado al no aceptar la comisión electoral su candidatura argumentando que tenía una causa judicial que lo impedía. El mismo argumento fue esgrimido para impedir la candidatura de Gbagbo que tras la absolución por La Haya aspira a aglutinar a la izquierda en torno al panafricanista Partido de los Pueblos Africanos-Costa de Marfil (PPA-CI).
Ante este panorama, la oposición, incluido Konan Bedie, boicoteó las elecciones y Ouattara logró ser reelegido con el 95% de los votos; una reelección polémica ya que la nueva constitución impide superar los dos mandatos. La hegemonía de Ouattara ha vuelto a quedar de manifiesto en las elecciones municipales y al Senado celebradas el pasado septiembre, las primeras que, pese a continuar vetados algunos candidatos —entre ellos Gbagbo—, no fueron boicoteadas por la oposición. Los aspirantes auspiciados por el presidente prácticamente monopolizaron los resultados. Gbagbo vuelve a denunciar fraude electoral.
Todo ello hace que la incertidumbre sea total de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2025. La primera gran incógnita es saber si Outtara —que para entonces tendrá 83 años— optará a un controvertido cuarto mandato forzando la interpretación de las limitaciones constitucionales. Se trata de una posibilidad que no sorprendería a los marfileños ya que, según el último Afrobarómetro, el 51% de los encuestados considera que el presidente incumple frecuentemente las leyes. Sin embargo, la perspectiva despierta serias dudas en la población: según la encuesta, el 78% de los consultados es partidarios de que la constitución limite el cargo presidencial a un máximo de dos mandatos. Por el momento se desconocen las intenciones de Outtara, aunque por lo pronto, el presidente ya ha anunciado su intención de acometer una remodelación de su gobierno. La duda está en saber si detrás de estos cambios se busca promocionar a un posible sucesor o por el contrario abortar las aspiraciones de algunos de sus colaboradores.
Otra cuestión es quiénes serán los candidatos de la oposición a pugnar contra el partido gobernante por la presidencia, así como las posibles alianzas entre formaciones. Por lo pronto, el gran ausente en la cita electoral de 2025 será el veterano Henri Konan Bédié, fallecido el pasado 1 de agosto. Esto obliga al histórico PDCI a elegir una nueva cara para liderar el proyecto, un puesto para el que suena con insistencia el nombre de Tidjane Thiam, hombre de negocios francomarfileño y exdirector ejecutivo del banco suizo Credit Suisse. También habrá que esperar si, después de ser excluido en 2020, Guillaume Soro insistirá en volver a presentar su candidatura dentro de dos años.
Por lo pronto, no parece que Outtara vaya a facilitárselo después de que en las pasadas elecciones municipales la comisión electoral anulara los resultados en los pocos distritos donde el partido de Soro se proclamó ganador. Tampoco en la izquierda la perspectiva es clara. Todo indica que, pese a su también avanzada edad, Laurent Gbagbo insistirá en dar la batalla pese a la posibilidad de volver a ser excluido. Por el momento, es llamativo su distanciamiento de Charles Blé Goudé que responder a su desconfianza ante las aspiraciones políticas de su antiguo colaborador y compañero de infortunios ante la corte penal internacional.
En cualquier caso, el verdadero problema de la oposición son las caras que presentará a las elecciones presidenciales. La clave está en el papel que desempeñará la totalmente desacreditada comisión electoral marfileña y el propio sistema electoral. Una organización tan poco sospechosa de izquierdismo como Freedom House deja muy poco margen para la duda. En su informe sobre Costa de Marfil de 2023, esta ONG considerada pieza clave de la política exterior norteamericana es bien explícita: “Los partidos de oposición tienen pocas posibilidades de ganar poder sin reformar el marco electoral, que favorece al partido gobernante”. Y apostilla: “el RHDP tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo que limita la capacidad de la oposición para llevar a cabo tales reformas”.
Ante este panorama y las graves incertidumbres que le rodean, una pregunta surge de inmediato: ¿podría Costa de Marfil verse arrastrada por la ola de golpes de estado que se suceden en África Occidental? Por lo pronto, los datos del Afrobarómetro dejan clara la preferencia democrática de sus ciudadanos, pero también reflejan que son más los marfileños a los que preocupa más una dictadura presidencialista (85%) que una dictadura militar (78%). Igualmente un 68% de los encuestados considera legítimo que las fuerzas armadas tomen el control cuando los líderes electos abusen del poder en su beneficio. Así mismo, aunque la confianza de los marfileños en sus instituciones es muy baja, el ejército es la que menos desconfianza plena despierta: el 18,7%, frente al 23% que lo hace del presidente. No es extraño que muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, vean con simpatía los reciente movimientos en Burkina Faso, Mali o Níger y sus discursos soberanistas, no exentos de ambigüedad. De hecho, no faltan quienes los consideran la versión africana de las Primaveras Árabes.
Lo cierto es que Alassane Ouattara se ha mostrado especialmente beligerante contra el fenómeno que afecta a los países vecinos. Tras el reciente golpe de estado en Níger. De hecho, su gobierno se ha comprometido a aportar tropas para una hipotética intervención militar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental contra los golpistas nigerinos. Lo mismo ocurre con sus complicadas relaciones con la junta militar de Burkina Faso. Por un lado Ouattara necesita la colaboración burkinesa para frenar la amenaza yihadista. Aunque Costa de Marfil no ha registrado ningún gran atentado islamista desde la masacre en marzo de 2016 en Grand-Bassam, grupos yihadistas que operan en Mali o Burkina Faso tienen en su frontera norte una retaguardia donde refugiarse. Esa necesidad de colaboración no ha impedido a Ouattara dar refugio a los opositores de la junta militar e incluso son muchos los burkineses que ven la mano del presidente marfileño tras los intentos desestabilizadores como los vividos a finales de septiembre.
En cualquier caso, pese a las incertidumbres que planean sobre su futuro político, y con la vista puesta en las presidenciales de 2025, Costa de Marfil insiste en presentarse como un nuevo milagro. Mientras se ultiman los preparativos para la celebración de la Copa Africana de Naciones de fútbol, el exclusivo barrio Plateau de Abiyán se proyecta al mundo como el Manhattan de África. Los últimos datos del Africa Wealth Report 2023, publicado por Henley & Partners, una firma especializada en servicios a multimillonarios, parece confirmar ese brillo al estimar que son ya 2.400 los marfileños los que tienen más de un millón de dólares, un 27% más que hace una década. Cuatro de ellos acumulan fortunas que superan los cien millones de dólares.
El reverso de la moneda lo ofrecen los censos de la agencia Frontex con cifras no menos espectaculares aunque no tan luminosas: solo el pasado septiembre, más 14.000 marfileños trataron de emigrar irregularmente a Europa. Aunque para el gobierno de Ouattara la mayoría de estos últimos no son más que “falsos marfileños”. La polémica “marfilidad” que sufrió en carne propia, parece embarcarse hoy en cayucos y pateras.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/africa/costa-marfil-del-milagro-incertidumbre