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Ni la muerte ni la tortura en los territorios ocupados desatan críticas contra Marruecos

Crónica de una semana de brutal represión en el Sahara Occidental

Fuentes: Rebelión

La brutalidad marroquí no es suficiente para que la llamada comunidad internacional se movilice en la búsqueda de una solución política al conflicto el Sahara Occidental. Mucho menos para que lo haga el gobierno español, más preocupado por su alianza de civilizaciones que de las acciones represivas de su incivilizado socio marroquí Mohammed VI. El […]

La brutalidad marroquí no es suficiente para que la llamada comunidad internacional se movilice en la búsqueda de una solución política al conflicto el Sahara Occidental. Mucho menos para que lo haga el gobierno español, más preocupado por su alianza de civilizaciones que de las acciones represivas de su incivilizado socio marroquí Mohammed VI.

El siguiente es un breve recorrido semanal, en el que se recoge el clima de seguridad y libertad que se vive en los territorios ocupados del Sahara Occidental, invadidos por Marruecos hace 30 años. Nada de lo ocurrido ha levantado la más mínima crítica hacia el gobierno de Rabat. Ni los gobiernos occidentales, ni su prensa afín han prestado demasiada atención a las denuncias del pueblo saharaui.

En su política represiva contra los inmigrantes, la Unión Europea necesita de sumisos mamporreros al otro lado del Mediterráneo. Para su desgracia, los saharauis se han convertido en víctimas colaterales de un gobierno con el que Occidente quiere mantener buenas relaciones ‘de vecindad’. La causa saharaui se encuentra, por esta razón, en un punto muerto desde el que no puede esperar apoyo pues ello irritaría a Rabat.

16 de diciembre. Al menos cuarenta y seis personas resultaron heridas y otras cincuenta y ocho fueron detenidas como consecuencia de una gran protesta pacífica que se desencadenó el viernes en El Aaiun, capital ocupada del Sahara Occidental. Los manifestantes reclamaban el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui y su independencia. La manifestación recorrió diferentes avenidas y calles antes de ser brutalmente reprimida por las fuerzas de ocupación marroquíes, que procedieron igualmente al saqueo de domicilios.

17 de diciembre. El sábado el ministro de los Territorios Ocupados y de la Comunidad Saharaui en el extranjero, Jalil Sidi Mohamed, advirtió sobre las consecuencias de la política represora marroquí contra las manifestaciones pacíficas que estaban teniendo lugar en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y los peligros que ello representaba de cara a una solución pacífica del conflicto. En sus declaraciones hizo un llamamiento a la ONU, por medio de su misión en la zona (Minurso), para que protegiera a los civiles saharauis.

Haciendo un balance provisional sobre la manifestación del día anterior, el ministro denunció 64 detenciones, 48 heridos y 11 casas devastadas con los bienes de sus inquilinos destruidos o robados, indicando que estos números podrían elevarse aún. También señaló que las autoridades coloniales marroquíes habían procedido al despliegue de miles de militares, vestidos de paisano, entre la población civil.

Además, dos saharauis fueron detenidos el sábado en la ciudad ocupada de Smara.

18 de diciembre. La Asociación de Familiares de los Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Unión de Juristas Saharauis (UJS) elaboraron un documento en el que denunciaban «enérgicamente» la violenta represión contra la población civil y exigían que de detuvieran de inmediato las hostilidades. Las dos ONGs hicieron responsables a las autoridades marroquíes de estos «graves atentados» contra «la letra y al espíritu de las Convenciones y Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos».

Al tiempo, hicieron un llamamiento «urgente» a la comunidad internacional, a la ONU, al Parlamento Europeo, a la Unión Africana, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Gobierno español y a las organizaciones defensoras de los Derechos del Hombre para que enviaran una comisión internacional de investigación sobre lo que está sucediendo en los territorios ocupados.

La saharaui Chaker Lahbib Jaya fue detenida y torturada en la ciudad ocupada de Bojador, por haber colocado la bandera del Sahara Occidental en el edificio del primer distrito de la ciudad.

19 de diciembre. El lunes el Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS) emplazó también al Consejo de Seguridad (ONU) y a todas las instituciones internacionales competentes para protegieran al pueblo saharaui contra la «represión colonial» practicada a diario por las fuerzas policiales marroquíes.

Y como para corroborar esa declaración, ese mismo día tres ancianos resultaron muertos y otro gravemente herido tras ser arrollados por un camión militar marroquí.

También el lunes, una decena de jóvenes saharauis comparecieron ante el juez de instrucción del Tribunal de El Aaiun tras ser detenidos durante la manifestación del viernes. En el grupo había cuatro chicas, que al ser liberadas relataron las torturas a las que fueron sometidas durante los tres días que había durado su arresto. También se conocieron doce nuevos casos de heridos, que fueron añadidos a la lista ya publicada por las autoridades saharauis.

Una noticia positiva fue la concesión del V Premio ‘Juan María Bandrés’ de Derechos Humanos a la activista saharaui Aminetu Haidar. Un galardón ofrecido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Fundación CEAR.

Aminetu Haidar, presa actualmente en la tristemente famosa Cárcel Negra de El Aaiún, es un símbolo de la lucha pacífica por los derechos del pueblo saharaui. A pesar de sufrir numerosas detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes no ha dejado de trabajar de manera pacífica para que se haga realidad el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

20 de diciembre. El martes el Presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU un «compromiso real» de las Naciones Unidas para «asumir» plenamente su responsabilidad legal y moral en la protección de la indefensa población civil saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Advirtiendo del peligro que supone que los 20.000 soldados marroquíes vestidos de paisano puedan «perpetrar masacres colectivas».

Por ello, Abdelaziz pidió la celebración de una «sesión extraordinaria» del Consejo de Seguridad con el fin de dar a la Minurso todos los medios necesarios para «proteger la vida de una población oprimida, a la espera de que se organice un referéndum justo y democrático para el pueblo saharaui».

21 de diciembre. Las manifestaciones pacificas volvieron a los territorios ocupados. Y la violencia policial también. Durante la noche del martes al miércoles tuvieron lugar protestas en las cuatro principales ciudades saharauis ocupadas: Dajla, El Aaiun, Smara y Bojador, donde al menos dos personas fueron detenidas.

El miércoles se supo que los temibles Grupos Urbanos de Seguridad (GUS), de las fuerzas policiales marroquíes, llevaban varios días poniendo en práctica una técnica disciplinaria sin precedentes: abandonar a jóvenes (algunos menores de edad) contestatarios a 40 kilómetros de sus casas, en medio del desierto. Estos jóvenes estarían bajo la sospecha de haber participado en las manifestaciones con la ocupación marroquí.

La noticia, dada a conocer por el periódico Canarias7, también aseguraba que las viviendas de estos desterrados fueron destrozadas, siguiendo el proceder de las tropas israelíes contra los palestinos. Según testigos oculares, por vez primera las fuerzas marroquíes se ensañaron contra mujeres ancianas, que fueron duramente apaleadas en sus propias casas. Igualmente fueron destrozados equipos eléctricos, dejando a decenas de domicilios sin luz.

22 de diciembre. El Tribunal colonial de primera instancia de El Aaiun condenó el jueves al estudiante Sid’Ahmed N’dur por haber «humillado a un funcionario público y haber participado en concentraciones no autorizadas». La pena impuesta fue de 4 meses de prisión mayor.

Ese día apareció Mohamed Ali Ruimi, ciudadano saharaui que había sido secuestrado el pasado 24 de noviembre por las autoridades marroquíes. Ali Ruimi estuvo desaparecido durante un mes en una cárcel secreta en la localidad de Guelta, donde fue sometido a torturas. En la actualidad continúa encarcelado sin permitir ningún contacto con su familia.

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